Más recientemente, hace pocos días, en broma, en medio de
una absoluta carcajada mediática, otro amigo, también ‘de la política’, me
escribía que si ya sabía que iba a quedar un puesto vacante y que si no ‘querés
esa chamba’…
Desde que se inventó aquí lo de un ministro sin cartera
rector de un sector denominado “vivienda y asentamientos humanos” (a tono con
la jerga de Hábitat/ONU de 1976), y este ministro creo su propia Secretaría
Ejecutiva del Sector, se empezó a profundizar un serio conflicto de competencias
y violaciones a lo establecido tanto en la Ley # 4240, de planificación urbana,
como la propia ley del INVU.
Más adelante, con la crisis de finales de los 1970s, se
restringió la capacidad financiera para construir viviendas de interés social y
se impusieron los programas de “lotes con servicios” y “lotes sin servicios” (o
sea charrales sin nada más, dónde se reubicaban los habitantes de tugurios
urbanos, durante los gobiernos de Carazo y Monge) a tono con las propuestas del
AID y sus nociones novísimas de “vivienda progresiva”; o las correspondientes
del BID de “lotes con núcleos hidráulicos” –o sea un charral con una letrina y
una pila roja-, los que, en la zona de Puntarenas y gracias a la fisga popular,
al ver dos o tres hectáreas divididas en lotes de 90 m2 con nada más solitarias
letrinas en sus centros, se les llamaron ‘barrios de cagones’…
En aquella primera administración 1978-1982 hubo varios
presidentes del Invu que renunciaron por conflictos con el ministro rector del
sector, y luego este también cuando no obtuvo apoyo legislativo para financiar
su proyecto de edificios multifamiliares, de los que solo quedaron algunas
‘maquetas conceptuales’. La administración siguiente tuvo algo parecido,
agravado por el conflicto permanente con las organizaciones de lucha por
vivienda, que primero invadieron el Invu y luego las calles, la municipalidad y
la Catedral, siendo reprimidos violentamente, a garrote y patadas por la
policía antimotines en aquel gobierno de la neutralidad perpetua.
Las siguientes administraciones inauguraron una nueva
modalidad, mientras se desintegraba y reducía el Invu hasta casi la nada con
sucesivas re-estructuraciones y movilidad laboral, se construía sin ninguna ley
lo que se conoció como Ministerio de Vivienda… el que todavía sigue sin ley de
creación, pero es más grande que el Invu.
Paralelamente se creaba un frondoso sector financiero de
entidades autorizadas por el sistema financiero nacional para la vivienda, con
el novísimo Banco Hipotecario a la cabeza, y el antiguo ministro rector asumía
a la vez como presidente banquero, con una también frondosa y bien pagada Junta
Directiva del Bahvi.
Pero ahí no acaba, se crearon a la vez fundaciones y
cooperativas especializadas para canalizar fondos de donación y fondos de
préstamo, que serían para el Estado y se reorientaban para que fueran
administradas por estos entes medio privados medio públicos.
Pero además, se crearían nuevas secretarías ejecutivas para
asumir tareas que por la Ley 4240 le competían al INVU, en particular aquellas
vinculadas con el ordenamiento territorial y planificación urbana y regional,
encargadas a la Dirección de Urbanismo y su la Oficina de Planificación del
Área Metropolitana de San José.
Al inicio de este proceso, entre 1988 y 1992 solo una de
esas cosas nuevas: la denominada Comisión Especial de vivienda llegó a tener
más de 600 empleados, mientras el Invu se deshacía de una cantidad similar, sin
que esta comisión tuviera nunca personería jurídica y a la vez administrada
miles de millones de colones de la Comisión de Emergencia, todo mediante el
tristemente célebre decreto mediante el cual la administración Arias determinó
‘emergencia el problema de vivienda’, así de preciso y específico… y del que se
aprovechó la administración Calderón hasta que la Sala IV lo detuvo.
En las últimas dos décadas esto no ha cambiado y por la
presidencia del Invu siguen pasando Presidentes Ejecutivos que se mantienen en
su puesto en promedio dos años, a la vez que algo parecido sucede en con los
ministros de vivienda.
El sector vivienda no solo incluye estos dos entes
(INVU-MIVHA/BAHVI), incluye otro grupo, igualmente frondoso, de programas y
secretarías o comisiones que surgen y desaparecen cada tantos años y viven como
‘moro sin señor’, con amplia dotación de fondos públicos. Pero no todo es malo:
las mutuales, y algunas fundaciones, pasaron de ser pequeñas entidades privadas
que alquilaban alguna casa para poner sus oficinas, a enormes emporios con
edificios de varios pisos ocupando varias hectáreas. ¡Suertudos!
Mientras tanto, se continúa sin un plan nacional de
desarrollo urbano, que la Ley 4240 indica debe hacer el Invu desde los años
1960s, tan solo hay unos escasos planes reguladores que se cumplen poco o nada
y el gran esfuerzo del Plan GAM-82 se hace viejito sin que se logre concretar
un instrumento mínimamente adecuado, a un nivel técnico aceptable y
conceptualmente serio.
A la vez crecen los tugurios por diversos lados, en
particular en las provincias y cantones rurales más pobres (como Limón, Puntarenas
y Guanacaste), pero también crecen los grandes guetos de pobreza que se crearon
25 años atrás y pasaron de ser precarios a ser proyectos y ahora se deterioran
si final: Los Cuadros, Los Guido, Tejarcillos, etc.
En esta maraña institucional y de un, también frondoso,
‘Estado Paralelo’ no hay salida sin un total re-diseño y re-construcción del
sector completo, incluyendo lo financiero, las entidades autorizadas, las
fundaciones, comisiones y cooperativas a partir de las concepción de una
Política Nacional, pensada para lograr el ordenamiento territorial y la
planeación urbana regional, a la vez que invertir en un programa de
construcción de viviendas para cada uno de los sectores de ingreso que lo
requieren, no solo los que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza.
Una Política que utilice los fondos públicos, los del Bahvi
y otros, como palanca, como brazo organizador y orientador del crecimiento
urbano y genere inversiones habitacionales a la vez que externalidades en las
regiones que los requieren, con amplia participación de los beneficiarios
organizados y los pequeños y medianos empresarios locales, eliminando cualquier
concentración o semi-monopolio como los de hoy en unos pocos empresarios que
hacen cajas de concreto.
Mientras algo así no se concrete, seguirá el uso
clientelista de los fondos del Bahvi, que un año financian a los empresarios
tugureros y otro a los proyectos de los candidatos a diputados, sin ton ni son,
a la vez que la vieja institución del sector, la creada por una ley modernista
e innovadora en 1954, el Invu, sigue decayendo y a los responsables del poder
ejecutivo no les ocurre decir otra cosa más que "hay que
reestructurarlo" una vez más, pues ya lleva como seis reestructuraciones
en 25 años.
Entonces qué, ¿querés esa chamba?
