El Fondo de Subsidio para la Vivienda (FOSUVI) se diseñó expresamente para subsidiar (según DRAE: "Prestación asistencial de carácter económico y de duración determinada"), NO como un instrumento crediticio (que los había en toda la banca pública y privada, así como las mutuales y otras entidades financieras como cooperativas, etc.).
Expresamente se pensó en darles una cantidad determinado a las familias con un ingreso por debajo de un monto que se consideraba los dejaba en ‘condición de pobreza’. Inicialmente se creó con un mecanismo mínimo de pago por parte del beneficiario (la administración que lo creó del PLN: Arias S), pero la siguiente administración impulsó su gratuidad absoluta (administración del PUSC: Calderón F), y fue aprobado en ambos casos en una Asamblea Legislativa que al margen de los partidos aceptó y apoyó las decisiones. Fue una decisión de Estado, no de gobierno o de partidos en el poder, y así se ha mantenido por más de veinte años, con apoyo de todos los subsiguientes gobiernos y parlamentos de los más diversos partidos.
Fue un logro excepcional en el continente, pues se aprobó y se hizo gratuito en una época convulsa y de impulso de restricciones a la inversión social, de recorte y de limitación del financiamiento a la vivienda en casi todos los países del continente. En Costa Rica se le asignaría un monto significativo, suficiente para construir una vivienda digna, en forma gratuita (no como crédito, sino como una asignación) a las familias con ingreso familiar de cuatro salarios mínimos o menos, proporcionando el monto según el ingreso familiar y dejando un ‘bono completo’ para las familias con uno o menos salarios mínimos de ingreso. Esto fue contracorriente, fuera de lo común: no sólo se mantenía y fortalecía una política de subsidio a la vivienda, sino que se hacía con aprobación multipartidaria y con una asignación monetaria significativa NO reembolsable (en función de los salarios mínimos, los que eran ya de por sí importantes en relación con los de la región). Se creó un apoyo financiero y técnico gratuito cuando en la mayoría de los países (y con la presión de las agencias financieras multinacionales y el AID) se eliminaba el subsidio y se llegaba al extremo de cerrar todas las opciones para los más pobres, o simplemente recurrir al expediente de impulsar una política de segregación espacial forzada: tomar las familias pobres, montarlas en camiones de carga con sus 'chunches' y tirarlas en fincas de las afueras de las ciudades, en tierras peligrosas, sin servicio alguno y alejados de los barrios o tierras de mayor valor comercial, de las fuentes de trabajo y de los servicios básicos como salud y educación.
Otra vez: mientras eso se hacía en casi toda América Latina (incluida la Nicaragua Sandinista de los 1980s), ¡en Costa Rica se aprobó el BONO FAMILIAR DE VIVIENDA!
Se aprobó que el 3% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República sumado al 33% de los recursos que ingresan al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) se utilizaran para crear el FOSUVI y financiar de ahí el BONO GRATUITO. Los beneficiarios deberían entonces también tener como ingreso máximo los permitidos por la legislación previa de FODESAF, aparte de lo indicado por la ley creadora de FOSUVI.
Paralelamente se creó el FONAVI, que no era para bonos gratuitos sino para otras formas de financiamiento, subsidiado, para los programas de vivienda de interés social de otros sectores o de condiciones distintas.
El Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) sería dirigido por una junta directiva con el Ministro de Vivienda como su Presidente, con el principal objetivo inmediato de erradicar los tugurios y construir viviendas dignas y seguras para los pobres, buscando con ello reducir al máximo el déficit habitacional, pero concentrado en los más pobres: los sin casa, los que no tienen ninguna capacidad de pago, los que no tienen capacidad alguna de ahorro, los que sólo reciben un ingreso familiar que apenas alcanza precariamente para cubrir la canasta básica alimentaria y para nada más.
Fue una respuesta política positiva ante los inmensos movimientos populares de lucha por vivienda de la primera parte de los años 1980s.
Otras formas de crédito para construcción de viviendas de sectores de bajo ingreso o medio ingreso deberían ser el objetivo de otros programas del propio BANHVI, junto al resto de los bancos, financieras, mutuales y entidades cooperativas, etc.
Muy lamentablemente no se diseñaron adecuados instrumentos para impulsar el financiamiento para sectores de medio ingreso o para sectores de bajo ingreso con alguna capacidad de pago, o se mantuvieron los que ya existían muy afectados por los altos niveles de las tasas de interés, la inflación, las altas cuotas y los múltiples requisitos.
Muy lamentablemente el ‘bono gratuito’ ha sido objeto del pillaje y del clientelismo por parte de diputados y otros políticos de escala local junto a grupos o individuos que lo han utilizado para enriquecerse, como fue el caso de algunas mutuales y cooperativas.
Sin embargo ningún uso inadecuado podrá servir de justificación para eliminar el subsidio para los que no tienen ninguna otra opción: sin el bono los más pobres irán necesariamente a incrementar el número creciente de familias que, por decenas de miles, habitan en los tugurios o ranchos indignos de los barrios dónde serán segregados espacial y socialmente. Sitios inadecuados y generadores no solo de violencia y dolor para generaciones enteras, sino también sitios impropios para el desarrollo de cientos de miles de jóvenes que no conocerán otro ambiente que uno de altísimo riesgo social: extrema estrechez, barro, goteras/lluvia, cero privacidad, violencia cotidiana de toda índole.
Un programa integral sobre vivienda derivado de una política social y habitacional progresista deberá diseñar proyectos y servicios financieros adecuados para las familias de los diversos niveles de ingreso. Es súper fácil, hay muchos ejemplos ya probados (con sus pros/contras en todo el mundo), tenemos 24 años del Bono Familiar y 66 años del INVU.
El BANHVI podrá ser parte de ese conjunto institucional, pero los bancos públicos, cooperativas y mutuales también deberán diseñar los instrumentos adecuados para sectores de bajo ingreso con capacidad de pago y para otros sectores de ingreso.
La transformación del bono gratuito –su eliminación- en un instrumento que deba pagarse, una forma de crédito, simplemente deja por fuera a ese 20 o 30 por ciento de la población que está en condiciones de pobreza. Una cuarta parte de las futuras generaciones condenadas para siempre a no tener ni siquiera la aspiración, la esperanza, de llegar a tener otra cosa que un tugurio para vivir y ver crecer a sus hijos, nietos y bisnietos.
Tal decisión generará en lo inmediato, la reacción de algunos que, como quien subscribe, sienten y sentirán indignación por tal tipo de resolución. De algunos que podremos incluso ser agresivos en nuestro lenguaje al reaccionar, al criticar, al acusar y denunciar a los responsables de esta irresponsabilidad. Pero en el corto y mediano plazo generará la reacción de los perjudicados: masas de población que responderán a quienes impulsan políticas y programas regresivos –en el mejor de los casos-, pero a la vez también generarán un importante porcentaje de población nacional sin más salida que la vida de tugurio, la que en muchas ocasiones es mucho peor que vivir en una cárcel pública.
¿Habrá alguien por ahí que le hable al oído a la Presidenta y la haga entender que su Ministra de Vivienda la hará pasar a la historia como "la que eliminó el bono gratuito de vivienda”... y lo que esto significará para su partido político a escala nacional, en cada comunidad, cada municipalidad, cada voto para diputados?
(MAR-10/05/11)
