1.
Se impulsará el re-diseño y re-construcción del
sector asentamientos humanos y vivienda por completo, desde el nivel superior
de la rectoría del sector a partir de la concepción de una Política Nacional,
pensada para lograr el ordenamiento territorial y la planeación urbana
regional, a la vez que invertir en un programa de construcción de viviendas
para cada uno de los sectores de ingreso, según lo requieran, no solo los que
tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, sino también generando
procesos que impacten el conjunto de la sociedad e identifiquen diferencias de
ingreso, región, clima, etnia, costumbres y capacidad de participación.
Esta política debe ser parte esencial de la política pública y la política social, es decir la política social, ambiental, de vivienda y asentamientos humanos articuladas, con impactos económicos conjuntos, no solo por la inversión estatal directa, sino por la regulación del mercado privado y de la política de tierras para uso urbano/residencial, incluida la zonificación y planificación del territorio que impacte el mercado de tierras en escalas medias, de municipio y micro-cuenca, lo mismo que en lo local y comunal.
Los fondos públicos como los del sistema nacional financiero la vivienda deben servir como determinante de procesos y tendencias en la ocupación de territorio, la generación de externalidades económicas y eje de la política nacional de ordenamiento territorial, trabajo/empleo y equilibrio económico regional.
Paralelamente se deberá hacer la promulgación de una Política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano/regional con una perspectiva de armonía sociedad/naturaleza que conlleva una propuesta de política nacional sobre reciclaje, disposición de residuos sólidos y líquidos, ahorro de energía y de recursos hídricos tanto en lo habitacional como en lo productivo asociado a lo habitacional –agrícola, comercial, turístico e industrial-.
La política sobre el territorio se ejecuta en diversos niveles de complejidad y escalas territoriales, siendo esencial la aprobación y puesta en práctica de un Plan Regional para la Gran Área Metropolitana de San José y las restantes regiones del país, pero de manera que estos planes tengan una continuidad a escala de subregión (en la perspectiva geográfica) y por cantón/municipio (en la perspectiva político-administrativa), donde las ciudades cabeceras de cantón y los territorios de condición especial o propiedad del Estado tienen un rol económico y ambiental de largo plazo que son esenciales.
2. La ejecución de una política nacional requiere de la reconstrucción del conjunto de la institucionalidad nacional en asentamientos humanos y vivienda, que responda en forma dinámica y adaptada a las condiciones históricas, que permita la integración de los organismos privados y las instituciones públicas con una estructura legislativa atinente, lo que incluye tanto el conjunto de instituciones públicas como ONGs, y empresas privadas involucradas en la temática, sean estas entidades autorizadas o cooperativas, organismos financieros, fundaciones, asociaciones o mutuales.
Como parte de la reconstrucción jurídica e institucional, un elemento esencial a tratar es la legalidad relativa y la falta de legalidad y ordenamiento en la tenencia de la tierra en muy diversas condiciones, para lo que se deberá disponer de la más alta tecnología disponible que permita instaurar un sistema de catastro y registro con procedimientos de legalización y normalización de la tenencia y posesión de terrenos y fincas con amplia participación de los municipios y comunidades organizadas. Ello tendrá como una externalidad esencial el mejoramiento de la capacidad financiera de los municipios y la más equitativa y expresa forma de contribución de los propietarios al municipio.
Se deberá reconstruir también el conjunto de la institucionalidad nacional especializada en la atención y desarrollo social, en particular aquella que se concentra en las familias de bajos ingresos, lo que incluye una revisión y reconstrucción de las tareas de institutos y fondos destinados a familias del nivel bajo de ingresos (o en condición de pobreza y pobreza extrema) en forma directa, pero también las instituciones sectoriales vinculadas con niñez, adultos mayores o equidad de género, que actúan en conjunto con organizaciones privadas y comunitarias en temas como promoción social.
En forma simultánea, además del enfoque sectorial, deberá organizarse en forma racional el ordenamiento institucional/jurídico del territorio, estableciendo los encuentros entre la actual división político administrativa nacional e institucional (provincias, cantones y distritos) con la estructuración geográfica (cuencas, costas, montañas) y productiva (industrial, pesquera, agrícola, turística, etc.). Ello incluye la perspectiva del territorio nacional compuesto también y administrando los mares patrimoniales y territorios insulares.
3. La comunidad y la vivienda no son simplemente espacios, sino grupos humanos complejos, por lo que la Política Social debe tener un componente esencial dedicado a al hogar/comunidad. A su vez es importante considerar la diversidad de hogares. No hay una, sino muchas formas de formarlos de acuerdo a patrones demográficos, culturales y económicos. Existen muchísimos hogares jefeados por mujeres quienes asumen toda la responsabilidad del cuido y la crianza. Esto implica una condición especial no solo para el conjunto familiar sino para la mujer/jefa que debe ser atendido de forma prioritaria por la relación tendencial existente y probada de la condición de pobreza (y pobreza extrema) con este tipo de familias; pero también hay otros hogares formados por jóvenes parejas sin hijos, unipersonales o ampliados, que incluyen parientes cercanos o familias extendidas: en esencia se parte de la idea que los hogares son muy diversos y no responden a un solo patrón o estructura.
En consecuencia, como contraparte del diseño espacial se deberá fortalecer el reconocimiento de esta diversidad al interior de las comunidades y al impulsar las diversas formas de organización comunitaria, que incluye los comités locales (educación, salud, seguridad, deportes, recreación, cultura, juveniles, religiosos, tercera edad, sanidad/higiene), Asociaciones de Desarrollo Integral, representación vía síndicos distritales y regidores municipales, pero también organizaciones locales de servicios o productivas vinculadas con los acueductos y otros servicios sociales y comunales. En este aspecto son esenciales las organizaciones vinculadas a las condiciones de seguridad comunitaria –como complemento de la seguridad institucionalizada- y el uso de tecnología para substituir sistemas de seguridad agresivos como rejas y alambres navajas.
Se deberá priorizar la generación de propuestas organizativas concretas para sectores que requieren especial atención, como aquellos concentrados en barrios paupérrimos, irregulares o de ocupación precario y bajísimos niveles de calidad de infraestructura o albergues altamente deteriorados o tugurios –y muchos de ellos son familias de mujeres/jefa-; pero también aquellos localizados en zonas de alto riesgo frente a desastres, en zonas de inundación, riesgo sísmico y otras formas de amenaza para las comunidades y las propiedades. Esta prioridad se deberá aplicar en comunidades costeras y fronterizas así como aquellas que se encuentran en condiciones de tenencia precaria o informal en reservas y territorios protegidos o restringidos.
La seguridad es consustancial al ‘Bien Vivir’, y una de sus facetas corresponde al derecho de las comunidades a vivir sin "desastres”. Los desastres no son naturales, son resultado de la falta de adaptación a las condiciones del medio, tanto ambiental como social; son indicadores de la ausencia de desarrollo. La construcción del riesgo, proceso que los determina, se configura en gran medida a nivel comunitario, pero aunque así no lo fuera, tiene consecuencias inmediatas y se concreta con daños y pérdidas a escala comunal. El inadecuado diseño y localización de las viviendas, la infraestructura, servicios colectivos y las actividades productivas, así como un débil tejido social, incrementan los niveles de riesgo comunitario ante los cambios y dinamismo del planeta lo mismo que las propias acciones humanas cotidianas.
La adecuación institucional tendrá como uno de sus ejes prioritarios la atención de sectores esenciales de máxima vulnerabilidad social y económica, pero a la vez susceptibles de generar condiciones que propicien la violencia y el conflicto social en diversidad de formas: desde grupos organizados para delinquir a barrios de alta concentración de grupos vinculados al crimen organizado y en particular una acción decidida para la integración y formación de la juventud en altísimo riesgo social u organizados en grupos juveniles en condiciones de riesgo.
Se deberán diseñar y poner en marcha las estructuras institucionales para la disposición de desechos líquidos para tratar nuestras ciudades y cabeceras cantonales, que transformen las condiciones prevalecientes para miles de familias que todavía utilizan tanques sépticos y pozos negros, pero a la vez, aquellas urbanizaciones, residenciales y barrios sin plantas de tratamiento (o plantas inservibles e inadecuadas) y construidos con redes de cloacas que no tienen como complemento las redes de colectores de escala intermedia ni mucho menos las instalaciones que permitan separar los líquidos de los sólidos (plásticos y basura del use/y/bote), o procesar las enormes cantidades de líquidos residuales, tanto las llamadas ‘aguas negras’ como las ‘jabonosas’, o incluso las pluviales, la que llegará finalmente a las acequias y los ríos.
Siendo las acequias y los ríos los principales depósitos y colectores de desechos líquidos contaminados con toneladas de desechos sólidos (residenciales, industriales e institucionales), no es extraño que las cloacas o los sistemas de colectores de mayor escala se atasquen a lo largo de los meses secos, y como consecuencia, no tengan capacidad de funcionamiento para la época de lluvias. Se requiere, por lo tanto, no solo un rediseño jurídico, sino también institucional que permite localizar fondos y sumar energías (públicas y privadas) para el diseño, construcción y mantenimiento de todo ese sistema de disposición de residuos y protección del recurso hídrico, en particular nuestra red de ríos y acequias (que hay que limpiar y sanear), más las aguas subterráneas y los depósitos de las que dependerán las generaciones futuras.
El uso excesivo e impropio de zonas de riesgo destruye el medio natural y termina por destruir las viviendas y la vida humana, pero a la vez, la densificación y actitud depredadora de los seres humanos tiende a crear nuevos riesgos producto exclusivo de su actuar, más allá de las condiciones del medio natural. La grave situación impone la inmediata puesta en marcha de un Plan Integral para el Desarrollo Sostenible, unido a una estrategia de Desarrollo Ambiental Comunitario que permitan evitar nuevas tragedias en el período de lluvias e inicie el proceso definitivo de recuperación de zonas peligrosas y de rehabilitación de los tugurios estatales, y en general las áreas y condiciones de riesgo antrópico, industrial o climático o sísmico, pero a la vez impulsar los diseños habitacionales y urbanos en armonía con las condiciones y ciclos naturales según su localización y dinámica climática y de la geografía regional.
5. En lo relativo al diseño espacial físico, como parte del reordenamiento integral (político institucional y territorial) del país, es esencial la determinación de que la ciudad de San José (capital, centro estratégico político/económico y mayor ciudad del país), se deberá renovar como ciudad, pero no solo un poco de inversión que mejore los parques, y las vías peatonales, lo que es necesario pero es insuficiente. Se requiere una reinvención de la estructura social/económica que incida a su vez en el uso del espacio con una expresa orientación que revierta las tendencias depredadoras y deshumanizadoras.
La re-invención urbana de San José, debe ser una re-invención social, un cambio en la ocupación de manera que se noten mucho más abundantemente los sectores de ingreso medio, pero para ello hay que volver a crearlos, hay que generar los empleos bien pagados y los ingresos para esas personas y reducir sustancialmente la pobreza. La regulación de las ventas y el comercio informal no es simplemente un tema de seguridad, sino de desarrollo social que no se resuelve con nuevos mercaditos ya que nuevos vendedores surgen todos los días cuando no hay otras formas de empleo suficientemente remuneradas y hay alta concentración de población y hogares en extrema pobreza en los barrios de la ciudad.
A escala regional, la Gran Área Metropolitana de San José (GAM) debe ser un marco inmediato de organización territorial, ya que no solo cubre prácticamente todo el valle inter montano central, sino que reúne cuatro cabeceras de provincia en un proceso de conurbación sostenido; pero además porque no tienen una readecuación integral de sus instrumentos de ordenamiento después de varias décadas, lo que es indispensable resolver utilizando información actualizada e instrumentos técnicos apropiados y acordes con las tecnologías y metodologías científicas idóneas. La elaboración de un plan de ordenamiento territorial para la GAM deberá, sin embargo, responder a los lineamientos de escala nacional que no existen, por lo que la primera prioridad es la determinación de esa estrategia nacional de ordenamiento territorial con base en principios de desarrollo sostenible y que tenga presente la diversidad de escalas.
El ordenamiento territorial a escala nacional requiere de diseñar un sistema completo de transportes (de personas y carga) acorde con las decisiones sobre los principales corredores comerciales y logísticos de escala nacional, así como una reorganización total del transporte público que permita diariamente a decenas de miles de personas ir de oeste a este, al menos, sin tener que atascarse en el centro. Se deberá enfatizar lo colectivo y el uso de energías limpias, así como las decisiones sobre grandes ejes de circulación centroamericano e interoceánico. El transporte colectivo de calidad y amigable con el ambiente debe ir sustituyendo en forma acelerada al privado/individual basado en combustible fósil y permitirle el acceso a los residentes de las más diversas comunidades, desde las fronterizas a las de más bajo ingreso en la capital; desde los barrios residenciales y condominios de alto ingreso a las urbanizaciones y residenciales de sectores medios suburbanos.
A la escala local se deberá alcanzar un diseño/construcción de las comunidades, poblados y barriadas urbanas que incluya los mínimos y dignos niveles de infraestructura para la seguridad de peatones y ciclistas pero en particular de las personas que requieren condiciones particulares como los adultos mayores y las personas con alguna discapacidad (aceras, ciclo vías, rampas, indicadores sónicos, etc.). La infraestructura comunal deberá diseñarse y construirse de manera que cumpla con la legislación vigente en términos de la población diversa, pero a la vez con las previsiones en términos de recreación y desarrollo cultural, condiciones esenciales de salud, higiene y sanidad, incluyendo la presencia de parques y zonas verdes seguras.
Comunidades en alto riesgo y comunidades localizadas en territorios con condición legal particular deben regularizarse y atenderse respetando sus derechos ancestrales y sus propias características étnicas y culturales, así como laborales y tradicionales propias de su región e historia local. Se incluyen en ellas las comunidades de zonas fronterizas y zonas costeras, tanto las de islas como las localizadas en la zona marítimo-terrestre y en las márgenes o dentro de zonas protegidas, zonas de propiedad estatal o parques nacionales.
En particular los territorios de la de las comunidades indígenas que han sido legalmente asignados a las poblaciones originarias, por la Ley Indígena, son un caso que requiere la más inmediata e intensa atención de manera que se respeten sus tradiciones y el control de sus organizaciones de base sobre sus propiedades. El grave problema de invasión de tierras por parte de no-indígenas (lo que es un problema muy amplio y muy antiguo) debe atenderse con urgencia en vez de invisibilizarlo o tratarlo desde una perspectiva de racialización territorial, como hasta ahora.
Pero además, la perspectiva desde los pueblos originarios y la relación humanidad/naturaleza que surge del imaginario de estos pueblos y nuestros pueblos todos: Cabécares, Bribris, Ngäbe, Térrabas, Borucas, Huetares, Malekus, Chorotegas, etc., es consustancial con la perspectiva del ‘Bien Vivir’ y debe servir de guía para orientar el futuro, tanto de las comunidades indígenas como del resto de los habitantes.
propuesto para discusión a "Vía Costarricense".
