Riesgo de Desastres…

Cavilando en la hamaca:
...otro gran ausente en los programas de gobierno.

Siendo un país altamente sísmico, lindando con grandes placas tectónicas en inmensos procesos de subducción y un territorio lleno de innumerables fallas locales; localizados en un istmo en medio de dos grandes océanos y sus eventos hidro/meteorológicos, en particular, claro, la temporada de huracanes o... procesos como El Niño; afectados por la variabilidad climática anual y los procesos de erosión costera relacionados con las grandes corrientes y cambios marinos; con una latitud de tan solo 10 grados norte, con más de diez volcanes en la cordillera que atraviesa el país entero de noroeste a sureste, desde donde las lluvias torrenciales bajan raudas de las faldas volcánicas a pocas decenas de kilómetros de las llanuras costeras y sus inmensos humedales o planicies inundables… y demás… pues evidentemente es este un país donde el simple habitar/producir, en cualquier sitio, implica riesgo de desastres en grado sumo.

No obstante, y recordando que se vive en la segunda década del Siglo XXI, el habitar en forma segura y la tecnología de la construcción adecuada a las circunstancias geológicas, geográficas o meteorológicas, no es un problema irresoluble; al contrario, hoy se puede construir inmensos aeropuertos internacionales en islas artificiales o la estación espacial internacional.

En consecuencia, da pena cuando no rabia, que todavía no haya un plan nacional derivado de una política nacional relacionado con el riesgo de habitar y una estructuración institucional que supere, pero YA (mejor ayer) a la básica atención de emergencias (no digo ‘simple’ porque no es simple la respuesta a emergencias, sino normalmente ardua, difícil y hasta heroica).

Si hay por ahí algunos planes y propuestas generalistas de política, vinculadas con documentos centroamericanos que no se han instrumentalizado y menos aplicado; pero no se ha diseñado y construido ni la política, ni los planes, ni los instrumentos y menos la articulación institucional que tome en cuenta las condiciones de partida (resumidas en el primer párrafo) y los procesos ya centenarios de transformación humana de esas condiciones a escala nacional, dado que tenemos más de dos millones de habitantes en el valle central y otros tres dispersos por las llanuras costeras y las faldas volcánicas. Ni siquiera existe un plan nacional de comunidades en alto riesgo y los planes de gobierno no vislumbran el diseñarlo, realizarlo o implementarlo y financiarlo.

Los planes de gobierno no contemplan, ni discuten en profundidad y con mínima seriedad, esta realidad cotidiana vinculada con la prevención y la organización institucional requerida para orientar el proceso permanente de habitar y producir, con una perspectiva mínima de cuenca/cordillera y un enfoque ambiental/regional que comprenda y reduzca en sus diversas escalas el riesgo de desastre y en correspondencia, la emergencia, la rehabilitación y la reconstrucción cuando los eventos destructivos provocan daños y pérdidas de todo tipo.

Mientras tanto… la CNE sigue ahí recibiendo regañadas de la CGR y los partidos políticos, todos, sí TODOS… bien gracias.

Ausencias en los programas de gobierno

La política y la estructuración institucional del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos (SVAH) es uno de tantos temas ausentes, o cuasi ausentes, en los programas políticos (de todos, si TODOS, los partidos), lo que es gravísimo dado que es uno de los sectores más importantes en la política social en general y también por su inmen...so impacto en la economía, ya que tan solo en ‘bonos gratuitos’ se adjudican anualmente varias decenas de miles de millones de colones.

El sector incluye toda la política relativa a la vivienda, tanto la de sectores pobres o muy pobres como los sectores de ingreso medio, pero además afecta a decenas de miles de trabajadores de la construcción y empresarios de diversos tamaños, muchos de ellos medianos y pequeños. Pero además, el SVAH incluye por ley y dadas sus instituciones a toda la planificación urbana/regional y en general el ordenamiento territorial del país, incluyendo zonas costeras y fronterizas.

El sector vivienda no solo incluye dos entes (INVU-MIVHA que controla el BAHVI), incluye otro grupo, igualmente frondoso, de programas y secretarías o comisiones que surgen y desaparecen cada tantos años y viven como ‘moro sin señor’, con amplia dotación de fondos públicos.

Mientras tanto, se continúa sin un plan nacional de desarrollo urbano, que la Ley 4240 indica debe hacer el INVU desde los años 1960s, tan solo hay unos escasos planes reguladores que se cumplen poco o nada y el gran esfuerzo del Plan GAM-82 se hace viejito sin que se logre concretar un instrumento mínimamente adecuado, a un nivel técnico aceptable y conceptualmente serio, en lo que se avanzó, pero insuficientemente, en el último año.

A la vez crecen los tugurios por diversos lados, en particular en las provincias y cantones rurales más pobres (como Limón, Puntarenas y Guanacaste), pero también crecen las cuarterías, barrios pobres urbanos y los grandes guetos de pobreza que se crearon 25 años atrás y pasaron de ser precarios a ser proyectos y ahora se deterioran sin final: Los Cuadros, Los Guido, Tejarcillos, etc.

En esta maraña institucional y de un, también frondoso, ‘Estado Paralelo’ en este SVAH no hay salida sin un total re-diseño y re-construcción del sector completo, incluyendo lo financiero, las entidades autorizadas, las fundaciones, comisiones y cooperativas, a partir de las concepción de una Política Nacional, pensada para lograr el ordenamiento territorial y la planeación urbana regional, a la vez que invertir en un programa de construcción de viviendas para cada uno de los sectores de ingreso que lo requieren, no solo los que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. Pero con conocimiento que la inversión inmensa en vivienda implica un impacto enorme en el territorio que puede ser dirigido u orientado para marcar pautas claras en el uso del suelo nacional.

Una Política que utilice los fondos públicos, los del BAHVI y otros, como palanca, como brazo organizador y orientador del crecimiento urbano y genere inversiones habitacionales a la vez que externalidades en las regiones que los requieren, con amplia participación de los beneficiarios organizados y los pequeños y medianos empresarios locales, eliminando cualquier concentración o semi-monopolio, como los de hoy en unos pocos empresarios que hacen cajas de concreto.

Mientras algo así no se concrete, seguirá el uso clientelista de los fondos del BAHVI, que un año financian a los empresarios tugureros y otro a los proyectos de los candidatos a diputados, sin ton ni son, a la vez que la vieja institución del sector, la creada por una ley modernista e innovadora en 1954, el INVU, sigue decayendo y a los responsables del poder ejecutivo no les ocurre decir otra cosa más que "hay que reestructurarlo" una vez más, pues ya lleva como seis reestructuraciones en 25 años que no han sido mucho más que reducir su planilla.

Una ausencia tal en los planes de gobierno hará que quien resulte electo y los jerarcas o directores que designe se gasten el primer año indagando y tratando de hacer sin lograr comprender…

Chavismo vergonzante...

Han estado vinculados y alabando los inmensos logros de sus políticas, han ido a reuniones políticas con representación de sus máximos líderes y firmado acuerdos o documentos conjuntos donde se exaltan las bondades y la necesidad de impulsar políticas y acciones concretas similares a las que se expresan en los documentos denominados ‘bolivarianos’.

 Diantres  !!!

¿Por qué ahora, en plena campaña electoral, dicen que ya no, que es solo diplomacia o simplemente ‘ideas globales’, como la justicia y el bien común en general?

¿Cómo es que durante una década al menos han estado compartiendo y firmando documentos sobre las bondades de la estrategia chavista y sus medidas concretas como si fueran la salvación del mundo y ahora, cuando se los cuestiona (obviamente, como es normal en una campaña electoral), entonces ya no, son simplemente socialistas pero en el sentido de que les interesa lo social, como tantos otros en todo el planeta sin más? 

Si hay algo que he rechazo y por lo que he pagado caro (literalmente, por eso no soy adinerado) es por sostener que HAY que decir lo que se piensa, lo que son PRINCIPIOS BÁSICOS y las POSICIONES POLÍTICAS y especificar qué es lo que uno apoya y sostiene. 


Sin hacer piruetas para medio decir sin decir para no colorearse y perder apoyo o amigos.

La hipocresía y el esconderse en frases generalistas, para quedar bien, es simplemente deleznable. 

Sé que decir esto hará que les caiga mal muchos de mis mejores amigos, pero bueno, ya estoy acostumbrado a no caer bien por decir lo que pienso.

 

clientelismo electoral se resquebraja

El clientelismo partidista que ha sido la esencia de la estructura electoral del país por muchas décadas se ha ido destruyendo a sí mismo.

Las disputas en las elites partidarias y sus reiterados intentos de controlar las asambleas mediante triquiñuelas y compromisos múltiples, contradictorios e incumplibles, ha ido rompiendo el vínculo esencial: los nodos que estructuran la cadena, los ‘líderes posicionales’ que atienden las peticiones de sus clientes y las hacen llegar a sus superiores en la cadena.

Pequeñas cúpulas pretendidamente omnipotentes quitan o ponen, reparten o comprometen puestos y empleos, desconociendo los méritos hechos en los niveles intermedios o bajos de la estructura. Con el tiempo ser amigo o del grupo de ‘alguien’ de la cúpula se fue haciendo más importante que mover los votantes del barrio y conseguir los carros o ser ‘jefe de manzana’ y organizar los piquetes o salir con su gente a llenar los buses para ir a la plaza pública. 

La campaña televisiva y de otros medios, la pretendida omnipotencia de viejos caudillos (que fueron cayendo de su pedestal, por la corrupción excesiva y la confianza desmedida en su impunidad) fue cambiando el peso relativo de los dirigentes intermedios o líderes posicionales en la cadena clientelista, la estructura electoral que llevaba a los candidatos de síndicos a hipotecar sus casas para conseguir votos en su barrio. 

Ahí, en la base del síndico y regidor municipal, en la estructura electoral de ‘la distrital’ y ‘la cantonal’ se asentaban los votos seguros, los fijaban la línea base para pensar que un número predeterminado de puestos eran ‘elegibles’ en los concejos municipales  y la asamblea legislativa.  Todo ello, claro, adobado con la deuda política y los puestos de gobierno, juntas, embajadas o empleos de maestros, policías y las supernumerarias nóminas de las instituciones públicas.

El cambio de fechas en la votación para alcaldías y la correspondiente nacional y de diputados ayudó también a quebrar esta estructura: no hay que esforzarse demasiado para la nacional si lo que interesa es llegar a regidor o alcalde, no hay que pedir el voto para un diputado que no atiende las demandas desde la alcaldía, no hay que apoyar a una cúpula nacional que impone a un candidato a diputado que perdió en las distritales y cantonales.

Hay un proceso de redefinición de la estructura electoral, un deterioro de lo que ha sido por décadas  sin que se esté construyendo o ni siquiera diseñando otra distinta… mientras tanto las candidaturas siguen siendo a dedo o por negociaciones en las cúpulas, nombrando parientes o amigos cercanos e incondicionales, como si nada pasara.

 

Habrá en tales condiciones un aumento de la abstención y un ejecutivo débil con una asamblea legislativa partida en muchas partes.

La construcción de las nuevas comunidades

1.     Se impulsará el re-diseño y re-construcción del sector asentamientos humanos y vivienda por completo, desde el nivel superior de la rectoría del sector a partir de la concepción de una Política Nacional, pensada para lograr el ordenamiento territorial y la planeación urbana regional, a la vez que invertir en un programa de construcción de viviendas para cada uno de los sectores de ingreso, según lo requieran, no solo los que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, sino también generando procesos que impacten el conjunto de la sociedad e identifiquen diferencias de ingreso, región, clima, etnia, costumbres y capacidad de participación.

Esta política debe ser parte esencial de la política pública y la política social, es decir la política social, ambiental, de vivienda y asentamientos humanos articuladas, con impactos económicos conjuntos, no solo por la inversión estatal directa, sino por la regulación del mercado privado y de la política de tierras para uso urbano/residencial, incluida la zonificación y planificación del territorio que impacte el mercado de tierras en escalas medias, de municipio y micro-cuenca, lo mismo que en lo local y comunal.

Los fondos públicos como los del sistema nacional financiero la vivienda deben servir como determinante de procesos y tendencias en la ocupación de territorio, la generación de externalidades económicas y eje de la política nacional de ordenamiento territorial, trabajo/empleo y equilibrio económico regional.
 
Paralelamente se deberá hacer la promulgación de una Política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano/regional con una perspectiva de armonía sociedad/naturaleza que conlleva una propuesta de política nacional sobre reciclaje, disposición de residuos sólidos y líquidos, ahorro de energía y de recursos hídricos tanto en lo habitacional como en lo productivo asociado a lo habitacional –agrícola, comercial, turístico e industrial-.
 
La política sobre el territorio se ejecuta en diversos niveles de complejidad y escalas territoriales, siendo esencial la aprobación y puesta en práctica de un Plan Regional para la Gran Área Metropolitana de San José y las restantes regiones del país, pero de manera que estos planes tengan una continuidad a escala de subregión (en la perspectiva geográfica) y por cantón/municipio (en la perspectiva político-administrativa), donde las ciudades cabeceras de cantón  y los territorios de condición especial o propiedad del Estado tienen un rol económico y ambiental de largo plazo que son esenciales.
 

2.     La ejecución de una política nacional requiere de la reconstrucción del conjunto de la institucionalidad nacional en asentamientos humanos y vivienda, que responda en forma  dinámica y adaptada a las condiciones históricas, que permita la integración de los organismos  privados y las instituciones públicas con una estructura legislativa atinente, lo que incluye tanto el conjunto de instituciones públicas como ONGs, y empresas privadas involucradas en la temática, sean estas entidades autorizadas o cooperativas, organismos financieros, fundaciones, asociaciones o mutuales.
 
Como parte de la reconstrucción jurídica e institucional, un elemento esencial a tratar es la legalidad relativa y la falta de legalidad y ordenamiento en la tenencia de la tierra en muy diversas condiciones, para lo que se deberá disponer de la más alta tecnología disponible que permita instaurar un sistema de catastro y registro con procedimientos de legalización y normalización de la tenencia y posesión de terrenos y fincas con amplia participación de los municipios y comunidades organizadas. Ello tendrá como una externalidad esencial el mejoramiento de la capacidad financiera de los municipios y la más equitativa y expresa forma de contribución de los propietarios al municipio.
 
Se deberá reconstruir también el conjunto de la institucionalidad nacional especializada en la atención y desarrollo social, en particular aquella que se concentra en las familias de bajos ingresos, lo que incluye una revisión y reconstrucción de las tareas de institutos y fondos destinados a familias del nivel bajo de ingresos (o en condición de pobreza y pobreza extrema) en forma directa, pero también las instituciones sectoriales vinculadas con niñez, adultos mayores o equidad de género, que actúan en conjunto con organizaciones privadas y comunitarias en temas como promoción social.
 
En forma simultánea, además del enfoque sectorial, deberá organizarse en forma racional el ordenamiento institucional/jurídico del territorio, estableciendo los encuentros entre la actual división político administrativa nacional e institucional (provincias, cantones y distritos) con la estructuración geográfica (cuencas, costas, montañas) y productiva (industrial, pesquera, agrícola, turística, etc.).  Ello incluye la perspectiva del territorio nacional compuesto también y administrando los mares patrimoniales y territorios insulares. 


3.     La comunidad y la vivienda no son simplemente espacios, sino grupos humanos complejos, por lo que la Política Social debe tener un componente esencial dedicado a al hogar/comunidad. A su vez es importante considerar la diversidad de hogares. No hay una, sino muchas formas de formarlos de acuerdo a patrones demográficos, culturales y económicos. Existen muchísimos hogares jefeados por mujeres quienes asumen toda la responsabilidad del cuido y la crianza. Esto implica una condición especial no solo para el conjunto familiar sino para la mujer/jefa que debe ser atendido de forma prioritaria por la relación tendencial existente y probada de la condición de  pobreza (y pobreza extrema) con este tipo de familias; pero también hay otros hogares formados por jóvenes parejas sin hijos, unipersonales o ampliados, que incluyen parientes cercanos o familias extendidas: en esencia se parte de la idea que los hogares son muy diversos  y no responden a un solo patrón o estructura.
 
En consecuencia, como contraparte del diseño espacial se deberá fortalecer el reconocimiento de esta diversidad al interior de las comunidades y al impulsar las diversas formas de organización comunitaria, que incluye los comités locales (educación, salud, seguridad, deportes, recreación, cultura, juveniles, religiosos, tercera edad, sanidad/higiene), Asociaciones de Desarrollo Integral, representación vía síndicos distritales y regidores municipales, pero también organizaciones locales de servicios o productivas vinculadas con los acueductos y otros servicios sociales y comunales.  En este aspecto son esenciales las organizaciones vinculadas a las condiciones de seguridad comunitaria –como complemento de la seguridad institucionalizada- y el uso de tecnología para substituir sistemas de seguridad agresivos como rejas y alambres navajas.
 
Se deberá priorizar la generación de propuestas organizativas concretas para sectores que requieren especial atención, como aquellos concentrados en barrios paupérrimos, irregulares o de ocupación precario y bajísimos niveles de calidad de infraestructura o albergues altamente deteriorados o tugurios –y muchos de ellos son familias de mujeres/jefa-; pero también aquellos localizados en zonas de alto riesgo frente a desastres, en zonas de inundación, riesgo sísmico y otras formas de amenaza para las comunidades y las propiedades.   Esta prioridad se deberá aplicar en comunidades costeras y fronterizas así como aquellas que se encuentran en condiciones de tenencia precaria o informal en reservas y territorios protegidos o restringidos.
 
La seguridad es consustancial al ‘Bien Vivir’, y una de sus facetas corresponde al derecho de las comunidades a vivir sin "desastres”.  Los desastres no son naturales, son resultado de la falta de adaptación a las condiciones del medio, tanto ambiental como social; son indicadores de la ausencia de desarrollo. La construcción del riesgo, proceso que los determina, se configura en gran medida a nivel comunitario, pero aunque así no lo fuera, tiene consecuencias inmediatas y se concreta con daños y pérdidas a escala comunal. El inadecuado diseño y localización de las viviendas, la infraestructura, servicios colectivos y las actividades productivas, así como un débil tejido social, incrementan los niveles de riesgo comunitario ante los cambios y dinamismo del planeta lo mismo que las propias acciones humanas cotidianas.
 
La adecuación institucional tendrá como uno de sus ejes prioritarios la atención de sectores esenciales de máxima vulnerabilidad social y económica, pero a la vez susceptibles de generar condiciones que propicien la violencia y el conflicto social en diversidad de formas: desde grupos organizados para delinquir a barrios de alta concentración de grupos vinculados al crimen organizado y en particular una acción decidida para la integración y formación de la juventud en altísimo riesgo social u organizados en grupos juveniles en condiciones de riesgo.

 

4.     El diseño ambiental sustentable o bioclimático pasa también por la determinación clara del tipo de espacio físico que se requiere, lo que implica no solo los diseños apropiados a las condiciones locales y climáticas, sino también al desarrollo de los hogares en el tiempo y su integración social; pero, por otra parte integrados a la producción de materiales de construcción que sean cada vez más amigables con el ambiente y  produzcan economías de escala, a la vez que reduzcan la contaminación. En consecuencia será parte esencial de la construcción de las ‘nuevas comunidades’ la promoción de formas constructivas y materiales a partir de criterios sustentables y bioclimáticos, con uso de materiales como el bambú o la madera cultivada y el uso de materiales reciclados más allá de los materiales o diseños convencionales  y tradicionales que pueden ser muy contaminantes y onerosos en términos ambientales.
 
Se deberán diseñar y poner en marcha las estructuras institucionales para la disposición de desechos líquidos para tratar nuestras ciudades y cabeceras cantonales, que transformen las condiciones prevalecientes para miles de familias que todavía utilizan tanques sépticos y pozos negros, pero a la vez, aquellas urbanizaciones, residenciales y barrios sin plantas de tratamiento (o plantas inservibles e inadecuadas) y construidos con redes de cloacas que no tienen como complemento las redes de colectores de escala intermedia ni mucho menos las instalaciones que permitan separar los líquidos de los sólidos (plásticos y basura del use/y/bote), o procesar las enormes cantidades de líquidos residuales, tanto las llamadas ‘aguas negras’ como las ‘jabonosas’, o incluso las pluviales, la que llegará finalmente a las acequias y los ríos.
 
Siendo las acequias y los ríos los principales depósitos y colectores de desechos líquidos contaminados con toneladas de desechos sólidos (residenciales, industriales e institucionales), no es extraño que las cloacas o los sistemas de colectores de mayor escala se atasquen a lo largo de los meses secos, y como consecuencia, no tengan capacidad de funcionamiento para la época de lluvias.  Se requiere, por lo tanto, no solo un rediseño jurídico, sino también institucional que permite localizar fondos y sumar energías (públicas y privadas) para el diseño, construcción y mantenimiento de todo ese sistema de disposición de residuos y protección del recurso hídrico, en particular nuestra red de ríos y acequias (que hay que limpiar y sanear), más las aguas subterráneas y los depósitos de las que dependerán las generaciones futuras.
 
El uso excesivo e impropio de zonas de riesgo destruye el medio natural y termina por destruir las viviendas y  la vida humana, pero a la vez, la densificación y actitud depredadora de los seres humanos tiende a crear nuevos riesgos producto exclusivo de su actuar, más allá de las condiciones del medio natural.  La grave situación impone la inmediata puesta en marcha de un Plan Integral para el Desarrollo Sostenible, unido a una estrategia de Desarrollo Ambiental Comunitario que permitan evitar nuevas tragedias en el período de lluvias e inicie el proceso definitivo de recuperación de zonas peligrosas y de rehabilitación de los tugurios estatales, y en general las áreas y condiciones de riesgo antrópico, industrial o climático o sísmico, pero a la vez impulsar los diseños habitacionales y urbanos en armonía con las condiciones y ciclos naturales según su localización y dinámica climática y de la geografía regional.
 

5.     En lo relativo al diseño espacial físico, como parte del reordenamiento integral (político institucional y territorial) del país, es esencial la determinación de que la ciudad de San José (capital, centro estratégico político/económico y mayor ciudad del país), se deberá renovar como ciudad, pero no solo un poco de inversión que mejore los parques, y las vías peatonales, lo que es necesario pero es insuficiente. Se requiere una reinvención de la estructura social/económica que incida a su vez en el uso del espacio con una expresa orientación que revierta las tendencias depredadoras y deshumanizadoras.
 
La re-invención urbana de San José, debe ser una re-invención social, un cambio en la ocupación de manera que se noten mucho más abundantemente los sectores de ingreso medio, pero para ello hay que volver a crearlos, hay que generar los empleos bien pagados y los ingresos para esas personas y reducir sustancialmente la pobreza. La regulación de las ventas y el comercio informal no es simplemente un tema de seguridad, sino de desarrollo social que no se resuelve con nuevos mercaditos ya que nuevos vendedores surgen todos los días cuando no hay otras formas de empleo suficientemente remuneradas y hay alta concentración de población y hogares en extrema pobreza en los barrios de la ciudad.
 
A escala regional, la Gran Área Metropolitana de San José (GAM) debe ser un marco inmediato de organización territorial, ya que no solo cubre prácticamente todo el valle inter montano central, sino que reúne cuatro cabeceras de provincia en un proceso de conurbación sostenido; pero además porque no tienen una readecuación integral de sus instrumentos de ordenamiento después de varias décadas, lo que es indispensable resolver utilizando información actualizada e instrumentos técnicos apropiados y acordes con las tecnologías y metodologías científicas idóneas.  La elaboración de un plan de ordenamiento territorial para la GAM deberá, sin embargo, responder a los lineamientos de escala nacional que no existen, por lo que la primera prioridad es la determinación de esa estrategia nacional de ordenamiento territorial con base en principios de desarrollo sostenible y que tenga presente la diversidad de escalas.
 
El ordenamiento territorial a escala nacional requiere de diseñar un sistema completo de transportes (de personas y carga) acorde con las decisiones sobre los principales corredores comerciales y logísticos de escala nacional, así como una reorganización total del transporte público que permita diariamente a decenas de miles de personas ir de oeste a este, al menos, sin tener que atascarse en el centro. Se deberá enfatizar lo colectivo y el uso de energías limpias, así como las decisiones sobre grandes ejes de circulación centroamericano e interoceánico. El transporte colectivo de calidad y amigable con el ambiente debe ir sustituyendo en forma acelerada al privado/individual basado en combustible fósil y permitirle el acceso a los residentes de las más diversas comunidades, desde las fronterizas a las de más bajo ingreso en la capital; desde los barrios residenciales y condominios de alto ingreso a las urbanizaciones y residenciales de sectores medios suburbanos.
 
A la escala local se deberá alcanzar un diseño/construcción de las  comunidades, poblados y barriadas urbanas que incluya los mínimos y dignos niveles de infraestructura para la seguridad de peatones y ciclistas pero en particular de las personas que requieren condiciones particulares como los adultos mayores y las personas con alguna discapacidad (aceras, ciclo vías, rampas, indicadores sónicos,  etc.). La infraestructura comunal deberá diseñarse y construirse de manera que cumpla con la legislación vigente en términos de la población diversa, pero a la vez con las previsiones en términos de recreación y desarrollo cultural, condiciones esenciales de salud, higiene y sanidad, incluyendo la presencia de parques y zonas verdes seguras.
 
Comunidades en alto riesgo y comunidades localizadas en territorios con condición legal particular deben regularizarse y atenderse respetando sus derechos ancestrales y sus propias características étnicas y culturales, así como laborales y tradicionales propias de su región e historia local.  Se incluyen en ellas las comunidades de zonas fronterizas y zonas costeras, tanto las de islas como las localizadas en la zona marítimo-terrestre y en las márgenes o dentro de zonas protegidas, zonas de propiedad estatal o parques nacionales.
 
En particular los territorios de la de las comunidades indígenas que han sido legalmente asignados a las poblaciones originarias, por la Ley Indígena, son un caso que requiere la más inmediata e intensa atención de manera que se respeten sus tradiciones y el control de sus organizaciones de base sobre sus propiedades.  El grave problema de invasión de tierras por parte de no-indígenas  (lo que es un problema muy amplio y muy antiguo) debe atenderse con urgencia en vez de invisibilizarlo o tratarlo desde una perspectiva de racialización territorial, como hasta ahora.
 
Pero además, la perspectiva desde los pueblos originarios y la relación humanidad/naturaleza que surge del imaginario de estos pueblos y nuestros pueblos todos: Cabécares, Bribris, Ngäbe, Térrabas, Borucas, Huetares, Malekus, Chorotegas, etc., es consustancial con la perspectiva del ‘Bien Vivir’ y debe servir de guía para orientar el futuro, tanto de las comunidades indígenas como del resto de los habitantes.

 

-Oct 2012-
propuesto para discusión a "Vía Costarricense".

 

 

 

El GAM y La Nación...

El Editorial de La Nación –de hoy- asume que en el MIVAH sigue todavía la ministra que renunció el año pasado, no se dan por enterados que el ministro es otra persona.

Será que redactaron ese editorial en noviembre del 2012 y hasta ahora lo publican…

Repite el editorial que no se sabe por qué se habría creado una oficina semi-autónoma y se evitó que el dinero de los europeos (10 millones de euros donados a Costa Rica) entrara a una institución (el viejo timo del ‘estado paralelo’ como todos sabemos) y ahora repiten los que sacaron al INVU del proceso (por órdenes directas del Presidente Rodríguez y su Ministro Méndez Mata, debe decirse claro) que no entienden por qué el INVU se ‘abstuvo de participar’, cuando lo que sucedió es que los gobiernos de Rodríguez, Pacheco y Arias no querían controles en el uso del dinero, para así poder contratar o gastar la plata en sus ocurrencias como la peatonal –de JAM- o el diseño del centro cívico –de OAS- y demás, todo lo cual NO estaba contemplado en la donación inicial, que era para desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano según que había ordenado desde los años 60s la Ley #4240 y no se había podido hacer por falta de fondos...

Pero los fondos donados llegaron cuando los gobierno estaban por la privatización, la desregulación a ultranza y el uso de dineros públicos vía el estado paralelo, para disque flexibilizar y hacer más eficiente la asignación de consultorías y no tener tantos controles.

No extraña que digan que doña Clara no supiera nada cuando llegó al MIVAH al final de la administración de OAS, pues en efecto NO sabía nada de nada del tema, así que no viene al caso citar una vez más que ella decía que no sabía nada.

La disputa sobre si las municipales tienen o no potestad para planificar el territorio de su jurisdicción es cosa juzgada: hay muchísimas resoluciones de la Sala Constitucional que reiteran la potestad del régimen municipal sobre su territorio. Eso no está en cuestión por parte de nadie, pero el Editorial insinúa que sí está en cuestión, pero de seguro no será por ignorancia...

De hecho el Plan GAM del 82 fue siempre un instrumento de aplicación REGIONAL y no local, y siempre se tuvo claro que un Plan Regulador Cantonal –Municipal- podría modificarlo y tenía potestad jurídica, legal, para hacerlo y definir sus parámetros a partir de la macro-planificación, el Plan GAM, si seguía el procedimiento establecido y el debido proceso.

No sabemos a qué viene o para qué se publica hoy ese Editorial que repite lo repetido por los mercaderes de IFAS.

Pero siempre queda la esperanza de que en manos de las actuales autoridades (lideradas por el propio Vicepresidente Piva) se logren al menos los acuerdos mínimos para que NO se ponga en peligro lo consolidado por la creación de las ZONAS ESPECIALES DE PROTECCION, el anillo 'verde' de 152 mil hectáreas alrededor de la actual ZONA DE CRECIMIENTO URBANO de 44 mil hectáreas. Sin el cual los especuladores inmobiliarios y los urbanizadores habrían hecho clavos de oro y el resto de los habitantes del país sufriríamos las consecuencias de tener todos los cerros alrededor de la GAM atestados de casas, casitas y casotas.

Y claro, siempre queda la esperanza de que a la vez se logre establecer un mínimo de normas de escala regional que permitan especificar los grandes ejes de desarrollo nacional/territorial, con sus nodos y corredores energéticos, biológicos, comerciales y estratégicos que definen un contorno que sirva de guía a los planes subregionales y locales (de escala cantonal) indispensables, no solo en la GAM sino en todas las regiones del país, en particular las zonas costeras y fronterizas.

Desastres, Riesgo y Cambio Climático

Poco más de 20 años atrás se inició en todo el continente – básicamente un grupo pequeño de profesionales de diversas disciplinas- con el reto de superar la idea de que los desastres eran ‘naturales’ y también superar una perspectiva centrada en la emergencia y su atención,  para platear como se desarrollaban procesos complejos de construcción social del riesgo.  Procesos que incluyen una gran diversidad de amenazas (incluidas las relacionadas con eventos naturales) que actúan simultáneamente y en muchos casos articuladas y mutuamente condicionadas. 

Se cuestionó la forma en que la humanidad había llegado a concebir su relación con el resto de la naturaleza y específicamente como, durante los últimos siglos, el impulso del criterio de la ganancia (o la supervivencia en extremo) tenía como elemento definitorio una aproximación depredadora, contaminante y despilfarradora, así como consumista,  sin tomar en cuenta las consecuencias sobre los procesos de la tierra y la biodiversidad.

Años después, los estudios relacionados con el ambiente y el clima introdujeron, aparte de la diversidad climática y los estudios sobre los modificaciones estacionales (o de fenómenos como el ENOS), el tema del ‘cambio climático’ inducido por la acción contaminante y depredadora de origen humano que, eventualmente –según modelos sobre futuras consecuencias- también sería un aspecto esencial en la ocurrencia de eventos climáticos que inducirían la ocurrencia de desastres.  Esto claro, siempre en función de los procesos sociales de construcción de riesgo, en este caso de riesgo vinculado con las consecuencias eventuales del cambio climático en proceso.  Así, las acciones que modificaran las tendencias depredadoras en general y las acciones sociales constructoras del riesgo de desastres deberían incluir, como un elemento importante a considerar en cada caso, las posibles consecuencias de la incidencia que podría tener el cambio climático, según los modelos que se diseñaron a propósito.

Las políticas, planes, programas y tareas diseñadas para la reducción del riesgo de desastres deberían incluir una área, todavía no bien conocida y más bien en perspectiva de futuro, que buscaba analizar y paliar sus consecuencias agravantes de procesos de conformación de riesgos de desastres de muy diversos orígenes, incluidos los vinculados con la variabilidad climática y las conocidas y muy estudiadas modificaciones estacionales que ya, desde muchas décadas atrás, eran parte de las acciones hacia la reducción o mitigación de los desastres, en particular aquellos de alto impacto y fuerza destructiva a los que se vinculaban inmensas pérdidas anuales, tanto humanas como económicas.  Así se llegó a la conclusión de que los desastres no eran obstáculos para el desarrollo, sino más bien, una realización de la falta de desarrollo o la preminencia del crecimiento económico sin tomar en cuenta elementos esenciales del desarrollo humano y sus impactos en la naturaleza, sin percatarse de las consecuencias de la contaminación y depredación extrema.

Este proceso, el de la concepción del riesgo de desastres como un proceso complejo, social y relacionado con múltiples formas de amenaza, sin embargo, es poco conocido a pesar de las múltiples publicaciones, artículos y libros, redes de discusión o foros, conferencias y declaraciones múltiples producto de encuentros, cursos y posgrados que se realizan en todo el planeta permanentemente desde hace al menos tres décadas.

Con la amplia divulgación y financiamiento relacionado con el fenómeno denominado 'Cambio Climático' (CC), como tema esencial de la vida y la política contemporánea, se centra la acción de múltiples grupos, organizaciones y expertos o ‘gurús’ en lo que se asume serían impactos posibles del CC y se empieza a atribuir al CC y confundir con impactos del CC una gran diversidad de procesos de conformación de riesgos de desastres vinculados con fenómenos naturales asociados al clima (tormentas, huracanes, ENOS, etc.) y se llega al extremo de confundir políticas y planes o programas de reducción de riesgo, con los relativos a la adaptación necesaria a los impactos proyectados del CC, al margen de que este pudiera evitarse progresivamente mediante cambios en las acciones humanas que, en primer término, serían las que provocan su surgimiento y consolidación.

En años más recientes es muy común que todo el tema de desastres se intente reducir a las percepciones, reales o fantásticas del 'Cambio Climático', sin que muchos se tomen la tarea de determinar en detalle cuáles son los hallazgos y las condiciones precisas encontradas o proyectadas del CC para las próximas décadas o siglos, y diferenciarlas de las múltiples, variopintas y harto divulgadas 'leyendas urbanas' sobre el CC.  De hecho es normal que en foros y grupos se comente sin ambages y por igual, como si fueran lo mismo, temas de lo relativo al clima en general y (lo que debería ser particular) de (las proyecciones) sobre consecuencias del CC.

No se trata de un problema teórico o abstracto, sino de una falta de profundidad y precisión en el análisis de procesos, un reduccionismo del todo a una parte, como 20 años atrás se tenía en relación con los desastres y la emergencia, haciendo caso omiso del riesgo.

Camelia La Bandida

Camelia La Bandida, el ‘temblor de tierra’, movía sus caderas de manera furiosa, como la 'sabinera' que derretía el hielo de los tragos. Trabajaba, la casi adolescente mulata, en una vieja casona de madera, grande y esquinera, localizada en el Alto de Guadalupe, sobre la calle principal de Ipís, donde ahora hay una iglesia misionera de alguna secta de barrio con algún nombre como Redención, o Sanidad Divina, o Manantial de Vida.

Era el final de los años sesentas y con mis compañeros de colegio asistimos una noche de invierno al espectáculo, atraídos por nuestra también furiosa adolescencia y la recomendación de los más osados, que la habían descubierto.

Bailaba desnuda y se movía por entre las mesas manchadas y con manteles de papel, en una semi oscuridad húmeda. Sonreía pícara entre el humo de cigarrillos, los aplausos y los gritos de los parroquianos, particularmente los mayores, que elevaban sus tragos y gritaban alabanzas a esa, la negrita del día que no se podía tocar, mientras los colegiales casi guardábamos prudente silencio. Era electrizante y penetraba con la enorme fuerza de sus negros ojazos las pupilas deslumbradas y dilatadas de sus devotos y lo sigue haciendo después de más de cuatro décadas.

BIEN VIVIR: una noción con dos raíces

No siempre diversidad de culturas y de historias implica diferencias profundas en concepciones y principios, no siempre se conocen las raíces que procesos históricos de larga data han tenido o cómo categorías distintas se parecen en su esencia. Muchas veces las raíces del mundo europeo y su legado histórico se contraponen como irreconciliables con las nociones originarias de otras culturas, y en particular de la cultura prehispánica de nuestro continente. Muchas veces la trayectoria de nociones esenciales nos lleva llamar de distinta manera ideas esencialmente afines y en pocas ocasiones nos encontramos que nociones equivalentes, con orígenes e historias muy distintas, han tenido también contenidos muy similares o casi idénticos.

Bien Vivir es una categoría de la que se puede sostener que tiene una raíz europea muy antigua, pues se le atribuye ni más ni menos que a Aristóteles. Bien vivir es “eudaimonía”: buen (“eu”) “daimon”, buen hacer y saber, la felicidad que es la máxima aspiración humana que se confunde con la virtud, es estar contentos, dichosos, llevar una vida agradable vida noble y mesurada.

Pero por otra parte el Bien Vivir también tiene profundas raíces en diversos pueblos originarios del continente, aparece con distintos lenguajes en los planteos esenciales de variados pueblos prehispánicos, que aspiraban a un bienestar que no sería simplemente el económico. Los pueblos Aymara aspiraban a ser qamiris (personas que viven bien), los Quechuas anhelaban ser un qhapaj (gente que vive bien), los Guaraníes buscaban ser personas en armonía con la naturaleza, es decir que espera algun día ser iyambae.

Bien Vivir es una condición dónde los seres humanos en comunidades se proponen apoyarse y alcanzar como colectivo el bienestar en un sentido amplio, que incluye las condiciones básicas materiales, pero que busca un horizonte mucho más integral, que busca la felicidad humana en armonía con la naturaleza a lo largo del tiempo.

De diagnósticos y propuestas

Es ya bastante común leer o escuchar, en muy diversos medios, que lo que se requiere no son diagnósticos (ni estudios, ni consultorías) sino más bien, propuestas; que no hay que estar diciendo qué está mal, o qué es inadecuado; que no hay que estar identificando los problemas porque eso es ser ‘parte del problema’, sino que lo que hay que plantear es soluciones, opciones, formas alternativas de lograr objetivos que beneficien a todos y ponerse a caminar para ser parte de la solución y no del problema.

Eso se lee muchas veces en los mensajes u opiniones y comentarios de las ‘redes sociales’ o de los diarios electrónicos, pero también entre los diputados y los anuncios electorales. Es una común respuesta desde los defensores de oficio de los gobiernos frente a cualquier señalamiento crítico en cualquier campo, ya sea en relación con obras públicas, proyectos fallidos o en relación la propia información oficial.

Se ha dicho incluso que ya están hechos los diagnósticos, que son muy buenos y que  no se requiere hacer más, sino más bien que lo adecuado es aplicar sus recomendaciones, las que sin embargo, no se ejecutan y nadie diagnóstica por qué eso sucede, pues se limitan a la trillada frase: ‘falta voluntad política’. Pero más allá de si la política es un asunto de simple voluntad, que por supuesto no lo es de ninguna manera, es asombroso el simplismo de las frases altisonantes y a la vez bidimensionales, de escoger blanco o negro, de “respóndame sí o no”, las que también se prefieren entre muchos entrevistadores/periodistas que pretenden con ello ser muy ‘avispaos’ y puntillosos.

Y la gente aplaude muchas veces aunque no tenga idea de qué significa lo que le están diciendo.

Es absolutamente falso que ya estén hechos todos los diagnósticos que se requieren, de hecho lo real es, muy al contrario, que hay muy pocos diagnósticos profundos, serios y metodológicamente adecuados. Es común,  más bien, encontrarse documentos llenos de citas o copias de otros diagnósticos y hasta copias de documentos hechos para otros países. Pero además, hay muchos análisis hechos con instrumentos que requieren datos de una escala que no existe en el país, o que exigen una precisión, o una complejidad que no se encuentra en toda la región, no es un problema nacional.  Es en realidad un problema más general, el de inadecuación entre disponibilidad de materia prima informativa y las exigencias de los instrumentos, lo que genera sesgos de todo tipo, ambigüedad y faltantes de información esencial que no está disponible, es obsoleta o ni siquiera corresponde con su membrete pues se construyen indicadores con temas de moda y datos que no expresan lo que se esperaría, como aquellos que indican ‘riesgo’ y cruzan pendientes con tipo de tierra o algo parecido, sin más; y luego claro, se hace un mapa de ‘riesgo con zonas verdes, amarillas o rojas y nadie sabe qué el membrete ‘riesgo’ no está ahí representado del todo.

En general el manejo de los datos de base y el origen de la información inicial es poco eficiente y poco seguro, y muchas veces se utiliza información sin identificar quién y en qué circunstancias la construyó. Es común no tener información sobre cómo se construyen los instrumentos que recogen la información –boletas, formularios, etc.-, y cómo se hacen las muestras, o cómo se seleccionan y las fuentes de información, así como de qué forma y con qué procedimientos y qué técnicas se ordenan, sistematizan y construyen los datos acumulados, los indicadores, las variables analíticas, etc.  Y claro, en muchas ocasiones, cuando se pregunta sobre ello, los hallazgos son ciertamente lamentables, pues hay muy poca rigurosidad en el proceso de producción de la información de base, sobre la cuál se construye todo un edificio interpretativo y se diseñan portadas de diarios, claro.

Son especialmente lamentables algunos resultados de consultorías, por ejemplo en temas de ordenamiento territorial y ambiental, dónde se repiten datos de censos antiguos y se hace caso omiso de la dinámica demográfica de las últimas décadas, pero se pretende que con ellos se pueda proyectar lo que debería hacerse en los próximos 25 años. Pero también lo son las interpretaciones de datos sueltos inarticulados o de porcentajes obtenidos de muestras inadecuadas o pequeñísimas y estadísticamente no utilizables, etc.

Un análisis detallado de todos los problemas técnicos, metodológicos  y de procedimiento en la base de muchos de los diagnósticos ocuparía muchísimo espacio y los académicos lidian todo el tiempo con este tipo de problema en la revisión de trabajos de graduación y tesis, así como en el análisis de textos que se discuten en las distintas unidades.

Pero el punto central es que NO ES CIERTO que ya se tengan suficientes y muy buenos diagnósticos para la gran diversidad de temas y procesos que se consideran críticos en el desarrollo del país.

No obstante, un problema esencial, adicional, que no se tiene en cuenta es: el que decir que ya hay que pasar ‘del diagnóstico a la propuesta’ hace caso omiso también del hecho de que el principal punto de cualquier propuesta es precisamente una apropiada, correcta y certera determinación del problema. Plantear bien un problema NO es ser parte del problema, sino un elemento ESENCIAL de la posibilidad de encontrar soluciones. Establecer con claridad y certeza el problema es parte de la solución. Al contrario, plantear inadecuadamente un problema, inexorablemente llevará a propuestas de solución erróneas o inadecuadas, que quizás atienden aspectos que no son la esencia del problema pues ese ha sido inadecuadamente diagnosticado.

Pero más allá de estas dos iniciales observaciones, lo más importante es que en temas relativos a lo social y lo político, y por tanto en temas relativos a propuestas políticas no se puede partir con simplezas como que todos quieren el bien de todos, o que todos tienen que unirse en una sola dirección y que todos tienen los mismos objetivos, que deben ser superiores a los intereses individuales o de sectores.  Partir de supuestos ‘buenos deseos’ o declaraciones de buena voluntad (más allá de si son o no creíbles) es el peor diagnóstico posible, es necesario partir de las condiciones concretas de existencia social/política.

Negar esas diferencias reales y tratar de hacer caso omiso de ellas a lo largo de la historia humana, es precisamente un mal diagnóstico. Pretender que no existen esos diferentes intereses y percepciones o valores y principios, así como creencias es un error inicial gravísimo, igual el intentar que todos podemos ponernos de acuerdo en ir en una sola dirección haciendo caso omiso, otra vez, de la enorme diversidad y percepciones reales que nos condicionan (para no mencionar los ‘intereses’ reales que están ahí conformando las percepciones de cada sector social, o territorial, o étnico/cultural.  De hecho, la negación de partida de las diferencias esenciales hace que un mal diagnóstico inicial lleve la incapacidad de obtener propuestas. Unas que en vez de olvidar, expresen con claridad cuáles son esas diferencias y encuentren los puntos en que se pueden coincidir (aunque sea en forma precaria y cuáles podrían ser acuerdos de largo plazo) y aquellos en que no se puede, pero que no impiden trabajar en buscarles solución en la diversidad, tanto como en los que sí se coincidan.

Las soluciones simplistas de las frases agradables pueden satisfacer a quienes quieren escuchar salidas optimistas, pero no llevan a ninguna solución comprehensiva.  Es necesario iniciar por cuestionar los diagnósticos y las metodologías seguidas para realizarlos, o plantear nuevos diagnósticos con metodologías rigurosas que lleven a propuestas de solución multidimensionales, no simplemente a aquellas cuantitativas o estáticas; pero tampoco sobredimensionadas en aspectos de moda como lo ambiental, o lo tecnológico, como suele suceder en los últimos años con nociones como ‘cambio climático’ que ahora se utiliza hasta para ‘explicar’ cualquier alcantarilla que se desborde. 

No se debe partir de ignorar la propia historia y los avances disímiles de las distintas disciplinas científicas, no se puede pretender que los geólogos resuelvan los problemas de la medicina, ni que los médicos resuelvan los problemas de ingeniería estructural, ni que los sociólogos determinen como mejorar los tiempos de nuestros atletas. Pero tampoco pretender que los temas políticos son exclusivos de los politólogos, o que la gente común no tenga nada que decir de ninguna cosa por no ser expertos en nada.  La metodología para la elaboración de diagnósticos certeros no puede tirar por la borda los alcances de la ciencia, en particular aquellos de la ciencia social, pero tampoco el hecho de que los habitantes en general, de todos los niveles, sectores y territorios tienen su propia percepción que se debe escuchar.

No se puede asumir que todos tenemos la mejor disposición a buscar ‘lo mejor para todos’ dejando de lado aspectos esenciales del proceso de cómo se genera una percepción individual y colectiva de la propia realidad y de la forma en que se produce esa percepción, pero más aún de las condiciones concretas y la organización  política específica en las que se construyen esas percepciones. 

Dicho lo anterior, y con ello en cuenta, pensaremos en propuestas sin asumir que ya están los diagnósticos ni que todos queremos lo mejor para la patria y con la certeza que un buen diagnóstico (incluso uno de esas diferencias) es el primer paso de la propuesta.

El Bosque Urbano y Verdes las Comunidades

·       La construcción de la ciudad  y comunidad sustentable pasa por una redefinición del sentido esencial del vivir en comunidad, de la noción de vecindad y la organización tanto de espacios abiertos como de espacios habitables, en función de construir una calidad de vida digna, saludable y segura para las familias y los habitantes, contemplando las diferencias esenciales que incluyen no solo género y edad, sino también ocupaciones y relaciones esenciales de la cotidianeidad, como la relación residencia/trabajo o la relación residencia/servicios básicos (educación, salud, recreación, gobierno, etc.).

·       Vivir en comunidad/vecindad implica poner al ser humano como eje  y esencia de toda acción, pero no en forma simplista como individuo, sino como el ser gregario que es desde hace 40 mil años, como sociedad humana que es parte del conjunto de la naturaleza y trasciende la vida del individuo porque se proyecta en el tiempo como especie, a lo largo de generaciones, como humanidad, y por tanto como parte del conjunto natural, del resto de la naturaleza: la geológica y la biológica, sin la cual desaparece también irremediablemente.

·       Esa vida comunitaria requiere, después de esos 40 mil años, que se construyan espacios habitables y espacios abiertos para el directo disfrute de las comunidades en condiciones muy distintas de aquellos primitivos albergues que se iniciaron en el neolítico, aunque lamentablemente, amplios porcentajes de la humanidad, en todo el planeta, todavía se ven forzados a vivir en albergues neolíticos y carecen de las condiciones mínimas de salud, higiene, seguridad y comodidad,   De hecho más de 1 de cada 10 habitantes en Costa Rica vive en esas condiciones y carece de una vivienda digna mínima.  Además de esos espacios habitables es esencial identificar su entorno inmediato, los territorios de apoyo y los grandes espacios no habitables, de hecho no utilizables en lo inmediato y que tienen como función el sostener las posibilidades de vida, la supervivencia del planeta y lo que existe más allá de este.  

·       Más allá de la población que todavía habita albergues y condiciones de entorno típicas del neolítico, amplios sectores de la población tampoco alcanzan niveles de Calidad de Vida digna/saludable/segura, incluyendo la vivienda y los servicios mínimos, pero además la enorme inversión estatal en esa dirección tiende a desperdiciarse construyendo albergues que carecen de elementos esenciales, incluyendo muchos relativos a la seguridad por lo que  las familias denominadas ‘beneficiarias’ se mantienen en condiciones de alto riesgo desde el momento en que reciben sus nuevos albergues o viviendas mínimas de proyectos estatales o privados con fondos estatales.  Todo lo cual, la carencia y el desperdicio, implica complicar más las condiciones deficitarias del entorno inmediato (como servicios educativos y de salud o seguridad pública) y también aquellos relacionados con las infraestructuras sanitarias (desechos sólidos y líquidos, etc.) o de transporte y abastecimiento, todos los cuales implican escalas financieras y territoriales que superan con mucho la escala pequeña de la comunidad y el poblado o barrio urbano. 

·       La comunidad por supuesto NO es homogénea, y menos aún la escala local (distrital/municipal) sino que se estructura con una gran heterogeneidad de grupos a su vez diversos, pero que se identifican por factores como nivel de ingreso, etnia, nacionalidad, etc. Hay por tanto una natural amplia diversidad/diferencias entre los vecinos en las comunidades, pero también diversidad y diferencias entre barrios  y entre comunidades. Todo lo cual se repite en sucesivas escalas: hay segregación y diversidad entre zonas, regiones y entre países. Ello implica que no basta con una percepción estadística general pero tampoco en una propuesta resolutiva de escala comunitaria, pues es necesaria la articulación funcional y eficiente de las acciones a lo largo de toda la escala, de lo comunal a lo nacional.  

·       El análisis de las relaciones de cotidianeidad: residencia/trabajo, residencia/servicios muestra esta múltiple diversidad articulada por redes de comunicación, desplazamientos y transporte (de grupos, personas y bienes) con distintas características, es decir no simplemente cantidades en, por ejemplo, miles de vehículos o decenas de miles de personas. La valoración simplista cuantitativa deja de lado la enorme diversidad, y si se centra en lo humano (producción, habitación, recreación, etc.) deja de lado el resto de la naturaleza que también se desplaza en sus propias y particulares relaciones de cotidianeidad y supervivencia. 

·       A lo largo de la historia humana, y al menos –otra vez- desde el neolítico estos temas se han tratado con variadas formas de Planificación y Ordenamiento, tanto del territorio como de los grupos humanos, organizando desde tipos de trabajo u ocupaciones en los grupos humanos, como tipos de uso en los territorios en todas las escalas.  Ejemplos de eso, durante el último siglo se encuentran en documentos y propuestas como: La Carta de Atenas, planteo del ‘zoning’ o las ‘new towns’ de la posguerra y las nociones de  ‘ciudad jardín’ que vinculadas con las corrientes de la arquitectura funcional e internacional dominaron la forma de la ciudad durante todo el Siglo XX.  

·       Frente a ellos la versión crítica que se encuentra en documento como la “carta de Machu Pichu” que enfatiza la dinámica y la interacción en el territorio, la temática ambiental y de riesgos, en vez de quedarse en una zonificación estática y que separa usos en áreas distintas, sigue siendo todavía una versión crítica, sin llegar a concretarse en realidades como propuestas dirigidas, aunque es obvia, en las acciones cotidianas con el paso del tiempo aún en aquellas ciudades más planificadas.  En Costa Rica, documentos como el manual del Invu como guía viable de ordenamiento que incluye lo ambiental supera instrumentos también vigentes y cargados de ignorancia, como la que impone un ‘Índice de fragilidad ambiental’, que como ideal de zonificación estática hace caso omiso de todo lo social/histórico (o sea de los seres humanos y las comunidades). 

·       Bosque Urbano como noción pretende articular precisamente lo ambiental y lo social en la escala de la ciudad, pero solo tiene sentido si se parte de la escala de la comunidad, como esencia de la calidad de vida humana, recuperación de la noción de ‘Green Cities’ en las comunidades, barrios  y poblados rurales: la escala pequeña y la escala local del territorio. La arquitectura entonces se articula con el diseño de un espacio habitable, urbano o rural, que también articule las escalas que van de la comunidad a la región, atendiendo en cada caso las demandas y requerimientos tanto productivos como de intercambio, no solo los puramente habitacionales o recreativos.  

·       Pero el criterio esencial de la planificación regional o de un plan nacional de ordenamiento territorial no es un esquema abstracto o un instrumento ideológico, sino el construir comunidades con alta calidad de vida, más allá de las diferencias y la diversidad. Lo mismo que para diseñar comunidades y las viviendas u otras construcciones que las componen.

¿QUERÉS ESA CHAMBA?

Semanas atrás me visitó un amigo ‘de la política’, una visita de cortesía para un cafecito conversado, y entre otras cosas me preguntaba qué pensaba del sector vivienda y la actual gestión del Mivha/Banhvi y el Invu, para luego indicarme que estaba escribiendo algo sobre eso con otros amigos y si me interesaría contribuir, pero además, me confirmó que ya desde hacía semanas antes la crisis interna del Invu parecía insostenible, así como la permanencia de su presidencia, y que si me interesaría asumir algo así.

Más recientemente, hace pocos días, en broma, en medio de una absoluta carcajada mediática, otro amigo, también ‘de la política’, me escribía que si ya sabía que iba a quedar un puesto vacante y que si no ‘querés esa chamba’…

Desde que se inventó aquí lo de un ministro sin cartera rector de un sector denominado “vivienda y asentamientos humanos” (a tono con la jerga de Hábitat/ONU de 1976), y este ministro creo su propia Secretaría Ejecutiva del Sector, se empezó a profundizar un serio conflicto de competencias y violaciones a lo establecido tanto en la Ley # 4240, de planificación urbana, como la propia ley del INVU.

Más adelante, con la crisis de finales de los 1970s, se restringió la capacidad financiera para construir viviendas de interés social y se impusieron los programas de “lotes con servicios” y “lotes sin servicios” (o sea charrales sin nada más, dónde se reubicaban los habitantes de tugurios urbanos, durante los gobiernos de Carazo y Monge) a tono con las propuestas del AID y sus nociones novísimas de “vivienda progresiva”; o las correspondientes del BID de “lotes con núcleos hidráulicos” –o sea un charral con una letrina y una pila roja-, los que, en la zona de Puntarenas y gracias a la fisga popular, al ver dos o tres hectáreas divididas en lotes de 90 m2 con nada más solitarias letrinas en sus centros, se les llamaron ‘barrios de cagones’…

En aquella primera administración 1978-1982 hubo varios presidentes del Invu que renunciaron por conflictos con el ministro rector del sector, y luego este también cuando no obtuvo apoyo legislativo para financiar su proyecto de edificios multifamiliares, de los que solo quedaron algunas ‘maquetas conceptuales’. La administración siguiente tuvo algo parecido, agravado por el conflicto permanente con las organizaciones de lucha por vivienda, que primero invadieron el Invu y luego las calles, la municipalidad y la Catedral, siendo reprimidos violentamente, a garrote y patadas por la policía antimotines en aquel gobierno de la neutralidad perpetua.

Las siguientes administraciones inauguraron una nueva modalidad, mientras se desintegraba y reducía el Invu hasta casi la nada con sucesivas re-estructuraciones y movilidad laboral, se construía sin ninguna ley lo que se conoció como Ministerio de Vivienda… el que todavía sigue sin ley de creación, pero es más grande que el Invu.

Paralelamente se creaba un frondoso sector financiero de entidades autorizadas por el sistema financiero nacional para la vivienda, con el novísimo Banco Hipotecario a la cabeza, y el antiguo ministro rector asumía a la vez como presidente banquero, con una también frondosa y bien pagada Junta Directiva del Bahvi.

Pero ahí no acaba, se crearon a la vez fundaciones y cooperativas especializadas para canalizar fondos de donación y fondos de préstamo, que serían para el Estado y se reorientaban para que fueran administradas por estos entes medio privados medio públicos.

Pero además, se crearían nuevas secretarías ejecutivas para asumir tareas que por la Ley 4240 le competían al INVU, en particular aquellas vinculadas con el ordenamiento territorial y planificación urbana y regional, encargadas a la Dirección de Urbanismo y su la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San José.

Al inicio de este proceso, entre 1988 y 1992 solo una de esas cosas nuevas: la denominada Comisión Especial de vivienda llegó a tener más de 600 empleados, mientras el Invu se deshacía de una cantidad similar, sin que esta comisión tuviera nunca personería jurídica y a la vez administrada miles de millones de colones de la Comisión de Emergencia, todo mediante el tristemente célebre decreto mediante el cual la administración Arias determinó ‘emergencia el problema de vivienda’, así de preciso y específico… y del que se aprovechó la administración Calderón hasta que la Sala IV lo detuvo.

En las últimas dos décadas esto no ha cambiado y por la presidencia del Invu siguen pasando Presidentes Ejecutivos que se mantienen en su puesto en promedio dos años, a la vez que algo parecido sucede en con los ministros de vivienda.

El sector vivienda no solo incluye estos dos entes (INVU-MIVHA/BAHVI), incluye otro grupo, igualmente frondoso, de programas y secretarías o comisiones que surgen y desaparecen cada tantos años y viven como ‘moro sin señor’, con amplia dotación de fondos públicos. Pero no todo es malo: las mutuales, y algunas fundaciones, pasaron de ser pequeñas entidades privadas que alquilaban alguna casa para poner sus oficinas, a enormes emporios con edificios de varios pisos ocupando varias hectáreas. ¡Suertudos!

Mientras tanto, se continúa sin un plan nacional de desarrollo urbano, que la Ley 4240 indica debe hacer el Invu desde los años 1960s, tan solo hay unos escasos planes reguladores que se cumplen poco o nada y el gran esfuerzo del Plan GAM-82 se hace viejito sin que se logre concretar un instrumento mínimamente adecuado, a un nivel técnico aceptable y conceptualmente serio.

A la vez crecen los tugurios por diversos lados, en particular en las provincias y cantones rurales más pobres (como Limón, Puntarenas y Guanacaste), pero también crecen los grandes guetos de pobreza que se crearon 25 años atrás y pasaron de ser precarios a ser proyectos y ahora se deterioran si final: Los Cuadros, Los Guido, Tejarcillos, etc.

En esta maraña institucional y de un, también frondoso, ‘Estado Paralelo’ no hay salida sin un total re-diseño y re-construcción del sector completo, incluyendo lo financiero, las entidades autorizadas, las fundaciones, comisiones y cooperativas a partir de las concepción de una Política Nacional, pensada para lograr el ordenamiento territorial y la planeación urbana regional, a la vez que invertir en un programa de construcción de viviendas para cada uno de los sectores de ingreso que lo requieren, no solo los que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Una Política que utilice los fondos públicos, los del Bahvi y otros, como palanca, como brazo organizador y orientador del crecimiento urbano y genere inversiones habitacionales a la vez que externalidades en las regiones que los requieren, con amplia participación de los beneficiarios organizados y los pequeños y medianos empresarios locales, eliminando cualquier concentración o semi-monopolio como los de hoy en unos pocos empresarios que hacen cajas de concreto.

Mientras algo así no se concrete, seguirá el uso clientelista de los fondos del Bahvi, que un año financian a los empresarios tugureros y otro a los proyectos de los candidatos a diputados, sin ton ni son, a la vez que la vieja institución del sector, la creada por una ley modernista e innovadora en 1954, el Invu, sigue decayendo y a los responsables del poder ejecutivo no les ocurre decir otra cosa más que "hay que reestructurarlo" una vez más, pues ya lleva como seis reestructuraciones en 25 años.

Entonces qué, ¿querés esa chamba?

LAS PRIMARIAS ESTÁN VERDES

Aunque todavía faltan muchos días de la presente Administración Chichilla, la impresión es que no queda mucho por esperar de ella, la administración, y menos aún de ella, la Presidenta; lo que no es ninguna sorpresa y era perfectamente previsible desde su triunfo en las primarias de 2009.  Esa impresión conlleva una mayor atención y expectativas en lo que pudiera ocurrir en las próximas primarias del PLN, ahora al parecer, adelantadas para abril del 2013.

Con la última encuesta, aparece un reacomodo de fuerzas con bastante distancia entre unos y otros nombres que se presentaron a los encuestados, aquellos que afirmaron que votarían en esas primarias, fueran o no miembros del PLN. Pero una encuesta no dice nada sobre las estructuras de base y las cadenas que se organizan desde los dirigentes comunales hasta los que se presumen ‘ministreables’.  Esa es una cadena usualmente clientelista y conlleva las propias interpretaciones de todos aquellos que forman parte de entramado necesario para movilizar votantes. Muchos de esos miles de dirigentes de toda la escala se preguntarán ¿quién ganará?, lo que es un elemento esencial de la decisión a tomar para alinearse. En las primarias se requerirá movilizar cientos de miles de votantes, no simplemente preguntar a 1200 personas por quien votarían.  Se requiere de aquellos que tocan puertas y convierten la disposición en un hecho real los cientos de miles de votos necesarios. Pero esos miles de movilizadores no están todavía alineados con firmeza, pues todavía no hay respuesta clara a es pregunta clave de ¿quién ganará?

La organización y la capacidad de movilización no es algo que se construye fácilmente, no solo requiere tiempo, sino la disposición a colaborar de esos que están desde tiempos atrás ahí en los puestos clave de la estructura de base: los dirigentes comunales, futuros síndicos, regidores, alcaldes, diputados y funcionarios de alto nivel en las instituciones.  Si las primarias fueran a mediados del 2013 –como ha sido usual- todavía sería muy temprano, pero con el adelanto de tres meses ya es casi tarde para poder tener una estructura que abarque todos los cantones y distritos electorales del país, que son miles.  No obstante, buena parte de esa estructura está ahí y se reorganiza con rapidez cuando alguien se perfila como ganador. Así, las encuestas que reflejan convicciones personales de una muestra, no dicen nada de esa posibilidad de un candidato para mover a ‘sus’ votantes y tampoco de lo que esas personas clave perciben hoy.

En 2001 un precandidato casi sin estructura venció por gran diferencia a otro que controlaba toda la estructura organizativa y tenía el apoyo de su principal líder. Ese pre-candidato, luego electo presidente, no necesitó mayor organización, ‘su’ gente se movilizó sola a votar, por sus medios, por la enorme diferencia de atractivo entre un pre candidato y otro.  En 1978 también fue arrollador el carisma personal de quien finalmente fue electo presidente, aunque su grupo era una coalición medio formada, casi una colcha de retazos.

Para el 2013, en el PLN, aunque parezca que hay un precandidato que controla casi toda la estructura y otro que tiene mucho mayor apoyo de la base, no hay nada decidido, se sigue a la expectativa incluso de la decisión que tome otro presumible precandidato. 

Tener la estructura hoy no significa que se la tendrá en dos meses, tener apoyo mayoritario en las opiniones no significa que se podrá movilizar a esas personas o que esas personas se vayan a movilizar por sí solas masivamente, como sucedió con todas aquellas que fueron entusiastas y felices a votar para elegir a la primera mujer presidenta.

Hay todavía tiempo, al menos de aquí a final de año, para ver cambios, 'techos' que se alcanzan (o ya se alcanzaron a pesar de haber gastado millonadas en el intento) y alianzas que se terminan de definir o redefinir y precandidatos que prefieran ir por una vicepresidencia o la presidencia de la Asamblea. Todavía pueden surgir nuevos compromisos a futuro sobre temas clave en la economía o los cambios institucionales y hasta el visto bueno a grandes proyectos. 

Falta todavía por saber quienes finalmente irán a las primarias del 2013, quienes finalmente inscriban sus nombres. Todo puede cambiar radicalmente, pues hasta ahora no hay una fuerza suficientemente contundente como para decir que ya alguien es el próximo candidato, y  claro, dada la situación caótica en la oposición al PLN, pues presumiblemente, el próximo presidente.