A inicios del siglo XIX en Alajuela se formaron las parejas de jóvenes que darían a luz a los abuelos de Jerónimo Rodríguez y Asunción Loria, quienes a su vez conformaron una familia en Atenas, Alajuela, cuando tenían 23 y 21 años, en abril de 1902.
En ese momento el pueblito apenas arrancaba con el nuevo auge por la construcción del nuevo Ferrocarril al Pacífico, que corrió por primera vez en 1910 pocos años después del matrimonio de Jerónimo y Asunción, cuando ya habían nacido sus primeras dos hijas: Hortensia (1904) y Caridad (1909). En ese auge comercial y de servicios creados por el ferrocarril, que tenía una estación en Atenas, crecerían las otras dos niñas y tres niños de la pareja en los siguientes veinte años, guiadas por la inmensa actividad de Asunción, con su venta de comida para peones de fincas y paseantes del ferrocarril, venta que desarrollaría con la ayuda de las niñas que se irían incorporando progresivamente, mientras su marido seguía en su oficio de trabajador agrícola. No siempre vivirían en Atenas, pues también anduvieron por Guanacaste cuando Jerónimo se fue a las minas de Abangares y su esposa lo siguió...
Muchos años antes aquellos jóvenes alajuelenses iniciarían ese mismo tipo de aventura: la matrimonial. Los abuelos de Asunción se unieron a finales del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX. Andrés Loria (quien falleció en junio de 1838) y Josefa Delgado que falleció en de octubre de 1846) contrajeron matrimonio en esa villa de unas pocas docenas de familias. Casi al mismo tiempo y en el mismo poblado de La Lajuela, Juan Cristóbal Contreras (fallecido en 1855) y Viviana Solano (fallecida en 1843) harían lo mismo.
Alajuela había sido destruida por orden del obispo de Heredia Isidro Bullón y Figueroa en el año 1748. El cura de la región en compañía del alcalde y un grupo de veinticinco soldados fueron al caserío de La Lajuela, donde incendiaron veintiuna casas y obligaron a sus moradores a trasladarse a Cubujuquí -Heredia-. Pero la población dispersa de las fincas volvió a ir agrupándose poco a poco y algunas décadas después ya alcanzaba alrededor de doscientas familias, de manera que en 1782 se consolidaría la población con un oratorio y un pequeño cuadrante, es decir la comunidad dónde crecerían ambas familias de pioneros y dónde contraerían matrimonio antes de iniciar su migración al oeste, hacia Grecia y Atenas.
Esas dos parejas alajuelenses dieron a luz a Juan Loria Delgado, hijo de Andrés y Josefa, mientras que Manuela Contreras Solano fue la hija de Juan Cristóbal y Viviana. El también joven agricultor, Juan contrajo matrimonio en agosto de 1829 con la joven Manuela en Alajuela, pero poco después se trasladaron hacia una zona de nueva colonización y para 1840 ya se habían establecido en Grecia, Alajuela.
Por la misma época, a mediados del Siglo XIX, Fulgencio Alvarado y María Zamora nacidos en los años 1830s, contrajeron matrimonio, también en Alajuela. María falleció en 1896 en Alajuela. Ellos fueron los padres de Esmeralda Alvarado Zamora.
El auge cafetalero de los años cuarentas del siglo XIX permitiría el trabajo en la zona alajuelense y sus poblados en la ruta hacia Puntarenas, no solo por la siembra en las grandes haciendas, sino por el transporte del café en miles de carretas. Por lo que migrar hacia las nuevas zonas y las nuevas abras no sería nada extraño entre las parejas jóvenes de mediados del siglo; auge que sería interrumpido por la campaña nacional de 1856 y la epidemia de cólera de la misma época.
La pareja que se traslado a Grecia, Juan y Manuela, daría a luz a José María Loria Contreras, mientras que Esmeralda Alvarado Zamora, sería la hija de Fulgencio y María (quizás entre otros muchos hermanos de quienes no se tiene noticia).
Tampoco se tiene noticia de en qué circunstancias familiares sucedió el traslado a Grecia, pero lo cierto es que José María y Esmeralda se conocieron y casaron en su juventud, en enero de 1877, ya en la parroquia de Grecia, y dieron a luz a varios hijos, entre ellos Ascensión Loria Alvarado (María Asunción) nacida en agosto de 1880, bautizada también en la parroquia de Grecia.
Por el lado de Jerónimo las noticias no llegan tan atrás en el siglo, pues tan solo se tienen datos de dos generaciones anteriores, pero es claro que también fueron familias jóvenes que se movieron desde Alajuela hacia la ruta de la costa, en este caso a Atenas, donde nacieron tanto Felipe Rodriguez como Ma. Dorotea Brenes, los dos fallecidos muy jóvenes, pero luego de haber procreado varios hijos y perdido otros tantos, lo que era algo normal para las condiciones sanitarias y de salud de la época.
Felipe Rodríguez nacido en 1836 en Atenas, falleció a los 40 años (de ‘inflamación’) y fue sepultado el 31 de Agosto de 1876. Ma. Dorotea Brenez, nació en Atenas en 1840y falleció a los 38 años en 1878. De ‘desintería’ según dice el acta de defunción de Dorotea, lo que era común en la época por las malas condiciones del agua y lo fácil de la contaminación, no obstante es de interés que coincide con el año de su parto doceavo, y muere también su hijo, Pedro Rafael de ‘cero años’. Tan solo un año separa la muerte de los dos miembros de la pareja a edades muy tempranas: 40 y 38.
Como no fue sino hasta el año 1846 que la parroquia de Atenas se fundó, es esperable y normal que no haya registros de sus nacimientos en ese sitio. Su matrimonio –si es que lo hubo- sería alrededor de 1855/1856, pues su primer hijo registrado es en 1857 en plena época de la Campaña Nacional: el país en guerra y Atenas sería sin duda un sitio de paso de las tropas nacionales desde el Valle Central hacia la frontera norte.
La tercera de la camada se llamó Jacoba De Jesús Rodrigues Brenes nacida el 31 de julio de 1861 en Atenas. Jacoba, era una niña de 17 años cuando dio a luz a Jerónimo, quien no tiene padre registrado o conocido, por lo cual lleva ese apellido Rodríguez de su madre.
Jacoba casó años después, el 23 de abril de 1883, con Seledonio Rafael Castillo (de quien era viuda al morir) en Atenas. Murió a los años 54 años y fue sepultada el 26 de abril de 1915 en también en Atenas.
Jerónimo de Jesús Rodrigues nació el 19 de julio de 1878 en Atenas.
Jerónimo Rodríguez y Asunción Loria son mis abuelos maternos.
lunes, marzo 19, 2012
jueves, marzo 15, 2012
200 años: la ruta de los Argüellos…
A finales del Siglo XVIII, por los años 1790s quizás, se conformó una pareja de jóvenes heredianos que contrajo matrimonio, el 2 de junio de 1805, en La Inmaculada Concepción de HEREDIA (o sea la parroquia central de la ciudad de Heredia, que había sido construida en 1796). Nicolás Argueyo y Anselma Gonsales un año después dieron a luz a su primogénito, Liberato, quien en su juventud se trasladaría al caserío de la Lajuela. Este poblado había sido creado recién en 1782 con unas pocas familias. No fue sino hasta 1790 que las autoridades españolas ordenaron la constitución de una parroquia en Alajuela, la que se construiría poco a poco en los años siguientes, de manera que el primogénito de Nicolás y Anselma sería uno de los que llegaron en los primeros años del pueblo y de su propia vida; ahí formaría familia y seguiría su ruta, ya casado, hacia otros pueblos en formación, siendo pioneros en diversos momentos de su vida.
Alajuela fue nombrada Villa Hermosa hasta 1831, cuando ya Liberato Arguello Gonzalez estaba ahí asentado y dónde se casaría seis años después, en 1837, a la edad de 31 años. El herediano contrajo matrimonio con una alajuelense, Ygnacia Alvarez Alvarado, de padre alajuelense y madre herediana. Estos últimos se habían casado también en Santa Iglesia Parroquia de San Juan Nepomuceno de Alajuela en 1831, que precisamente ese año estaba inaugurando la condición de villa, es decir eran de los primeros habitantes de la nueva villa.
De cepa Herediana, pero migrados hacia Alajuela, Liberato e Ygnacia iniciaron una nueva aventura migratoria, muy normal por aquellos años en que iniciaba un auge económico asociado con el comercio internacional y la exportación de café en la ruta que va desde Cartago hacia el oeste, que consolidó la antigua villa de Heredia y la nueva de Alajuela, pero también los poblados localizados en la ruta desde Alajuela al puerto de Puntarenas, atravesando los Cerros del Aguacate: Atenas, Orotina y Esparza. La pareja llegó a Atenas, a inicios de la década de 1840s, a un pueblo que apenas fundaba su parroquia (un signo inicial de consolidación y relativa estabilidad). No fue sino hasta en 1833 que los vecinos de Sabana Larga presentaron una solicitud para edificar una ermita, que se dedicaría en 1846 al arcángel San Rafael ya como parroquia en la nueva ubicación del poblado.
La pareja se asentó en Atenas y se ocupó en tareas agrícolas y comerciales de pequeña escala, pobremente, como casi todos los vecinos de ese poblado, que se empezaba a dinamizar con el paso de las largas filas de carretas cargadas de café hacia el puerto de Puntarenas y los mercados europeos.
Liberato e Ygnacia dieron a luz a su primogénita Rafaela Arguello Alvarez en Atenas en 1843, quien murió muy joven, a los 30 años de edad, en 1873, luego de dar a luz a cuatro hijos, siempre sin casarse. Una de sus hijas, también nacida en Atenas, en enero de 1866 y que fue bautizada en la parroquia de Atenas, sería Ildefonsa Arguello, quien también dio a luz a cinco hijos sin casarse y murió joven de parto. Esa notoria característica que se repite en ambas generaciones no es extraña, sino más bien normal en poblados recién iniciados y cambiantes, de pocas familias casi siempre aisladas en fincas y terrenos de cultivo; los que para la época no tenían mayor institucionalidad y muy jóvenes, casi adolescentes, iniciaban relaciones de pareja no siempre duraderas o formales, pero casi siempre con hijos que quedarían al cuidado de la muchacha en casa de sus parientes.
Uno de los hijos de Idefonsa nació el 12 de octubre de 1891 en Atenas y fue bautizado al día siguiente en la misma parroquia de la villa de Atenas. Se llamó Nicomedes Argüello González, y fue quien inició una nueva rama 'urbana' de la familia pues migró hacia San José y, aunque de origen campesino de un pequeño pueblito localizado en media montaña y de familia de agricultores, se conocía como de oficio albañil, un trabajo más bien típicamente urbano, ya cuando a los 39 años contrajo matrimonio con María Cartín Jiménez, el 7 de marzo de 1931, en la parroquia de La Merced, en el centro de San José.
María era escazuceña, de los Cartín de cinco generaciones, pero se fue a radicar con su marido en un viejo caserío en la margen del Río Virilla conocido como La Uruca, al nor-oeste de San José, donde creció su único hijo, Víctor Manuel Argüello Cartín (nacido el 26 de agosto de 1915 ahí en La Uruca, San José), de oficio trabajador de la construcción (carpintero, albañil, pintor, maestro de obras...), ya en una familia completamente urbana, del centro capitalino nacional y quien fuera mi padre.
Alajuela fue nombrada Villa Hermosa hasta 1831, cuando ya Liberato Arguello Gonzalez estaba ahí asentado y dónde se casaría seis años después, en 1837, a la edad de 31 años. El herediano contrajo matrimonio con una alajuelense, Ygnacia Alvarez Alvarado, de padre alajuelense y madre herediana. Estos últimos se habían casado también en Santa Iglesia Parroquia de San Juan Nepomuceno de Alajuela en 1831, que precisamente ese año estaba inaugurando la condición de villa, es decir eran de los primeros habitantes de la nueva villa.
De cepa Herediana, pero migrados hacia Alajuela, Liberato e Ygnacia iniciaron una nueva aventura migratoria, muy normal por aquellos años en que iniciaba un auge económico asociado con el comercio internacional y la exportación de café en la ruta que va desde Cartago hacia el oeste, que consolidó la antigua villa de Heredia y la nueva de Alajuela, pero también los poblados localizados en la ruta desde Alajuela al puerto de Puntarenas, atravesando los Cerros del Aguacate: Atenas, Orotina y Esparza. La pareja llegó a Atenas, a inicios de la década de 1840s, a un pueblo que apenas fundaba su parroquia (un signo inicial de consolidación y relativa estabilidad). No fue sino hasta en 1833 que los vecinos de Sabana Larga presentaron una solicitud para edificar una ermita, que se dedicaría en 1846 al arcángel San Rafael ya como parroquia en la nueva ubicación del poblado.
La pareja se asentó en Atenas y se ocupó en tareas agrícolas y comerciales de pequeña escala, pobremente, como casi todos los vecinos de ese poblado, que se empezaba a dinamizar con el paso de las largas filas de carretas cargadas de café hacia el puerto de Puntarenas y los mercados europeos.
Liberato e Ygnacia dieron a luz a su primogénita Rafaela Arguello Alvarez en Atenas en 1843, quien murió muy joven, a los 30 años de edad, en 1873, luego de dar a luz a cuatro hijos, siempre sin casarse. Una de sus hijas, también nacida en Atenas, en enero de 1866 y que fue bautizada en la parroquia de Atenas, sería Ildefonsa Arguello, quien también dio a luz a cinco hijos sin casarse y murió joven de parto. Esa notoria característica que se repite en ambas generaciones no es extraña, sino más bien normal en poblados recién iniciados y cambiantes, de pocas familias casi siempre aisladas en fincas y terrenos de cultivo; los que para la época no tenían mayor institucionalidad y muy jóvenes, casi adolescentes, iniciaban relaciones de pareja no siempre duraderas o formales, pero casi siempre con hijos que quedarían al cuidado de la muchacha en casa de sus parientes.
Uno de los hijos de Idefonsa nació el 12 de octubre de 1891 en Atenas y fue bautizado al día siguiente en la misma parroquia de la villa de Atenas. Se llamó Nicomedes Argüello González, y fue quien inició una nueva rama 'urbana' de la familia pues migró hacia San José y, aunque de origen campesino de un pequeño pueblito localizado en media montaña y de familia de agricultores, se conocía como de oficio albañil, un trabajo más bien típicamente urbano, ya cuando a los 39 años contrajo matrimonio con María Cartín Jiménez, el 7 de marzo de 1931, en la parroquia de La Merced, en el centro de San José.
María era escazuceña, de los Cartín de cinco generaciones, pero se fue a radicar con su marido en un viejo caserío en la margen del Río Virilla conocido como La Uruca, al nor-oeste de San José, donde creció su único hijo, Víctor Manuel Argüello Cartín (nacido el 26 de agosto de 1915 ahí en La Uruca, San José), de oficio trabajador de la construcción (carpintero, albañil, pintor, maestro de obras...), ya en una familia completamente urbana, del centro capitalino nacional y quien fuera mi padre.
domingo, marzo 04, 2012
Los descendientes inmediatos del Matrimonio Argüello/Rodríguez
María Adoración Rodríguez Loria (Doña Dora) contrajo matrimonio con Víctor Manuel Argüello Cartín (Don Víctor) el 24 de octubre de 1941.
Doña Dora nació en Atenas, Alajuela, el 4 de junio de 1911 (y la bautizaron el 13 de junio del mismo año en la Parroquia de Atenas).
Don Víctor nació en la Uruca, San José, el 26 de agosto de 1915 (y lo bautizaron el 31 de octubre del mismo año en San José).
Sus hijos son:
Guillermo (William) nació en 1936 -26 de set-, cuando ella tenía 25 cumplidos. En la inscripción registral como padre de Guillermo aparece Víctor Manuel Argüello Cartín, así se inscribió, aunque el matrimonio de sus padres fue 5 años después.
Eugenia nació 7 años después de Guillermo, en 1943 -12 de marzo- (1 y medio años después del matrimonio de sus padres). Sabemos que hubo un embarazo –pérdida- algo así como uno año antes del nacimiento de Eugenia, o sea, a más tardar a inicios del 1942.
María de los Ángeles (Marielos) nació el 1 de noviembre de 1944, poco más de uno y medio años después de Eugenia.
María Teresa nació el 8 de agosto de 1946, poco menos de dos años después de Marielos.
Miriam (de los Ángeles) nació el 29 de junio de 1949, casi tres años después.
Manuel Antonio nació en 1952 (18 de mayo), también casi tres años después de Miriam, para entonces, el hermano mayor, Guillermo, ya tenía casi 16 años (en realidad 15 años 4 meses).
Guillermo casó 3 años después -1955- con 19 años, pues su primer hija, Yamileth, nació en 16/oct/1956, o sea cuando Guillermo tenía 20 años recién cumplidos, hacía un mes en set 56.
Iniciando con ello, una nueva generación de la familia.
Doña Dora nació en Atenas, Alajuela, el 4 de junio de 1911 (y la bautizaron el 13 de junio del mismo año en la Parroquia de Atenas).
Don Víctor nació en la Uruca, San José, el 26 de agosto de 1915 (y lo bautizaron el 31 de octubre del mismo año en San José).
Sus hijos son:
Guillermo (William) nació en 1936 -26 de set-, cuando ella tenía 25 cumplidos. En la inscripción registral como padre de Guillermo aparece Víctor Manuel Argüello Cartín, así se inscribió, aunque el matrimonio de sus padres fue 5 años después.
Eugenia nació 7 años después de Guillermo, en 1943 -12 de marzo- (1 y medio años después del matrimonio de sus padres). Sabemos que hubo un embarazo –pérdida- algo así como uno año antes del nacimiento de Eugenia, o sea, a más tardar a inicios del 1942.
María de los Ángeles (Marielos) nació el 1 de noviembre de 1944, poco más de uno y medio años después de Eugenia.
María Teresa nació el 8 de agosto de 1946, poco menos de dos años después de Marielos.
Miriam (de los Ángeles) nació el 29 de junio de 1949, casi tres años después.
Manuel Antonio nació en 1952 (18 de mayo), también casi tres años después de Miriam, para entonces, el hermano mayor, Guillermo, ya tenía casi 16 años (en realidad 15 años 4 meses).
Guillermo casó 3 años después -1955- con 19 años, pues su primer hija, Yamileth, nació en 16/oct/1956, o sea cuando Guillermo tenía 20 años recién cumplidos, hacía un mes en set 56.
Iniciando con ello, una nueva generación de la familia.
sábado, marzo 03, 2012
Genealogía de familia Argüello-Rodríguez
Padre/Madre:
- Víctor Manuel Argüello Cartín. Víctor Manuel Humberto de Jesús. Hijo de Nicomedes Argüello y María Cartín (es interesante anotar que en la partida de bautismo primero se anotó “hijo natural" y luego se tachó la palabra “natural” y se puso encima "legítimo" de María Cartín y Nicomedes Argüello (viendo la fotocopia del libro de bautizos original, se nota que toda la boleta está escrita con la misma letra y escrita en el mismo momento, no es que se agregó luego el nombre del padre, evidenciando que al escribir hubo un error y se corrigió de inmediato por el mismo escribiente que había anotado el nombre de la madre y del padre seguidos en el mismo renglón del formulario). Nació a las 7 p.m. del 26 de agosto de 1915 en el distrito de la Uruca y fue bautizado el 31 de octubre en San José. Fueron sus padrinos Francisco Vargas y María Gonzáles, cónyuges. Falleció en setiembre de 1974 en SJ.
- María Adoración Rodríguez Loria. María Socorro Adoración. Hija legítima de Jerónimo Rodríguez y Ascensión Loria. Nació el 4 de junio de 1911 y fue bautizada el 13 de junio en la parroquia de Atenas. Fue su madrina Beatriz Calderón. Falleció el 5 de marzo de 1998 en San José.
Contrajeron matrimonio el 24 de octubre de 1941, en La Soledad, San José.
Abuelos:
- Nicomedes Argüello Gonzáles. José Nicomedes de Jesús. Hijo natural de Ildelfonsa Argüello. Nació el 12 de octubre de 1891 y fue bautizado el día siguiente en la parroquia de Atenas. Fue su padrino Joaquín Espinoza.
- María Cartín Jiménez. María Engracia Sebastiana de la Trinidad. Hija legítima de Miguel Cartín y Remigia Jiménez. Nació el 19 de enero de 1887 y fue bautizada el día siguiente en Escazú. Fue su madrina María Zúñiga. Casó en primeras nupcias con Gabriel León Marín, el 23 de abril de 1903, en la parroquia de Escazú. María tenía 17 años de edad y Gabriel 25. Tuvieron al menos 3 hijos, uno de ellos murió de niño, de los otros no tengo más datos. Gabriel murió en abril de 1908, debido a una afección cardiaca.
Contrajeron matrimonio a las 5 de la mañana del 7 de marzo de 1931, en la parroquia de La Merced, San José. La partida de matrimonio indica que María era viuda de Gabriel León y tenía 44 años de edad. Además, señala que Nicomedes tenía 39 años de edad y era albañil. Fueron testigos Maximilio (¿?) Segura y Elena Segura de Chaves, cónyuges, él comerciante y los dos de San José.
- Jerónimo Rodríguez. Jerónimo de Jesús. Hijo natural de Jacoba Rodríguez Brenes. Nació el 19 de julio de 1878 y fue bautizado el día siguiente en Atenas. Fueron padrinos José Salazar y Benita Barboza.
- Ascensión Loria Alvarado. María Asunción. Hija legítima de José María Loria y Esmeralda Alvarado. Fue bautizada el 15 de agosto de 1880 en la parroquia de Grecia. Fueron padrinos Domingo Molina y María Bogantes.
Contrajeron matrimonio a las 7 de la mañana del 26 de abril de 1902, en la parroquia de Atenas. La partida de matrimonio indica que Ascensión tenía 21 años de edad y que Jerónimo tenía 23 años y era de profesión agricultor. Fueron testigos Jerónimo Calderón y Abel Villegas.
Bisabuelos:
- Ildefonsa Argüello. Yldefonza de las Piedades. Hija natural de Rafaela Argüello. Nació el 20 de enero de 1866 y fue bautizada el día siguiente en la parroquia de Atenas. Fue padrino Espíritu Santo Alfaro. Tuvo al menos 5 hijos naturales, todos nacidos en Atenas.
- Miguel Cartín Araya. Hijo legítimo de José María Cartín e Ildefonsa Araya. Murió de cáncer y fue sepultado el 26 de enero de 1907, en Escazú.
- Remigia Jiménez Herrera. Rafaela Remigia de Jesús. Hija legítima de Nicolás Jiménez y Manuela Herrera. Fue bautizada el 1 de octubre de 1860 en Escazú. Fueron sus padrinos Leandro Delgado y Manuela Delgado. Fue sepultada el 27 de marzo de 1897, en Escazú. Murió de “tisis”.
Contrajeron matrimonio el 23 de junio de 1879, en la parroquia de Escazú. Fueron testigos Lorenzo Montes y Mercedes Roldán.
- Jacoba Rodríguez Brenes. (bisabuela)- nació el 01 de agosto de 1861 en Atenas; hija de Felipe Rodriguez y Ma. Dorotea Brenes. Su hijo Jerónimo nació en 1878 cuando Jacoba tenía 17 años. Jacoba se casó 5 años después, el 23 de abril de 1883, con Seledonio Rafael Castillo, en San Rafael de Atenas. Murió a los años 54 años y fue sepultada el 26 de abril de 1915 en Atenas.
- José María Loria Contreras. Hijo legítimo de Juan Loria y Manuela Contreras.
- Esmeralda Alvarado Zamora. Hija legítima de Fulgencio Alvarado y María Zamora.
Contrajeron matrimonio el 15 de enero de 1877, en la parroquia de Grecia. Fueron testigos Tranquilino Alvarado y Rafaela Lizano.
Tatarabuelos:
- Rafaela Argüello Álvarez. Muy probablemente es hija de Liberato Argüello e Ignacia Álvarez. Tuvo al menos 4 hijos naturales, todos nacidos en Atenas. Fue sepultada el 29 de enero de 1873 en Atenas. Se indica que era soltera y que murió de “treinta años de edad”. (1873-30= 1843, año probable de nacimiento de Rafaela, sus supuestos padres se casaron en 1837 en Alajuela)
- José María Cartín Arias. Hijo legítimo de José Antonio Cartín y Manuela Arias. Bautizado el 12 de diciembre de 1812 en Escazú. Fue su padrino Cayetano Cartín. Fue sepultado el 13 de junio de 1856 en Escazú. Fue una de las miles de víctimas de la epidemia del cólera. Uno de sus hijos, el niño Ramón Cartín Araya, también murió por la epidemia.
- Ildelfonsa Araya. Hija natural de Baltasara Araya. Murió de calentura, el 28 de agosto de 1879, y fue sepultada el día siguiente en Escazú. 80 años.
Vivieron en Escazú.
- Nicolás Jiménez. Fue sepultado el 13 de diciembre de 1895 en Escazú. Murió de “un ataque del corazón a la edad de 80 años”.
- Manuela Herrera (En algunos documentos se le apellida Chacón). Fue sepultada el 23 de mayo de 1895 en Escazú. Murió de “tisis, a los setenta años de edad”.
Contrajeron matrimonio el 20 de mayo de 1857, en Escazú. Fueron testigos Simón Mora y Petronila Obando.
- Juan Loria Delgado. Hijo legítimo de Andrés Loria y Josefa Delgado.
- Manuela Contreras Solano. Hija legítima de Juan Cristóbal Contreras y Viviana Solano.
Contrajeron matrimonio el 27 de agosto de 1829, en Alajuela. Fueron testigos Santana Sibaja, María Bustos y ¿Roiny? Sibaja. Para 1848 ya se habían establecido en la zona de Grecia, Alajuela.
- Fulgencio Alvarado.
- María Zamora. Fue sepultada el 7 de abril de 1896 en Alajuela. Murió de “fiebre a la edad de sesenta años”.
Vivieron en Alajuela.
Cuartos abuelos:
- Liberato Argüello -julio de 1806 en Heredia, -. Hijo legítimo de Nicolás Argüello y Anselma Gonzáles (o Nicolás Argueyo y Anselma Gonsales).
- Ignacia Álvarez Alfaro. Hija legítima de José Antonio Álvarez y Eusebia Alfaro.
Contrajeron matrimonio el 26 de julio de 1837, en Alajuela. Fueron testigos Javier Alfaro y Roque Sibaja. Para 1847 ya se habían establecido en Atenas.
- José Antonio Cartín. No hay más datos.
- Manuela Arias.
Contrajeron matrimonio en la primera década del siglo XIX. Vivieron en Escazú.
- Baltasara Araya. No hay más datos.
- Andrés Loria. Fue sepultado el 17 de junio de 1838 en Alajuela.
- Josefa Delgado. Fue sepultada el 9 de octubre de 1846 en Alajuela.
Vivieron en Alajuela a finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX.
- Juan Cristóbal Contreras. Fue sepultado el 5 de abril de 1855 en Alajuela.
- Viviana Solano. Fue sepultada el 29 de noviembre de 1843 en Alajuela.
Vivieron en Alajuela a finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX.
Quintos abuelos:
- Nicolás Argüello.
- Liberata Gonzáles.
- Nicolás Argueyo y Anselma Rodrigues (Gonsales) casaron el 2 de junio de 1805, en
La Imnaculada Concepción de HEREDIA.
- José Antonio Álvarez. Hijo natural de Bernardina Álvarez. Fue sepultado el 2 de enero de 1872 en Atenas.
- Eusebia Alfaro Ruiz. Josefa Eusebia Alfaro. Hija legítima de Matías Alfaro y Facunda Ruiz. Sus padres eran heredianos.
Contrajeron matrimonio el 10 de marzo de 1813, en Alajuela. Fueron testigos Javier Alfaro y Jorge Loria.
- Víctor Manuel Argüello Cartín. Víctor Manuel Humberto de Jesús. Hijo de Nicomedes Argüello y María Cartín (es interesante anotar que en la partida de bautismo primero se anotó “hijo natural" y luego se tachó la palabra “natural” y se puso encima "legítimo" de María Cartín y Nicomedes Argüello (viendo la fotocopia del libro de bautizos original, se nota que toda la boleta está escrita con la misma letra y escrita en el mismo momento, no es que se agregó luego el nombre del padre, evidenciando que al escribir hubo un error y se corrigió de inmediato por el mismo escribiente que había anotado el nombre de la madre y del padre seguidos en el mismo renglón del formulario). Nació a las 7 p.m. del 26 de agosto de 1915 en el distrito de la Uruca y fue bautizado el 31 de octubre en San José. Fueron sus padrinos Francisco Vargas y María Gonzáles, cónyuges. Falleció en setiembre de 1974 en SJ.
- María Adoración Rodríguez Loria. María Socorro Adoración. Hija legítima de Jerónimo Rodríguez y Ascensión Loria. Nació el 4 de junio de 1911 y fue bautizada el 13 de junio en la parroquia de Atenas. Fue su madrina Beatriz Calderón. Falleció el 5 de marzo de 1998 en San José.
Contrajeron matrimonio el 24 de octubre de 1941, en La Soledad, San José.
Abuelos:
- Nicomedes Argüello Gonzáles. José Nicomedes de Jesús. Hijo natural de Ildelfonsa Argüello. Nació el 12 de octubre de 1891 y fue bautizado el día siguiente en la parroquia de Atenas. Fue su padrino Joaquín Espinoza.
- María Cartín Jiménez. María Engracia Sebastiana de la Trinidad. Hija legítima de Miguel Cartín y Remigia Jiménez. Nació el 19 de enero de 1887 y fue bautizada el día siguiente en Escazú. Fue su madrina María Zúñiga. Casó en primeras nupcias con Gabriel León Marín, el 23 de abril de 1903, en la parroquia de Escazú. María tenía 17 años de edad y Gabriel 25. Tuvieron al menos 3 hijos, uno de ellos murió de niño, de los otros no tengo más datos. Gabriel murió en abril de 1908, debido a una afección cardiaca.
Contrajeron matrimonio a las 5 de la mañana del 7 de marzo de 1931, en la parroquia de La Merced, San José. La partida de matrimonio indica que María era viuda de Gabriel León y tenía 44 años de edad. Además, señala que Nicomedes tenía 39 años de edad y era albañil. Fueron testigos Maximilio (¿?) Segura y Elena Segura de Chaves, cónyuges, él comerciante y los dos de San José.
- Jerónimo Rodríguez. Jerónimo de Jesús. Hijo natural de Jacoba Rodríguez Brenes. Nació el 19 de julio de 1878 y fue bautizado el día siguiente en Atenas. Fueron padrinos José Salazar y Benita Barboza.
- Ascensión Loria Alvarado. María Asunción. Hija legítima de José María Loria y Esmeralda Alvarado. Fue bautizada el 15 de agosto de 1880 en la parroquia de Grecia. Fueron padrinos Domingo Molina y María Bogantes.
Contrajeron matrimonio a las 7 de la mañana del 26 de abril de 1902, en la parroquia de Atenas. La partida de matrimonio indica que Ascensión tenía 21 años de edad y que Jerónimo tenía 23 años y era de profesión agricultor. Fueron testigos Jerónimo Calderón y Abel Villegas.
Bisabuelos:
- Ildefonsa Argüello. Yldefonza de las Piedades. Hija natural de Rafaela Argüello. Nació el 20 de enero de 1866 y fue bautizada el día siguiente en la parroquia de Atenas. Fue padrino Espíritu Santo Alfaro. Tuvo al menos 5 hijos naturales, todos nacidos en Atenas.
- Miguel Cartín Araya. Hijo legítimo de José María Cartín e Ildefonsa Araya. Murió de cáncer y fue sepultado el 26 de enero de 1907, en Escazú.
- Remigia Jiménez Herrera. Rafaela Remigia de Jesús. Hija legítima de Nicolás Jiménez y Manuela Herrera. Fue bautizada el 1 de octubre de 1860 en Escazú. Fueron sus padrinos Leandro Delgado y Manuela Delgado. Fue sepultada el 27 de marzo de 1897, en Escazú. Murió de “tisis”.
Contrajeron matrimonio el 23 de junio de 1879, en la parroquia de Escazú. Fueron testigos Lorenzo Montes y Mercedes Roldán.
- Jacoba Rodríguez Brenes. (bisabuela)- nació el 01 de agosto de 1861 en Atenas; hija de Felipe Rodriguez y Ma. Dorotea Brenes. Su hijo Jerónimo nació en 1878 cuando Jacoba tenía 17 años. Jacoba se casó 5 años después, el 23 de abril de 1883, con Seledonio Rafael Castillo, en San Rafael de Atenas. Murió a los años 54 años y fue sepultada el 26 de abril de 1915 en Atenas.
- José María Loria Contreras. Hijo legítimo de Juan Loria y Manuela Contreras.
- Esmeralda Alvarado Zamora. Hija legítima de Fulgencio Alvarado y María Zamora.
Contrajeron matrimonio el 15 de enero de 1877, en la parroquia de Grecia. Fueron testigos Tranquilino Alvarado y Rafaela Lizano.
Tatarabuelos:
- Rafaela Argüello Álvarez. Muy probablemente es hija de Liberato Argüello e Ignacia Álvarez. Tuvo al menos 4 hijos naturales, todos nacidos en Atenas. Fue sepultada el 29 de enero de 1873 en Atenas. Se indica que era soltera y que murió de “treinta años de edad”. (1873-30= 1843, año probable de nacimiento de Rafaela, sus supuestos padres se casaron en 1837 en Alajuela)
- José María Cartín Arias. Hijo legítimo de José Antonio Cartín y Manuela Arias. Bautizado el 12 de diciembre de 1812 en Escazú. Fue su padrino Cayetano Cartín. Fue sepultado el 13 de junio de 1856 en Escazú. Fue una de las miles de víctimas de la epidemia del cólera. Uno de sus hijos, el niño Ramón Cartín Araya, también murió por la epidemia.
- Ildelfonsa Araya. Hija natural de Baltasara Araya. Murió de calentura, el 28 de agosto de 1879, y fue sepultada el día siguiente en Escazú. 80 años.
Vivieron en Escazú.
- Nicolás Jiménez. Fue sepultado el 13 de diciembre de 1895 en Escazú. Murió de “un ataque del corazón a la edad de 80 años”.
- Manuela Herrera (En algunos documentos se le apellida Chacón). Fue sepultada el 23 de mayo de 1895 en Escazú. Murió de “tisis, a los setenta años de edad”.
Contrajeron matrimonio el 20 de mayo de 1857, en Escazú. Fueron testigos Simón Mora y Petronila Obando.
- Juan Loria Delgado. Hijo legítimo de Andrés Loria y Josefa Delgado.
- Manuela Contreras Solano. Hija legítima de Juan Cristóbal Contreras y Viviana Solano.
Contrajeron matrimonio el 27 de agosto de 1829, en Alajuela. Fueron testigos Santana Sibaja, María Bustos y ¿Roiny? Sibaja. Para 1848 ya se habían establecido en la zona de Grecia, Alajuela.
- Fulgencio Alvarado.
- María Zamora. Fue sepultada el 7 de abril de 1896 en Alajuela. Murió de “fiebre a la edad de sesenta años”.
Vivieron en Alajuela.
Cuartos abuelos:
- Liberato Argüello -julio de 1806 en Heredia, -. Hijo legítimo de Nicolás Argüello y Anselma Gonzáles (o Nicolás Argueyo y Anselma Gonsales).
- Ignacia Álvarez Alfaro. Hija legítima de José Antonio Álvarez y Eusebia Alfaro.
Contrajeron matrimonio el 26 de julio de 1837, en Alajuela. Fueron testigos Javier Alfaro y Roque Sibaja. Para 1847 ya se habían establecido en Atenas.
- José Antonio Cartín. No hay más datos.
- Manuela Arias.
Contrajeron matrimonio en la primera década del siglo XIX. Vivieron en Escazú.
- Baltasara Araya. No hay más datos.
- Andrés Loria. Fue sepultado el 17 de junio de 1838 en Alajuela.
- Josefa Delgado. Fue sepultada el 9 de octubre de 1846 en Alajuela.
Vivieron en Alajuela a finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX.
- Juan Cristóbal Contreras. Fue sepultado el 5 de abril de 1855 en Alajuela.
- Viviana Solano. Fue sepultada el 29 de noviembre de 1843 en Alajuela.
Vivieron en Alajuela a finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX.
Quintos abuelos:
- Nicolás Argüello.
- Liberata Gonzáles.
- Nicolás Argueyo y Anselma Rodrigues (Gonsales) casaron el 2 de junio de 1805, en
La Imnaculada Concepción de HEREDIA.
- José Antonio Álvarez. Hijo natural de Bernardina Álvarez. Fue sepultado el 2 de enero de 1872 en Atenas.
- Eusebia Alfaro Ruiz. Josefa Eusebia Alfaro. Hija legítima de Matías Alfaro y Facunda Ruiz. Sus padres eran heredianos.
Contrajeron matrimonio el 10 de marzo de 1813, en Alajuela. Fueron testigos Javier Alfaro y Jorge Loria.
jueves, marzo 01, 2012
Política de vivienda y accesibilidad de los sectores de ingreso medio
La política de vivienda en Costa Rica tiene dos grandes hitos históricos: la creación del INVU en 1954 y la creación del Sistema Nacional Financiero para la Vivienda (SNFV), que incluyó el Banco Hipotecario (BANHVI) en 1987.
Durante la primera etapa, que abarca las dos primeras décadas a partir de la fundación del INVU, la rectoría de urbanismo y vivienda, que ejerció esa institución, permitió que se identificaran sitios y utilizaran fincas ubicadas en relación con las zonificaciones propuestas a futuro, así como las ideas urbanísticas de la época, de manera que se buscaba desarrollar barrios construidos y financiados por el Estado, con el máximo de los servicios, a la manera de las llamadas ‘ciudades satélites’ y el denominado ‘zoning’, concordando con principios contemporáneos de planificación urbana.
La Ley de Planificación Urbana #4240 establecería las grandes líneas conceptuales e institucionales hacia finales de los años 1960. Sin embargo, muy rápidamente los abruptos cambios en la estructura social de esas dos primeras décadas y la crisis económica (con impactos serios sobre la capacidad estatal de inversión en política social), que se agravó en la segunda mitad de la década de los años 1970, generaron una amplia brecha entre la demanda real y la demanda solvente, sobre todo entre los nuevos desempleados y grupos de muy bajo ingreso, que dieron al traste con la continuidad de esos lineamientos y conceptos.
Así, mientras al inicio el INVU construía para sectores de ingreso bajo y medio (con viviendas de 80 m2, por ejemplo en Hatillo), luego se fue concentrando en sectores de ingresos medios, pero con soluciones de menor calidad y tamaño. Así para el final de esa década prácticamente no había soluciones para los grupos de más bajo ingreso, lo que se expresó en un crecimiento intenso y abrupto de ocupaciones ilegales en los sitios de mayor concentración de pobres-urbanos: Limón, Puntarenas y San José. Esto en pocos años sirvió de base, primero para un movimiento popular reivindicativo en el tema/producto vivienda, y luego, una estructura clientelista político/electoral concentrada en la oferta de financiamiento para lotes y casas a esos sectores. La acción político/partidaria con fondos públicos permitió cooptar el movimiento y reorientarlo hacia el apoyo a candidatos y partidos, del bipartidismo tradicional, con la promesa de entregar tierra para uso urbano y construir proyectos habitacionales en forma masiva, por decenas de miles de viviendas.
El segundo hito, la creación del Fondo de Subsidio para la Vivienda (FOSUVI), que era la esencia del BANHVI, fue el instrumento que se utilizó para atender esa nueva demanda organizada de sectores de ingreso bajo y medio bajo, pero siempre, sin determinar una política a mediano o largo plazo que involucrara una determinación de la relación territorio/inversión, como parte de una política social de escala nacional. De hecho en los primeros diez años desde la creación legal del BANHVI lo que se utilizó fue financiamiento de emergencia, no del sistema financiero, mediante el expediente de declarar por decreto ejecutivo ‘emergencia nacional’ el faltante de vivienda. Así, a finales de los años 1980s y principios de los 1990s, se atendió la demanda movilizada y organizada mediate la utilización de grandes fincas de propiedad pública o recién conseguidas, sin tomar en cuenta política de tierras alguna, y amparados a ‘la emergencia’, concentrando en grandes guetos de pobreza en San José y algunas ciudades de la GAM (Cartago y Heredia especialmente) decenas de miles de pobladores traídos de diversas partes del país, generando a la vez una demanda adicional, no solvente, que migraba en busca de las soluciones concentradas en algunos sitios de la GAM; una migración inducida, precisamente por la acción estatal, pero sin proponérselo, sin analizarlo y sin dirigirlo.
Adicionalmente, los ‘precarios’ previos, convertidos en ‘proyectos’, se quedaron las siguientes dos décadas en eso: ‘proyectos’, pues en la mayoría de los casos tan solo se construyeron vivienda mínimas (casitas prefabricadas de alrededor de 40 m2) carentes de la mayoría de las infraestructuras y servicios, los que se fueron adicionando poco a poco a lo largo de los últimos treinta años, y todavía no se termina en la actualidad -2012-.
Entre tanto, tanto esa inversión de gran magnitud en vivienda, proyectos, compra de tierras y lotes (incluyendo aquellos dispersos en zonas rurales y los dos puertos principales) generaron una presión sobre los precios de la tierra y motivaron la especulación, junto a la constitución de la red clientelista de oferentes de tierras y organizadores/constructores de proyectos. Lo que, como consecuencia, encareció también los productos/solución de viviendas para sectores de grupos medios, los que fueron quedando fuera del mercado por no poder pagar los productos que esperaban conseguir según su estatus social, nivel educativo, profesión y nivel de ingreso.
Contrariamente a considerarse la ‘política de vivienda’ como algo restringido al tema de la construcción de casas por parte de las instituciones públicas, o específicamente las instituciones que financian esas viviendas con fondos públicos; contrariamente a eso, la política debe comprenderse en un sentido mucho más amplio, que abarque no solo la construcción de cobertizos mínimos, sino el impacto de la inversión en el territorio, la relación entre la demanda real, es decir el total de las familias que carecen de una solución digna a su necesidad de vivienda digna (y completa, con todas las infraestructuras y acceso a servicios esenciales) y la oferta existente en un periodo dado. Ello debe incluir la oferta de productos como materiales o casas completas, como la oferta de tierra en diversas partes del país, y esencialmente, debe incluir una determinación respecto de la capacidad real de la población demandante para adquirir esos productos en el mercado y los elementos esenciales que facilitan o dificultan el que esa demanda sea ciertamente solvente, en vez de una necesidad no satisfecha que se resuelve tan solo parcialmente por procesos irregulares e insuficientes, como los cobertizos improvisados o las ‘villas miseria’.
Siendo así, la política debe proyectar su impacto y ser una actividad esencial de la política social y de la política pública; no solo por la inversión estatal directa, sino por la regulación del mercado privado y de la política de tierras para uso urbano, incluida la zonificación y planificación del territorio en escalas pequeñas (municipio, micro-cuenca). Ello implica entonces, que no se restrinja a un sector económico particular, sino que cubra el conjunto de la población, no porque lo financie, sino porque defina los derroteros respecto al uso del territorio, el uso específico permitido del suelo a escala pequeña y la regulación del mercado de tierras. Ello debe incluir una determinación formal del precio del suelo en tanto se convierte en mercancía y en tanto que, siendo así, impide que amplias masas de población tengan derecho a una característica esencial de los seres vivos –y de los humanos en particular-, cual es el derecho de ocupar una parte de la superficie del planeta en condiciones de subsistencia digna.
La ausencia de tales definiciones y la restricción de la política al financiamiento casuístico u oportunista a generado zonas de altas densidades y escasa dotación de servicios, sobre-acumulación de población de bajos ingresos y la conformación de verdaderos guetos de pobreza creados a partir de ‘proyectos’ estatales. A la vez, ha impedido que amplios sectores alcances sus soluciones porque se lo impiden los precios especulativos del mercado inmobiliario, así de simple. Eso se ha ido consolidando con prácticas como: construir casas donde había fincas propiedad del Estado, sin importar nada más, por ser más barato, o peor aún, donde las fincas eran de amigos de los funcionarios que toman decisiones, o dónde las ofrecen los llamados ‘desarrolladores’, o las aun peores prácticas clientelistas y permisivas a la especulación con tierras.
Así, y razón de diversos mecanismos de fijación de precios que solo benefician a los especuladores urbanos y que se relacionan con la especulación inmobiliaria relacionada con el surgimiento de la llamada ‘burbuja inmobiliaria’ –y su quiebra posterior-, pero que también surgen de presiones locales que generan ideas inexactas sobre la disposición real de tierras para urbanizar en la GAM, una importante porción de la población simplemente no tiene forma de acceder al producto ‘vivienda’, tanto sectores de bajo y muy bajo ingreso (quienes disponen de un subsidio insuficiente tanto por la cantidad total disponible, como por distribución territorial y también por el monto), como a sectores de ingresos medios.
Estos últimos no solo carecen de un sistema financiero que los cubra, sino que sufren de los sobreprecios más brutales, pues el mercado ofrece lo que serían ciertamente soluciones mínimas a precios de grupo medio, quienes, razonablemente tienen una expectativa mucho más alta y no se llega a una adecuación entre precio de mercado y capacidad de pago en relación con la expectativa. Pero ello no es por falta del recurso tierra, sino por su precio falto de regulación que permite que predios pequeños y de deficiente localización se cobren en función de la demanda alterada por la sobre-oferta de compradores de productos similares pero distintos, así, la especulación excesiva vinculada con la burbuja (generada por los compradores extranjeros financiados a la ligera por bancos norteamericanos o europeos, etc.) impacta el precio de sitios dónde no hay esa demanda pero dónde los propietarios esperar tener también ganancias especulativas.
La misma existencia del subsidio para grupos de muy bajo ingreso, en determinado momento (cuando se aplicó el ‘bono lote’), llevó a que los lotes mínimos llegaran a costar en el mercado exactamente el monto del bono total, pues los oferentes de tierras los fijaron ahí en forma antojadiza, esperando que los compradores “con bono en mano” estuvieran dispuestos (como en efecto lo era) a gastar todo el bono en un lote mínimo de noventa metros cuadrados. Así, el precio por metro cuadrado quedó, casi automáticamente, y en pocos meses –hacia mediados de los años 1990- con un piso que implicara que el bono total se iba prácticamente todo en el pago del lote: el precio del suelo se trago el monto del bono apenas surgió esa figura financiera que permitía utilizar el bono para comprar lote, incluso sin urbanizar completamente. Miles de familias quedaron así con su lote y gastaron su bono y no pudieron resolver su necesidad de vivienda, sino nada más de forma precaria, con autoconstrucción elemental y sin financiamiento mínimo adecuado.
De hecho, actualmente un lote mínimo de 90 metros cuadrados a cien US dólares el metro implica, sin gastos de transferencia y demás, un monto de 9000 US dólares; lo que al tipo de cambio vigente (514 Colones por 1 US$) corresponde con aproximadamente 4.6 millones de colones, mientras el bono TOTAL vigente (hasta enero 2012) es de 5.3 millones. Es decir queda nada más un poco más de cien dólares para los gastos de transferencia y trámites y prácticamente nada para hacer una casa.
En tales circunstancias, ni siquiera las personas que tienen bono total pueden resolver su necesidad de vivienda, si viven en ciudades de la GAM, pues no podrían pagar los costos de una vivienda elemental, de hecho apenas alcanzará para trámites y comisiones. Entonces, los que sí pueden acceder a los proyectos que construyen los ‘desarrolladores’ son aquellas familias que tienen alguna capacidad de pago de créditos, que se complementan con bonos parciales para los costos elementales de inicio de obras o conseguir lotes urbanizados mínimos. El bono alcanza (excepto si se tiene tierra, lo que se da preferentemente en zonas rurales) solo para parte del financiamiento y están quedando fuera todos los más pobres que no pueden pagar créditos. El bono se orienta a una franja que NO es la más pobre, sino una un poquito más arriba: con capacidad de pagar algo de crédito y usa el bono para pago parcial y gastos iniciales, según los planes que ofrezcan las mutuales y empresarios del sector.
Sectores de ingresos más altos, pero en estratos de más de cuatro salarios mínimos no tienen ni acceso a bono ni acceso a préstamos desde hace al menos tres décadas y siguen pagando alquileres (también sufriendo precios especulativos) o viviendo con familiares o sub-dividiendo las casas que sus ancestros pudieron construir entre los años 1950s y 1970s, donde ahora habitan varias familias.
Se accede con alguna capacidad de ahorro, por ejemplo familias con ingresos de alrededor de diez salarios mínimos, a casas elementales en lotes pequeños siempre y cuando sean familias jóvenes de dos miembros adultos y uno o dos hijos pequeños. Pero hay un enorme grupo de familias con ingresos de entre 5 y 10 salarios mínimos que simplemente no pueden pagar el precio de una vivienda urbana convencional básica –de bloques o prefabricada en concreto de poco más de cien metros cuadrados-, lo que se explica en buena medida por el ‘piso’ del precio de la tierra, que se ha establecido en forma arbitraria o por razones de la presión de quienes disponen del bono parcial para comprar tierra, combinado con la existencia de especulación vinculada a la disposición de fondos externos para proyectos habitacionales de lujo, marinas y megaproyectos que presionaron desde principio de siglo y todavía continúa, pese a la quiebra de docenas de esos proyectos y el impacto que ha tenido, incluyendo el impacto en la banca nacional del país.
Pero las bajas tasas de interés y la crisis económica en países industriales, en particular EEUU, siguen trayendo capitales especulativos que presionan el precio de la tierra y alejan ese producto/mercancía (que está por completo desregulado en términos reales) de los sectores de ingreso medio.
-------------------------------------------------------------------------------------
Escrito a solicitud del Concurso de anteproyectos de Vivienda Sostenible para Clase Media de la GAM - como miembro del Jurado Calificador -. Gran Área Metropolitana, Costa Rica. Del 13 de mayo al 31 de agosto 2011 –UICN-
Durante la primera etapa, que abarca las dos primeras décadas a partir de la fundación del INVU, la rectoría de urbanismo y vivienda, que ejerció esa institución, permitió que se identificaran sitios y utilizaran fincas ubicadas en relación con las zonificaciones propuestas a futuro, así como las ideas urbanísticas de la época, de manera que se buscaba desarrollar barrios construidos y financiados por el Estado, con el máximo de los servicios, a la manera de las llamadas ‘ciudades satélites’ y el denominado ‘zoning’, concordando con principios contemporáneos de planificación urbana.
La Ley de Planificación Urbana #4240 establecería las grandes líneas conceptuales e institucionales hacia finales de los años 1960. Sin embargo, muy rápidamente los abruptos cambios en la estructura social de esas dos primeras décadas y la crisis económica (con impactos serios sobre la capacidad estatal de inversión en política social), que se agravó en la segunda mitad de la década de los años 1970, generaron una amplia brecha entre la demanda real y la demanda solvente, sobre todo entre los nuevos desempleados y grupos de muy bajo ingreso, que dieron al traste con la continuidad de esos lineamientos y conceptos.
Así, mientras al inicio el INVU construía para sectores de ingreso bajo y medio (con viviendas de 80 m2, por ejemplo en Hatillo), luego se fue concentrando en sectores de ingresos medios, pero con soluciones de menor calidad y tamaño. Así para el final de esa década prácticamente no había soluciones para los grupos de más bajo ingreso, lo que se expresó en un crecimiento intenso y abrupto de ocupaciones ilegales en los sitios de mayor concentración de pobres-urbanos: Limón, Puntarenas y San José. Esto en pocos años sirvió de base, primero para un movimiento popular reivindicativo en el tema/producto vivienda, y luego, una estructura clientelista político/electoral concentrada en la oferta de financiamiento para lotes y casas a esos sectores. La acción político/partidaria con fondos públicos permitió cooptar el movimiento y reorientarlo hacia el apoyo a candidatos y partidos, del bipartidismo tradicional, con la promesa de entregar tierra para uso urbano y construir proyectos habitacionales en forma masiva, por decenas de miles de viviendas.
El segundo hito, la creación del Fondo de Subsidio para la Vivienda (FOSUVI), que era la esencia del BANHVI, fue el instrumento que se utilizó para atender esa nueva demanda organizada de sectores de ingreso bajo y medio bajo, pero siempre, sin determinar una política a mediano o largo plazo que involucrara una determinación de la relación territorio/inversión, como parte de una política social de escala nacional. De hecho en los primeros diez años desde la creación legal del BANHVI lo que se utilizó fue financiamiento de emergencia, no del sistema financiero, mediante el expediente de declarar por decreto ejecutivo ‘emergencia nacional’ el faltante de vivienda. Así, a finales de los años 1980s y principios de los 1990s, se atendió la demanda movilizada y organizada mediate la utilización de grandes fincas de propiedad pública o recién conseguidas, sin tomar en cuenta política de tierras alguna, y amparados a ‘la emergencia’, concentrando en grandes guetos de pobreza en San José y algunas ciudades de la GAM (Cartago y Heredia especialmente) decenas de miles de pobladores traídos de diversas partes del país, generando a la vez una demanda adicional, no solvente, que migraba en busca de las soluciones concentradas en algunos sitios de la GAM; una migración inducida, precisamente por la acción estatal, pero sin proponérselo, sin analizarlo y sin dirigirlo.
Adicionalmente, los ‘precarios’ previos, convertidos en ‘proyectos’, se quedaron las siguientes dos décadas en eso: ‘proyectos’, pues en la mayoría de los casos tan solo se construyeron vivienda mínimas (casitas prefabricadas de alrededor de 40 m2) carentes de la mayoría de las infraestructuras y servicios, los que se fueron adicionando poco a poco a lo largo de los últimos treinta años, y todavía no se termina en la actualidad -2012-.
Entre tanto, tanto esa inversión de gran magnitud en vivienda, proyectos, compra de tierras y lotes (incluyendo aquellos dispersos en zonas rurales y los dos puertos principales) generaron una presión sobre los precios de la tierra y motivaron la especulación, junto a la constitución de la red clientelista de oferentes de tierras y organizadores/constructores de proyectos. Lo que, como consecuencia, encareció también los productos/solución de viviendas para sectores de grupos medios, los que fueron quedando fuera del mercado por no poder pagar los productos que esperaban conseguir según su estatus social, nivel educativo, profesión y nivel de ingreso.
Contrariamente a considerarse la ‘política de vivienda’ como algo restringido al tema de la construcción de casas por parte de las instituciones públicas, o específicamente las instituciones que financian esas viviendas con fondos públicos; contrariamente a eso, la política debe comprenderse en un sentido mucho más amplio, que abarque no solo la construcción de cobertizos mínimos, sino el impacto de la inversión en el territorio, la relación entre la demanda real, es decir el total de las familias que carecen de una solución digna a su necesidad de vivienda digna (y completa, con todas las infraestructuras y acceso a servicios esenciales) y la oferta existente en un periodo dado. Ello debe incluir la oferta de productos como materiales o casas completas, como la oferta de tierra en diversas partes del país, y esencialmente, debe incluir una determinación respecto de la capacidad real de la población demandante para adquirir esos productos en el mercado y los elementos esenciales que facilitan o dificultan el que esa demanda sea ciertamente solvente, en vez de una necesidad no satisfecha que se resuelve tan solo parcialmente por procesos irregulares e insuficientes, como los cobertizos improvisados o las ‘villas miseria’.
Siendo así, la política debe proyectar su impacto y ser una actividad esencial de la política social y de la política pública; no solo por la inversión estatal directa, sino por la regulación del mercado privado y de la política de tierras para uso urbano, incluida la zonificación y planificación del territorio en escalas pequeñas (municipio, micro-cuenca). Ello implica entonces, que no se restrinja a un sector económico particular, sino que cubra el conjunto de la población, no porque lo financie, sino porque defina los derroteros respecto al uso del territorio, el uso específico permitido del suelo a escala pequeña y la regulación del mercado de tierras. Ello debe incluir una determinación formal del precio del suelo en tanto se convierte en mercancía y en tanto que, siendo así, impide que amplias masas de población tengan derecho a una característica esencial de los seres vivos –y de los humanos en particular-, cual es el derecho de ocupar una parte de la superficie del planeta en condiciones de subsistencia digna.
La ausencia de tales definiciones y la restricción de la política al financiamiento casuístico u oportunista a generado zonas de altas densidades y escasa dotación de servicios, sobre-acumulación de población de bajos ingresos y la conformación de verdaderos guetos de pobreza creados a partir de ‘proyectos’ estatales. A la vez, ha impedido que amplios sectores alcances sus soluciones porque se lo impiden los precios especulativos del mercado inmobiliario, así de simple. Eso se ha ido consolidando con prácticas como: construir casas donde había fincas propiedad del Estado, sin importar nada más, por ser más barato, o peor aún, donde las fincas eran de amigos de los funcionarios que toman decisiones, o dónde las ofrecen los llamados ‘desarrolladores’, o las aun peores prácticas clientelistas y permisivas a la especulación con tierras.
Así, y razón de diversos mecanismos de fijación de precios que solo benefician a los especuladores urbanos y que se relacionan con la especulación inmobiliaria relacionada con el surgimiento de la llamada ‘burbuja inmobiliaria’ –y su quiebra posterior-, pero que también surgen de presiones locales que generan ideas inexactas sobre la disposición real de tierras para urbanizar en la GAM, una importante porción de la población simplemente no tiene forma de acceder al producto ‘vivienda’, tanto sectores de bajo y muy bajo ingreso (quienes disponen de un subsidio insuficiente tanto por la cantidad total disponible, como por distribución territorial y también por el monto), como a sectores de ingresos medios.
Estos últimos no solo carecen de un sistema financiero que los cubra, sino que sufren de los sobreprecios más brutales, pues el mercado ofrece lo que serían ciertamente soluciones mínimas a precios de grupo medio, quienes, razonablemente tienen una expectativa mucho más alta y no se llega a una adecuación entre precio de mercado y capacidad de pago en relación con la expectativa. Pero ello no es por falta del recurso tierra, sino por su precio falto de regulación que permite que predios pequeños y de deficiente localización se cobren en función de la demanda alterada por la sobre-oferta de compradores de productos similares pero distintos, así, la especulación excesiva vinculada con la burbuja (generada por los compradores extranjeros financiados a la ligera por bancos norteamericanos o europeos, etc.) impacta el precio de sitios dónde no hay esa demanda pero dónde los propietarios esperar tener también ganancias especulativas.
La misma existencia del subsidio para grupos de muy bajo ingreso, en determinado momento (cuando se aplicó el ‘bono lote’), llevó a que los lotes mínimos llegaran a costar en el mercado exactamente el monto del bono total, pues los oferentes de tierras los fijaron ahí en forma antojadiza, esperando que los compradores “con bono en mano” estuvieran dispuestos (como en efecto lo era) a gastar todo el bono en un lote mínimo de noventa metros cuadrados. Así, el precio por metro cuadrado quedó, casi automáticamente, y en pocos meses –hacia mediados de los años 1990- con un piso que implicara que el bono total se iba prácticamente todo en el pago del lote: el precio del suelo se trago el monto del bono apenas surgió esa figura financiera que permitía utilizar el bono para comprar lote, incluso sin urbanizar completamente. Miles de familias quedaron así con su lote y gastaron su bono y no pudieron resolver su necesidad de vivienda, sino nada más de forma precaria, con autoconstrucción elemental y sin financiamiento mínimo adecuado.
De hecho, actualmente un lote mínimo de 90 metros cuadrados a cien US dólares el metro implica, sin gastos de transferencia y demás, un monto de 9000 US dólares; lo que al tipo de cambio vigente (514 Colones por 1 US$) corresponde con aproximadamente 4.6 millones de colones, mientras el bono TOTAL vigente (hasta enero 2012) es de 5.3 millones. Es decir queda nada más un poco más de cien dólares para los gastos de transferencia y trámites y prácticamente nada para hacer una casa.
En tales circunstancias, ni siquiera las personas que tienen bono total pueden resolver su necesidad de vivienda, si viven en ciudades de la GAM, pues no podrían pagar los costos de una vivienda elemental, de hecho apenas alcanzará para trámites y comisiones. Entonces, los que sí pueden acceder a los proyectos que construyen los ‘desarrolladores’ son aquellas familias que tienen alguna capacidad de pago de créditos, que se complementan con bonos parciales para los costos elementales de inicio de obras o conseguir lotes urbanizados mínimos. El bono alcanza (excepto si se tiene tierra, lo que se da preferentemente en zonas rurales) solo para parte del financiamiento y están quedando fuera todos los más pobres que no pueden pagar créditos. El bono se orienta a una franja que NO es la más pobre, sino una un poquito más arriba: con capacidad de pagar algo de crédito y usa el bono para pago parcial y gastos iniciales, según los planes que ofrezcan las mutuales y empresarios del sector.
Sectores de ingresos más altos, pero en estratos de más de cuatro salarios mínimos no tienen ni acceso a bono ni acceso a préstamos desde hace al menos tres décadas y siguen pagando alquileres (también sufriendo precios especulativos) o viviendo con familiares o sub-dividiendo las casas que sus ancestros pudieron construir entre los años 1950s y 1970s, donde ahora habitan varias familias.
Se accede con alguna capacidad de ahorro, por ejemplo familias con ingresos de alrededor de diez salarios mínimos, a casas elementales en lotes pequeños siempre y cuando sean familias jóvenes de dos miembros adultos y uno o dos hijos pequeños. Pero hay un enorme grupo de familias con ingresos de entre 5 y 10 salarios mínimos que simplemente no pueden pagar el precio de una vivienda urbana convencional básica –de bloques o prefabricada en concreto de poco más de cien metros cuadrados-, lo que se explica en buena medida por el ‘piso’ del precio de la tierra, que se ha establecido en forma arbitraria o por razones de la presión de quienes disponen del bono parcial para comprar tierra, combinado con la existencia de especulación vinculada a la disposición de fondos externos para proyectos habitacionales de lujo, marinas y megaproyectos que presionaron desde principio de siglo y todavía continúa, pese a la quiebra de docenas de esos proyectos y el impacto que ha tenido, incluyendo el impacto en la banca nacional del país.
Pero las bajas tasas de interés y la crisis económica en países industriales, en particular EEUU, siguen trayendo capitales especulativos que presionan el precio de la tierra y alejan ese producto/mercancía (que está por completo desregulado en términos reales) de los sectores de ingreso medio.
-------------------------------------------------------------------------------------
Escrito a solicitud del Concurso de anteproyectos de Vivienda Sostenible para Clase Media de la GAM - como miembro del Jurado Calificador -. Gran Área Metropolitana, Costa Rica. Del 13 de mayo al 31 de agosto 2011 –UICN-
Temas para una conversación sobre un proyecto alternativo en política social, ambiental y vivienda:
1. Política social, ambiental y de vivienda articuladas, con impactos económicos conjuntos: la inversión social y territorial implica validación del equilibrio ambiental/humano
2. Ciudad verde y economía verde como buen negocio: no se trata de ‘gastar’ sino de invertir, incluyendo la inversión privada lucrativa en la implementación de esa política articulada.
3. La noción de bosque urbano en el replanteamiento de la GAM y toda la planificación/ordenamiento territorial del país (PNOT –POTGAM, etc.), la inclusión de las perspectivas de cuenca y microcuenca, la planificación subregional como eje intermedio indispensable entre lo nacional y lo local.
4. La adecuación institucional para atender sectores esenciales de máxima vulnerabilidad social y económica, pero a la vez susceptibles de generar condiciones que propicien la violencia y el conflicto social en diversidad de formas:
a) -El SFNV, BANHVI y resto de instituciones de vivienda: definir una política nacional de mediano y largo plazo que tenga en cuenta tierras, precios, especulación/regulación, expropiación y usos para proyectos de interés nacional en función de necesidad, calamidad o pobreza o emergencia nacional (o regional y local).
b) -Política de vivienda atendiendo a los diversos sectores de ingreso con proyectos específicos y coordinando con empresa privada y regulando la acción de la empresa privada para permitir el acceso de quienes hoy quedan fuera: sectores muy pobres y sectores de ingreso medio, los pobres del campo y las zonas indígenas o muy alejadas.
c) -Sistemas de financiamiento según niveles de ingreso y su utilidad o aplicabilidad relativa: para qué sirve el bono, cómo debe aplicarse, como cubrir los sectores por debajo de un salario mínimo o los ‘en condición de pobreza y similares’ (casi un 30% de la población total del país), subsidios o apoyo financiero y planes de financiamiento por sectores: de 1 a 4 salarios, de 5 a 10 salarios, de 10 a 15 salarios, por tipo de familia y región
d) -Política de gestión del riesgo frente a desastres y los cambios institucionales, a partir de una comprensión cabal de su distribución territorial
e) -Modificaciones requeridas en Setena y su accionar respecto del control del uso ambientalmente adecuado del territorio, la protección y la reglamentación (cambio radical a los IFAS y su perspectiva técnica, división clara entre setena e Invu en relación a peso relativo de los temas de la planificación urbano/regional en relación con planes de desarrollo nacional y los PNOT-POTGAM requeridos
f) -El ICT que trabaja para los hoteleros y cadenas, pero no para los residentes locales y comunidades de zonas costeras: se impone una modificación sustancial de la reglamentación y legislación sobre zonas costeras y que el ICT no se quien decide pues siempre lo hace para servir a los hoteleros y sus cadenas internacionales; recuperar la importancia esencial del turismo comunitario y rural, del valor escénico y la protección como inversión de futuro: la visión estratégica del valor de la biodiversidad.
5. La determinación de una plataforma básica de ordenamiento territorial a largo plazo, con los grandes ejes y corredores estratégicos, incluyendo los biológicos y ecológicos, los energéticos y económicos, los comerciales y de integración regional ístmica (interoceánicos y centroamericanos). Carreteras y ferrocarriles interoceánicos e interamericanos (los ejes del istmo). Los grandes corredores definen la red vial nacional y regional, proyectos a 30 años.
6. Las políticas específicas para los más pobres: la re-estructuración de toda la institucionalidad y el control de la información, la simplificación y reducción institucional para elevar la eficiencia administrativa: el manejo eficiente de fondos (Fodesaf, etc.) y la ruptura del clientelismo con base en información centralizada, fidedigna y auditada.
7. Política de empleo vinculada a las políticas de vivienda y de subsidios en general, la distribución territorial y la concentración en áreas especialmente deprimidas.
2. Ciudad verde y economía verde como buen negocio: no se trata de ‘gastar’ sino de invertir, incluyendo la inversión privada lucrativa en la implementación de esa política articulada.
3. La noción de bosque urbano en el replanteamiento de la GAM y toda la planificación/ordenamiento territorial del país (PNOT –POTGAM, etc.), la inclusión de las perspectivas de cuenca y microcuenca, la planificación subregional como eje intermedio indispensable entre lo nacional y lo local.
4. La adecuación institucional para atender sectores esenciales de máxima vulnerabilidad social y económica, pero a la vez susceptibles de generar condiciones que propicien la violencia y el conflicto social en diversidad de formas:
a) -El SFNV, BANHVI y resto de instituciones de vivienda: definir una política nacional de mediano y largo plazo que tenga en cuenta tierras, precios, especulación/regulación, expropiación y usos para proyectos de interés nacional en función de necesidad, calamidad o pobreza o emergencia nacional (o regional y local).
b) -Política de vivienda atendiendo a los diversos sectores de ingreso con proyectos específicos y coordinando con empresa privada y regulando la acción de la empresa privada para permitir el acceso de quienes hoy quedan fuera: sectores muy pobres y sectores de ingreso medio, los pobres del campo y las zonas indígenas o muy alejadas.
c) -Sistemas de financiamiento según niveles de ingreso y su utilidad o aplicabilidad relativa: para qué sirve el bono, cómo debe aplicarse, como cubrir los sectores por debajo de un salario mínimo o los ‘en condición de pobreza y similares’ (casi un 30% de la población total del país), subsidios o apoyo financiero y planes de financiamiento por sectores: de 1 a 4 salarios, de 5 a 10 salarios, de 10 a 15 salarios, por tipo de familia y región
d) -Política de gestión del riesgo frente a desastres y los cambios institucionales, a partir de una comprensión cabal de su distribución territorial
e) -Modificaciones requeridas en Setena y su accionar respecto del control del uso ambientalmente adecuado del territorio, la protección y la reglamentación (cambio radical a los IFAS y su perspectiva técnica, división clara entre setena e Invu en relación a peso relativo de los temas de la planificación urbano/regional en relación con planes de desarrollo nacional y los PNOT-POTGAM requeridos
f) -El ICT que trabaja para los hoteleros y cadenas, pero no para los residentes locales y comunidades de zonas costeras: se impone una modificación sustancial de la reglamentación y legislación sobre zonas costeras y que el ICT no se quien decide pues siempre lo hace para servir a los hoteleros y sus cadenas internacionales; recuperar la importancia esencial del turismo comunitario y rural, del valor escénico y la protección como inversión de futuro: la visión estratégica del valor de la biodiversidad.
5. La determinación de una plataforma básica de ordenamiento territorial a largo plazo, con los grandes ejes y corredores estratégicos, incluyendo los biológicos y ecológicos, los energéticos y económicos, los comerciales y de integración regional ístmica (interoceánicos y centroamericanos). Carreteras y ferrocarriles interoceánicos e interamericanos (los ejes del istmo). Los grandes corredores definen la red vial nacional y regional, proyectos a 30 años.
6. Las políticas específicas para los más pobres: la re-estructuración de toda la institucionalidad y el control de la información, la simplificación y reducción institucional para elevar la eficiencia administrativa: el manejo eficiente de fondos (Fodesaf, etc.) y la ruptura del clientelismo con base en información centralizada, fidedigna y auditada.
7. Política de empleo vinculada a las políticas de vivienda y de subsidios en general, la distribución territorial y la concentración en áreas especialmente deprimidas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)