La lucha contra
la privatización de las más importantes instituciones públicas creadas en las
décadas de los años 1940s/50s ha sido el eje del movimiento popular exitoso de
los años 1980s/90s, que tuvo, eso sí, algunos contrastes o derrotas con formas
parciales de privatización, no ya la venta directa o la subasta pública, pero
la apertura del mercado a otros actores comerciales y financieros, esto con la
apertura bancaria de los 1990s y los derivados de la aprobación del TLC en los
2000s.
Costa Rica ha
sido uno de los escasos países que resistió la aplicación de las propuestas
establecidas según el libreto del Consenso de Washington, o por lo menos, la
aplicación a la letra. De hecho buena parte de las propuestas iniciales de los
años 1980s no se terminaron de aplicar, a pesar de haberse acordado con apoyo
legislativo en forma de cartas de intenciones y otros instrumentos similares
frente a los agentes financieros multilaterales.
Las décadas
recientes han mostrado las bondades y absurdos de los acelerados procesos de
privatización de instituciones y empresas públicas en muchos países de América
Latina (que se concretaron en varios países en la década de los 1980s), y en la
última década se ha podido ver como algunas decisiones de aquella época se
revierten y en diversos países se impulsan las nacionalizaciones o cuando menos
las regulaciones más intensas sobre el uso y abuso que las empresas
multinacionales realizaron con el botín obtenido años antes.
No obstante, el
hecho de que no se realizaran grandes ventas públicas de instituciones
completas, por cientos de millones contantes y sonantes, no implica que no se
haya impulsado una serie variada de formas de privatizar servicios y funciones,
para beneficio de empresas que muchas veces aparecieron disfrazadas de
bondadosas entidades de bien social y subrepticiamente penetraron, vía favores
y negociados, la administración y la gerencia superior de las instituciones
(incluyendo juntas directivas) para lograr sacar el financiamiento público (o
inmensas donaciones y préstamos) de las arcas del Estado y pasarlo, no ya vía
subsidios o excepciones de impuestos, sino directamente con la sustitución de
los funcionarios públicos y las oficinas públicas, por las entidades privadas y
los empleados o codueños privados de esos lobeznos disfrazados de caperucitas.
El desmedido
crecimiento del Estado Paralelo y su consolidación, legitimación y
generalización en todas las esferas del sector público, es uno de los elementos
centrales de la llamada ‘ingobernabilidad’. En los últimos 30 años ha ido
penetrando todas las esferas del Estado, pero en especial el gobierno central,
donde no sólo hay una multiplicidad de instituciones en cada sector con
repetidas funciones, sino que cada una de ellas pretende abarcar funciones de
las otras y agilizarse, utilizando cada vez más esas estructuras
organizacionales variadas, controlables y moldeables que pretenden ser y no ser Estado.
No es nada nuevo
o que no se conozca harto, pero quizás falta un poco de esquematización, como
hacer un manual para que se pueda contrastar con lo que pasa en cada sitio
específico y poder, en diversos casos,
discernir entre las prácticas que se han ido legalizando y las que son
claramente violaciones de la legislación vigente, pero quedan ocultas… o para
desgracia de los ‘lobeznos’ terminan por sufrir serias garroteadas.
Los disfraces
incluyen diversidad de formas organizacionales y jurídicas, así como mezclas
funcionales de varias de ellas; las que también, por supuesto, son parte del
ordenamiento jurídico empresarial y se utilizan desde décadas de forma adecuada
y ajustada a criterios éticos y legales estrictos; pero, en otros casos, han
sido los ‘Caballos de Troya’ del proceso privatizador disimulado y subrepticio.
Resulta muy
atractivo actuar en los límites de la esfera privada con fondos públicos (los
que, en años más recientes, se ha pretendido que NO son públicos) mediante esas
entidades creadas por decreto, o por directrices ministeriales, o por juntas
directivas, o por bancos y hasta entes multinacionales, que tienen diversidad
de nombres, tamaños y formas.
Más allá de las
objeciones sobre la proliferación de leyes e instituciones hasta la náusea, tan
repetida y utilizada como excusa por funcionarios, políticos, gobernantes y pre
candidatos de diversos partidos –desde el Municipio a la Corte Suprema-; esta
forma de existencia de un NO Estado que utiliza (y muchas veces derrocha,
desperdicia, desvía) fondos públicos hace del gobernar un laberinto. Pero además
resultan ser una forma de evadir las leyes (incluidas las referidas a la
administración pública, contratación administrativa y enriquecimiento ilícito)
o al menos de hacer más complicado e ineficiente su aplicación.
Comisiones
especiales, entes de máxima descentralización,
Unidades Ejecutoras creadas a propósito de algún plan, programa o
proyecto, en muchas ocasiones se atribuyen o les asignan tareas que por ley
competen a otras instituciones y así crece generosamente la maraña de acuerdos
de directivas, directrices o decretos que legalizan la violación de leyes,
hasta que se declare inconstitucional o ilegal.
Generosamente
también, se utilizan empresas disfrazadas de fundaciones o que desarrollan
subcontrataciones, así como adjudicatarios de licitaciones que ganan con una
oferta técnica que no cumplen ya que subcontratan o renegocian; o por el
contrario entes que actúan a tal velocidad que cuando se descubren los desvíos
de fondos ya estos se han cuasi perdido en la maraña de contratos –muchos con
las conocidas ternas falsas-, subcomisiones y subcontrataciones.
Estas y otras
múltiples formas han complicado de tal forma la acción del Estado y del
Gobierno que no habrá forma de solventar alguna acción hacia la Gobernabilidad
sin tratarlas con detalle y vislumbrar su superación. La superación del Estado Paralelo es una
pre-condición de la Gobernabilidad, más allá de que se apliquen o no las
privatizaciones o cierres de instituciones ya obsoletas y que subsisten como
fuegos fatuos en las ramas de los guayabos.
