El crecimiento impactante del mercado de bienes raíces y la inversión inmobiliaria, así como su paralelo en la industria de la construcción tiene sin duda un lugar preponderante en el equilibrio financiero y la bonanza de las finanzas públicas, lo mismo que en las finanzas de todo el sector empresarial vinculado con el turismo y los bienes raíces. No obstante, no es ese el único impacto positivo, pues implica también –entre otros- la generación de empleo y presiones para el aumento del monto de los salarios –tradicionalmente bajos- en la construcción y en las oportunidades de venta de propiedades a precios exorbitantes para antiguos propietarios medianos y pequeños de fincas agrícolas poco productivas en las zonas costeras y de interés paisajístico.
La renta del suelo cambia radicalmente cuando la faja costera o las montañas del sur del Valle Central se perciben ya no como zonas agrícolas sino como zonas residenciales o comerciales para consumidores de alto nivel de ingreso, así de inmediato se transforman: aunque sigan siendo fincas ganaderas ya no lo son más, aunque pasen años utilizándose en la producción de arroz su precio de mercado no corresponde con ello; corresponde con la percepción de que se podrá vender para usos distintos y por tanto a los precios que pagaran los futuros inversionistas. Ello, a la vez, implica no solo cambios objetivos al concretarse inversiones, sino cambios especulativos sin que haya ninguna acción objetiva y el cambio sea nada más una expectativa a futuro, sin fecha cierta, pero de efectos inmediatos reales. Un efecto de esos es el abandono de las tierras como medio de producción y la venta progresiva de parcelas por montos que se van consumiendo y permiten la reproducción social de los antiguos propietarios o poseedores, quienes finalmente terminan por venderlo todo y migran hacia lugares de menores costos.
El primer impacto del boom de los bienes raíces no es simplemente el cambio abrupto del paisaje, sino el disparar un proceso de transformación que lleva a la segregación social y al cambio sustancial de la población radicada en los sitios: por un período de transición la inmigración –a veces masiva- de los nuevos trabajadores que crean el nuevo paisaje (construcción, comercio, turismo, etc.) y luego la estabilización de las nuevas condiciones laborales y sociales con las antiguas fincas transformadas en urbanizaciones, condominios (‘ocean view’) y hoteles o comercios con nuevos propietarios, lo que conlleva a la expulsión de los trabajadores sobrantes a las nuevas condiciones de demanda laboral. Estos se tendrán que ir junto con los antiguos propietarios, aquellos que no se hayan dejado algún pedacito de su antigua finca y se queden a envejecer consumiendo lo obtenido por las ventas.
Este primer gran impacto, la segregación social paralela con la atracción de migraciones crea nuevos sitios: los barrios de habitación de los recién llegados que se construyen en los sitios que no puedan utilizarse en el nuevo abrupto crecimiento inmobiliario por diversidad de razones entre las que están su localización y características geomorfológicas (pendientes, tipo de suelo, accesibilidad, escorrentía, cauces de ríos, cercanía a basureros o sitios muy contaminados) y por tanto donde la ‘renta de localización’ no implicó una elevación abrupta de su precio de mercado a falta de clientes de alto nivel adquisitivo.
Así, es importante enfatizar que los cambios regionales o locales que se impulsan (a escalas muy pequeñas, como una playa o una bahía o distrito urbano o una zona de la ciudad) con grandes inversiones para explotar características del sitio mediante un cambio de uso (paisajismo, cercanía a centros comerciales o de oficinas y distritos financieros, marinas o mega proyectos turísticos –que incluyen hoteles de lujo, deportes como golf, comercios y residencias junto a las instalaciones de playa y montaña- carreteras o aeropuertos) aparte de la aparente riqueza que estarían dejando y es visible en las construcciones y modificaciones del paisaje, también tienen un impacto local de gran magnitud en lo social, no solo con la población pre-establecida sino con la que atraen con relativamente bien pagadas ofertas laborales durante la construcción o los típicos servicios comerciales y turísticos (incluyendo los servicios sexuales y el tráfico de drogas ilícitas).
Aparte de la bonanza perceptible a simple vista se da entonces la existencia de impactos de otra calidad, más bien, contrapuestos, en distintas áreas de la economía, de la dinámica poblacional y del ambiente; pero no solo eso, ya que también hay otros impactos en aspectos vinculados con la delincuencia internacional y la segregación social de los pobladores del campo y ciudades intermedias, en lo que podría llamarse usando el anglicismo de moda una ‘gentrification’ de lo rural/costero, aunque -obvio- muchos de los inversionistas y compradores, o el origen de su dinero, no sean exactamente ‘gentlemen’.
De todo ello uno de los impactos más importantes vincula dos procesos, uno la degradación ambiental de los sitios en general, pero especialmente los de residencia de los inmigrantes y de los antiguos residentes que se desprenden de sus terrenos y se localizan en los sitios que quedan fuera del mercado de alto precio. Otro es la condición de los inmigrantes y trabajadores, tanto en el periodo de bonanza como –y especialmente- en el siguiente. Estos trabajadores movidos por oferta de empleo que no encuentran en otros sitios o sus sitios de nacimiento, se establecen en albergues temporales o viviendas de barrios pobres locales y se quedan en los mismos sitios en labores más bien informales, esporádicas o casuales que permiten alcanzar niveles de subsistencia mínimas. Estos grandes grupos (que cuando el abrupto crecimiento de la inversión en bienes raíces tiene la escala de verdaderas nuevas ciudades –no solo aquí, sino a escala mundial y el ejemplo máximo lo fue la construcción de Brasilia- implica otras ciudades paralelas de trabajadores) son las primeras víctimas de la degradación ambiental pues son los que sufren las inundaciones y avalanchas y enfermedades o epidemias producto de la contaminación y la falta de drenajes o instalaciones mínimas sanitarias y de disposición de desechos.
Así, en paralelo al inmenso negocio para los inversionistas y el disfrute de los compradores o visitantes temporales –turistas, etc.-, e inclusive de los sectores de ingresos medios que también logran insertarse en el proceso de cambio y mejorar sus condiciones, se da un proceso de expulsión de población que deberá buscar nuevas opciones laborales probablemente degradadas y un proceso de atracción de masas de trabajadores que también se enfrentan a ambientes degradados y precarias condiciones laborales, inestables y de muy bajo ingreso (o en su defecto vinculadas con mejores ingresos a actividades ilegales o degradantes como la prostitución).
En la elaboración de un proceso de ordenamiento territorial, que son urgentes y al que se enfrentan los gobiernos locales en forma inmediata, es esencial tener un balance de los múltiples impactos para no ser una víctima institucional que acompañe a las víctimas humanas. Mientras se elabora una adecuación de los instrumentos de control y verificación del proceso de inversión y valoración relativa de la renta –lo que implicaría mayores ingresos en los municipios por pago de impuestos locales, tanto de servicios como territoriales-, o se organizan las capacidades técnicas institucionales para al menos tener información de qué está sucediendo con la estructura de la tierra, los predios urbanizados o los desarrollos en condominio y propiedad compartida; se deben observar con detenimiento esos procesos sociales y territoriales o ambientales que podrían generar situaciones críticas o de desastre y emergencia a futuros no tan lejanos.
Estos impactos abruptos en las condiciones de uso del suelo en franjas costeras, áreas de la ciudad o zonas semi-rurales de la periferia del área de crecimiento urbano escapan comúnmente a los procesos de ordenamiento, control o planificación y regulación desde las instituciones o los gobiernos locales. Pero su escala y magnitud de su impacto es tal que se ha ido constituyendo en un problema esencial de la vida del país y para la definición de criterios de toma de decisiones sobre lo que significa o no y debe incluir necesariamente un plan estratégico de ordenamiento territorial o un plan regulador. Sin duda es un elemento esencial del enfoque general del rol de la planificación territorial en condiciones de economías de mercado, o capitalista, como la nuestra. En forma de pregunta se puede plantear como: ¿qué se puede planificar o dirigir según un modelo en una sociedad regida por la lógica de la ganancia, la propiedad privada y el mercado?; y bueno, sobre esa base definir el rol del gobierno local de acuerdo con las leyes y de las instituciones nacionales, también de acuerdo con los principios jurídicos y políticos vigentes y fijar con ello los criterios ‘técnicos’ que permitan revertir esos ‘malos impactos’, mitigarlos o evitarlos.
A este respecto se deben tener presentes conceptos ‘meta’ como la sostenibilidad y similares, pero sobre todo se trata de una perspectiva de ‘política pública’ relativa al ordenamiento y el control relativo del Estado –en todo su aparato- sobre la acción privada, incluido el derecho de usufructuar libremente la propiedad privada de la tierra, que constitucionalmente es ‘inviolable’.
La orientación del plan estratégico de ‘ordenamiento’ y el ‘regulador’ (como lo dicen textualmente ambas palabras el eje del enfoque tradicional es ese: ordenar y regular) es que NO son tradicionalmente ‘planes de desarrollo’ y mucho menos ‘planes de pre inversión’; y por tanto deberán cambiar radicalmente y plantearse como una legítima intervención del Estado (sustentado en Costa Rica en el nivel constitucional) como un instrumento de política pública que ponga como criterio esencial la defensa de la vida humana y del ambiente, el derecho de las futuras generaciones a disfrutas de los recursos naturales y en consecuencia, asegurar que los procesos de transformación del uso del territorio y del suelo –impulsados por la inversión y el aumento de la renta, incluyendo la especulativa- preserven las riquezas naturales, no las dilapiden, contaminen o destruyan; pero especialmente, observen y ordenen también los procesos sociales que se generan, para evitar aquellos de degradación de las condiciones de vida de los grupos humanos que se mueven impulsados (expulsados o atraídos) por los cambios del uso del suelo.
Debe ser un enfoque hacia lo propositivo en variados campos, pero en general que articule lo social y lo ambiental y evite la degradación de ambos y no solo ‘ordenar y regular’ aspectos de carácter más técnicos como la vialidad o altura o la cobertura. A este respecto es esencial tener presente que el impacto es de escalas que van de lo local, a lo cantonal, lo regional y lo nacional; incluyendo formas de organización territorial que no son político-administrativas, como la micro-cuenca, la cuenca, la zona costera, la zona montañosa, el valle, etc. Lo mismo que también aquellas que corresponden con impactos organizacionales especiales (como las zonas protegidas privadas, parques, reservas, zonas de protección especial y zonas vinculadas con volcanes o represas hidroeléctricas, como Arenal) pero también otras como territorios regidos por leyes especiales particulares como zonas costeras.
En la mayor escala, el cambio del uso del suelo tiene los impactos anotados en relación con toda una zona como la que atraviesa la ‘carretera costanera’ que no es región sin esa carretera, o la de los canales de Tortuguero que puede cambiarse con una carretera o la zona que une San Ana con Jacó, con la nueva carretera, o zonas impactadas por aeropuertos como el de Liberia, no solo por las regulaciones por leyes internacionales y zonas de aproximación, etc., sino por el impacto económico, el cambio en el uso del suelo, la renta de la tierra y otros aspectos que deberían estudiarse en los planes de ordenamiento y más aún en los reguladores (por su escala cantonal que a veces deja de lado este tipo de aspectos macro). Ahí está el futuro, en la construcción de poder popular El proceso de mayor escala implica conectar los planes reguladores como si fueran piezas de un rompecabezas, que calcen; lo que es más difícil aún si se considera que un impacto como el de la costanera tiene que ver con la constitución de una vía que une a toda Centroamérica, o el canal de Panamá con México; es decir los nuevos territorios constituidos por corredores comerciales o biológicos y energéticos.
Un aspecto a destacar y ausente en toda la planificación urbana, ambiental y regional, así como en las acciones de los gobiernos locales hasta ahora es el tema general del ‘riesgo de desastre’ que no solo está ausente en la planificación sino que es una de las consecuencias fundamentales de la explosión del precio de los bienes raíces. Este es un país (y un istmo) de amenazas múltiples y los inversionistas y promotores de bienes raíces no parecen tener noción alguna de ello. Así, es en aquellas zonas de grandes inversiones y cambio donde se hacen cada vez más obvios los procesos orientados hacia la degradación ambiental, el surgimiento de conflictos entre el uso humano y sus propias posibilidades de supervivencia en el largo plazo (como los acuíferos). Pero se sigue viendo todo como ‘emergencia’ y como ‘respuesta a emergencias’, aunque lamentablemente no se responde (como en Sixaola cuya carretera lleva más de dos años destruida, o los puentes de la costanera o las inundaciones en Guanacaste, y las cabezas de agua, derrumbes y deslizamientos en todo lado, etc., para no tocar el tema sismo o tsunami en la zona costera del Pacífico o el de huracán en la zona costera caribeña).
En fin, que un ‘plan estratégico de ordenamiento’ y un ‘plan regulador’ son instrumentos inútiles si no estudian y toman en cuenta la relación entre el tipo de utilización humana del medio y sus consecuencias en términos de desastres (pequeños o grandes, no solo los grandes).
En el proceso de incremento en la inversión inmobiliaria no se debe tener una expectativa de reducción de la tendencia, sino al contrario, de un aumento sustantivo ya que a estas alturas del siglo tan solo los nacidos en los primeros dos años de la segunda posguerra (entre 1945 y 1947) tienen 60 años cumplidos, así que los llamados ‘babyboomers’ apenas están empezando a pensionarse y buscando algún lugar paradisíaco para invertir sus ahorros y pasar un par de décadas de trópico y mar. Para su propia seguridad y la de sus inversiones es que se requiere también urgentemente una intervención decisiva para evitar esto que llamamos los ‘malos impactos’ del boom de los bienes raíces.
Manuel Argüello Rodríguez, Ph.D.
Octubre del 2007
lunes, octubre 29, 2007
lunes, octubre 08, 2007
Una derrota que llena de esperanza
Treinta y cinco años atrás en nuestro grupo universitario algún dirigente decía siempre que habíamos tenido una derrota electoral, pero una victoria política, para que los más jóvenes, recién ingresados a la militancia no nos decepcionáramos; pero siempre perdíamos. Era muy difícil ganarle a los grupos con dinero de los grandes partidos tradicionales o a la izquierda oficial con todo el apoyo de su partido y su intolerancia. Muchas veces tiraron ácido a nuestras mantas o sus grupos arrancaban nuestros afiches apenas los poníamos, y nos sacaron a golpes de piquetes con sus brigadas de choque, como las de aquel tristemente célebre movimiento Costa Rica Libre.
Por la misma época, las organizaciones contestatarias que desarrollábamos en las ocupaciones de tierras por vivienda recibían un doble trato: garrote, literalmente, de la guardia y chantaje (amenazas de desalojo y latas de cinc) de los munícipes de los partidos tradicionales. Los universitarios que en ello estábamos también sufrimos la acusación de instigadores –un serio delito penal- de parte de las autoridades oficiales, pero a la vez los golpes de aquella misma izquierda oficial que no quería permitir surgir los nuevos grupos.
Eran tiempos de la guerra fría y del inicio de la guerra en los otros países de la región, era el tiempo de surgimiento de nuevas fuerzas contestatarias, de una nueva generación esperanzada, que tendría que abrirse paso.
En los últimos meses mucho y nada ha cambiado en Costa Rica. Los viejos tratos de la guerra fría se han vuelto a utilizar en forma abierta, descarnada, arrasadora. El chantaje y la amenaza con la intervención directa de gobiernos extranjeros, de empresarios extranjeros, a solicitud de los gobernantes nacionales y el desdén sin rubor de las normas establecidas (clientelismo de última hora y violación de la tregua) los llevó de nuevo a ganar.
Pero vimos surgir a una nueva generación, esa que tanto hemos esperado y que ahora tiene una primera derrota, una muy importante, en las urnas de votación. Vimos la más grande movilización de toda la historia y la más alta votación, jamás soñada. Vimos una enorme creatividad autofinanciada, vimos una inmensa gama de grupos y vínculos, un verdadero país multicultural en proceso de formación.
En los próximos días, semanas y meses, habrá que debatir y estudiar, evaluar y revisar. Sobre la conformación de una coordinación de esa múltiple expresión alternativa y el uso de los medios de comunicación de masas. Sobre el carácter y conformación del ciudadano/votante, sus temores y necesidades, sus aspiraciones y capacidades. Sobre las reacciones esperables a las amenazas y a la intervención, el miedo al hambre y al desempleo. Sobre el manejo de la información y el uso de medios alternativos nuevos.
Pero hoy lo que queda es la grata sensación de que hay una generación de relevo y que debe abrirse paso y dirigir, asumir el control para construir el futuro y articular la diversidad con apoyo del estudio y el análisis profundo, para superar la ingenuidad y la inexperiencia.
Una generación que ganará.
08/10/07
Por la misma época, las organizaciones contestatarias que desarrollábamos en las ocupaciones de tierras por vivienda recibían un doble trato: garrote, literalmente, de la guardia y chantaje (amenazas de desalojo y latas de cinc) de los munícipes de los partidos tradicionales. Los universitarios que en ello estábamos también sufrimos la acusación de instigadores –un serio delito penal- de parte de las autoridades oficiales, pero a la vez los golpes de aquella misma izquierda oficial que no quería permitir surgir los nuevos grupos.
Eran tiempos de la guerra fría y del inicio de la guerra en los otros países de la región, era el tiempo de surgimiento de nuevas fuerzas contestatarias, de una nueva generación esperanzada, que tendría que abrirse paso.
En los últimos meses mucho y nada ha cambiado en Costa Rica. Los viejos tratos de la guerra fría se han vuelto a utilizar en forma abierta, descarnada, arrasadora. El chantaje y la amenaza con la intervención directa de gobiernos extranjeros, de empresarios extranjeros, a solicitud de los gobernantes nacionales y el desdén sin rubor de las normas establecidas (clientelismo de última hora y violación de la tregua) los llevó de nuevo a ganar.
Pero vimos surgir a una nueva generación, esa que tanto hemos esperado y que ahora tiene una primera derrota, una muy importante, en las urnas de votación. Vimos la más grande movilización de toda la historia y la más alta votación, jamás soñada. Vimos una enorme creatividad autofinanciada, vimos una inmensa gama de grupos y vínculos, un verdadero país multicultural en proceso de formación.
En los próximos días, semanas y meses, habrá que debatir y estudiar, evaluar y revisar. Sobre la conformación de una coordinación de esa múltiple expresión alternativa y el uso de los medios de comunicación de masas. Sobre el carácter y conformación del ciudadano/votante, sus temores y necesidades, sus aspiraciones y capacidades. Sobre las reacciones esperables a las amenazas y a la intervención, el miedo al hambre y al desempleo. Sobre el manejo de la información y el uso de medios alternativos nuevos.
Pero hoy lo que queda es la grata sensación de que hay una generación de relevo y que debe abrirse paso y dirigir, asumir el control para construir el futuro y articular la diversidad con apoyo del estudio y el análisis profundo, para superar la ingenuidad y la inexperiencia.
Una generación que ganará.
08/10/07
viernes, octubre 05, 2007
QUE SE VAYAN ELLOS
La ley del garrote que están sacando en estas últimas horas antes del referendo es cada vez más descarnada y falta de dignidad.
Primero llaman a la Ministra de Comercio de EEUU para que nos diga cómo votar el domingo, o de lo contrario nos castiga, y con eso hacen tres conferencias de prensa (en Zapote, con los empresarios, y en la Asamblea) y numerosas entrevistas para explicarnos cómo lo que dice la señora tenemos que obedecerlo y ya, calladitos.
Luego, indican que los empresarios se irán a otros países con todos sus chunches y, una vez más el viejo garrote, que las textileras cerrarán poco menos que de inmediato y decenas de miles de familias se morirán de hambre.
Lo que ha sucedido en todos los demás países de la región, incluido México, es que la única salida con TLC aprobado es la migración masiva de los campesinos y otros pobres hacia el norte, y muchos nicaragüenses hacia Costa Rica, pues alcanzan niveles de desempleo de más del 25 % (y de mucho más) y aquí es de menos del diez, con claros faltantes en agricultura, construcción y turismo y diversidad de servicios públicos y privados, como los domésticos.
Pero ahora, cuando se avecina una decisión soberana que parece que dirá que 'NO al TLC', por múltiples razones dignas y económicas o políticas e ideológicas, los empresarios indignos nos amenazan con irse con sus capitales a otros países.
NO hay problema, quizás es tiempo de que migren esos empresarios y esos banqueros, en vez de los campesinos, los pobres y sectores medios empobrecidos de las ciudades.
Un país con las potencialidades de este en temas como la biodiversidad, el paisaje y los recursos naturales, junto a masas de cientos de miles personas pensantes y educadas no tendrá problemas en inventarse nuevos trabajos y que surjan nuevos empresarios que negocien con el mundo entero, incluidos los Estados Unidos, y ocupen el lugar de los que se vayan.
-jueves, 04 de octubre de 2007-
Primero llaman a la Ministra de Comercio de EEUU para que nos diga cómo votar el domingo, o de lo contrario nos castiga, y con eso hacen tres conferencias de prensa (en Zapote, con los empresarios, y en la Asamblea) y numerosas entrevistas para explicarnos cómo lo que dice la señora tenemos que obedecerlo y ya, calladitos.
Luego, indican que los empresarios se irán a otros países con todos sus chunches y, una vez más el viejo garrote, que las textileras cerrarán poco menos que de inmediato y decenas de miles de familias se morirán de hambre.
Lo que ha sucedido en todos los demás países de la región, incluido México, es que la única salida con TLC aprobado es la migración masiva de los campesinos y otros pobres hacia el norte, y muchos nicaragüenses hacia Costa Rica, pues alcanzan niveles de desempleo de más del 25 % (y de mucho más) y aquí es de menos del diez, con claros faltantes en agricultura, construcción y turismo y diversidad de servicios públicos y privados, como los domésticos.
Pero ahora, cuando se avecina una decisión soberana que parece que dirá que 'NO al TLC', por múltiples razones dignas y económicas o políticas e ideológicas, los empresarios indignos nos amenazan con irse con sus capitales a otros países.
NO hay problema, quizás es tiempo de que migren esos empresarios y esos banqueros, en vez de los campesinos, los pobres y sectores medios empobrecidos de las ciudades.
Un país con las potencialidades de este en temas como la biodiversidad, el paisaje y los recursos naturales, junto a masas de cientos de miles personas pensantes y educadas no tendrá problemas en inventarse nuevos trabajos y que surjan nuevos empresarios que negocien con el mundo entero, incluidos los Estados Unidos, y ocupen el lugar de los que se vayan.
-jueves, 04 de octubre de 2007-
Don Oscar se suicida y se condena al infierno
Fiel a su pre-copernicana percepción del mundo, donde el centro del universo es él y con su egolatría incólume, asumiendo que lo que le sucede a él nos sucede a todos, el señor Oscar Arias, ya cerca de cumplir setenta años y viendo fracasado su último proyecto de vida y su carrera política; y además a la espera de un desenlace que le parece todavía impensable, dice que estamos cometiendo un suicidio colectivo y le echa la culpa a la Iglesia Católica.
La realidad es otra, al margen de si el domingo siete la ciudadanía de este país confirma los últimos resultados de las encuestas, el que se suicida políticamente es don Oscar, acompañado (obvio) por su séquito, sumisos servidores y concubinas, como los antiguos faraones. Pero además se condena al infierno, él solo como católico, por acusar a la Santa Iglesia Católica de su fracaso.
De resultar el referendo en un rechazo claro al TLC, es claro que lo que se rechaza más que a un texto complejo y poco conocido, es a la posición y la forma particular de gobernar del señor Arias, es a la desfachatez y la falta de seriedad de sus afirmaciones; es al autoritarismo y el desprecio que –creyéndose águila- siente por casi cualquier otro que no sea pariente, súbdito o vasallo; es porque ha considerado arrastrados caracoles a todos los que piensen de otra forma y porque cuando fracasa no tiene asco para tirar al fuego a sus más queridos amigos o culpar a la más importante institución eclesiástica del mundo de los últimos mil años.
Muchas culpas tiene la Iglesia Católica, pero una NO es el fracaso de don Oscar Arias.
Un resultado abultado en su contra lo deslegitimaría para gobernar. Si tuviera un gramo de dignidad y de decencia, haría lo que hizo la señora Thatcher, renunciar luego del evidente repudio de su pueblo en las calles y las urnas.
Que la señora vicepresidenta asuma, como manda la ley, y organice un gobierno de diálogo que permita al país iniciar una nueva etapa de transición razonable, racional, equilibrada, negociada y que impulse nuevas formas de comunicación que abran un período de mutua aceptación y comprensión entre los grupos hasta las elecciones del 2010.
-4 de octubre del 2007-
La realidad es otra, al margen de si el domingo siete la ciudadanía de este país confirma los últimos resultados de las encuestas, el que se suicida políticamente es don Oscar, acompañado (obvio) por su séquito, sumisos servidores y concubinas, como los antiguos faraones. Pero además se condena al infierno, él solo como católico, por acusar a la Santa Iglesia Católica de su fracaso.
De resultar el referendo en un rechazo claro al TLC, es claro que lo que se rechaza más que a un texto complejo y poco conocido, es a la posición y la forma particular de gobernar del señor Arias, es a la desfachatez y la falta de seriedad de sus afirmaciones; es al autoritarismo y el desprecio que –creyéndose águila- siente por casi cualquier otro que no sea pariente, súbdito o vasallo; es porque ha considerado arrastrados caracoles a todos los que piensen de otra forma y porque cuando fracasa no tiene asco para tirar al fuego a sus más queridos amigos o culpar a la más importante institución eclesiástica del mundo de los últimos mil años.
Muchas culpas tiene la Iglesia Católica, pero una NO es el fracaso de don Oscar Arias.
Un resultado abultado en su contra lo deslegitimaría para gobernar. Si tuviera un gramo de dignidad y de decencia, haría lo que hizo la señora Thatcher, renunciar luego del evidente repudio de su pueblo en las calles y las urnas.
Que la señora vicepresidenta asuma, como manda la ley, y organice un gobierno de diálogo que permita al país iniciar una nueva etapa de transición razonable, racional, equilibrada, negociada y que impulse nuevas formas de comunicación que abran un período de mutua aceptación y comprensión entre los grupos hasta las elecciones del 2010.
-4 de octubre del 2007-
NO resultaron ser cuatro gatos -y gatas-
Dijo un coplero como a las 11:30 am, en la tarima ‘cultural’, cuando pasaba la avioneta del sí con una pancarta provocadora:
Los del sí nos mandan mensajitos
En avión
Porque no tienen gente para llenar
El Paseo Colón
Habiendo recorrido dos veces desde La Sabana hasta la Catedral y de vuelta y habiendo observado ampliamente ‘patiando’ la calle, in sito si se quiere más elegante, –a partir de las nueve de la mañana y hasta las tres de la tarde- y haciendo números de anchos de calles y distancias desde la primera tarima –en El Centro Colón- hasta el Hospital y promedios de gentes por metro cuadrado, mi cálculo de asistencia es de alrededor de doscientas cincuenta mil personas, todos votantes, al momento de iniciarse el discurso de fondo.
Fue la manifestación más grande que haya visto en toda mi vida en Costa Rica, por lo menos en mis casi cincuenta años de recuerdos, pues estuve en el recibimiento de Calderón Guardia (1958) con mis padres que eran mariachis de güeso colorado, y claro en decenas de marchas durante los años setentas y ochentas, incluyendo obviamente la de Alcoa con mis compañeros del colegio en 1970.
Es la más grande manifestación pública (pacífica, alegre, bulliciosa, creativa, llena de risas, joven también por la presencia de muchas personas adultas mayores) en que he sido testigo en este país, y en mi experiencia personal. Esa manifestación de hoy fue mucho más grande que la manifestación contra los impuestos (‘Poll Tax Riots’ en Londres, 1990) que llevó a la renuncia de M Thatcher luego de más de una década de su experimento neoliberal en Inglaterra (por aquello de poner las barbas en remojo…). En mi experiencia personal esta manifestación solo es superada por la llegada del Papa a Managua en 1983 y el cierre de la campaña electoral sandinista en 1990.
La diferencia de la manifestación de hoy, 30 de setiembre del 2007 en San José, con estos dos últimos casos citados (en Nicaragua, y en las que estuve presente) es que en aquellas unos gigantescos aparatos estatales y eclesiásticos, con apoyo económico externo inmenso, movilizaron a enormes masas al margen de su verdadera voluntad y lo hicieron con presiones de todo tipo, desde la amenaza de excomunión hasta la amenaza del empleo, y utilizaron todo el transporte del país para mover la gente y prácticamente secuestraron todos los buses y taxis del país –Nicaragua- al servicio de la movilización. Hoy en Costa Rica, cada quien llegó por su propia cuenta, a pesar de la oposición de Gobierno, todo su aparato y prácticamente toda la prensa y televisión comercial, a pesar de las presiones, las amenazas y la campaña del miedo. La movilización fue por cuenta de cada quien, por sus medios y sin miedo. Los comités patrióticos locales lograron que llegaran gentes de todos lados, y también de Talamanca, desde donde los representantes de los indígenas salieron en horas de la madrugada. Nadie los obligó o presionó, todo lo contrario.
Esa es una diferencia esencial.
Esa presencia de hoy en la calle, inmensa y única en toda la historia de Costa Rica (aunque la prensa trate de invisibilizarla), debe multiplicarse en las urnas en una semana, pues cada manifestante, convencido como para ir hoy contra todas las presiones, influirá sin duda en varios votos familiares o de amigos, en particular impulsado por la inmensa fuerza que significa haber estado hoy ahí presente en ese Paseo Colón abarrotado.
Un viejo amigo, científico social, quien también había hecho el mismo tipo de recorrido y observación –como corresponde-y que siempre se ha destacado por su ecuanimidad y cordura en sus opiniones, me dijo al final, cuando por casualidad lo encontré en medio de la multitud, ‘solo con fraude puede ganar el sí’, y le dije, ellos ni siquiera intentaron movilizar a su gente.
Solo quería dejar este testimonio.
Estemos atentos a lo que suceda en las urnas el día 7.
-30 set 07-
Los del sí nos mandan mensajitos
En avión
Porque no tienen gente para llenar
El Paseo Colón
Habiendo recorrido dos veces desde La Sabana hasta la Catedral y de vuelta y habiendo observado ampliamente ‘patiando’ la calle, in sito si se quiere más elegante, –a partir de las nueve de la mañana y hasta las tres de la tarde- y haciendo números de anchos de calles y distancias desde la primera tarima –en El Centro Colón- hasta el Hospital y promedios de gentes por metro cuadrado, mi cálculo de asistencia es de alrededor de doscientas cincuenta mil personas, todos votantes, al momento de iniciarse el discurso de fondo.
Fue la manifestación más grande que haya visto en toda mi vida en Costa Rica, por lo menos en mis casi cincuenta años de recuerdos, pues estuve en el recibimiento de Calderón Guardia (1958) con mis padres que eran mariachis de güeso colorado, y claro en decenas de marchas durante los años setentas y ochentas, incluyendo obviamente la de Alcoa con mis compañeros del colegio en 1970.
Es la más grande manifestación pública (pacífica, alegre, bulliciosa, creativa, llena de risas, joven también por la presencia de muchas personas adultas mayores) en que he sido testigo en este país, y en mi experiencia personal. Esa manifestación de hoy fue mucho más grande que la manifestación contra los impuestos (‘Poll Tax Riots’ en Londres, 1990) que llevó a la renuncia de M Thatcher luego de más de una década de su experimento neoliberal en Inglaterra (por aquello de poner las barbas en remojo…). En mi experiencia personal esta manifestación solo es superada por la llegada del Papa a Managua en 1983 y el cierre de la campaña electoral sandinista en 1990.
La diferencia de la manifestación de hoy, 30 de setiembre del 2007 en San José, con estos dos últimos casos citados (en Nicaragua, y en las que estuve presente) es que en aquellas unos gigantescos aparatos estatales y eclesiásticos, con apoyo económico externo inmenso, movilizaron a enormes masas al margen de su verdadera voluntad y lo hicieron con presiones de todo tipo, desde la amenaza de excomunión hasta la amenaza del empleo, y utilizaron todo el transporte del país para mover la gente y prácticamente secuestraron todos los buses y taxis del país –Nicaragua- al servicio de la movilización. Hoy en Costa Rica, cada quien llegó por su propia cuenta, a pesar de la oposición de Gobierno, todo su aparato y prácticamente toda la prensa y televisión comercial, a pesar de las presiones, las amenazas y la campaña del miedo. La movilización fue por cuenta de cada quien, por sus medios y sin miedo. Los comités patrióticos locales lograron que llegaran gentes de todos lados, y también de Talamanca, desde donde los representantes de los indígenas salieron en horas de la madrugada. Nadie los obligó o presionó, todo lo contrario.
Esa es una diferencia esencial.
Esa presencia de hoy en la calle, inmensa y única en toda la historia de Costa Rica (aunque la prensa trate de invisibilizarla), debe multiplicarse en las urnas en una semana, pues cada manifestante, convencido como para ir hoy contra todas las presiones, influirá sin duda en varios votos familiares o de amigos, en particular impulsado por la inmensa fuerza que significa haber estado hoy ahí presente en ese Paseo Colón abarrotado.
Un viejo amigo, científico social, quien también había hecho el mismo tipo de recorrido y observación –como corresponde-y que siempre se ha destacado por su ecuanimidad y cordura en sus opiniones, me dijo al final, cuando por casualidad lo encontré en medio de la multitud, ‘solo con fraude puede ganar el sí’, y le dije, ellos ni siquiera intentaron movilizar a su gente.
Solo quería dejar este testimonio.
Estemos atentos a lo que suceda en las urnas el día 7.
-30 set 07-
domingo, septiembre 23, 2007
And the waitress is practicing politics
Los asistentes, aunque se llamen con nombres distintos, como colaboradores o asesores, son al fin y al cabo eso, ayudantes, asistentes, aunque se hayan pasado la vida estudiando ciencias políticas. Aunque hayan estudiado bien, como lo demuestra la estructura, organización, especificidad y perspectiva del texto escrito, el tristemente famoso memo.
Casas nunca fue un ‘pega banderas’, ha sido un colaborador por muchos años, como lo dice en su “renuncia”. El país entero sabe de las presiones gigantescas para cortarle la cabeza de inmediato, es decir echarlo a los leones, que hubo en aquel consejo de gobierno toda la tarde y como fue protegido como se hace con un buen colaborador, y se impuso la táctica presidencial de los hermanos gobernantes: una renuncia simbólica, unas disculpas, una investigación absurda e inocua (ordenada por nuestro tribunal, quien a la vez rechaza el texto, de manera que al pecar y rezar, empató; lo que de paso hay que decir, refleja su conformación en las personas de los magistrados), para esperar un triunfo sustancial (como se ha predicho hasta antes del ‘efecto memorando’) y ya, todo volvería a la normalidad, dado que la investigación de auditoría demostrará que no se usaron fondos públicos, y entonces, el acto final sería una vuelta triunfal, con TLC aprobado, pues la exitosa estrategia que había sintetizado en el memo, y que es en buena medida su cosecha (fruto de tantos años ‘practicing politics’ ) había dado frutos, limpio de polvo y paja y con un gran futuro político, a la espera de la próxima campaña.
Pero el destino es un maricón (Sabina, claro) y el efecto inmediato ha sido el contrario, hay indignación porque los costarricenses han sido convencidos por décadas de que son muy valientes, inteligentes y cultos, y ahora les dicen que son unos estúpidos y timoratos: nadie cree en lágrimas de cocodrilo y todo mundo sospecha lo obvio, los firmantes nada más pusieron en blanco y negro una estrategia discutida, conversada, aceptada, asimilada, puesta en práctica por la cúpula y los empleados de las maquilas saben lo que es el miedo pues sus patrones se lo han hecho sentir clarísimo con amenazas directas. Pero además, los datos recientes –encuestas, focus, etc.- no son ya tan seguros y las reacciones abrumadoras de los grandes jefes piden sangre, ellos perciben, como los césares, que el populacho está indignado. Incluso el jefe editorial de La Nación lo pide en su columna, ‘hay que dar un golpe de timón’, tienen que acercar a los extremistas politicastros de cara bonita que ven en el waitress un serio competidor, el ayudante se va, tiene que irse, para limpiar la cancha.
El otro no es un ‘pega banderas’, el otro es un pariente y con menos imagen, menos competencia, no es necesario que sea parte del acto efectista que se busca; es más político además, no es simplemente alguien que no tiene bases, ni redes, ni regidores, ni votos, no es un simple colaborador por muchos años, y solo faltan dos semanas para el referendo.
Es un momento álgido, la percepción generalizada de los sectores medios urbanos educados es que Casas está siendo sacrificado para ocultar lo que todo mundo sabía y que su capacidad de síntesis fue aplaudida por más de un mes, hasta que se hizo pública con su firma. Fue una apuesta muy riesgosa; si no se firmaba entonces el mérito, los créditos, podrían diluirse en una mezcla de liderazgos y decenas de esforzados colaboradores de muy alto nivel, incluidos todos los diputados y ministros que se creen presidenciables.
Pero esos sectores medios urbanos, muy ticos, ahora masivamente votarán no. Los empleados que están siendo amenazados y llevados en grupos a las reuniones donde les hable el Presidente se sienten utilizados, ahora con el efecto ‘memo’ bastantes votarán no. Los pobres de los barrios y los puertos no han recibido suficiente, no ha sido un clientelismo de manos llenas tan abrumador, no es claro qué harán el siete, pero muchos han reaccionado también contra el memo: no es lo mismo saber que uno es pobre a que vengan y le digan por escrito que por eso lo pueden usar y arriar o amedrentar, se sienten humillados. En dos semanas no parece que el daño sea reparable, la diferencia porcentual a favor del sí que se percibía y la campaña del miedo, etc., contribuía a fortalecer parece que se ha hecho muy pequeña o más aún, se ha convertido en una diferencia importante a favor del no. En una semana más, una marcha multitudinaria de masas indignadas con los huecos de las calles, los atrasos en las licencias, los aumentos de los precios de la gasolina, la vida en medio del barro cada vez que hay una llovizna, similar a la que derribó el combo años atrás, pero ahora con carteles del NO es la que podría de una vez cambiar en forma sustantiva el resultado ocho días después.
El pan se habría quemado en la puerta del horno y ahora los mesiánicos gobernantes (ya no solo los colaboradores estudiosos de la política) y sus parientes tendrían que pagar la factura, la que será cobrada –de eso no hay duda- con altos intereses.
El resultado final ya no es tan claro, dependerá de detalles de última hora, de pifias o incapacidad para aprovechar los errores, o del transporte y la movilización final.
El momento es clave, ahora los dirigentes del no pueden cosechar sin que siquiera hubieran tenido una estrategia ni lejos tan precisa y preciosista como la que expresa el memo y escribió el queridísimo y respetadísimo colaborador, que perdió la cabeza por firmar y ahora estará sufriendo o disfrutando la soledad de los excluidos y perdedores.
Yes they’re sharing a drink they call loneliness
(Joel, –obviously-)
Manuel Argüello-Rodríguez
23 de setiembre del 2007
Casas nunca fue un ‘pega banderas’, ha sido un colaborador por muchos años, como lo dice en su “renuncia”. El país entero sabe de las presiones gigantescas para cortarle la cabeza de inmediato, es decir echarlo a los leones, que hubo en aquel consejo de gobierno toda la tarde y como fue protegido como se hace con un buen colaborador, y se impuso la táctica presidencial de los hermanos gobernantes: una renuncia simbólica, unas disculpas, una investigación absurda e inocua (ordenada por nuestro tribunal, quien a la vez rechaza el texto, de manera que al pecar y rezar, empató; lo que de paso hay que decir, refleja su conformación en las personas de los magistrados), para esperar un triunfo sustancial (como se ha predicho hasta antes del ‘efecto memorando’) y ya, todo volvería a la normalidad, dado que la investigación de auditoría demostrará que no se usaron fondos públicos, y entonces, el acto final sería una vuelta triunfal, con TLC aprobado, pues la exitosa estrategia que había sintetizado en el memo, y que es en buena medida su cosecha (fruto de tantos años ‘practicing politics’ ) había dado frutos, limpio de polvo y paja y con un gran futuro político, a la espera de la próxima campaña.
Pero el destino es un maricón (Sabina, claro) y el efecto inmediato ha sido el contrario, hay indignación porque los costarricenses han sido convencidos por décadas de que son muy valientes, inteligentes y cultos, y ahora les dicen que son unos estúpidos y timoratos: nadie cree en lágrimas de cocodrilo y todo mundo sospecha lo obvio, los firmantes nada más pusieron en blanco y negro una estrategia discutida, conversada, aceptada, asimilada, puesta en práctica por la cúpula y los empleados de las maquilas saben lo que es el miedo pues sus patrones se lo han hecho sentir clarísimo con amenazas directas. Pero además, los datos recientes –encuestas, focus, etc.- no son ya tan seguros y las reacciones abrumadoras de los grandes jefes piden sangre, ellos perciben, como los césares, que el populacho está indignado. Incluso el jefe editorial de La Nación lo pide en su columna, ‘hay que dar un golpe de timón’, tienen que acercar a los extremistas politicastros de cara bonita que ven en el waitress un serio competidor, el ayudante se va, tiene que irse, para limpiar la cancha.
El otro no es un ‘pega banderas’, el otro es un pariente y con menos imagen, menos competencia, no es necesario que sea parte del acto efectista que se busca; es más político además, no es simplemente alguien que no tiene bases, ni redes, ni regidores, ni votos, no es un simple colaborador por muchos años, y solo faltan dos semanas para el referendo.
Es un momento álgido, la percepción generalizada de los sectores medios urbanos educados es que Casas está siendo sacrificado para ocultar lo que todo mundo sabía y que su capacidad de síntesis fue aplaudida por más de un mes, hasta que se hizo pública con su firma. Fue una apuesta muy riesgosa; si no se firmaba entonces el mérito, los créditos, podrían diluirse en una mezcla de liderazgos y decenas de esforzados colaboradores de muy alto nivel, incluidos todos los diputados y ministros que se creen presidenciables.
Pero esos sectores medios urbanos, muy ticos, ahora masivamente votarán no. Los empleados que están siendo amenazados y llevados en grupos a las reuniones donde les hable el Presidente se sienten utilizados, ahora con el efecto ‘memo’ bastantes votarán no. Los pobres de los barrios y los puertos no han recibido suficiente, no ha sido un clientelismo de manos llenas tan abrumador, no es claro qué harán el siete, pero muchos han reaccionado también contra el memo: no es lo mismo saber que uno es pobre a que vengan y le digan por escrito que por eso lo pueden usar y arriar o amedrentar, se sienten humillados. En dos semanas no parece que el daño sea reparable, la diferencia porcentual a favor del sí que se percibía y la campaña del miedo, etc., contribuía a fortalecer parece que se ha hecho muy pequeña o más aún, se ha convertido en una diferencia importante a favor del no. En una semana más, una marcha multitudinaria de masas indignadas con los huecos de las calles, los atrasos en las licencias, los aumentos de los precios de la gasolina, la vida en medio del barro cada vez que hay una llovizna, similar a la que derribó el combo años atrás, pero ahora con carteles del NO es la que podría de una vez cambiar en forma sustantiva el resultado ocho días después.
El pan se habría quemado en la puerta del horno y ahora los mesiánicos gobernantes (ya no solo los colaboradores estudiosos de la política) y sus parientes tendrían que pagar la factura, la que será cobrada –de eso no hay duda- con altos intereses.
El resultado final ya no es tan claro, dependerá de detalles de última hora, de pifias o incapacidad para aprovechar los errores, o del transporte y la movilización final.
El momento es clave, ahora los dirigentes del no pueden cosechar sin que siquiera hubieran tenido una estrategia ni lejos tan precisa y preciosista como la que expresa el memo y escribió el queridísimo y respetadísimo colaborador, que perdió la cabeza por firmar y ahora estará sufriendo o disfrutando la soledad de los excluidos y perdedores.
Yes they’re sharing a drink they call loneliness
(Joel, –obviously-)
Manuel Argüello-Rodríguez
23 de setiembre del 2007
viernes, agosto 17, 2007
La prensa del tsunami
A dos días del gallardo tsunami la percepción que ha transmitido la prensa es sorprendentemente contraria a los hechos objetivos. La falta de pericia en el manejo de la información aparece como oportunidad, la incomprensión del sentido de las ‘alertas internacionales’ se presenta como la realidad objetiva de la amenaza inminente, la ausencia de acciones indagatorias de medios alternativos ni siquiera es cuestionada: contacto con los países de Suramérica en la costa del pacífico, vínculo con informantes expertos en sitios estratégicos, consulta y apoyo en criterios científicos como oceanógrafos, meteorólogos, geógrafos y geólogos; pero en particular los expertos en tsunamis de diversidad de organizaciones científicas localizados en variedad de sitios en todo el pacífico, incluyendo representantes en Costa Rica. Así, mientras en la noche del caótico simulacro algún periodista llamaba ‘héroe nacional’ al director de la CNE, un periódico al día siguiente decía que la actuación de la CNE fue excelente. Y claro, la participación de la gente del campo, de los comités en cada sitio, de los voluntarios comunales, la Cruz Roja, bomberos, policías de pueblo en las zonas costeras, tratando de ayudar a la población siempre es heroica, pero la toma de decisiones no la asumen los soldados de a pie, y estas decisiones pueden causar muchas muertes innecesarias.
Ciertamente la información que se centralizó en el director de la CNE, sin consulta alguna (y al parecer sin asesoría alguna de carácter técnico de alto nivel, es decir sin apoyo del personal técnico-científico de las demás instituciones del país y de la región) no solo fue falaz sino basada en el desconocimiento de aspectos elementales del manejo de una situación de emergencia. En primer lugar no había tal inminencia de peligro, simplemente una alerta para toda la costa del pacífico desde México hasta Perú. Dos horas después del terremoto no había ninguna información que indicara el avance de alguna ola, como onda expansiva pos terremoto, en ningún país costero a dos mil kilómetros al norte (Ecuador, Colombia) del epicentro –al sur del Perú-. Ningún organismo científico –que tienen actualizadas en tiempo real sus páginas de la Web- indicaba avance alguno en el océano pacífico de tal onda expansiva. El cálculo de las horas de llegada simplemente se establece a partir de asumir que en el caso de que hubiera tal onda expansiva normalmente avanza a cierta velocidad ya establecida por observaciones y datos estandarizados –modelos, etc.- DE OTROS SITUACIONES. NO se trataba de una proyección a partir de la observación de este caso en particular sobre el cual NO había NINGUNA observación dos horas después del terremoto (por cierto ningún barco o avión habían dado información a sus respectivas bases o torres de control sobre algún fenómeno tipo onda expansiva avanzando en algún lugar del Océano Pacífico.
Pero toda esa información ni siquiera era necesaria, pues por coincidir la marea baja con la supuesta hora de llegada, se requería una ola gigantesca para que hubiera algo perceptible, y en la peor predicción del Director de la CNE decía que tendría hasta 2: 50 metros.
La hora calcula para la supuesta llegada de algo así como una ‘ola de hasta dos metros y medio’ coincidía en este caso con uno de los momentos más bajos de la marea baja. En Quepos la marea más baja el día 15 de agosto en la noche (que se localiza en la página Web del Instituto Meteorológico desde principios de este año) sería a las 22:29 horas (10:29 p.m.) y alcanzaría 1, 37 pies (o sea 0,42 metros, ni medio metro). En Puntarenas la tabla dice: 22:36 horas (10:36 p.m.) -0,02 metros (-0,06 pies, bajísima). Es decir que incluso en caso de que en efecto hubiera una ola extraordinaria de más de 2 metros – 7 pies – sobre el nivel del mar, por estar en marea baja, tan baja, esta ola –el gallardo/tsunami- no llegaría ni al nivel que habían llegado las olas normales de la marea alta. En Quepos llegaría hasta el límite usual, incluso por debajo de las mareas de cuatro metros de octubre, perfectas para el surf en Playa Hermosa, lo que la hace tan atractiva ¡!
En conclusión, era absurdo pedirle a la gente de Puntarenas que evacuara pues en el peor de los casos –y más aún dado que Puntarenas NO está en mar abierto- la olita del gallardo-tsunami llegaría hasta donde normalmente llegan las mareas no tal altas, y la gente pudo haberla esperado tomándose un churchil en los chinamos en vez de salir despavoridos en un absurdo caos provocado por la irresponsable e innecesaria recomendación del director de la CNE.
La lectura de periódicos y revisión de reportajes periodísticos de los últimos dos días sobre el gallardo-tsunami deja además la impresión de que no se repregunta, no se investiga o cuando se investiga la información se pone yuxtapuesta –como en varios periódicos de esta mañana-. Se siguen hablando de un tsunami que nunca existió y no se cuestiona por el responsable del caos y las enormes pérdidas individuales y colectivas. Y bueno, afortunadamente no hubo ningún accidente, ni muertos, ni infartos, pero eso fue por casualidad no por la organización y el orden, que obviamente como todo mundo lo observó fue un desastre. El director de la CNE ha dicho una y otra vez que estaba protegiendo las vidas humanas y que eso está por encima de todo, y nadie le plantea que eso es absolutamente falso pues ninguna vida estaba en peligro, solo que él estaba irresponsablemente desinformado y tomaba una decisión inexperta y por tanto la recomendación de evacuar hasta 500 metros en toda la costa de frontera a frontera era absurda y fuera de lugar. Pero ¿por qué no se le cuestiona? ¿por qué no se indaga la razón para la falta de asesoría técnica y científica? ¿por qué, en caso de que hubiera habido tal asesoría, no se utilizó en la toma de decisiones? ¿por qué se lanza a la calle a decenas de miles de personas –incluyendo las dos principales ciudades de la costa del pacífico del país- si con solo observar la información era obvio que NADA pasaba o pasaría (eso a las 7:30 p.m., dos horas después del terremoto del Perú)?
Y más importante, ¿cuál es el manejo que se le dará a las siguientes alertas y cuál es la reacción que tendrá la población? ¿Cuál será el manejo del impacto indirecto de los huracanes del resto del año en la costa del pacífico y el uso de información científica?
No hay justificación alguna para la falta de cuestionamiento serio y el planteamiento analítico de las fallas y para sentar responsabilidades, como corresponde.
En todo caso es importante recordar que en un mundo de pusilánimes hasta un incompetente es gallardo.
Manuel Argüello-Rodríguez
Viernes, 17 de agosto de 2007
Ciertamente la información que se centralizó en el director de la CNE, sin consulta alguna (y al parecer sin asesoría alguna de carácter técnico de alto nivel, es decir sin apoyo del personal técnico-científico de las demás instituciones del país y de la región) no solo fue falaz sino basada en el desconocimiento de aspectos elementales del manejo de una situación de emergencia. En primer lugar no había tal inminencia de peligro, simplemente una alerta para toda la costa del pacífico desde México hasta Perú. Dos horas después del terremoto no había ninguna información que indicara el avance de alguna ola, como onda expansiva pos terremoto, en ningún país costero a dos mil kilómetros al norte (Ecuador, Colombia) del epicentro –al sur del Perú-. Ningún organismo científico –que tienen actualizadas en tiempo real sus páginas de la Web- indicaba avance alguno en el océano pacífico de tal onda expansiva. El cálculo de las horas de llegada simplemente se establece a partir de asumir que en el caso de que hubiera tal onda expansiva normalmente avanza a cierta velocidad ya establecida por observaciones y datos estandarizados –modelos, etc.- DE OTROS SITUACIONES. NO se trataba de una proyección a partir de la observación de este caso en particular sobre el cual NO había NINGUNA observación dos horas después del terremoto (por cierto ningún barco o avión habían dado información a sus respectivas bases o torres de control sobre algún fenómeno tipo onda expansiva avanzando en algún lugar del Océano Pacífico.
Pero toda esa información ni siquiera era necesaria, pues por coincidir la marea baja con la supuesta hora de llegada, se requería una ola gigantesca para que hubiera algo perceptible, y en la peor predicción del Director de la CNE decía que tendría hasta 2: 50 metros.
La hora calcula para la supuesta llegada de algo así como una ‘ola de hasta dos metros y medio’ coincidía en este caso con uno de los momentos más bajos de la marea baja. En Quepos la marea más baja el día 15 de agosto en la noche (que se localiza en la página Web del Instituto Meteorológico desde principios de este año) sería a las 22:29 horas (10:29 p.m.) y alcanzaría 1, 37 pies (o sea 0,42 metros, ni medio metro). En Puntarenas la tabla dice: 22:36 horas (10:36 p.m.) -0,02 metros (-0,06 pies, bajísima). Es decir que incluso en caso de que en efecto hubiera una ola extraordinaria de más de 2 metros – 7 pies – sobre el nivel del mar, por estar en marea baja, tan baja, esta ola –el gallardo/tsunami- no llegaría ni al nivel que habían llegado las olas normales de la marea alta. En Quepos llegaría hasta el límite usual, incluso por debajo de las mareas de cuatro metros de octubre, perfectas para el surf en Playa Hermosa, lo que la hace tan atractiva ¡!
En conclusión, era absurdo pedirle a la gente de Puntarenas que evacuara pues en el peor de los casos –y más aún dado que Puntarenas NO está en mar abierto- la olita del gallardo-tsunami llegaría hasta donde normalmente llegan las mareas no tal altas, y la gente pudo haberla esperado tomándose un churchil en los chinamos en vez de salir despavoridos en un absurdo caos provocado por la irresponsable e innecesaria recomendación del director de la CNE.
La lectura de periódicos y revisión de reportajes periodísticos de los últimos dos días sobre el gallardo-tsunami deja además la impresión de que no se repregunta, no se investiga o cuando se investiga la información se pone yuxtapuesta –como en varios periódicos de esta mañana-. Se siguen hablando de un tsunami que nunca existió y no se cuestiona por el responsable del caos y las enormes pérdidas individuales y colectivas. Y bueno, afortunadamente no hubo ningún accidente, ni muertos, ni infartos, pero eso fue por casualidad no por la organización y el orden, que obviamente como todo mundo lo observó fue un desastre. El director de la CNE ha dicho una y otra vez que estaba protegiendo las vidas humanas y que eso está por encima de todo, y nadie le plantea que eso es absolutamente falso pues ninguna vida estaba en peligro, solo que él estaba irresponsablemente desinformado y tomaba una decisión inexperta y por tanto la recomendación de evacuar hasta 500 metros en toda la costa de frontera a frontera era absurda y fuera de lugar. Pero ¿por qué no se le cuestiona? ¿por qué no se indaga la razón para la falta de asesoría técnica y científica? ¿por qué, en caso de que hubiera habido tal asesoría, no se utilizó en la toma de decisiones? ¿por qué se lanza a la calle a decenas de miles de personas –incluyendo las dos principales ciudades de la costa del pacífico del país- si con solo observar la información era obvio que NADA pasaba o pasaría (eso a las 7:30 p.m., dos horas después del terremoto del Perú)?
Y más importante, ¿cuál es el manejo que se le dará a las siguientes alertas y cuál es la reacción que tendrá la población? ¿Cuál será el manejo del impacto indirecto de los huracanes del resto del año en la costa del pacífico y el uso de información científica?
No hay justificación alguna para la falta de cuestionamiento serio y el planteamiento analítico de las fallas y para sentar responsabilidades, como corresponde.
En todo caso es importante recordar que en un mundo de pusilánimes hasta un incompetente es gallardo.
Manuel Argüello-Rodríguez
Viernes, 17 de agosto de 2007
miércoles, agosto 15, 2007
El Gallardo Tsunami
Teniendo una cabañita de madera en la costa del pacífico central, recibí llamadas de amigos y familiares inmediatamente después del aviso y alerta de tsunami emitido por una televisora en su noticiero de la noche. Nada menos que el Director de la CNE indicaba que la población debía retirarse 500 metros de la costa y buscar sitios altos, y primero identificó una serie de playas del pacífico central y dejó por fuera las del pacífico sur y toda la costa al norte de Playa Hermosa; a la vez que decía que la ola podría tener hasta dos metros de alto. Así de escueta esta información se respaldaba con supuestos informes científicos de alguna institución que se llamaba con siglas y que tenía sede en Hawai y alguna de los Estados Unidos. Obviamente, la población no tiene idea de cuáles instituciones son esas y qué significan las ‘alertas’ que esas instituciones emiten, muy a menudo por cierto. Pero en la TV el Tsunami de Gallardo aparecía como una gran ola que podría (o no) ser tan alta como un jugador de baloncesto y obviamente todos recordarían las imágenes del tsunami de Indonesia del 2004 y una ola como de tres metros reventando en un pequeño edificio de dos pisos pues el video lo han pasado miles de veces en TV en todo el mundo.
¿Por qué si el terremoto (dos de hecho, separados por pocos minutos y parecido al de Limón) sucedió a las 5: 40 p.m. hora de CR) dos horas después no se podía precisar las características de tal tsunami? (no se tenía certeza de la importancia y tamaño de las olas), siendo qué en dos horas una ola importante habría recorrido ya miles de kilómetros y habría ya impactado en lugares cercanos, como la costa de Ecuador por ejemplo.
La información la dio el señor director de la CNE como algo absolutamente fidedigno, sin duda tendríamos nuestro tsunami, pero podría ser una olita imperceptible de 30 cm., sin decir si era sobre el nivel de la marea superior de los meses de mareas más altas –poco más de tres metros- o del nivel inferior –alrededor de dos metros- o de un nivel intermedio entre ambas. ¿Es decir una ola de dos metros a partir de dónde para arriba? No simplemente el gallardo tsunami tendría hasta algo así como un poco más de dos metros y se recomendaba evacuar en consecuencia las costas hasta 500 metros (o sea medio kilómetro) de la costa. Pero, ¿por qué 500 metros? Y si era inminente y científicamente probado ¿por qué no se sabía prácticamente nada de la peligrosidad?, pero sí se sabía ya que con absoluta exactitud llegaría a Costa Rica exactamente a las 9:20 p.m. y a una lista específica de playas.
Quienes han leído algo de tsunamis y han leído la información de estas instituciones de alerta o han visto los aparatos que manejan y los videos y programas de TV preparados luego del tsunami del 2004 sabrán sin duda más detalles de los que dio el director de la CNE en TV. Pero no entenderán por qué se da un aviso de alerta y se sugieren medidas concretas, pero NO se decreta oficialmente la alerta más de dos horas después de ocurrido el terremoto –y por tanto de iniciado el científicamente probado tsunami que se anunciaba como inminente, seguro, sin duda, en TV-
La recomendación de estar vigilante esa válida todo el invierno y prácticamente en todo el país, pues cualquier lluvia provoca inundaciones y cualquier cabeza de agua se lleva casas y gentes. Las mareas altas y el mar picado en toda la costa del pacífico con bañistas borrachos es una mezcla perfecta para los ahogados que normalmente se presentan y vemos en tele a medio día para las fiestas y para semana santa, y para los fines de semana largos, como el próximo por ejemplo.
Eso está bien, hay que recordar que se debe estar alerta y vigilante siempre.
Pero ¿por qué decirles a los habitantes del pacífico central que se retiren 500 metros?; es acaso que el gallardo tsunami causaría daños en una franja de 500 desde el pleamar o desde los mojones, o ¿desde dónde? –tampoco el señor director de la CNE dije 500 metros desde donde-. En Jacó eso implicaría evacuar toda la zona de hoteles y restaurantes y comercios, TODA, llegando casi hasta la carretera costanera, lo mismo en Playa Hermosa y demás playas principales del pacífico central. Eso implicaría enormes pérdidas y gastos para miles de personas. O es que esa recomendación es solo para familias de lugareños y cuasi lugareños –como yo- con casitas a doscientos o tres cientos metros de la playa, como yo, pero NO para los hoteles. ¿Por qué si es tan INMINENTE no se declara alerta y se ordena la evacuación?. Si la ola es de verdad de más de dos metros partiendo del nivel de la acera del paseo de los turistas en Puntarenas entonces habría muchos muertos. Una evacuación de 500 metros desde la costa en Puntarenas implicaría evacuar por completo toda la península con sus decenas de miles de habitantes porque el ESTERO hasta a 500 metros de la playa.
Y el director de CNE recomienda que se evacúe en las noticias de las 7 p.m.
Cuando al repreguntarle el señor director de la televisora sobre algunos de estos detalles el señor director de la CNE simplemente se curó en salud. No solo era las playas que decía, estaba seguro de la hora exacta que el gallardo tsunami llegaría a la Isla del Coco –lo que no importaría mucho porque está prácticamente deshabitada-, y ampliaba la lista de playas nada más y nada menos que a TODA la costa del pacífico, de frontera a frontera; pero se insiste en indicar nombres de playas del pacífico central, empezando por Quepos y terminando en Hermosa: ¿a qué horas llegaría a los hoteles de cinco estrellas en Papagayo? Por qué si el terremoto es muy al sur, a miles de kilómetros y la onda expansiva viene de allá el tsunami no golpea primero el pacífico sur. Luego de golpear la ciudad de Panamá completa, pasaría por Punta Burica y luego Osa y quizás algo le llegaría a Golfito y luego Dominical y las playas a decenas de kilómetros al sur de Quepos, o sea más cerca del epicentro y donde debería llegar primero algo que venga del sur. ¿Es que la onda expansiva en forma de ola con un epicentro a más de 4 mil kilómetros de Costa Rica y que tarde más de 4 horas en llegar acá no habrá pasado ya por toda la costa de Ecuador y Colombia y estaríamos recibiendo ya noticias de Colombia de los muertos y heridos en las playas de sus ciudades y pueblos costeros que queda a mitad de camino entre Perú y Costa Rica? ¿Cómo no sabemos nada de eso y como se le dice a la gente que tiene que irse a 500 metros de la costa? (o sea evacuar por completo Jacó y Puntarenas, pero nada más se recomienda, no se ordena, o sea, ¿qué?)
En las noticias internacionales y las páginas de Internet especializadas casi tres horas después del terremoto en Perú no se registran olas de ninguna importancia especial en toda la costa del Perú mismo ni más al norte
La irresponsabilidad y la falta de seriedad con que se ha dado la información es pasmosa; el tsunami de Gallardo dará mucho de que escribir y que reflexionar sobre nuestras organizaciones especializadas y sobre el conocimiento y la seriedad de sus directores.
Manuel Argüello- Rodríguez
Día del Gallardo-Tsunami 9:25 p.m.
(acaba de llegar el Gallardo Tsunami a la Isla del Coco –ya se puede llamar por radio a los guarda parques para saber si la ola fue muy grande)
¿Por qué si el terremoto (dos de hecho, separados por pocos minutos y parecido al de Limón) sucedió a las 5: 40 p.m. hora de CR) dos horas después no se podía precisar las características de tal tsunami? (no se tenía certeza de la importancia y tamaño de las olas), siendo qué en dos horas una ola importante habría recorrido ya miles de kilómetros y habría ya impactado en lugares cercanos, como la costa de Ecuador por ejemplo.
La información la dio el señor director de la CNE como algo absolutamente fidedigno, sin duda tendríamos nuestro tsunami, pero podría ser una olita imperceptible de 30 cm., sin decir si era sobre el nivel de la marea superior de los meses de mareas más altas –poco más de tres metros- o del nivel inferior –alrededor de dos metros- o de un nivel intermedio entre ambas. ¿Es decir una ola de dos metros a partir de dónde para arriba? No simplemente el gallardo tsunami tendría hasta algo así como un poco más de dos metros y se recomendaba evacuar en consecuencia las costas hasta 500 metros (o sea medio kilómetro) de la costa. Pero, ¿por qué 500 metros? Y si era inminente y científicamente probado ¿por qué no se sabía prácticamente nada de la peligrosidad?, pero sí se sabía ya que con absoluta exactitud llegaría a Costa Rica exactamente a las 9:20 p.m. y a una lista específica de playas.
Quienes han leído algo de tsunamis y han leído la información de estas instituciones de alerta o han visto los aparatos que manejan y los videos y programas de TV preparados luego del tsunami del 2004 sabrán sin duda más detalles de los que dio el director de la CNE en TV. Pero no entenderán por qué se da un aviso de alerta y se sugieren medidas concretas, pero NO se decreta oficialmente la alerta más de dos horas después de ocurrido el terremoto –y por tanto de iniciado el científicamente probado tsunami que se anunciaba como inminente, seguro, sin duda, en TV-
La recomendación de estar vigilante esa válida todo el invierno y prácticamente en todo el país, pues cualquier lluvia provoca inundaciones y cualquier cabeza de agua se lleva casas y gentes. Las mareas altas y el mar picado en toda la costa del pacífico con bañistas borrachos es una mezcla perfecta para los ahogados que normalmente se presentan y vemos en tele a medio día para las fiestas y para semana santa, y para los fines de semana largos, como el próximo por ejemplo.
Eso está bien, hay que recordar que se debe estar alerta y vigilante siempre.
Pero ¿por qué decirles a los habitantes del pacífico central que se retiren 500 metros?; es acaso que el gallardo tsunami causaría daños en una franja de 500 desde el pleamar o desde los mojones, o ¿desde dónde? –tampoco el señor director de la CNE dije 500 metros desde donde-. En Jacó eso implicaría evacuar toda la zona de hoteles y restaurantes y comercios, TODA, llegando casi hasta la carretera costanera, lo mismo en Playa Hermosa y demás playas principales del pacífico central. Eso implicaría enormes pérdidas y gastos para miles de personas. O es que esa recomendación es solo para familias de lugareños y cuasi lugareños –como yo- con casitas a doscientos o tres cientos metros de la playa, como yo, pero NO para los hoteles. ¿Por qué si es tan INMINENTE no se declara alerta y se ordena la evacuación?. Si la ola es de verdad de más de dos metros partiendo del nivel de la acera del paseo de los turistas en Puntarenas entonces habría muchos muertos. Una evacuación de 500 metros desde la costa en Puntarenas implicaría evacuar por completo toda la península con sus decenas de miles de habitantes porque el ESTERO hasta a 500 metros de la playa.
Y el director de CNE recomienda que se evacúe en las noticias de las 7 p.m.
Cuando al repreguntarle el señor director de la televisora sobre algunos de estos detalles el señor director de la CNE simplemente se curó en salud. No solo era las playas que decía, estaba seguro de la hora exacta que el gallardo tsunami llegaría a la Isla del Coco –lo que no importaría mucho porque está prácticamente deshabitada-, y ampliaba la lista de playas nada más y nada menos que a TODA la costa del pacífico, de frontera a frontera; pero se insiste en indicar nombres de playas del pacífico central, empezando por Quepos y terminando en Hermosa: ¿a qué horas llegaría a los hoteles de cinco estrellas en Papagayo? Por qué si el terremoto es muy al sur, a miles de kilómetros y la onda expansiva viene de allá el tsunami no golpea primero el pacífico sur. Luego de golpear la ciudad de Panamá completa, pasaría por Punta Burica y luego Osa y quizás algo le llegaría a Golfito y luego Dominical y las playas a decenas de kilómetros al sur de Quepos, o sea más cerca del epicentro y donde debería llegar primero algo que venga del sur. ¿Es que la onda expansiva en forma de ola con un epicentro a más de 4 mil kilómetros de Costa Rica y que tarde más de 4 horas en llegar acá no habrá pasado ya por toda la costa de Ecuador y Colombia y estaríamos recibiendo ya noticias de Colombia de los muertos y heridos en las playas de sus ciudades y pueblos costeros que queda a mitad de camino entre Perú y Costa Rica? ¿Cómo no sabemos nada de eso y como se le dice a la gente que tiene que irse a 500 metros de la costa? (o sea evacuar por completo Jacó y Puntarenas, pero nada más se recomienda, no se ordena, o sea, ¿qué?)
En las noticias internacionales y las páginas de Internet especializadas casi tres horas después del terremoto en Perú no se registran olas de ninguna importancia especial en toda la costa del Perú mismo ni más al norte
La irresponsabilidad y la falta de seriedad con que se ha dado la información es pasmosa; el tsunami de Gallardo dará mucho de que escribir y que reflexionar sobre nuestras organizaciones especializadas y sobre el conocimiento y la seriedad de sus directores.
Manuel Argüello- Rodríguez
Día del Gallardo-Tsunami 9:25 p.m.
(acaba de llegar el Gallardo Tsunami a la Isla del Coco –ya se puede llamar por radio a los guarda parques para saber si la ola fue muy grande)
viernes, julio 27, 2007
REFERENDO KAFTIANO: El ocho de octubre podríamos amanecer convertidos en cucaracha
El mundo normal y corriente, que esperamos tener en esa mañana, podría ser radicalmente distinto. Hasta ahora, ha habido una serie de indicios múltiples que impiden prefigurar quiénes serían los infortunados insectos y quiénes no. Hasta ahora, la perspectiva se ha planteado por igual como una pesadilla y, ya desde hace muchos años, hay cambios abruptos en las diversas etapas que van hacia ese día, en que al despertar podamos confirmar que no se trata de una pesadilla sino de la nueva situación que nos toca vivir por mucho tiempo.
Hace cuatro años, parecía que todo lo referido al Tratado sería rápido y fácil, estaba todo negociado y no costaría pasarlo con los votos de los partidos mayoritarios, Zoelik nos visitó y… y ya, una vez más se decía: “pa’eso tenemos la mayoría”. Pero luego vinieron los más notables y abruptos cambios en el proceso y la fiesta se acabó: se alargó la discusión, se pospuso la votación, se dejó para después de las elecciones nacionales y muchos quedaron de nuevo encerrados en su habitación como si fueran cucarachas y no esbeltos y triunfantes negociadores del futuro promisorio.
Pero no todo estaba acabado, una inmensa campaña para decir sí a quien volvería, veinte años después, a poner todo de vuelta en la normalidad, acabaría con la pesadilla. Todo acabó por casi confirmar que no, parecía que las elecciones nacionales no habían dicho que sí: y por supuesto, vino la celebración de los otros, los que ganaron todo el valle central. Fue fiesta momentánea porque no, finalmente sí, era un triunfo del ‘sí’ y el amanecer de pesadilla cambió de grupo. Aunque no había claridad total en la Asamblea, era claro que se fortalecería un impulso del Ejecutivo para aprobar el Tratado, centro absoluto de la campaña y del gobierno que iniciaría en el 2006.
Así las cosas, desde la Asamblea, los que perdieron buscarían a toda costa la prefigurada realidad de insectos verdes en un mundo de prosperidad amarillo luminoso, y no en un mundo de insectos amarillos donde gobernaran los billetes verdes. El vaivén ha seguido en cada ocasión, ya casi no, pero después entonces, sí; ya casi si, pero después entonces, pues no. Y luego de ajetreados meses se aprueba que haya referendo, triunfo, pero no como parecía que se había aprobado y les gustaba a los antiguos perdedores, ahora triunfantes, sino como solicitó el Ejecutivo que triunfó y, claro, acusaciones, derrota, éxito, ataques, insultos y el vaivén continúa. Luego se cuestionó la constitucionalidad y era casi obvio que ahí acabaría, pero no ‘la sala’ dijo: adelante.
Finalmente, el siete de octubre habrá una decisión. No obstante, en la Asamblea se insiste en aprobar legislación que es sinónimo del Tratado, haciendo caso omiso de que podría estar perdiéndose tiempo absurdo aprobando normativa que después tampoco iría –en vez de aprobar la ley de hidrantes para que no se quemen más tugurios, por ejemplo-. O acaso será que los diputados del ‘sí’ piensan que aunque el siete de octubre se diga que no, si se podría votar de todos modos ‘sí’ en la Asamblea, pues pa’eso tienen la mayoría. Al contrario, nos dicen: sabiendo que la decisión popular será siempre que sí, entonces mejor avanzar y estar listos con las leyes complementarias; o sea, todo no acabaría: ‘no’; dijo en referendo, pero eso no obliga a desechar la agenda restante. ‘Sí’; dijo el referendo, pero eso no significa que tendrán que votar afirmativo todo lo demás; y claro, en todos los demás frentes, incluyendo las calles, los tribunales, las empresas y las instituciones.
Con el referendo aprobado, cada quien se ha ido concentrando en describir la clase de mundo de cucarachas en que tendríamos que vivir si se dice ‘no’ o si se dice ‘sí’. Cada sector proclama su seguridad de que las cucarachas serán los otros, y que ellos podrán seguir viviendo en un mundo normal con futuro esplendoroso.
¿Cuál es la perspectiva que se percibe? A dos meses la campaña sucia ya empezó hace días, incluyendo páginas pagadas del más claro estilo de la guerra fría y los autoritarios de todos los lados han salido a gritar ‘vende patrias’ y ‘traidores’ a los otros, asqueados de aquellos que no griten sus consignas. Cada quien insiste en que sus mediciones y encuestas más realistas les favorecen; algunos con euforia dicen que ganarán por tumulto, otros –del otro lado- dicen que tal vez no por tanto, pero que de seguro se ganará.
Se dice que la gente de la calle votará obviamente por nuestra posición, porque sabe lo que le conviene; se dice que las encuestas que favorecen al otro son obviamente sesgadas y parciales; se dice que con la presencia del Presidente en miles de inauguraciones y repartición de bonos, el clientelismo tradicional funcionará otra vez; se dice que el tradicional bipartidismo está de nuevo vivo y ahora unido; se dice que toda la empresa que no participa directamente en las elecciones, ahora estará activa y presionará como antaño a los peones y empleados a votar según lo diga el patrón. Pero también se dice que la gente ya no come cuento, que nadie le cree nada al Presidente porque ya lleva un año sin cumplir y se dice que los sitios donde el Presidente perdió son de gente pensante, activa e informada que saben lo que perderán si ‘sí’, y en los sitios donde ganó la gente está harta de promesas incumplidas, una vez más, como en efecto luego de un año, y que ahora ni los pobres de los puertos ni los pobres del norte le darán el triunfo al Presidente del ‘sí’; bueno, se dice, a menos que haya fraude…
Ah, pero ¿puede haber fraude? Bueno, sí claro, de hecho ha habido fraude muchísimas veces desde la colonia, de tal forma que no sería nada extraño; pero entonces hay que prepararse para evitarlo y para defender cualquier intento en contrario: si se está con seguridad de que el resultado será favorable a mi grupo, pues entonces habrá que impedir cualquier declaración en contrario, pues obviamente sería fraudulenta y se cuestionan igual los pronósticos y los magistrados.
De todos modos, a solo dos meses de la votación, es claro que queda mucho por ver y por hacer, no solo basta con presentar encuestas o hacer campañas sucias. La gran mayoría de los cientos de miles que irán a votar no tienen la menor idea de lo que dice el acuerdo de la Asamblea que aprueba una versión del documento que finalmente es lo que se dice que se votará. Ni siquiera se enterarán de esto, aunque se haya publicado en los periódicos y mucho menos de la letra del acuerdo o Tratado o como se llame esa cosa que hay que rechazar o aprobar, ‘sí’ o ‘no’. No importa, por supuesto la gran mayoría de los diputados lo habrían votado igual sin haberlo leído, como es común en muchos otros proyectos menos inmensos y más entendibles.
Dentro de dos meses muchos de nosotros podríamos amanecer convertidos en cucarachas; o en su defecto, a lo mejor tendremos que vivir en un hogar, nuestro hogar, convertido en un cucarachero. Pero siempre habrá posibilidad de coger una escoba y limpiar el hogar, solo que es necesario empezar a entrenarse para mover la escoba con destreza, o… las patitas y antenitas con destreza. No parece que ninguno de los sectores esté tan claro de cómo evitar el escobazo o como enfrentarlo o por donde empezar a reconstruir el hogar, aunque sea un cucarachero; no parece.
Julio del 2007
Hace cuatro años, parecía que todo lo referido al Tratado sería rápido y fácil, estaba todo negociado y no costaría pasarlo con los votos de los partidos mayoritarios, Zoelik nos visitó y… y ya, una vez más se decía: “pa’eso tenemos la mayoría”. Pero luego vinieron los más notables y abruptos cambios en el proceso y la fiesta se acabó: se alargó la discusión, se pospuso la votación, se dejó para después de las elecciones nacionales y muchos quedaron de nuevo encerrados en su habitación como si fueran cucarachas y no esbeltos y triunfantes negociadores del futuro promisorio.
Pero no todo estaba acabado, una inmensa campaña para decir sí a quien volvería, veinte años después, a poner todo de vuelta en la normalidad, acabaría con la pesadilla. Todo acabó por casi confirmar que no, parecía que las elecciones nacionales no habían dicho que sí: y por supuesto, vino la celebración de los otros, los que ganaron todo el valle central. Fue fiesta momentánea porque no, finalmente sí, era un triunfo del ‘sí’ y el amanecer de pesadilla cambió de grupo. Aunque no había claridad total en la Asamblea, era claro que se fortalecería un impulso del Ejecutivo para aprobar el Tratado, centro absoluto de la campaña y del gobierno que iniciaría en el 2006.
Así las cosas, desde la Asamblea, los que perdieron buscarían a toda costa la prefigurada realidad de insectos verdes en un mundo de prosperidad amarillo luminoso, y no en un mundo de insectos amarillos donde gobernaran los billetes verdes. El vaivén ha seguido en cada ocasión, ya casi no, pero después entonces, sí; ya casi si, pero después entonces, pues no. Y luego de ajetreados meses se aprueba que haya referendo, triunfo, pero no como parecía que se había aprobado y les gustaba a los antiguos perdedores, ahora triunfantes, sino como solicitó el Ejecutivo que triunfó y, claro, acusaciones, derrota, éxito, ataques, insultos y el vaivén continúa. Luego se cuestionó la constitucionalidad y era casi obvio que ahí acabaría, pero no ‘la sala’ dijo: adelante.
Finalmente, el siete de octubre habrá una decisión. No obstante, en la Asamblea se insiste en aprobar legislación que es sinónimo del Tratado, haciendo caso omiso de que podría estar perdiéndose tiempo absurdo aprobando normativa que después tampoco iría –en vez de aprobar la ley de hidrantes para que no se quemen más tugurios, por ejemplo-. O acaso será que los diputados del ‘sí’ piensan que aunque el siete de octubre se diga que no, si se podría votar de todos modos ‘sí’ en la Asamblea, pues pa’eso tienen la mayoría. Al contrario, nos dicen: sabiendo que la decisión popular será siempre que sí, entonces mejor avanzar y estar listos con las leyes complementarias; o sea, todo no acabaría: ‘no’; dijo en referendo, pero eso no obliga a desechar la agenda restante. ‘Sí’; dijo el referendo, pero eso no significa que tendrán que votar afirmativo todo lo demás; y claro, en todos los demás frentes, incluyendo las calles, los tribunales, las empresas y las instituciones.
Con el referendo aprobado, cada quien se ha ido concentrando en describir la clase de mundo de cucarachas en que tendríamos que vivir si se dice ‘no’ o si se dice ‘sí’. Cada sector proclama su seguridad de que las cucarachas serán los otros, y que ellos podrán seguir viviendo en un mundo normal con futuro esplendoroso.
¿Cuál es la perspectiva que se percibe? A dos meses la campaña sucia ya empezó hace días, incluyendo páginas pagadas del más claro estilo de la guerra fría y los autoritarios de todos los lados han salido a gritar ‘vende patrias’ y ‘traidores’ a los otros, asqueados de aquellos que no griten sus consignas. Cada quien insiste en que sus mediciones y encuestas más realistas les favorecen; algunos con euforia dicen que ganarán por tumulto, otros –del otro lado- dicen que tal vez no por tanto, pero que de seguro se ganará.
Se dice que la gente de la calle votará obviamente por nuestra posición, porque sabe lo que le conviene; se dice que las encuestas que favorecen al otro son obviamente sesgadas y parciales; se dice que con la presencia del Presidente en miles de inauguraciones y repartición de bonos, el clientelismo tradicional funcionará otra vez; se dice que el tradicional bipartidismo está de nuevo vivo y ahora unido; se dice que toda la empresa que no participa directamente en las elecciones, ahora estará activa y presionará como antaño a los peones y empleados a votar según lo diga el patrón. Pero también se dice que la gente ya no come cuento, que nadie le cree nada al Presidente porque ya lleva un año sin cumplir y se dice que los sitios donde el Presidente perdió son de gente pensante, activa e informada que saben lo que perderán si ‘sí’, y en los sitios donde ganó la gente está harta de promesas incumplidas, una vez más, como en efecto luego de un año, y que ahora ni los pobres de los puertos ni los pobres del norte le darán el triunfo al Presidente del ‘sí’; bueno, se dice, a menos que haya fraude…
Ah, pero ¿puede haber fraude? Bueno, sí claro, de hecho ha habido fraude muchísimas veces desde la colonia, de tal forma que no sería nada extraño; pero entonces hay que prepararse para evitarlo y para defender cualquier intento en contrario: si se está con seguridad de que el resultado será favorable a mi grupo, pues entonces habrá que impedir cualquier declaración en contrario, pues obviamente sería fraudulenta y se cuestionan igual los pronósticos y los magistrados.
De todos modos, a solo dos meses de la votación, es claro que queda mucho por ver y por hacer, no solo basta con presentar encuestas o hacer campañas sucias. La gran mayoría de los cientos de miles que irán a votar no tienen la menor idea de lo que dice el acuerdo de la Asamblea que aprueba una versión del documento que finalmente es lo que se dice que se votará. Ni siquiera se enterarán de esto, aunque se haya publicado en los periódicos y mucho menos de la letra del acuerdo o Tratado o como se llame esa cosa que hay que rechazar o aprobar, ‘sí’ o ‘no’. No importa, por supuesto la gran mayoría de los diputados lo habrían votado igual sin haberlo leído, como es común en muchos otros proyectos menos inmensos y más entendibles.
Dentro de dos meses muchos de nosotros podríamos amanecer convertidos en cucarachas; o en su defecto, a lo mejor tendremos que vivir en un hogar, nuestro hogar, convertido en un cucarachero. Pero siempre habrá posibilidad de coger una escoba y limpiar el hogar, solo que es necesario empezar a entrenarse para mover la escoba con destreza, o… las patitas y antenitas con destreza. No parece que ninguno de los sectores esté tan claro de cómo evitar el escobazo o como enfrentarlo o por donde empezar a reconstruir el hogar, aunque sea un cucarachero; no parece.
Julio del 2007
viernes, junio 15, 2007
VIVIENDA: lo dicho y lo hecho en la Administración Arias Sánchez 1986-1990 (1)
Al iniciarse la nueva Administración en 1986, se contaba con la información proveniente del recién procesado Censo Nacional aplicado en junio de 1984 (2). Ello permitía una muy certera aproximación de las necesidades de vivienda y las características no solo habitacionales, sino sobre sus ocupantes, la propiedad y los artefactos que ellos utilizaban. El censo contabilizaba en 1984 nueve mil tugurios, 4 mil en zonas urbanas. Tres mil doscientos tugurios se concentraban en San José, especialmente en tres zonas de la ciudad, pero se habrían duplicado con solo tres barrios nuevos surgidos en 1986, provocados precisamente por los grupos organizados alrededor de la campaña electoral del PLN e incentivados por las entregas de ‘pre-adjudicaciones’ de lotes realizadas por el propio candidato Arias Sánchez.
El Gobierno electo indicó, recién pasada la elección, que el 21% de las familias con necesidad de vivienda no tenían ninguna capacidad de pago, el 40% sólo podía retribuir el mínimo (lotes con servicios, techos con servicios); el 22% podría adquirir soluciones 'populares económicas' -como las casas del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)- y solamente el 17 % restante estaba en capacidad de amortizar la mensualidad de una casa de tipo clase media o alta (3). El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) calculó que en 1986 el 'déficit' era de 130 mil, o sea el 25% de un total nacional estimado en 509 mil unidades. Del déficit, el 90% eran casas malas o irreparables y el otro 10% lo constituían las necesarias para eliminar el hacinamiento. Las viviendas deterioradas representaban otro 22% del total de las 509 mil, o sea poco más de cien mil, con su mayor parte (76%) localizada en las zonas rurales del país (MIVAH 89:3). En setiembre de 1986 el Gobierno anunció un nuevo cómputo del déficit: 218 mil, dato con base en el que se presionaba para aprobar el proyecto de ley del Sistema Nacional Financiero para la Vivienda (SVAH) y el Banco Hipotecario de la Vivienda –BANHVI- (4).
La presión por el cumplimiento de la cifra ofrecida por el candidato Arias Sánchez durante la campaña electoral (80 mil viviendas), se resolvió con un cómputo sobre lo realizado al finalizar el primer año de Gobierno que resultaría obviamente falso (5). En el informe oficial se anunció la realización de más de 20 mil operaciones financieras por parte de las instituciones vinculadas al sector público, incluyendo 5830 del INVU y 2339 del IMAS, lo que sería contradictorio con los propios datos oficiales de esas mismas instituciones (6). El INVU posteriormente tan solo computaría un total de 5170 'soluciones' (no ‘viviendas’) para 1986 y 1033 para 1987, o sea 7179 en los dos años con una sensible reducción en 1987. Debe agregarse que de las 'soluciones' de los dos años juntos únicamente 1368 eran viviendas (INVU; 89), lo que revela las dimensiones del sobre-cálculo en el informe ministerial. Durante todo el primer año de Gobierno, el MIVAH intentaba mostrar una acción en vivienda que realmente no se estaba realizando, muy pocos proyectos iniciaron su construcción (1nota adicional) y lo que se hizo fue continuar concentrando precaristas y comités de viviendas de la época de la campaña electoral en fincas estatales ‘en verde’, sin agua, ni electricidad, ni otros servicios urbanos y de salud fundamentales, acrecentando los grandes 'precarios' iniciados al principio del año 1986 o heredados del anterior período, con ello las presiones de los vecinos y los comités se hicieron cada vez más fuertes. La verdad era que el llamado 'Programa de Acción Inmediata' (PAI) apenas había empezado en 1987 y el descontento entre los vecinos de los grandes precarios se expresaba con diversas manifestaciones y huelgas que buscaban al menos obtener los servicios mínimos de agua y electricidad (7). El Ministro Zumbado –de vivienda- siguió repitiendo insistentemente que estaba cumpliendo con lo prometido y frente a críticas planteadas por la oposición política en febrero de 1988 indicó que ya se habían levantado y entregado más de 35 mil viviendas, por lo que el déficit habría bajado a 95 mil. El dato era sin duda alguno falso, tan solo por el simple hecho que estaba contabilizando todo tipo de operaciones concluidas en los 21 meses de Gobierno, las que en su gran mayoría NO eran viviendas, de manera que no podrían haberse levantado y entregado.
Pocos meses después, al cabo de dos años de Gobierno, fue el propio Presidente de la República Arias Sánchez el que notificó oficialmente a la Asamblea Legislativa la finalización de más de 42 mil viviendas, lo que fue objeto de un largo debate e investigaciones de campo para cuantificar de diversas maneras lo realizado. Las diversas formas de control demostraron que el monto ni siquiera se acercaba al rango real de la construcción realizada (2 nota adicional). En efecto el monto real construido por instituciones gubernamentales era del rango de los seis mil, las que aunadas a los procesos financieros de todas las instituciones vinculadas al SVAH solo alcanzaban alrededor de 26 mil casas (8). O sea que el Presidente Arias dio a la Asamblea Legislativa un dato que equivalía a un 161.5 % del total de lo que apenas se estaba haciendo (pues muchas de las operaciones financieras todavía no habían concluido en verdaderas casas construidas).
En 1987 se había iniciado el desarrollo casi simultáneo de decenas de proyectos (9), incluyendo los grandes precarios. El proceso no estaría exento de tropiezos, pero se tendrían decenas de nuevas construcciones para el Informe Presidencial del 1 de mayo de 1988. La Memoria del MIVAH de mayo 1987 a mayo 1988 planteaba que los programas fundamentales se habían consolidado y atendían más de quince mil familias (MIVAH; 88:2)(3 nota adicional). En realidad, a mayo de 1988 solo se había tomado la decisión de atender a tales familias, incluso al final de 1989 mucha de esta infraestructura estaba sin terminar y durante los últimos meses se apresuraba el trabajo de lastreado o pavimentado en grandes barrios de precaristas; la electricidad seguía siendo ilegal o por medidores colectivos controlados por comités locales y no se habían concluido los servicios de agua y alcantarillado. En muchos barrios las familias todavía vivían en sus antiguos ranchos de desechos, con letrinas de pozo negro y altos grados de contaminación, con pocas fuentes públicas de agua, también contaminables a consecuencia de las filtraciones en las conexiones. En mayo de 1988, a pesar de los informes más optimistas (10), el programa apenas se iniciaba, aunque con intensidad, pero la presión de los vecinos debería continuar por años (11), y aún hoy en el año 2004 continúa pues los barrios no se han concluido.
Uno de los denominados "Frentes", el COPAN; a partir de su propia indagación en el campo, reveló que se habrían construido menos de cuatro mil viviendas mediante los programas y en los proyectos reportados por el MIVAH, en los que se informaba de la construcción de más de 28 mil viviendas. La misma organización comprobó que a dos años de Gobierno nada más habían 25.892 nuevos abonados de electricidad y 23.662 nuevos abonados de agua, pero indicaban a la vez que 80% de los residentes en los 'precarios' tenían electricidad. El COPAN contabilizaba al menos 14 mil nuevos tugurios, la mitad residiendo en dos grandes precarios de San José. Su cálculo era que no llegarían a 15 mil las viviendas construidas en los dos primeros años de la Administración Arias (Trejos, M.; 88:2 / Amador, F. e Iglesias, M.; 88:74) (4 nota adicional).
En diciembre de 1988 el Gobierno informó que se habían construido ya 50 mil viviendas y que otras 30 mil estaban en proceso de construcción. A la fecha se indicó además que ya estaban reconstruyéndose las viviendas dañadas el huracán 'Joan' y otras inundaciones anteriores (12). Esta información contrasta con la emitida por el propio BANHVI que para el total de los tres años entre 1986 y 1988, o sea incluyendo seis meses del Gobierno anterior, solo computa un total de obras en vivienda en todo el país de 47 mil, de las cuales únicamente 37 mil eran 'construidas nuevas', el resto lo conformaban 'ampliaciones'. El dato que ofrecía el Ministro Zumbado como 'construidas' era casi el doble de lo que luego reportaba el BANHVI, cuyo Presidente de la Junta Directiva era el propio Ministro Zumbado (BANHVI; 90:Series 35 a 40).
El dato que ofrece el INVU como 'total de viviendas construidas nuevas en el país', incluyendo sector público y privado para los dos años 1986 y 1987 es 31205, 57% de las cuales eran realizadas por el sector privado y de estos la mitad con medios NO provenientes de Mutuales de Ahorro y Préstamo (que recibían fondos del BANHVI (INVU; 89:cuadro 15), por lo que justamente no podrían ser atribuidas a la ‘obra de gobierno’.
La contabilidad del MIVAH, sin embargo continuó cumpliendo con la meta, es así que en su Memoria 88-89 informan de un total de 'viviendas terminadas' de más de 60 mil, indicando como fuentes de financiamiento los bancos estatales, instituciones estatales y las entidades autorizadas del SVAH, más los programas especiales conjuntos con financiamiento de otros países. En esa información se atribuye un total de 27985 viviendas a instituciones dedicadas a sectores de más bajos recursos (INVU-IMAS-CEC-PVR-BANHVI), aunque el dato del BANHVI incluiría financiamiento para las Mutuales, que no atienden necesariamente sectores de bajos recursos. Esta Memoria le atribuye a la CEV la construcción de 4902 viviendas, que serían del programa de erradicación de tugurios, concentrados en San José, esto de nuevo encendió la polémica electoral -1989- dado lo inverosímil de las cifras (13).
El dato oficial dado a la prensa, sin embargo, en enero de 1990 sobre las viviendas 'construidas' entre mayo de 1986 y diciembre de 1989 fue de 76858, aclarando de paso que se estaban construyendo 15 mil adicionales a terminar antes de las elecciones (14). El reporte oficial del MIVAH un mes después, que incluye las viviendas construidas hasta enero de 1990, un mes antes de las elecciones fue: 80548.
Si se utilizan los datos oficiales, se puede concluir que las operaciones financieras dedicadas a sectores de ingresos medios y bajos fueron menos de 40 mil, y las exclusivamente aplicadas para sectores de bajos recursos fueron no más de 30 mil en todo el país en cuatro años. Concretamente la CEV alcanzó a construir bastante menos de lo que se propuso al crearse, pues se esperaba que construyera al menos 18 mil viviendas. Las cerca de 7 mil operaciones que se le atribuyen no incluían en su mayoría la construcción de infraestructuras, pues muchas se localizaban en los grandes precarios de San José, todavía en proceso en este año 2004. Al momento de las elecciones estaban unas 8 mil viviendas en construcción y otras siete mil en programa, pero sin iniciarse (Entrevista a J. Mora, Director de Vivienda del MIVAH en1989). La Dirección de la CEV calculaba que atenderían de 10 a 13 mil familias durante la Administración Arias Sánchez, y que, en el futuro, se podrían construir unas 4 mil viviendas por año, sin crecer demasiado y trabajando a niveles similares de eficiencia a los de 1989, con la misma estructura que se tenía en 1989 (Entrevista a O. Madrigal, Director de la CEV en 1989). Esto hubiera implicado mantener la condición de 'emergencia' del Sector Vivienda en forma permanente.
El fácil recurso de usar la CEV como herramienta expedita de construir, o al menos iniciar la construcción de miles de viviendas, utilizada como alternativa en vez de reorganizar y modernizar el INVU, su legislación y financiamiento, constituye la parte negativa del balance institucional, a parte del censurable y absurdo uso de datos obviamente falsos solo con fines de propaganda. Con ello fue posible construir evadiendo la legislación durante más de dos años de la administración Arias Sánchez. Sin una 'permanente' emergencia que destinara fondos de alto subsidio y evadiera trámites, reglamentos y controles financieros, lo masivo de la actividad constructiva se tendría que restringir sustancialmente. Sin el reparto indiscriminado de tierra estatal (más de 200 hectáreas en solo cuatro barrios del AMSJ) semi-gratuita, a pagar en el futuro incierto, la mayoría sin urbanizar; sin siquiera contabilizar el costo de los servicios futuros; sin la construcción de casas y la creación de barrios a crédito emergente; no sería posible mantener el proceso de erradicación de los precarios.
Frente a un resultado optimista que indique una progresiva reducción del déficit pre-existente y dado lo evidente de la falsedad de los datos para pretender cumplir con la promesa electoral de las 80 mil viviendas, la investigación mostró otra realidad: los desequilibrios regionales inducidos, la excesiva concentración de población paupérrima en los puertos, los guetos de pobreza inmensos de la Gran Área Metropolitana de San José y la migración provocada por la CEV y la propaganda. Todo daría a luz en lo sucesivo a numerosos nuevos precarios, para los que no habría institucionalidad vigente con capacidad de planificación, reordenamiento, urbanización, financiación y mucho menos construcción, pues el INVU se desmanteló y la CEV finalmente tuvo que cerrar por lo ilegal de su existencia misma.
La evidente falsedad de los datos utilizados muestra cómo con fines propagandísticos y electorales se hizo cumplir a la fuerza la promesa de campaña, dejando de paso un caos tanto en los barrios como en la utilización y desperdicio de tierra urbana escasa para crear guetos de pobreza que aún hoy siguen sin terminar y concentran decenas de miles de familias en condiciones inadecuadas: Pero a la vez, creando un grave problema urbano y ambiental que ha traído incalculables costos financieros para el Estado y los propios pobladores durante más de una década y que están muy lejos de resolverse en el 2004. Lo dicho y lo hecho muestra un enorme contraste y debe servir para llamar la atención sobre promesas que todavía se pretende hacer creer que fueron cumplidas a cabalidad y muchos lo siguen creyendo; promesas cumplidas que han sido y serán en los próximos dos años caballo de batalla electoral y de prueba de una mal llamada ‘transparencia’ por parte de los responsables del Poder Ejecutivo de la administración 86-90.
Referencias Bibliográficas
Amador, Fausto e Iglesias, Manuel (1988) Crítica social: análisis del Informe Presidencial sobre el programa de vivienda 1986-1990 COPAN, REVISTA EMERGENCIA #1.
BAHVI (1990) Fosuvi: variables relevantes del sector vivienda (copia impresa)
INVU (1989) Informe general sobre viviendas construidas (mimeo)
Lara, S y Valverde, M (1986) ¿ 80 mil viviendas para quien? REVISTA APORTES #18
MIVAH (1988) Memoria mayo 1987- mayo 1988 (mimeo)
MIVAH (1989) Memoria 1988-1988 (mimeo)
Trejos, Marta (1988) Los primeros años de la Administración Arias (mimeo)
notas:
1- La base investigativa del presente artículo se puede encontrar en detalle en: Argüello-Rodríguez, Manuel (1992) Housing Democracy and Revolution Tesis doctoral inédita (Planificación Urbana/Regional y Desarrollo –Geografía-) University College London, Universidad de Londres, Inglaterra.
2- El Censo Nacional realizado por la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC). Reportajes sobre sus resultados en relación a la vivienda fueron publicados en: LA NACION; 04-05-86:4A y 12-05-86:2A (S.C.Nieto, redactora);
LA REPUBLICA; 05-08-86:2 y 26-10-87:5.
3- LA NACION; 23-02-86:6A.
4- LA NACION; 27-09-86:6A. Declaraciones de la Vice-ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos.
5- "El Presidente Arias proclamó el AÑO DE LA VIVIENDA, a partir del 9 de mayo de 1987. De paso reiteró la construcción efectuada ya de 20587 viviendas" LA REPUBLICA; 09-05-87:2.
6- LA REPUBLICA; 14-05-87:6 SUPLEMENTO 'PRIMER ANIVERSARIO DE Gobierno'. El propio Ministro Zumbado daría información contradictoria un año después, en mayo de 1988 cuando al sumar 42399 viviendas en dos años de Gobierno, le atribuyó 8550 operaciones al INVU y la CEV conjuntamente. LA PRENSA LIBRE; 17-05-88:2.
7- El Presidente Ejecutivo del INVU, que debería renunciar al mes siguiente, por la 'intervención' decretada por el Poder Ejecutivo, afirmó al final del mismo mes de mayo de 1987 que se estaban trasladando unas 4300 familias hacia terrenos del INVU, donde se construiría próximamente mediante autoconstrucción. -Informe preparado para HABITAT/ONU. LA REPUBLICA; 230-05-87:7.
8- Cálculo de R. Méndez M. Diputado del PUSC, con base en análisis de COPAN. LA NACION; 01-10-88:6A.
9- "La CEV empezó con alrededor de 100 proyectos y el BANHVI tiene conocimiento de 29 de ellos donde hay procesos completos o avanzados de 'formalización' al final de 1989. De los otros no se tienen ninguna información" (Vargas, J.; 89).
10- “Según informó el Ministro, en estos momentos están en proceso de construcción unas 25 mil viviendas, de las cuáles unas diez mil corresponden a las que se ejecutan con la participación de los 'Frentes'" LA NACION; 19-04-87:6A.
11- En todos los barrios la presión continuará hasta el último año de la Administración. Precisamente a mediados de 1988 se dio la tercera 'huelga de hambre' de COPAN.
12- LA EXTRA; 23-12-88:3.
13- Reportajes en: LA NACION; 25-03-89:6A y LA REPUBLICA; 04-05-89:8A.
14- Reportajes: informe oficial y declaraciones ministeriales en: LA PRENSA LIBRE; 04-01-89:7,,LA NACION; 21-12-89:2A.
15-
NOTAS ADICIONALES.
1 "Proyectos comenzados en el año 83,84 y 85 por el INVU están sin terminar y desfinanciados, por ejemplo: Proyecto C. Rodríguez, comenzado en el año 84, se publica su adjudicación el 11 de mayo de 1989, para construir unas casas más. Así, como este desarrollo, están sin terminar otros como G. Ramírez de Alajuela, Paraíso de Cartago, La Guapil, Los Duraznos, etc., todos empezados por el INVU entre el año 1983 y 1985" A. Franco C. LA PRENSA LIBRE; 28-06-89:11.
2 El uso ambiguo de contabilidad permitió incrementar el total de 'viviendas' con el objeto de cumplir con la meta. Un ejemplo de ello es contabilizar en el total a proyectos que estaban apenas formulados en la etapa de "planta de conjunto", pues se consideraban "en ejecución", aún cuando estuvieran tan solo "a la espera de financiamiento y postergado para evaluar la demanda real que existirá" -se citan declaraciones del responsable de información del MIVAH-. LA PRENSA LIBRE; 28-09-88:10.
3 Programas para sectores de bajos ingresos en desarrollo en 1987:
1.AREAS CRITICAS: Los Guidos, Metrópolis, Los Diques y La Capri. Cada uno de más de 600 familias
2.PLAN DE ACCION INMEDIATA: Precarios del AMSJ -principalmente- inicialmente 3988 familias en 16 grupos. Siete se trasladarían a propiedad de INVU o IMAS. Otros 7 a lotes a comprar y dos al "Plan Piloto". El número creció paulatinamente hasta 4300 familias. El MINVAH seleccionó 23 grupos para ser atendidos en forma inmediata: urgencia por estar ubicados en zonas de insalubridad o peligrosas y otra orientada al desarrollo de complejos habitacionales.
3.PROYECTOS ESPECIALES: Iniciados por el IMAS durante la Administración Monge y abandonados por falta de recursos.
4.GRUPOS ORGANIZADOS : Los proyectos y fincas controlados por COPAN.
5.PLAN OSCAR -PLAN PILOTO- : Surgió a fines de 1984 y principios de 1985, iniciado después de la Declaratoria de Emergencia Nacional, cuando se nombró al IMAS como unidad EJECUTORA con un presupuesto de 128 millones de colones. Finalmente se redujo a dos grupos de vivienda y los fondos no se hicieron efectivos. La nueva Administración lo refinanció (1987). Se trataba de grupos organizados en forma de 'Asociaciones' con personería jurídica, especialmente del tipo 'asociaciones integrales' ligadas a DINADECO.
La CEV inicia en febrero de 1987 con: Plan de Acción Inmediata, Áreas Críticas y Grupos Organizados ( Entrevista gravada a O. Madrigal, en 1989, quien era su Director Ejecutivo).
4 El informe de COPAN en 1988 indicaba que:
"El crecimiento del tugurio se ha duplicado en este Gobierno. De las familias encuestadas viviendo en tugurio la mitad lo hicieron a partir de este Gobierno. Este Ministerio, como todos los anteriores, solo funciona ante las presiones. No ha logrado definir su carácter. Ha cedido frente a los dirigentes precaristas, frente al INVU con su rosario de juntas directivas e interventores, y se pasa apagando incendios como bombero. El MIVAH ha dado dos reportes: 1= 28632 casas y 2= 36133, en ellos sucede que:
Hay proyectos que se repiten, se suman dos veces con distintas cifras.
En Los Guidos; 3100 reportadas, solo hay 500.
En Guararí; 1100 en construcción o construidas, solo hay 35 casas hechas.
Reportan 305 en Monte Alto; pero solo hay un tractor empezando.
Reportan 2000 en La Capri; pero hay solo cordones y caño.
Informan de 160 en San Cristobal, Hatillo; pero el proyecto no existe.
Informan de 624 en Hatillo 9; pero es un proyecto de la Administración Monge, que nunca empezó.
En total la investigación de campo concluyó que del total de casas reportadas de 28632 solo habían construidas 3924. Por otro lado la misma organización indicaba que dos mil casas construidas en el Gobierno 78-82 se estrenaron en el 82-86; (Trejos, M.; 88:2).
Julio del 2004.
Manuel Argüello-Rodríguez, Ph.D.
Catedrático de la UNA (Costa Rica)
El Gobierno electo indicó, recién pasada la elección, que el 21% de las familias con necesidad de vivienda no tenían ninguna capacidad de pago, el 40% sólo podía retribuir el mínimo (lotes con servicios, techos con servicios); el 22% podría adquirir soluciones 'populares económicas' -como las casas del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)- y solamente el 17 % restante estaba en capacidad de amortizar la mensualidad de una casa de tipo clase media o alta (3). El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) calculó que en 1986 el 'déficit' era de 130 mil, o sea el 25% de un total nacional estimado en 509 mil unidades. Del déficit, el 90% eran casas malas o irreparables y el otro 10% lo constituían las necesarias para eliminar el hacinamiento. Las viviendas deterioradas representaban otro 22% del total de las 509 mil, o sea poco más de cien mil, con su mayor parte (76%) localizada en las zonas rurales del país (MIVAH 89:3). En setiembre de 1986 el Gobierno anunció un nuevo cómputo del déficit: 218 mil, dato con base en el que se presionaba para aprobar el proyecto de ley del Sistema Nacional Financiero para la Vivienda (SVAH) y el Banco Hipotecario de la Vivienda –BANHVI- (4).
La presión por el cumplimiento de la cifra ofrecida por el candidato Arias Sánchez durante la campaña electoral (80 mil viviendas), se resolvió con un cómputo sobre lo realizado al finalizar el primer año de Gobierno que resultaría obviamente falso (5). En el informe oficial se anunció la realización de más de 20 mil operaciones financieras por parte de las instituciones vinculadas al sector público, incluyendo 5830 del INVU y 2339 del IMAS, lo que sería contradictorio con los propios datos oficiales de esas mismas instituciones (6). El INVU posteriormente tan solo computaría un total de 5170 'soluciones' (no ‘viviendas’) para 1986 y 1033 para 1987, o sea 7179 en los dos años con una sensible reducción en 1987. Debe agregarse que de las 'soluciones' de los dos años juntos únicamente 1368 eran viviendas (INVU; 89), lo que revela las dimensiones del sobre-cálculo en el informe ministerial. Durante todo el primer año de Gobierno, el MIVAH intentaba mostrar una acción en vivienda que realmente no se estaba realizando, muy pocos proyectos iniciaron su construcción (1nota adicional) y lo que se hizo fue continuar concentrando precaristas y comités de viviendas de la época de la campaña electoral en fincas estatales ‘en verde’, sin agua, ni electricidad, ni otros servicios urbanos y de salud fundamentales, acrecentando los grandes 'precarios' iniciados al principio del año 1986 o heredados del anterior período, con ello las presiones de los vecinos y los comités se hicieron cada vez más fuertes. La verdad era que el llamado 'Programa de Acción Inmediata' (PAI) apenas había empezado en 1987 y el descontento entre los vecinos de los grandes precarios se expresaba con diversas manifestaciones y huelgas que buscaban al menos obtener los servicios mínimos de agua y electricidad (7). El Ministro Zumbado –de vivienda- siguió repitiendo insistentemente que estaba cumpliendo con lo prometido y frente a críticas planteadas por la oposición política en febrero de 1988 indicó que ya se habían levantado y entregado más de 35 mil viviendas, por lo que el déficit habría bajado a 95 mil. El dato era sin duda alguno falso, tan solo por el simple hecho que estaba contabilizando todo tipo de operaciones concluidas en los 21 meses de Gobierno, las que en su gran mayoría NO eran viviendas, de manera que no podrían haberse levantado y entregado.
Pocos meses después, al cabo de dos años de Gobierno, fue el propio Presidente de la República Arias Sánchez el que notificó oficialmente a la Asamblea Legislativa la finalización de más de 42 mil viviendas, lo que fue objeto de un largo debate e investigaciones de campo para cuantificar de diversas maneras lo realizado. Las diversas formas de control demostraron que el monto ni siquiera se acercaba al rango real de la construcción realizada (2 nota adicional). En efecto el monto real construido por instituciones gubernamentales era del rango de los seis mil, las que aunadas a los procesos financieros de todas las instituciones vinculadas al SVAH solo alcanzaban alrededor de 26 mil casas (8). O sea que el Presidente Arias dio a la Asamblea Legislativa un dato que equivalía a un 161.5 % del total de lo que apenas se estaba haciendo (pues muchas de las operaciones financieras todavía no habían concluido en verdaderas casas construidas).
En 1987 se había iniciado el desarrollo casi simultáneo de decenas de proyectos (9), incluyendo los grandes precarios. El proceso no estaría exento de tropiezos, pero se tendrían decenas de nuevas construcciones para el Informe Presidencial del 1 de mayo de 1988. La Memoria del MIVAH de mayo 1987 a mayo 1988 planteaba que los programas fundamentales se habían consolidado y atendían más de quince mil familias (MIVAH; 88:2)(3 nota adicional). En realidad, a mayo de 1988 solo se había tomado la decisión de atender a tales familias, incluso al final de 1989 mucha de esta infraestructura estaba sin terminar y durante los últimos meses se apresuraba el trabajo de lastreado o pavimentado en grandes barrios de precaristas; la electricidad seguía siendo ilegal o por medidores colectivos controlados por comités locales y no se habían concluido los servicios de agua y alcantarillado. En muchos barrios las familias todavía vivían en sus antiguos ranchos de desechos, con letrinas de pozo negro y altos grados de contaminación, con pocas fuentes públicas de agua, también contaminables a consecuencia de las filtraciones en las conexiones. En mayo de 1988, a pesar de los informes más optimistas (10), el programa apenas se iniciaba, aunque con intensidad, pero la presión de los vecinos debería continuar por años (11), y aún hoy en el año 2004 continúa pues los barrios no se han concluido.
Uno de los denominados "Frentes", el COPAN; a partir de su propia indagación en el campo, reveló que se habrían construido menos de cuatro mil viviendas mediante los programas y en los proyectos reportados por el MIVAH, en los que se informaba de la construcción de más de 28 mil viviendas. La misma organización comprobó que a dos años de Gobierno nada más habían 25.892 nuevos abonados de electricidad y 23.662 nuevos abonados de agua, pero indicaban a la vez que 80% de los residentes en los 'precarios' tenían electricidad. El COPAN contabilizaba al menos 14 mil nuevos tugurios, la mitad residiendo en dos grandes precarios de San José. Su cálculo era que no llegarían a 15 mil las viviendas construidas en los dos primeros años de la Administración Arias (Trejos, M.; 88:2 / Amador, F. e Iglesias, M.; 88:74) (4 nota adicional).
En diciembre de 1988 el Gobierno informó que se habían construido ya 50 mil viviendas y que otras 30 mil estaban en proceso de construcción. A la fecha se indicó además que ya estaban reconstruyéndose las viviendas dañadas el huracán 'Joan' y otras inundaciones anteriores (12). Esta información contrasta con la emitida por el propio BANHVI que para el total de los tres años entre 1986 y 1988, o sea incluyendo seis meses del Gobierno anterior, solo computa un total de obras en vivienda en todo el país de 47 mil, de las cuales únicamente 37 mil eran 'construidas nuevas', el resto lo conformaban 'ampliaciones'. El dato que ofrecía el Ministro Zumbado como 'construidas' era casi el doble de lo que luego reportaba el BANHVI, cuyo Presidente de la Junta Directiva era el propio Ministro Zumbado (BANHVI; 90:Series 35 a 40).
El dato que ofrece el INVU como 'total de viviendas construidas nuevas en el país', incluyendo sector público y privado para los dos años 1986 y 1987 es 31205, 57% de las cuales eran realizadas por el sector privado y de estos la mitad con medios NO provenientes de Mutuales de Ahorro y Préstamo (que recibían fondos del BANHVI (INVU; 89:cuadro 15), por lo que justamente no podrían ser atribuidas a la ‘obra de gobierno’.
La contabilidad del MIVAH, sin embargo continuó cumpliendo con la meta, es así que en su Memoria 88-89 informan de un total de 'viviendas terminadas' de más de 60 mil, indicando como fuentes de financiamiento los bancos estatales, instituciones estatales y las entidades autorizadas del SVAH, más los programas especiales conjuntos con financiamiento de otros países. En esa información se atribuye un total de 27985 viviendas a instituciones dedicadas a sectores de más bajos recursos (INVU-IMAS-CEC-PVR-BANHVI), aunque el dato del BANHVI incluiría financiamiento para las Mutuales, que no atienden necesariamente sectores de bajos recursos. Esta Memoria le atribuye a la CEV la construcción de 4902 viviendas, que serían del programa de erradicación de tugurios, concentrados en San José, esto de nuevo encendió la polémica electoral -1989- dado lo inverosímil de las cifras (13).
El dato oficial dado a la prensa, sin embargo, en enero de 1990 sobre las viviendas 'construidas' entre mayo de 1986 y diciembre de 1989 fue de 76858, aclarando de paso que se estaban construyendo 15 mil adicionales a terminar antes de las elecciones (14). El reporte oficial del MIVAH un mes después, que incluye las viviendas construidas hasta enero de 1990, un mes antes de las elecciones fue: 80548.
Si se utilizan los datos oficiales, se puede concluir que las operaciones financieras dedicadas a sectores de ingresos medios y bajos fueron menos de 40 mil, y las exclusivamente aplicadas para sectores de bajos recursos fueron no más de 30 mil en todo el país en cuatro años. Concretamente la CEV alcanzó a construir bastante menos de lo que se propuso al crearse, pues se esperaba que construyera al menos 18 mil viviendas. Las cerca de 7 mil operaciones que se le atribuyen no incluían en su mayoría la construcción de infraestructuras, pues muchas se localizaban en los grandes precarios de San José, todavía en proceso en este año 2004. Al momento de las elecciones estaban unas 8 mil viviendas en construcción y otras siete mil en programa, pero sin iniciarse (Entrevista a J. Mora, Director de Vivienda del MIVAH en1989). La Dirección de la CEV calculaba que atenderían de 10 a 13 mil familias durante la Administración Arias Sánchez, y que, en el futuro, se podrían construir unas 4 mil viviendas por año, sin crecer demasiado y trabajando a niveles similares de eficiencia a los de 1989, con la misma estructura que se tenía en 1989 (Entrevista a O. Madrigal, Director de la CEV en 1989). Esto hubiera implicado mantener la condición de 'emergencia' del Sector Vivienda en forma permanente.
El fácil recurso de usar la CEV como herramienta expedita de construir, o al menos iniciar la construcción de miles de viviendas, utilizada como alternativa en vez de reorganizar y modernizar el INVU, su legislación y financiamiento, constituye la parte negativa del balance institucional, a parte del censurable y absurdo uso de datos obviamente falsos solo con fines de propaganda. Con ello fue posible construir evadiendo la legislación durante más de dos años de la administración Arias Sánchez. Sin una 'permanente' emergencia que destinara fondos de alto subsidio y evadiera trámites, reglamentos y controles financieros, lo masivo de la actividad constructiva se tendría que restringir sustancialmente. Sin el reparto indiscriminado de tierra estatal (más de 200 hectáreas en solo cuatro barrios del AMSJ) semi-gratuita, a pagar en el futuro incierto, la mayoría sin urbanizar; sin siquiera contabilizar el costo de los servicios futuros; sin la construcción de casas y la creación de barrios a crédito emergente; no sería posible mantener el proceso de erradicación de los precarios.
Frente a un resultado optimista que indique una progresiva reducción del déficit pre-existente y dado lo evidente de la falsedad de los datos para pretender cumplir con la promesa electoral de las 80 mil viviendas, la investigación mostró otra realidad: los desequilibrios regionales inducidos, la excesiva concentración de población paupérrima en los puertos, los guetos de pobreza inmensos de la Gran Área Metropolitana de San José y la migración provocada por la CEV y la propaganda. Todo daría a luz en lo sucesivo a numerosos nuevos precarios, para los que no habría institucionalidad vigente con capacidad de planificación, reordenamiento, urbanización, financiación y mucho menos construcción, pues el INVU se desmanteló y la CEV finalmente tuvo que cerrar por lo ilegal de su existencia misma.
La evidente falsedad de los datos utilizados muestra cómo con fines propagandísticos y electorales se hizo cumplir a la fuerza la promesa de campaña, dejando de paso un caos tanto en los barrios como en la utilización y desperdicio de tierra urbana escasa para crear guetos de pobreza que aún hoy siguen sin terminar y concentran decenas de miles de familias en condiciones inadecuadas: Pero a la vez, creando un grave problema urbano y ambiental que ha traído incalculables costos financieros para el Estado y los propios pobladores durante más de una década y que están muy lejos de resolverse en el 2004. Lo dicho y lo hecho muestra un enorme contraste y debe servir para llamar la atención sobre promesas que todavía se pretende hacer creer que fueron cumplidas a cabalidad y muchos lo siguen creyendo; promesas cumplidas que han sido y serán en los próximos dos años caballo de batalla electoral y de prueba de una mal llamada ‘transparencia’ por parte de los responsables del Poder Ejecutivo de la administración 86-90.
Referencias Bibliográficas
Amador, Fausto e Iglesias, Manuel (1988) Crítica social: análisis del Informe Presidencial sobre el programa de vivienda 1986-1990 COPAN, REVISTA EMERGENCIA #1.
BAHVI (1990) Fosuvi: variables relevantes del sector vivienda (copia impresa)
INVU (1989) Informe general sobre viviendas construidas (mimeo)
Lara, S y Valverde, M (1986) ¿ 80 mil viviendas para quien? REVISTA APORTES #18
MIVAH (1988) Memoria mayo 1987- mayo 1988 (mimeo)
MIVAH (1989) Memoria 1988-1988 (mimeo)
Trejos, Marta (1988) Los primeros años de la Administración Arias (mimeo)
notas:
1- La base investigativa del presente artículo se puede encontrar en detalle en: Argüello-Rodríguez, Manuel (1992) Housing Democracy and Revolution Tesis doctoral inédita (Planificación Urbana/Regional y Desarrollo –Geografía-) University College London, Universidad de Londres, Inglaterra.
2- El Censo Nacional realizado por la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC). Reportajes sobre sus resultados en relación a la vivienda fueron publicados en: LA NACION; 04-05-86:4A y 12-05-86:2A (S.C.Nieto, redactora);
LA REPUBLICA; 05-08-86:2 y 26-10-87:5.
3- LA NACION; 23-02-86:6A.
4- LA NACION; 27-09-86:6A. Declaraciones de la Vice-ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos.
5- "El Presidente Arias proclamó el AÑO DE LA VIVIENDA, a partir del 9 de mayo de 1987. De paso reiteró la construcción efectuada ya de 20587 viviendas" LA REPUBLICA; 09-05-87:2.
6- LA REPUBLICA; 14-05-87:6 SUPLEMENTO 'PRIMER ANIVERSARIO DE Gobierno'. El propio Ministro Zumbado daría información contradictoria un año después, en mayo de 1988 cuando al sumar 42399 viviendas en dos años de Gobierno, le atribuyó 8550 operaciones al INVU y la CEV conjuntamente. LA PRENSA LIBRE; 17-05-88:2.
7- El Presidente Ejecutivo del INVU, que debería renunciar al mes siguiente, por la 'intervención' decretada por el Poder Ejecutivo, afirmó al final del mismo mes de mayo de 1987 que se estaban trasladando unas 4300 familias hacia terrenos del INVU, donde se construiría próximamente mediante autoconstrucción. -Informe preparado para HABITAT/ONU. LA REPUBLICA; 230-05-87:7.
8- Cálculo de R. Méndez M. Diputado del PUSC, con base en análisis de COPAN. LA NACION; 01-10-88:6A.
9- "La CEV empezó con alrededor de 100 proyectos y el BANHVI tiene conocimiento de 29 de ellos donde hay procesos completos o avanzados de 'formalización' al final de 1989. De los otros no se tienen ninguna información" (Vargas, J.; 89).
10- “Según informó el Ministro, en estos momentos están en proceso de construcción unas 25 mil viviendas, de las cuáles unas diez mil corresponden a las que se ejecutan con la participación de los 'Frentes'" LA NACION; 19-04-87:6A.
11- En todos los barrios la presión continuará hasta el último año de la Administración. Precisamente a mediados de 1988 se dio la tercera 'huelga de hambre' de COPAN.
12- LA EXTRA; 23-12-88:3.
13- Reportajes en: LA NACION; 25-03-89:6A y LA REPUBLICA; 04-05-89:8A.
14- Reportajes: informe oficial y declaraciones ministeriales en: LA PRENSA LIBRE; 04-01-89:7,,LA NACION; 21-12-89:2A.
15-
NOTAS ADICIONALES.
1 "Proyectos comenzados en el año 83,84 y 85 por el INVU están sin terminar y desfinanciados, por ejemplo: Proyecto C. Rodríguez, comenzado en el año 84, se publica su adjudicación el 11 de mayo de 1989, para construir unas casas más. Así, como este desarrollo, están sin terminar otros como G. Ramírez de Alajuela, Paraíso de Cartago, La Guapil, Los Duraznos, etc., todos empezados por el INVU entre el año 1983 y 1985" A. Franco C. LA PRENSA LIBRE; 28-06-89:11.
2 El uso ambiguo de contabilidad permitió incrementar el total de 'viviendas' con el objeto de cumplir con la meta. Un ejemplo de ello es contabilizar en el total a proyectos que estaban apenas formulados en la etapa de "planta de conjunto", pues se consideraban "en ejecución", aún cuando estuvieran tan solo "a la espera de financiamiento y postergado para evaluar la demanda real que existirá" -se citan declaraciones del responsable de información del MIVAH-. LA PRENSA LIBRE; 28-09-88:10.
3 Programas para sectores de bajos ingresos en desarrollo en 1987:
1.AREAS CRITICAS: Los Guidos, Metrópolis, Los Diques y La Capri. Cada uno de más de 600 familias
2.PLAN DE ACCION INMEDIATA: Precarios del AMSJ -principalmente- inicialmente 3988 familias en 16 grupos. Siete se trasladarían a propiedad de INVU o IMAS. Otros 7 a lotes a comprar y dos al "Plan Piloto". El número creció paulatinamente hasta 4300 familias. El MINVAH seleccionó 23 grupos para ser atendidos en forma inmediata: urgencia por estar ubicados en zonas de insalubridad o peligrosas y otra orientada al desarrollo de complejos habitacionales.
3.PROYECTOS ESPECIALES: Iniciados por el IMAS durante la Administración Monge y abandonados por falta de recursos.
4.GRUPOS ORGANIZADOS : Los proyectos y fincas controlados por COPAN.
5.PLAN OSCAR -PLAN PILOTO- : Surgió a fines de 1984 y principios de 1985, iniciado después de la Declaratoria de Emergencia Nacional, cuando se nombró al IMAS como unidad EJECUTORA con un presupuesto de 128 millones de colones. Finalmente se redujo a dos grupos de vivienda y los fondos no se hicieron efectivos. La nueva Administración lo refinanció (1987). Se trataba de grupos organizados en forma de 'Asociaciones' con personería jurídica, especialmente del tipo 'asociaciones integrales' ligadas a DINADECO.
La CEV inicia en febrero de 1987 con: Plan de Acción Inmediata, Áreas Críticas y Grupos Organizados ( Entrevista gravada a O. Madrigal, en 1989, quien era su Director Ejecutivo).
4 El informe de COPAN en 1988 indicaba que:
"El crecimiento del tugurio se ha duplicado en este Gobierno. De las familias encuestadas viviendo en tugurio la mitad lo hicieron a partir de este Gobierno. Este Ministerio, como todos los anteriores, solo funciona ante las presiones. No ha logrado definir su carácter. Ha cedido frente a los dirigentes precaristas, frente al INVU con su rosario de juntas directivas e interventores, y se pasa apagando incendios como bombero. El MIVAH ha dado dos reportes: 1= 28632 casas y 2= 36133, en ellos sucede que:
Hay proyectos que se repiten, se suman dos veces con distintas cifras.
En Los Guidos; 3100 reportadas, solo hay 500.
En Guararí; 1100 en construcción o construidas, solo hay 35 casas hechas.
Reportan 305 en Monte Alto; pero solo hay un tractor empezando.
Reportan 2000 en La Capri; pero hay solo cordones y caño.
Informan de 160 en San Cristobal, Hatillo; pero el proyecto no existe.
Informan de 624 en Hatillo 9; pero es un proyecto de la Administración Monge, que nunca empezó.
En total la investigación de campo concluyó que del total de casas reportadas de 28632 solo habían construidas 3924. Por otro lado la misma organización indicaba que dos mil casas construidas en el Gobierno 78-82 se estrenaron en el 82-86; (Trejos, M.; 88:2).
Julio del 2004.
Manuel Argüello-Rodríguez, Ph.D.
Catedrático de la UNA (Costa Rica)
VIVIENDA Y POLÍTICA… ¿AMBIENTAL?
VIVIENDA Y POLÍTICA… ¿AMBIENTAL?
El crecimiento de las ciudades tiene como un componente esencial la construcción de viviendas, tanto aquellas de los sectores de ingresos altos y medios normalmente realizadas por iniciativas individuales y, más recientemente, por las empresas desarrolladoras de residenciales, condominios y edificios de mediana altura, ubicados en medio de amplias zonas verdes y con vistas al valle o las montañas; como aquellas impulsadas por proyectos estatales y con fondos públicos, en barriadas de pequeñas unidades unifamiliares que cubren amplias extensiones de suelo.
Costa Rica no ha presentado hasta el inicio del siglo XXI un proceso intenso de construcción en altura y alta densidad en ninguna ciudad y para ninguna de las actividades que lo han impulsado en otras latitudes, como la financiera, comercial o público-ceremonial. Las rentas urbanas han sido la esencia del proceso de inversión privada y el evitar el abierto conflicto social ha sido la orientación primordial que ha definido la política social sobre vivienda, al menos en los últimos 30 años en Costa Rica, pero sin que ello llevara a desarrollar una sistemática y racional política de Estado que diera dirección al uso del territorio. Cada administración desde 1974 al 2004 ha enfatizado acciones y decisiones sin un hilo de continuidad y más bien cambiando según los impulsos del clientelismo político, la disposición de recursos o los saltos ideológicos de cada administración, sin que, por supuesto, el simple y escueto lucro de los empresarios de la construcción, desarrolladores y terratenientes urbanos se quedara atrás como criterio de orientación de la toma de decisiones.
Setenta años atrás, el CIAM elaboró un documento sobre la teoría y metodología de planificación que tomó el nombre de la "Carta de Atenas" (de 1933) donde planteó la necesidad de un ordenamiento legal que permitiera disponer sin trabas del suelo urbano para satisfacer las necesidades colectivas, para lo que se estableció que para el uso del suelo urbano debe primar el interés colectivo. Otras declaraciones de política internacional siguieron este principio, como la Declaración de Hábitat, Vancouver 1976 o la Carta de Machu Pichu de 1977 que planteó que “La vivienda popular no será considerada como un objeto de consumo subsidiario sino como un poderoso instrumento de desarrollo social”. En Costa Rica, estos planteamientos se impulsaron tanto desde el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) como desde lo que luego se llamaría el MIVAH: la Secretaría Técnica del Ministro sin cartera rector del Sector Vivienda, a partir de 1978. No obstante, su impacto fue muy limitado y casi sucumbió frente a las muy poderosas fuerzas orientadas por el lucro individual y la maximización de la renta de la tierra, así como el clientelismo utilizado como mecanismo para paliar el conflicto social por la penuria de vivienda.
La década de los 80s vivió diversidad de procesos contradictorios con algunas variaciones según la administración. A partir del 78 el nombramiento de un Ministro de Vivienda junto a un Presidente del INVU inició un conflicto de poderes al interior del Gobierno que reflejó además contradictorios planteamientos, tanto respecto del urbanismo como de la política habitacional. Mientras se impulsaba una política de transporte urbano que pregonaba la descentralización se construían obras que hacían pasar todo el tránsito por San José con un modelo radial; mientras se trabajaba en modelos de diseño urbano de rescate del ambiente y con edificios en altura, se dejaba al garete la construcción de viviendas y, como solución de emergencia, se toleró la ocupación ilegal en todas las ciudades y se inició la repartición de algo llamado ‘lotes sin servicios’, o sea simples charrales entregados a los pobres para que hicieran sus ranchos por su propia cuenta, ranchos a los que se denominó ‘vivienda progresiva’ apostando a que la gente poco a poco lo mejoraría, como en efecto. Todo ello, a un inmenso costo en contaminación, sufrimiento y destrucción ambiental a la vez que utilizando los peores lugares y de más baja renta para tal ‘desarrollo urbano’, con la consiguiente creación de riesgos de desastre que se siguen sufriendo 30 años después.
En estas circunstancias la penuria de vivienda emergió como un elemento central del proceso electoral para las próximas cuatro elecciones nacionales y en cada caso con diversidad de respuestas, todas las cuales crearon nuevas condiciones depredadoras para el ambiente y un altísimo costo social y financiero para el Estado y los pobladores.
La muy conflictiva lucha por la vivienda se incrementó durante los 60s y 70s en las dos principales ciudades fuera del Área Metropolitana, Puntarenas y Limón, las que duplicaron su extensión y población por vía de ocupaciones ilegales; pero al inicio de los 80s también creció en número y capacidad organizativa en el valle central. La respuesta política fue incrementar los ‘lotes sin servicios’ masivamente en Purral –Goicoechea- y otras zonas. Paralelamente, sin embargo, esfuerzos técnicos de algunas figuras políticas o al revés, esfuerzos políticos de algunas figuras técnicas, impulsaron la generación de bancos de tierras estatales para futuros desarrollos y así evitar la especulación (tierra que luego se dilapidó con la tolerancia o el impulso político partidario de la ocupación ilegal). Se dio a la vez la más importante decisión política en defensa del ambiente en el campo del desarrollo urbano: la creación y puesta en práctica en 1984 –por parte del INVU- del Plan Regulador de la Gran Área Metropolitana (Plan GAM) que determinó y reglamentó zonas de urbanización, industriales y productivas; pero además, delimitó las importantísimas Zonas Especiales de Protección alrededor del casco urbano del valle central y que protege las fuentes del recurso hídrico y sirve de amortiguamiento para los parques nacionales y zonas protegidas de las cadenas montañosas que rodean el valle, aparte de refugio animal y recreo visual desde la ciudad.
Este impulso inicial macro regional lamentablemente se quedó en esa escala regional sin que se le diera la continuidad requerida en la escala cantonal y distrital en función de las decisiones políticas a partir del año 86: se impuso el clientelismo que tomó por asalto Desamparados y Alajuelita (entre otros cantones semi-urbanos) creando los enormes guetos de pobladores pobres y paupérrimos, mientras se postergaban las promesas de viviendas y se iban poco a poco dotando los barrios de agua o electricidad. Las ocupaciones semi ilegales y hasta dirigidas por ministros de vivienda permitían cumplir a medias con la estructura clientelar del proceso electoral, aunque se planteaba una reforma financiera e institucional con la creación del Sistema Nacional Financiero para la Vivienda y se creaba el subsidio para la vivienda, que se ofreció hacerlo ‘gratuito’ en la siguiente campaña electoral de 1990, ¡y se cumplió! Mientras tanto se declaró emergencia y se empezó a construir en forma territorialmente concentrada (y en pocos meses muy electorales) varias decenas de miles de casitas prefabricadas que permitieran crear la falsa imagen publicitaria, que todavía perdura, sobre promesas políticas cumplidas.
La dinámica durante los noventas no fue tampoco la de una política como se proclamaba en los principios de las declaraciones mundiales, como la de Hábitat 76, de Naciones Unidas que Costa Rica subscribió formalmente. El bono fue el eje del botín, pero no se utilizó como herramienta ordenadora en lo financiero, habitacional, urbano/regional o social. Al contrario, se sucumbió a las demandas puntuales de los políticos de barrio y cantón, a las presiones desde las asambleas distritales y el ‘MIVAH’ –que todavía sigue sin ley constitutiva- pasó a ser un órgano al servicio de los partidos, y nunca llegó a ser el rector de la política. El masivo financiamiento no se utilizó para orientar la migración con base en una planificación de su distribución por zonas según demanda real o con base en decisiones expresas de ocupación relativa y densidades preferibles, según objetivos planteados en términos de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, con criterios técnico/políticos. La oportunidad se perdió y como consecuencia algunas zonas se sobre financiaron y algunos ‘entes autorizados’ a su vez autorizaron agentes distribuidores masivos de bonos en diversidad de zonas (al margen de su adecuación ambiental o social) pues su negocio era y es colocar el máximo de bonos y créditos posibles. Empresas privadas especializadas en erradicación de tugurios y ‘asociaciones’ generaron proyectos innecesarios y llenaron sus listas de cientos o miles de solicitantes con familias que habitaban al otro lado del país o de múltiples orígenes, incluyendo extranjeros; muchos de los cuales luego se sacarían de las listas pues ‘no calificaban’ y serían estafados no solo políticamente, sino también económicamente a pesar de ser el estrato más pobre!
El impacto de tres administraciones con enorme inversión permitió reducir sustancialmente la demanda efectiva y casi hacer desaparecer las ocupaciones de tierras; pero –a finales de los 90s e inicio de siglo- un nuevo cambio de política en lo fiscal y lo ideológico determinó un alto radical en el gasto en vivienda popular.
Una administración después de creado el Banco Hipotecario de la Vivienda ya se hacía familiar la frase ‘presa de bonos’, que hacia mediados de los 90s ya superaba los 20 mil casos y a final de siglo se acercaba a 25 mil. La presa luego se diluyó recurriendo al expediente simple de rechazar decenas de miles de casos y alargar los trámites hasta la náusea, para así evitar que ingresaran al proceso de trámite otras decenas de miles de solicitudes, reduciendo progresivamente en amplísimos porcentajes –más de la mitad- el otorgamientos del subsidio, a pesar de que es un derecho de los pobres por ley. Muy fácil, para no tener una presa en trámite no se abre la ventanilla, pero la demanda insolvente de vivienda, o sea los pobres tienen que solucionar de alguna manera su penuria de vivienda y entonces, sin otra salida, al igual que en los 70s deben recurrir a las ocupaciones de terrenos, las que por razones político electorales son toleradas de nuevo las más de las veces, en espera que el próximo gobierno resuelva…
Lo obvio se generó hace casi 20 años: al concentrar en sitios inadecuados y verdaderos guetos a decenas de miles de familias del estrato más pobre y condenarlas a vivir prácticamente sin servicios o infraestructura social y a conseguirla poco a poco por vía del conflicto o la amenaza; ser humano y naturaleza, o más bien simplemente la naturaleza, pues el ser humano es parte de ella, ha pagado un costo incalculable por convertir la necesidad de vivienda en politiquería sin reparo alguno en lo ambiental.
La creación del BANHVI y el bono gratuito y el manejo a la libre del financiamiento por organismos cooperativos (que luego quebraron), fueron una muestra del manejo politiquero o fiscal de las finanzas; pero la salida no es simplemente eliminar el financiamiento, como se ha pretendido en las dos últimas administraciones, cerrando las ventanillas del INVU y el propio BANHVI con la excusa de eliminar la intromisión política (intromisión que los diputados añoran por supuesto y presionarán por recuperar en los próximos meses electorales). Ello solo produce y producirá nuevos tugurios como se puede ver ya con un rápido recorrido por el valle central y otros centros urbanos del país y así seguirá mientras esta política no se modifique.
La restricción financiera para la vivienda se ha estado dando en consonancia con un feroz y acelerado proceso de ‘desregulación’ y ‘liberalización’ impulsado desde la propia Presidencia de la República. Esta intervención directa del Ejecutivo en la ‘desregulación’ incluyó (en el 2001) el intento de utilizar libremente para la urbanización las 60 mil hectáreas de las zonas de protección especial del GAM; lo que se logró impedir por la vía judicial y la presión de grupos técnicos, académicos y ambientalistas. Ello habría causado el impacto ambiental más brutal del desarrollo urbano en toda la historia del país. El cambio ideológico hizo prevalecer la ‘discipllina fiscal’ por encima de la política social, y entonces, más allá de las declaraciones efectistas, se redujo sustancialmente el gasto real y con subterfugios técnicos o legales se dejó de atender a decenas de miles de familias que no tienen ninguna opción alternativa para solucionar su necesidad de habitación y tienden a migrar hacia centros donde puedan acercarse a las fuentes de recursos, a lo que debe sumarse el impacto de la migración internacional.
Este impulso se dió paralelo con propuestas y hechos reales hacia la privatización directa o la creación de entes para-estatales (por decreto) para asumir la ‘planificación urbana’, lo que conlleva la deslegitimación y casi ruina de las instituciones estatales responsables de procurar tal planificación por ley; a la vez esto conlleva al desperdicio de recursos que podrían utilizarse para continuar con la política de principios de los ochentas y actualizar no solo el Plan GAM sino también un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que corresponde realizar por ley y por racionalidad a entes estatales.
¿Qué se vislumbra para 20 años después de que la política en vivienda produjera el gigantesco impacto ambiental de convertir centenares de hectáreas en masivos barrios casi sin servicios de altísima densidad, pero en un piso con el desperdicio inaudito de la escasa y cara tierra urbana-estatal? Bueno, se vislumbra simplemente la llegada al poder de quienes dirigieron ese proceso irresponsable de declarar la vivienda emergencia y con ello concentrar casi toda la inversión en la GAM, utilizando incluso tierras de zonas de protección y de quienes crearon los barrios urbanos donde naturalmente hoy se encuentran las peores condiciones de habitabilidad y donde se originan muchos de los principales problemas, conflictos y violencia social y se sufren pésimas condiciones ambientales.
Manuel Argüello Rodriguez, Ph.D.
Catedrático de la UNA –Costa Rica-
-mayo del 2004-
El crecimiento de las ciudades tiene como un componente esencial la construcción de viviendas, tanto aquellas de los sectores de ingresos altos y medios normalmente realizadas por iniciativas individuales y, más recientemente, por las empresas desarrolladoras de residenciales, condominios y edificios de mediana altura, ubicados en medio de amplias zonas verdes y con vistas al valle o las montañas; como aquellas impulsadas por proyectos estatales y con fondos públicos, en barriadas de pequeñas unidades unifamiliares que cubren amplias extensiones de suelo.
Costa Rica no ha presentado hasta el inicio del siglo XXI un proceso intenso de construcción en altura y alta densidad en ninguna ciudad y para ninguna de las actividades que lo han impulsado en otras latitudes, como la financiera, comercial o público-ceremonial. Las rentas urbanas han sido la esencia del proceso de inversión privada y el evitar el abierto conflicto social ha sido la orientación primordial que ha definido la política social sobre vivienda, al menos en los últimos 30 años en Costa Rica, pero sin que ello llevara a desarrollar una sistemática y racional política de Estado que diera dirección al uso del territorio. Cada administración desde 1974 al 2004 ha enfatizado acciones y decisiones sin un hilo de continuidad y más bien cambiando según los impulsos del clientelismo político, la disposición de recursos o los saltos ideológicos de cada administración, sin que, por supuesto, el simple y escueto lucro de los empresarios de la construcción, desarrolladores y terratenientes urbanos se quedara atrás como criterio de orientación de la toma de decisiones.
Setenta años atrás, el CIAM elaboró un documento sobre la teoría y metodología de planificación que tomó el nombre de la "Carta de Atenas" (de 1933) donde planteó la necesidad de un ordenamiento legal que permitiera disponer sin trabas del suelo urbano para satisfacer las necesidades colectivas, para lo que se estableció que para el uso del suelo urbano debe primar el interés colectivo. Otras declaraciones de política internacional siguieron este principio, como la Declaración de Hábitat, Vancouver 1976 o la Carta de Machu Pichu de 1977 que planteó que “La vivienda popular no será considerada como un objeto de consumo subsidiario sino como un poderoso instrumento de desarrollo social”. En Costa Rica, estos planteamientos se impulsaron tanto desde el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) como desde lo que luego se llamaría el MIVAH: la Secretaría Técnica del Ministro sin cartera rector del Sector Vivienda, a partir de 1978. No obstante, su impacto fue muy limitado y casi sucumbió frente a las muy poderosas fuerzas orientadas por el lucro individual y la maximización de la renta de la tierra, así como el clientelismo utilizado como mecanismo para paliar el conflicto social por la penuria de vivienda.
La década de los 80s vivió diversidad de procesos contradictorios con algunas variaciones según la administración. A partir del 78 el nombramiento de un Ministro de Vivienda junto a un Presidente del INVU inició un conflicto de poderes al interior del Gobierno que reflejó además contradictorios planteamientos, tanto respecto del urbanismo como de la política habitacional. Mientras se impulsaba una política de transporte urbano que pregonaba la descentralización se construían obras que hacían pasar todo el tránsito por San José con un modelo radial; mientras se trabajaba en modelos de diseño urbano de rescate del ambiente y con edificios en altura, se dejaba al garete la construcción de viviendas y, como solución de emergencia, se toleró la ocupación ilegal en todas las ciudades y se inició la repartición de algo llamado ‘lotes sin servicios’, o sea simples charrales entregados a los pobres para que hicieran sus ranchos por su propia cuenta, ranchos a los que se denominó ‘vivienda progresiva’ apostando a que la gente poco a poco lo mejoraría, como en efecto. Todo ello, a un inmenso costo en contaminación, sufrimiento y destrucción ambiental a la vez que utilizando los peores lugares y de más baja renta para tal ‘desarrollo urbano’, con la consiguiente creación de riesgos de desastre que se siguen sufriendo 30 años después.
En estas circunstancias la penuria de vivienda emergió como un elemento central del proceso electoral para las próximas cuatro elecciones nacionales y en cada caso con diversidad de respuestas, todas las cuales crearon nuevas condiciones depredadoras para el ambiente y un altísimo costo social y financiero para el Estado y los pobladores.
La muy conflictiva lucha por la vivienda se incrementó durante los 60s y 70s en las dos principales ciudades fuera del Área Metropolitana, Puntarenas y Limón, las que duplicaron su extensión y población por vía de ocupaciones ilegales; pero al inicio de los 80s también creció en número y capacidad organizativa en el valle central. La respuesta política fue incrementar los ‘lotes sin servicios’ masivamente en Purral –Goicoechea- y otras zonas. Paralelamente, sin embargo, esfuerzos técnicos de algunas figuras políticas o al revés, esfuerzos políticos de algunas figuras técnicas, impulsaron la generación de bancos de tierras estatales para futuros desarrollos y así evitar la especulación (tierra que luego se dilapidó con la tolerancia o el impulso político partidario de la ocupación ilegal). Se dio a la vez la más importante decisión política en defensa del ambiente en el campo del desarrollo urbano: la creación y puesta en práctica en 1984 –por parte del INVU- del Plan Regulador de la Gran Área Metropolitana (Plan GAM) que determinó y reglamentó zonas de urbanización, industriales y productivas; pero además, delimitó las importantísimas Zonas Especiales de Protección alrededor del casco urbano del valle central y que protege las fuentes del recurso hídrico y sirve de amortiguamiento para los parques nacionales y zonas protegidas de las cadenas montañosas que rodean el valle, aparte de refugio animal y recreo visual desde la ciudad.
Este impulso inicial macro regional lamentablemente se quedó en esa escala regional sin que se le diera la continuidad requerida en la escala cantonal y distrital en función de las decisiones políticas a partir del año 86: se impuso el clientelismo que tomó por asalto Desamparados y Alajuelita (entre otros cantones semi-urbanos) creando los enormes guetos de pobladores pobres y paupérrimos, mientras se postergaban las promesas de viviendas y se iban poco a poco dotando los barrios de agua o electricidad. Las ocupaciones semi ilegales y hasta dirigidas por ministros de vivienda permitían cumplir a medias con la estructura clientelar del proceso electoral, aunque se planteaba una reforma financiera e institucional con la creación del Sistema Nacional Financiero para la Vivienda y se creaba el subsidio para la vivienda, que se ofreció hacerlo ‘gratuito’ en la siguiente campaña electoral de 1990, ¡y se cumplió! Mientras tanto se declaró emergencia y se empezó a construir en forma territorialmente concentrada (y en pocos meses muy electorales) varias decenas de miles de casitas prefabricadas que permitieran crear la falsa imagen publicitaria, que todavía perdura, sobre promesas políticas cumplidas.
La dinámica durante los noventas no fue tampoco la de una política como se proclamaba en los principios de las declaraciones mundiales, como la de Hábitat 76, de Naciones Unidas que Costa Rica subscribió formalmente. El bono fue el eje del botín, pero no se utilizó como herramienta ordenadora en lo financiero, habitacional, urbano/regional o social. Al contrario, se sucumbió a las demandas puntuales de los políticos de barrio y cantón, a las presiones desde las asambleas distritales y el ‘MIVAH’ –que todavía sigue sin ley constitutiva- pasó a ser un órgano al servicio de los partidos, y nunca llegó a ser el rector de la política. El masivo financiamiento no se utilizó para orientar la migración con base en una planificación de su distribución por zonas según demanda real o con base en decisiones expresas de ocupación relativa y densidades preferibles, según objetivos planteados en términos de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, con criterios técnico/políticos. La oportunidad se perdió y como consecuencia algunas zonas se sobre financiaron y algunos ‘entes autorizados’ a su vez autorizaron agentes distribuidores masivos de bonos en diversidad de zonas (al margen de su adecuación ambiental o social) pues su negocio era y es colocar el máximo de bonos y créditos posibles. Empresas privadas especializadas en erradicación de tugurios y ‘asociaciones’ generaron proyectos innecesarios y llenaron sus listas de cientos o miles de solicitantes con familias que habitaban al otro lado del país o de múltiples orígenes, incluyendo extranjeros; muchos de los cuales luego se sacarían de las listas pues ‘no calificaban’ y serían estafados no solo políticamente, sino también económicamente a pesar de ser el estrato más pobre!
El impacto de tres administraciones con enorme inversión permitió reducir sustancialmente la demanda efectiva y casi hacer desaparecer las ocupaciones de tierras; pero –a finales de los 90s e inicio de siglo- un nuevo cambio de política en lo fiscal y lo ideológico determinó un alto radical en el gasto en vivienda popular.
Una administración después de creado el Banco Hipotecario de la Vivienda ya se hacía familiar la frase ‘presa de bonos’, que hacia mediados de los 90s ya superaba los 20 mil casos y a final de siglo se acercaba a 25 mil. La presa luego se diluyó recurriendo al expediente simple de rechazar decenas de miles de casos y alargar los trámites hasta la náusea, para así evitar que ingresaran al proceso de trámite otras decenas de miles de solicitudes, reduciendo progresivamente en amplísimos porcentajes –más de la mitad- el otorgamientos del subsidio, a pesar de que es un derecho de los pobres por ley. Muy fácil, para no tener una presa en trámite no se abre la ventanilla, pero la demanda insolvente de vivienda, o sea los pobres tienen que solucionar de alguna manera su penuria de vivienda y entonces, sin otra salida, al igual que en los 70s deben recurrir a las ocupaciones de terrenos, las que por razones político electorales son toleradas de nuevo las más de las veces, en espera que el próximo gobierno resuelva…
Lo obvio se generó hace casi 20 años: al concentrar en sitios inadecuados y verdaderos guetos a decenas de miles de familias del estrato más pobre y condenarlas a vivir prácticamente sin servicios o infraestructura social y a conseguirla poco a poco por vía del conflicto o la amenaza; ser humano y naturaleza, o más bien simplemente la naturaleza, pues el ser humano es parte de ella, ha pagado un costo incalculable por convertir la necesidad de vivienda en politiquería sin reparo alguno en lo ambiental.
La creación del BANHVI y el bono gratuito y el manejo a la libre del financiamiento por organismos cooperativos (que luego quebraron), fueron una muestra del manejo politiquero o fiscal de las finanzas; pero la salida no es simplemente eliminar el financiamiento, como se ha pretendido en las dos últimas administraciones, cerrando las ventanillas del INVU y el propio BANHVI con la excusa de eliminar la intromisión política (intromisión que los diputados añoran por supuesto y presionarán por recuperar en los próximos meses electorales). Ello solo produce y producirá nuevos tugurios como se puede ver ya con un rápido recorrido por el valle central y otros centros urbanos del país y así seguirá mientras esta política no se modifique.
La restricción financiera para la vivienda se ha estado dando en consonancia con un feroz y acelerado proceso de ‘desregulación’ y ‘liberalización’ impulsado desde la propia Presidencia de la República. Esta intervención directa del Ejecutivo en la ‘desregulación’ incluyó (en el 2001) el intento de utilizar libremente para la urbanización las 60 mil hectáreas de las zonas de protección especial del GAM; lo que se logró impedir por la vía judicial y la presión de grupos técnicos, académicos y ambientalistas. Ello habría causado el impacto ambiental más brutal del desarrollo urbano en toda la historia del país. El cambio ideológico hizo prevalecer la ‘discipllina fiscal’ por encima de la política social, y entonces, más allá de las declaraciones efectistas, se redujo sustancialmente el gasto real y con subterfugios técnicos o legales se dejó de atender a decenas de miles de familias que no tienen ninguna opción alternativa para solucionar su necesidad de habitación y tienden a migrar hacia centros donde puedan acercarse a las fuentes de recursos, a lo que debe sumarse el impacto de la migración internacional.
Este impulso se dió paralelo con propuestas y hechos reales hacia la privatización directa o la creación de entes para-estatales (por decreto) para asumir la ‘planificación urbana’, lo que conlleva la deslegitimación y casi ruina de las instituciones estatales responsables de procurar tal planificación por ley; a la vez esto conlleva al desperdicio de recursos que podrían utilizarse para continuar con la política de principios de los ochentas y actualizar no solo el Plan GAM sino también un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que corresponde realizar por ley y por racionalidad a entes estatales.
¿Qué se vislumbra para 20 años después de que la política en vivienda produjera el gigantesco impacto ambiental de convertir centenares de hectáreas en masivos barrios casi sin servicios de altísima densidad, pero en un piso con el desperdicio inaudito de la escasa y cara tierra urbana-estatal? Bueno, se vislumbra simplemente la llegada al poder de quienes dirigieron ese proceso irresponsable de declarar la vivienda emergencia y con ello concentrar casi toda la inversión en la GAM, utilizando incluso tierras de zonas de protección y de quienes crearon los barrios urbanos donde naturalmente hoy se encuentran las peores condiciones de habitabilidad y donde se originan muchos de los principales problemas, conflictos y violencia social y se sufren pésimas condiciones ambientales.
Manuel Argüello Rodriguez, Ph.D.
Catedrático de la UNA –Costa Rica-
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