El Editorial de La Nación –de hoy-
asume que en el MIVAH sigue todavía la ministra que renunció el año pasado, no
se dan por enterados que el ministro es otra persona.
Será que redactaron ese editorial en noviembre del 2012 y hasta ahora lo publican…
Repite el editorial que no se sabe por qué se habría creado una oficina semi-autónoma y se evitó que el dinero de los europeos (10 millones de euros donados a Costa Rica) entrara a una institución (el viejo timo del ‘estado paralelo’ como todos sabemos) y ahora repiten los que sacaron al INVU del proceso (por órdenes directas del Presidente Rodríguez y su Ministro Méndez Mata, debe decirse claro) que no entienden por qué el INVU se ‘abstuvo de participar’, cuando lo que sucedió es que los gobiernos de Rodríguez, Pacheco y Arias no querían controles en el uso del dinero, para así poder contratar o gastar la plata en sus ocurrencias como la peatonal –de JAM- o el diseño del centro cívico –de OAS- y demás, todo lo cual NO estaba contemplado en la donación inicial, que era para desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano según que había ordenado desde los años 60s la Ley #4240 y no se había podido hacer por falta de fondos...
Pero los fondos donados llegaron cuando los gobierno estaban por la privatización, la desregulación a ultranza y el uso de dineros públicos vía el estado paralelo, para disque flexibilizar y hacer más eficiente la asignación de consultorías y no tener tantos controles.
No extraña que digan que doña Clara no supiera nada cuando llegó al MIVAH al final de la administración de OAS, pues en efecto NO sabía nada de nada del tema, así que no viene al caso citar una vez más que ella decía que no sabía nada.
La disputa sobre si las municipales tienen o no potestad para planificar el territorio de su jurisdicción es cosa juzgada: hay muchísimas resoluciones de la Sala Constitucional que reiteran la potestad del régimen municipal sobre su territorio. Eso no está en cuestión por parte de nadie, pero el Editorial insinúa que sí está en cuestión, pero de seguro no será por ignorancia...
De hecho el Plan GAM del 82 fue siempre un instrumento de aplicación REGIONAL y no local, y siempre se tuvo claro que un Plan Regulador Cantonal –Municipal- podría modificarlo y tenía potestad jurídica, legal, para hacerlo y definir sus parámetros a partir de la macro-planificación, el Plan GAM, si seguía el procedimiento establecido y el debido proceso.
No sabemos a qué viene o para qué se publica hoy ese Editorial que repite lo repetido por los mercaderes de IFAS.
Pero siempre queda la esperanza de que en manos de las actuales autoridades (lideradas por el propio Vicepresidente Piva) se logren al menos los acuerdos mínimos para que NO se ponga en peligro lo consolidado por la creación de las ZONAS ESPECIALES DE PROTECCION, el anillo 'verde' de 152 mil hectáreas alrededor de la actual ZONA DE CRECIMIENTO URBANO de 44 mil hectáreas. Sin el cual los especuladores inmobiliarios y los urbanizadores habrían hecho clavos de oro y el resto de los habitantes del país sufriríamos las consecuencias de tener todos los cerros alrededor de la GAM atestados de casas, casitas y casotas.
Y claro, siempre queda la esperanza de que a la vez se logre establecer un mínimo de normas de escala regional que permitan especificar los grandes ejes de desarrollo nacional/territorial, con sus nodos y corredores energéticos, biológicos, comerciales y estratégicos que definen un contorno que sirva de guía a los planes subregionales y locales (de escala cantonal) indispensables, no solo en la GAM sino en todas las regiones del país, en particular las zonas costeras y fronterizas.
Será que redactaron ese editorial en noviembre del 2012 y hasta ahora lo publican…
Repite el editorial que no se sabe por qué se habría creado una oficina semi-autónoma y se evitó que el dinero de los europeos (10 millones de euros donados a Costa Rica) entrara a una institución (el viejo timo del ‘estado paralelo’ como todos sabemos) y ahora repiten los que sacaron al INVU del proceso (por órdenes directas del Presidente Rodríguez y su Ministro Méndez Mata, debe decirse claro) que no entienden por qué el INVU se ‘abstuvo de participar’, cuando lo que sucedió es que los gobiernos de Rodríguez, Pacheco y Arias no querían controles en el uso del dinero, para así poder contratar o gastar la plata en sus ocurrencias como la peatonal –de JAM- o el diseño del centro cívico –de OAS- y demás, todo lo cual NO estaba contemplado en la donación inicial, que era para desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano según que había ordenado desde los años 60s la Ley #4240 y no se había podido hacer por falta de fondos...
Pero los fondos donados llegaron cuando los gobierno estaban por la privatización, la desregulación a ultranza y el uso de dineros públicos vía el estado paralelo, para disque flexibilizar y hacer más eficiente la asignación de consultorías y no tener tantos controles.
No extraña que digan que doña Clara no supiera nada cuando llegó al MIVAH al final de la administración de OAS, pues en efecto NO sabía nada de nada del tema, así que no viene al caso citar una vez más que ella decía que no sabía nada.
La disputa sobre si las municipales tienen o no potestad para planificar el territorio de su jurisdicción es cosa juzgada: hay muchísimas resoluciones de la Sala Constitucional que reiteran la potestad del régimen municipal sobre su territorio. Eso no está en cuestión por parte de nadie, pero el Editorial insinúa que sí está en cuestión, pero de seguro no será por ignorancia...
De hecho el Plan GAM del 82 fue siempre un instrumento de aplicación REGIONAL y no local, y siempre se tuvo claro que un Plan Regulador Cantonal –Municipal- podría modificarlo y tenía potestad jurídica, legal, para hacerlo y definir sus parámetros a partir de la macro-planificación, el Plan GAM, si seguía el procedimiento establecido y el debido proceso.
No sabemos a qué viene o para qué se publica hoy ese Editorial que repite lo repetido por los mercaderes de IFAS.
Pero siempre queda la esperanza de que en manos de las actuales autoridades (lideradas por el propio Vicepresidente Piva) se logren al menos los acuerdos mínimos para que NO se ponga en peligro lo consolidado por la creación de las ZONAS ESPECIALES DE PROTECCION, el anillo 'verde' de 152 mil hectáreas alrededor de la actual ZONA DE CRECIMIENTO URBANO de 44 mil hectáreas. Sin el cual los especuladores inmobiliarios y los urbanizadores habrían hecho clavos de oro y el resto de los habitantes del país sufriríamos las consecuencias de tener todos los cerros alrededor de la GAM atestados de casas, casitas y casotas.
Y claro, siempre queda la esperanza de que a la vez se logre establecer un mínimo de normas de escala regional que permitan especificar los grandes ejes de desarrollo nacional/territorial, con sus nodos y corredores energéticos, biológicos, comerciales y estratégicos que definen un contorno que sirva de guía a los planes subregionales y locales (de escala cantonal) indispensables, no solo en la GAM sino en todas las regiones del país, en particular las zonas costeras y fronterizas.
