-HACE MAS DE DIEZ Y OCHO AÑOS Y NADA-
Por Radio Universidad de CR
30 de junio de 1992
Las primeras lluvias del año han servido para mostrar la gravísima condición en que viven importantes sectores de la población del Área Metropolitana de San José y muchos pobladores de muchas otras partes del país. Primero los derrumbes empezaron a causar muertes y poco después las inundaciones dañaron o destruyeron decenas de viviendas. De inmediato se ha planteado la necesidad de trasladar a cientos de familias de las zonas en peligro inminente, sin embargo muchas familias se niegan a su traslado considerando que las condiciones de su nuevo sitio no mejorarían sustancialmente su actual condición, y si perderían todo lo que tienen, producto del ahorro familiar de muchos años.
En efecto, si bien la localización de centenares de pequeños albergues, ranchos y viviendas es causa de peligro inminente, también es cierto que las familias se han localizado en esos peligros sitios por años y han alcanzado alguna estabilidad y cierta mínima comodidad como producto de su trabajo, la mutua colaboración y la presión sobre las instituciones. En todo el proceso no ha faltado una buena dosis de clientelismo político y electoral a escala municipal, de diputados o instituciones, que han permitido a los vecinos la obtención de algunos servicios como redes eléctricas y de agua o alcantarillado.
La emergencia como política ha sido la respuesta durante los últimos tres gobiernos. No se ha aplicado ni preparado un plan integral de desarrollo urbano que permita la protección de recursos con la amplia participación de los vecinos en programas de desarrollo ambiental comunitario. Los planes inmediatos de traslado se han dado como respuesta al conflicto o a la tragedia. Los vecinos han sufrido años de pésimas condiciones y trabajo de mejoramiento del barrio y sus viviendas, pero las alternativas que las instituciones les han propuesto han sido: traslados a mayores tugurios, pérdida total de su ahorro por años y del hábitat alcanzado. Han tenido que pasar otros tantos años de penurias en sus nuevos sitios, con nuevas presiones y trámites para lograr la construcción viviendas, muchas sin la infraestructura mínima necesaria.
Las grandes fincas estatales donde se ha acostumbrado re-localizar tugurios desde 1982 se han mantenido en sitios de extrema penuria y escasa dotación de infraestructura por años, antes de que finalmente se incluyan en algún presupuesto los fondos para la construcción de viviendas mínimas, o una nueva emergencia o campaña electoral imponga la necesaria inauguración, la cual ha llegado dos veces en muchos casos.
La creación de nuevos y grandes ‘precarios’ en fincas estatales es una tendencia que hay que romper. El que las nuevas tragedias del inicio del invierno vuelvan a enfrentarse con traslados masivos a viejos tugurios estatales simplemente lleva a las familias a enfrentar nuevos problemas y nuevos peligros. Las familias saben que ello no es una solución.
En el actual proceso de ajuste que impone políticas de descentralización sin que las Municipalidades tengan capacidad alguna para asumir los nuevos costos, y políticas de focalización sin programas alternativos para la población que queda descubierta, se requiere vislumbrar algo más que un nuevo plan de emergencia. La debilidad de la organización comunitaria y su escasa capacidad para proponer opciones alternativas ha llevado a muchos a la resignación o a la resistencia a sufrir nuevos traslados de emergencia.
Los desastres naturales no son naturales, son producto de la falta de opciones a la necesidad inefectiva de vivienda, infraestructura y servicios colectivos. El uso excesivo e inadecuado de zonas de alto riesgo destruye el medio natural y termina por destruir las viviendas.
La grave situación impone la inmediata puesta en marcha de un Plan Integral para el Desarrollo Urbano Sostenible, unido a una estrategia de Desarrollo Ambiental Comunitario, que permita evitar nuevas tragedias en el resto del período de lluvias e inicie el proceso definitivo de recuperación de zonas peligrosas y de rehabilitación de los tugurios estatales.
