Los asistentes, aunque se llamen con nombres distintos, como colaboradores o asesores, son al fin y al cabo eso, ayudantes, asistentes, aunque se hayan pasado la vida estudiando ciencias políticas. Aunque hayan estudiado bien, como lo demuestra la estructura, organización, especificidad y perspectiva del texto escrito, el tristemente famoso memo.
Casas nunca fue un ‘pega banderas’, ha sido un colaborador por muchos años, como lo dice en su “renuncia”. El país entero sabe de las presiones gigantescas para cortarle la cabeza de inmediato, es decir echarlo a los leones, que hubo en aquel consejo de gobierno toda la tarde y como fue protegido como se hace con un buen colaborador, y se impuso la táctica presidencial de los hermanos gobernantes: una renuncia simbólica, unas disculpas, una investigación absurda e inocua (ordenada por nuestro tribunal, quien a la vez rechaza el texto, de manera que al pecar y rezar, empató; lo que de paso hay que decir, refleja su conformación en las personas de los magistrados), para esperar un triunfo sustancial (como se ha predicho hasta antes del ‘efecto memorando’) y ya, todo volvería a la normalidad, dado que la investigación de auditoría demostrará que no se usaron fondos públicos, y entonces, el acto final sería una vuelta triunfal, con TLC aprobado, pues la exitosa estrategia que había sintetizado en el memo, y que es en buena medida su cosecha (fruto de tantos años ‘practicing politics’ ) había dado frutos, limpio de polvo y paja y con un gran futuro político, a la espera de la próxima campaña.
Pero el destino es un maricón (Sabina, claro) y el efecto inmediato ha sido el contrario, hay indignación porque los costarricenses han sido convencidos por décadas de que son muy valientes, inteligentes y cultos, y ahora les dicen que son unos estúpidos y timoratos: nadie cree en lágrimas de cocodrilo y todo mundo sospecha lo obvio, los firmantes nada más pusieron en blanco y negro una estrategia discutida, conversada, aceptada, asimilada, puesta en práctica por la cúpula y los empleados de las maquilas saben lo que es el miedo pues sus patrones se lo han hecho sentir clarísimo con amenazas directas. Pero además, los datos recientes –encuestas, focus, etc.- no son ya tan seguros y las reacciones abrumadoras de los grandes jefes piden sangre, ellos perciben, como los césares, que el populacho está indignado. Incluso el jefe editorial de La Nación lo pide en su columna, ‘hay que dar un golpe de timón’, tienen que acercar a los extremistas politicastros de cara bonita que ven en el waitress un serio competidor, el ayudante se va, tiene que irse, para limpiar la cancha.
El otro no es un ‘pega banderas’, el otro es un pariente y con menos imagen, menos competencia, no es necesario que sea parte del acto efectista que se busca; es más político además, no es simplemente alguien que no tiene bases, ni redes, ni regidores, ni votos, no es un simple colaborador por muchos años, y solo faltan dos semanas para el referendo.
Es un momento álgido, la percepción generalizada de los sectores medios urbanos educados es que Casas está siendo sacrificado para ocultar lo que todo mundo sabía y que su capacidad de síntesis fue aplaudida por más de un mes, hasta que se hizo pública con su firma. Fue una apuesta muy riesgosa; si no se firmaba entonces el mérito, los créditos, podrían diluirse en una mezcla de liderazgos y decenas de esforzados colaboradores de muy alto nivel, incluidos todos los diputados y ministros que se creen presidenciables.
Pero esos sectores medios urbanos, muy ticos, ahora masivamente votarán no. Los empleados que están siendo amenazados y llevados en grupos a las reuniones donde les hable el Presidente se sienten utilizados, ahora con el efecto ‘memo’ bastantes votarán no. Los pobres de los barrios y los puertos no han recibido suficiente, no ha sido un clientelismo de manos llenas tan abrumador, no es claro qué harán el siete, pero muchos han reaccionado también contra el memo: no es lo mismo saber que uno es pobre a que vengan y le digan por escrito que por eso lo pueden usar y arriar o amedrentar, se sienten humillados. En dos semanas no parece que el daño sea reparable, la diferencia porcentual a favor del sí que se percibía y la campaña del miedo, etc., contribuía a fortalecer parece que se ha hecho muy pequeña o más aún, se ha convertido en una diferencia importante a favor del no. En una semana más, una marcha multitudinaria de masas indignadas con los huecos de las calles, los atrasos en las licencias, los aumentos de los precios de la gasolina, la vida en medio del barro cada vez que hay una llovizna, similar a la que derribó el combo años atrás, pero ahora con carteles del NO es la que podría de una vez cambiar en forma sustantiva el resultado ocho días después.
El pan se habría quemado en la puerta del horno y ahora los mesiánicos gobernantes (ya no solo los colaboradores estudiosos de la política) y sus parientes tendrían que pagar la factura, la que será cobrada –de eso no hay duda- con altos intereses.
El resultado final ya no es tan claro, dependerá de detalles de última hora, de pifias o incapacidad para aprovechar los errores, o del transporte y la movilización final.
El momento es clave, ahora los dirigentes del no pueden cosechar sin que siquiera hubieran tenido una estrategia ni lejos tan precisa y preciosista como la que expresa el memo y escribió el queridísimo y respetadísimo colaborador, que perdió la cabeza por firmar y ahora estará sufriendo o disfrutando la soledad de los excluidos y perdedores.
Yes they’re sharing a drink they call loneliness
(Joel, –obviously-)
Manuel Argüello-Rodríguez
23 de setiembre del 2007
domingo, septiembre 23, 2007
viernes, agosto 17, 2007
La prensa del tsunami
A dos días del gallardo tsunami la percepción que ha transmitido la prensa es sorprendentemente contraria a los hechos objetivos. La falta de pericia en el manejo de la información aparece como oportunidad, la incomprensión del sentido de las ‘alertas internacionales’ se presenta como la realidad objetiva de la amenaza inminente, la ausencia de acciones indagatorias de medios alternativos ni siquiera es cuestionada: contacto con los países de Suramérica en la costa del pacífico, vínculo con informantes expertos en sitios estratégicos, consulta y apoyo en criterios científicos como oceanógrafos, meteorólogos, geógrafos y geólogos; pero en particular los expertos en tsunamis de diversidad de organizaciones científicas localizados en variedad de sitios en todo el pacífico, incluyendo representantes en Costa Rica. Así, mientras en la noche del caótico simulacro algún periodista llamaba ‘héroe nacional’ al director de la CNE, un periódico al día siguiente decía que la actuación de la CNE fue excelente. Y claro, la participación de la gente del campo, de los comités en cada sitio, de los voluntarios comunales, la Cruz Roja, bomberos, policías de pueblo en las zonas costeras, tratando de ayudar a la población siempre es heroica, pero la toma de decisiones no la asumen los soldados de a pie, y estas decisiones pueden causar muchas muertes innecesarias.
Ciertamente la información que se centralizó en el director de la CNE, sin consulta alguna (y al parecer sin asesoría alguna de carácter técnico de alto nivel, es decir sin apoyo del personal técnico-científico de las demás instituciones del país y de la región) no solo fue falaz sino basada en el desconocimiento de aspectos elementales del manejo de una situación de emergencia. En primer lugar no había tal inminencia de peligro, simplemente una alerta para toda la costa del pacífico desde México hasta Perú. Dos horas después del terremoto no había ninguna información que indicara el avance de alguna ola, como onda expansiva pos terremoto, en ningún país costero a dos mil kilómetros al norte (Ecuador, Colombia) del epicentro –al sur del Perú-. Ningún organismo científico –que tienen actualizadas en tiempo real sus páginas de la Web- indicaba avance alguno en el océano pacífico de tal onda expansiva. El cálculo de las horas de llegada simplemente se establece a partir de asumir que en el caso de que hubiera tal onda expansiva normalmente avanza a cierta velocidad ya establecida por observaciones y datos estandarizados –modelos, etc.- DE OTROS SITUACIONES. NO se trataba de una proyección a partir de la observación de este caso en particular sobre el cual NO había NINGUNA observación dos horas después del terremoto (por cierto ningún barco o avión habían dado información a sus respectivas bases o torres de control sobre algún fenómeno tipo onda expansiva avanzando en algún lugar del Océano Pacífico.
Pero toda esa información ni siquiera era necesaria, pues por coincidir la marea baja con la supuesta hora de llegada, se requería una ola gigantesca para que hubiera algo perceptible, y en la peor predicción del Director de la CNE decía que tendría hasta 2: 50 metros.
La hora calcula para la supuesta llegada de algo así como una ‘ola de hasta dos metros y medio’ coincidía en este caso con uno de los momentos más bajos de la marea baja. En Quepos la marea más baja el día 15 de agosto en la noche (que se localiza en la página Web del Instituto Meteorológico desde principios de este año) sería a las 22:29 horas (10:29 p.m.) y alcanzaría 1, 37 pies (o sea 0,42 metros, ni medio metro). En Puntarenas la tabla dice: 22:36 horas (10:36 p.m.) -0,02 metros (-0,06 pies, bajísima). Es decir que incluso en caso de que en efecto hubiera una ola extraordinaria de más de 2 metros – 7 pies – sobre el nivel del mar, por estar en marea baja, tan baja, esta ola –el gallardo/tsunami- no llegaría ni al nivel que habían llegado las olas normales de la marea alta. En Quepos llegaría hasta el límite usual, incluso por debajo de las mareas de cuatro metros de octubre, perfectas para el surf en Playa Hermosa, lo que la hace tan atractiva ¡!
En conclusión, era absurdo pedirle a la gente de Puntarenas que evacuara pues en el peor de los casos –y más aún dado que Puntarenas NO está en mar abierto- la olita del gallardo-tsunami llegaría hasta donde normalmente llegan las mareas no tal altas, y la gente pudo haberla esperado tomándose un churchil en los chinamos en vez de salir despavoridos en un absurdo caos provocado por la irresponsable e innecesaria recomendación del director de la CNE.
La lectura de periódicos y revisión de reportajes periodísticos de los últimos dos días sobre el gallardo-tsunami deja además la impresión de que no se repregunta, no se investiga o cuando se investiga la información se pone yuxtapuesta –como en varios periódicos de esta mañana-. Se siguen hablando de un tsunami que nunca existió y no se cuestiona por el responsable del caos y las enormes pérdidas individuales y colectivas. Y bueno, afortunadamente no hubo ningún accidente, ni muertos, ni infartos, pero eso fue por casualidad no por la organización y el orden, que obviamente como todo mundo lo observó fue un desastre. El director de la CNE ha dicho una y otra vez que estaba protegiendo las vidas humanas y que eso está por encima de todo, y nadie le plantea que eso es absolutamente falso pues ninguna vida estaba en peligro, solo que él estaba irresponsablemente desinformado y tomaba una decisión inexperta y por tanto la recomendación de evacuar hasta 500 metros en toda la costa de frontera a frontera era absurda y fuera de lugar. Pero ¿por qué no se le cuestiona? ¿por qué no se indaga la razón para la falta de asesoría técnica y científica? ¿por qué, en caso de que hubiera habido tal asesoría, no se utilizó en la toma de decisiones? ¿por qué se lanza a la calle a decenas de miles de personas –incluyendo las dos principales ciudades de la costa del pacífico del país- si con solo observar la información era obvio que NADA pasaba o pasaría (eso a las 7:30 p.m., dos horas después del terremoto del Perú)?
Y más importante, ¿cuál es el manejo que se le dará a las siguientes alertas y cuál es la reacción que tendrá la población? ¿Cuál será el manejo del impacto indirecto de los huracanes del resto del año en la costa del pacífico y el uso de información científica?
No hay justificación alguna para la falta de cuestionamiento serio y el planteamiento analítico de las fallas y para sentar responsabilidades, como corresponde.
En todo caso es importante recordar que en un mundo de pusilánimes hasta un incompetente es gallardo.
Manuel Argüello-Rodríguez
Viernes, 17 de agosto de 2007
Ciertamente la información que se centralizó en el director de la CNE, sin consulta alguna (y al parecer sin asesoría alguna de carácter técnico de alto nivel, es decir sin apoyo del personal técnico-científico de las demás instituciones del país y de la región) no solo fue falaz sino basada en el desconocimiento de aspectos elementales del manejo de una situación de emergencia. En primer lugar no había tal inminencia de peligro, simplemente una alerta para toda la costa del pacífico desde México hasta Perú. Dos horas después del terremoto no había ninguna información que indicara el avance de alguna ola, como onda expansiva pos terremoto, en ningún país costero a dos mil kilómetros al norte (Ecuador, Colombia) del epicentro –al sur del Perú-. Ningún organismo científico –que tienen actualizadas en tiempo real sus páginas de la Web- indicaba avance alguno en el océano pacífico de tal onda expansiva. El cálculo de las horas de llegada simplemente se establece a partir de asumir que en el caso de que hubiera tal onda expansiva normalmente avanza a cierta velocidad ya establecida por observaciones y datos estandarizados –modelos, etc.- DE OTROS SITUACIONES. NO se trataba de una proyección a partir de la observación de este caso en particular sobre el cual NO había NINGUNA observación dos horas después del terremoto (por cierto ningún barco o avión habían dado información a sus respectivas bases o torres de control sobre algún fenómeno tipo onda expansiva avanzando en algún lugar del Océano Pacífico.
Pero toda esa información ni siquiera era necesaria, pues por coincidir la marea baja con la supuesta hora de llegada, se requería una ola gigantesca para que hubiera algo perceptible, y en la peor predicción del Director de la CNE decía que tendría hasta 2: 50 metros.
La hora calcula para la supuesta llegada de algo así como una ‘ola de hasta dos metros y medio’ coincidía en este caso con uno de los momentos más bajos de la marea baja. En Quepos la marea más baja el día 15 de agosto en la noche (que se localiza en la página Web del Instituto Meteorológico desde principios de este año) sería a las 22:29 horas (10:29 p.m.) y alcanzaría 1, 37 pies (o sea 0,42 metros, ni medio metro). En Puntarenas la tabla dice: 22:36 horas (10:36 p.m.) -0,02 metros (-0,06 pies, bajísima). Es decir que incluso en caso de que en efecto hubiera una ola extraordinaria de más de 2 metros – 7 pies – sobre el nivel del mar, por estar en marea baja, tan baja, esta ola –el gallardo/tsunami- no llegaría ni al nivel que habían llegado las olas normales de la marea alta. En Quepos llegaría hasta el límite usual, incluso por debajo de las mareas de cuatro metros de octubre, perfectas para el surf en Playa Hermosa, lo que la hace tan atractiva ¡!
En conclusión, era absurdo pedirle a la gente de Puntarenas que evacuara pues en el peor de los casos –y más aún dado que Puntarenas NO está en mar abierto- la olita del gallardo-tsunami llegaría hasta donde normalmente llegan las mareas no tal altas, y la gente pudo haberla esperado tomándose un churchil en los chinamos en vez de salir despavoridos en un absurdo caos provocado por la irresponsable e innecesaria recomendación del director de la CNE.
La lectura de periódicos y revisión de reportajes periodísticos de los últimos dos días sobre el gallardo-tsunami deja además la impresión de que no se repregunta, no se investiga o cuando se investiga la información se pone yuxtapuesta –como en varios periódicos de esta mañana-. Se siguen hablando de un tsunami que nunca existió y no se cuestiona por el responsable del caos y las enormes pérdidas individuales y colectivas. Y bueno, afortunadamente no hubo ningún accidente, ni muertos, ni infartos, pero eso fue por casualidad no por la organización y el orden, que obviamente como todo mundo lo observó fue un desastre. El director de la CNE ha dicho una y otra vez que estaba protegiendo las vidas humanas y que eso está por encima de todo, y nadie le plantea que eso es absolutamente falso pues ninguna vida estaba en peligro, solo que él estaba irresponsablemente desinformado y tomaba una decisión inexperta y por tanto la recomendación de evacuar hasta 500 metros en toda la costa de frontera a frontera era absurda y fuera de lugar. Pero ¿por qué no se le cuestiona? ¿por qué no se indaga la razón para la falta de asesoría técnica y científica? ¿por qué, en caso de que hubiera habido tal asesoría, no se utilizó en la toma de decisiones? ¿por qué se lanza a la calle a decenas de miles de personas –incluyendo las dos principales ciudades de la costa del pacífico del país- si con solo observar la información era obvio que NADA pasaba o pasaría (eso a las 7:30 p.m., dos horas después del terremoto del Perú)?
Y más importante, ¿cuál es el manejo que se le dará a las siguientes alertas y cuál es la reacción que tendrá la población? ¿Cuál será el manejo del impacto indirecto de los huracanes del resto del año en la costa del pacífico y el uso de información científica?
No hay justificación alguna para la falta de cuestionamiento serio y el planteamiento analítico de las fallas y para sentar responsabilidades, como corresponde.
En todo caso es importante recordar que en un mundo de pusilánimes hasta un incompetente es gallardo.
Manuel Argüello-Rodríguez
Viernes, 17 de agosto de 2007
miércoles, agosto 15, 2007
El Gallardo Tsunami
Teniendo una cabañita de madera en la costa del pacífico central, recibí llamadas de amigos y familiares inmediatamente después del aviso y alerta de tsunami emitido por una televisora en su noticiero de la noche. Nada menos que el Director de la CNE indicaba que la población debía retirarse 500 metros de la costa y buscar sitios altos, y primero identificó una serie de playas del pacífico central y dejó por fuera las del pacífico sur y toda la costa al norte de Playa Hermosa; a la vez que decía que la ola podría tener hasta dos metros de alto. Así de escueta esta información se respaldaba con supuestos informes científicos de alguna institución que se llamaba con siglas y que tenía sede en Hawai y alguna de los Estados Unidos. Obviamente, la población no tiene idea de cuáles instituciones son esas y qué significan las ‘alertas’ que esas instituciones emiten, muy a menudo por cierto. Pero en la TV el Tsunami de Gallardo aparecía como una gran ola que podría (o no) ser tan alta como un jugador de baloncesto y obviamente todos recordarían las imágenes del tsunami de Indonesia del 2004 y una ola como de tres metros reventando en un pequeño edificio de dos pisos pues el video lo han pasado miles de veces en TV en todo el mundo.
¿Por qué si el terremoto (dos de hecho, separados por pocos minutos y parecido al de Limón) sucedió a las 5: 40 p.m. hora de CR) dos horas después no se podía precisar las características de tal tsunami? (no se tenía certeza de la importancia y tamaño de las olas), siendo qué en dos horas una ola importante habría recorrido ya miles de kilómetros y habría ya impactado en lugares cercanos, como la costa de Ecuador por ejemplo.
La información la dio el señor director de la CNE como algo absolutamente fidedigno, sin duda tendríamos nuestro tsunami, pero podría ser una olita imperceptible de 30 cm., sin decir si era sobre el nivel de la marea superior de los meses de mareas más altas –poco más de tres metros- o del nivel inferior –alrededor de dos metros- o de un nivel intermedio entre ambas. ¿Es decir una ola de dos metros a partir de dónde para arriba? No simplemente el gallardo tsunami tendría hasta algo así como un poco más de dos metros y se recomendaba evacuar en consecuencia las costas hasta 500 metros (o sea medio kilómetro) de la costa. Pero, ¿por qué 500 metros? Y si era inminente y científicamente probado ¿por qué no se sabía prácticamente nada de la peligrosidad?, pero sí se sabía ya que con absoluta exactitud llegaría a Costa Rica exactamente a las 9:20 p.m. y a una lista específica de playas.
Quienes han leído algo de tsunamis y han leído la información de estas instituciones de alerta o han visto los aparatos que manejan y los videos y programas de TV preparados luego del tsunami del 2004 sabrán sin duda más detalles de los que dio el director de la CNE en TV. Pero no entenderán por qué se da un aviso de alerta y se sugieren medidas concretas, pero NO se decreta oficialmente la alerta más de dos horas después de ocurrido el terremoto –y por tanto de iniciado el científicamente probado tsunami que se anunciaba como inminente, seguro, sin duda, en TV-
La recomendación de estar vigilante esa válida todo el invierno y prácticamente en todo el país, pues cualquier lluvia provoca inundaciones y cualquier cabeza de agua se lleva casas y gentes. Las mareas altas y el mar picado en toda la costa del pacífico con bañistas borrachos es una mezcla perfecta para los ahogados que normalmente se presentan y vemos en tele a medio día para las fiestas y para semana santa, y para los fines de semana largos, como el próximo por ejemplo.
Eso está bien, hay que recordar que se debe estar alerta y vigilante siempre.
Pero ¿por qué decirles a los habitantes del pacífico central que se retiren 500 metros?; es acaso que el gallardo tsunami causaría daños en una franja de 500 desde el pleamar o desde los mojones, o ¿desde dónde? –tampoco el señor director de la CNE dije 500 metros desde donde-. En Jacó eso implicaría evacuar toda la zona de hoteles y restaurantes y comercios, TODA, llegando casi hasta la carretera costanera, lo mismo en Playa Hermosa y demás playas principales del pacífico central. Eso implicaría enormes pérdidas y gastos para miles de personas. O es que esa recomendación es solo para familias de lugareños y cuasi lugareños –como yo- con casitas a doscientos o tres cientos metros de la playa, como yo, pero NO para los hoteles. ¿Por qué si es tan INMINENTE no se declara alerta y se ordena la evacuación?. Si la ola es de verdad de más de dos metros partiendo del nivel de la acera del paseo de los turistas en Puntarenas entonces habría muchos muertos. Una evacuación de 500 metros desde la costa en Puntarenas implicaría evacuar por completo toda la península con sus decenas de miles de habitantes porque el ESTERO hasta a 500 metros de la playa.
Y el director de CNE recomienda que se evacúe en las noticias de las 7 p.m.
Cuando al repreguntarle el señor director de la televisora sobre algunos de estos detalles el señor director de la CNE simplemente se curó en salud. No solo era las playas que decía, estaba seguro de la hora exacta que el gallardo tsunami llegaría a la Isla del Coco –lo que no importaría mucho porque está prácticamente deshabitada-, y ampliaba la lista de playas nada más y nada menos que a TODA la costa del pacífico, de frontera a frontera; pero se insiste en indicar nombres de playas del pacífico central, empezando por Quepos y terminando en Hermosa: ¿a qué horas llegaría a los hoteles de cinco estrellas en Papagayo? Por qué si el terremoto es muy al sur, a miles de kilómetros y la onda expansiva viene de allá el tsunami no golpea primero el pacífico sur. Luego de golpear la ciudad de Panamá completa, pasaría por Punta Burica y luego Osa y quizás algo le llegaría a Golfito y luego Dominical y las playas a decenas de kilómetros al sur de Quepos, o sea más cerca del epicentro y donde debería llegar primero algo que venga del sur. ¿Es que la onda expansiva en forma de ola con un epicentro a más de 4 mil kilómetros de Costa Rica y que tarde más de 4 horas en llegar acá no habrá pasado ya por toda la costa de Ecuador y Colombia y estaríamos recibiendo ya noticias de Colombia de los muertos y heridos en las playas de sus ciudades y pueblos costeros que queda a mitad de camino entre Perú y Costa Rica? ¿Cómo no sabemos nada de eso y como se le dice a la gente que tiene que irse a 500 metros de la costa? (o sea evacuar por completo Jacó y Puntarenas, pero nada más se recomienda, no se ordena, o sea, ¿qué?)
En las noticias internacionales y las páginas de Internet especializadas casi tres horas después del terremoto en Perú no se registran olas de ninguna importancia especial en toda la costa del Perú mismo ni más al norte
La irresponsabilidad y la falta de seriedad con que se ha dado la información es pasmosa; el tsunami de Gallardo dará mucho de que escribir y que reflexionar sobre nuestras organizaciones especializadas y sobre el conocimiento y la seriedad de sus directores.
Manuel Argüello- Rodríguez
Día del Gallardo-Tsunami 9:25 p.m.
(acaba de llegar el Gallardo Tsunami a la Isla del Coco –ya se puede llamar por radio a los guarda parques para saber si la ola fue muy grande)
¿Por qué si el terremoto (dos de hecho, separados por pocos minutos y parecido al de Limón) sucedió a las 5: 40 p.m. hora de CR) dos horas después no se podía precisar las características de tal tsunami? (no se tenía certeza de la importancia y tamaño de las olas), siendo qué en dos horas una ola importante habría recorrido ya miles de kilómetros y habría ya impactado en lugares cercanos, como la costa de Ecuador por ejemplo.
La información la dio el señor director de la CNE como algo absolutamente fidedigno, sin duda tendríamos nuestro tsunami, pero podría ser una olita imperceptible de 30 cm., sin decir si era sobre el nivel de la marea superior de los meses de mareas más altas –poco más de tres metros- o del nivel inferior –alrededor de dos metros- o de un nivel intermedio entre ambas. ¿Es decir una ola de dos metros a partir de dónde para arriba? No simplemente el gallardo tsunami tendría hasta algo así como un poco más de dos metros y se recomendaba evacuar en consecuencia las costas hasta 500 metros (o sea medio kilómetro) de la costa. Pero, ¿por qué 500 metros? Y si era inminente y científicamente probado ¿por qué no se sabía prácticamente nada de la peligrosidad?, pero sí se sabía ya que con absoluta exactitud llegaría a Costa Rica exactamente a las 9:20 p.m. y a una lista específica de playas.
Quienes han leído algo de tsunamis y han leído la información de estas instituciones de alerta o han visto los aparatos que manejan y los videos y programas de TV preparados luego del tsunami del 2004 sabrán sin duda más detalles de los que dio el director de la CNE en TV. Pero no entenderán por qué se da un aviso de alerta y se sugieren medidas concretas, pero NO se decreta oficialmente la alerta más de dos horas después de ocurrido el terremoto –y por tanto de iniciado el científicamente probado tsunami que se anunciaba como inminente, seguro, sin duda, en TV-
La recomendación de estar vigilante esa válida todo el invierno y prácticamente en todo el país, pues cualquier lluvia provoca inundaciones y cualquier cabeza de agua se lleva casas y gentes. Las mareas altas y el mar picado en toda la costa del pacífico con bañistas borrachos es una mezcla perfecta para los ahogados que normalmente se presentan y vemos en tele a medio día para las fiestas y para semana santa, y para los fines de semana largos, como el próximo por ejemplo.
Eso está bien, hay que recordar que se debe estar alerta y vigilante siempre.
Pero ¿por qué decirles a los habitantes del pacífico central que se retiren 500 metros?; es acaso que el gallardo tsunami causaría daños en una franja de 500 desde el pleamar o desde los mojones, o ¿desde dónde? –tampoco el señor director de la CNE dije 500 metros desde donde-. En Jacó eso implicaría evacuar toda la zona de hoteles y restaurantes y comercios, TODA, llegando casi hasta la carretera costanera, lo mismo en Playa Hermosa y demás playas principales del pacífico central. Eso implicaría enormes pérdidas y gastos para miles de personas. O es que esa recomendación es solo para familias de lugareños y cuasi lugareños –como yo- con casitas a doscientos o tres cientos metros de la playa, como yo, pero NO para los hoteles. ¿Por qué si es tan INMINENTE no se declara alerta y se ordena la evacuación?. Si la ola es de verdad de más de dos metros partiendo del nivel de la acera del paseo de los turistas en Puntarenas entonces habría muchos muertos. Una evacuación de 500 metros desde la costa en Puntarenas implicaría evacuar por completo toda la península con sus decenas de miles de habitantes porque el ESTERO hasta a 500 metros de la playa.
Y el director de CNE recomienda que se evacúe en las noticias de las 7 p.m.
Cuando al repreguntarle el señor director de la televisora sobre algunos de estos detalles el señor director de la CNE simplemente se curó en salud. No solo era las playas que decía, estaba seguro de la hora exacta que el gallardo tsunami llegaría a la Isla del Coco –lo que no importaría mucho porque está prácticamente deshabitada-, y ampliaba la lista de playas nada más y nada menos que a TODA la costa del pacífico, de frontera a frontera; pero se insiste en indicar nombres de playas del pacífico central, empezando por Quepos y terminando en Hermosa: ¿a qué horas llegaría a los hoteles de cinco estrellas en Papagayo? Por qué si el terremoto es muy al sur, a miles de kilómetros y la onda expansiva viene de allá el tsunami no golpea primero el pacífico sur. Luego de golpear la ciudad de Panamá completa, pasaría por Punta Burica y luego Osa y quizás algo le llegaría a Golfito y luego Dominical y las playas a decenas de kilómetros al sur de Quepos, o sea más cerca del epicentro y donde debería llegar primero algo que venga del sur. ¿Es que la onda expansiva en forma de ola con un epicentro a más de 4 mil kilómetros de Costa Rica y que tarde más de 4 horas en llegar acá no habrá pasado ya por toda la costa de Ecuador y Colombia y estaríamos recibiendo ya noticias de Colombia de los muertos y heridos en las playas de sus ciudades y pueblos costeros que queda a mitad de camino entre Perú y Costa Rica? ¿Cómo no sabemos nada de eso y como se le dice a la gente que tiene que irse a 500 metros de la costa? (o sea evacuar por completo Jacó y Puntarenas, pero nada más se recomienda, no se ordena, o sea, ¿qué?)
En las noticias internacionales y las páginas de Internet especializadas casi tres horas después del terremoto en Perú no se registran olas de ninguna importancia especial en toda la costa del Perú mismo ni más al norte
La irresponsabilidad y la falta de seriedad con que se ha dado la información es pasmosa; el tsunami de Gallardo dará mucho de que escribir y que reflexionar sobre nuestras organizaciones especializadas y sobre el conocimiento y la seriedad de sus directores.
Manuel Argüello- Rodríguez
Día del Gallardo-Tsunami 9:25 p.m.
(acaba de llegar el Gallardo Tsunami a la Isla del Coco –ya se puede llamar por radio a los guarda parques para saber si la ola fue muy grande)
viernes, julio 27, 2007
REFERENDO KAFTIANO: El ocho de octubre podríamos amanecer convertidos en cucaracha
El mundo normal y corriente, que esperamos tener en esa mañana, podría ser radicalmente distinto. Hasta ahora, ha habido una serie de indicios múltiples que impiden prefigurar quiénes serían los infortunados insectos y quiénes no. Hasta ahora, la perspectiva se ha planteado por igual como una pesadilla y, ya desde hace muchos años, hay cambios abruptos en las diversas etapas que van hacia ese día, en que al despertar podamos confirmar que no se trata de una pesadilla sino de la nueva situación que nos toca vivir por mucho tiempo.
Hace cuatro años, parecía que todo lo referido al Tratado sería rápido y fácil, estaba todo negociado y no costaría pasarlo con los votos de los partidos mayoritarios, Zoelik nos visitó y… y ya, una vez más se decía: “pa’eso tenemos la mayoría”. Pero luego vinieron los más notables y abruptos cambios en el proceso y la fiesta se acabó: se alargó la discusión, se pospuso la votación, se dejó para después de las elecciones nacionales y muchos quedaron de nuevo encerrados en su habitación como si fueran cucarachas y no esbeltos y triunfantes negociadores del futuro promisorio.
Pero no todo estaba acabado, una inmensa campaña para decir sí a quien volvería, veinte años después, a poner todo de vuelta en la normalidad, acabaría con la pesadilla. Todo acabó por casi confirmar que no, parecía que las elecciones nacionales no habían dicho que sí: y por supuesto, vino la celebración de los otros, los que ganaron todo el valle central. Fue fiesta momentánea porque no, finalmente sí, era un triunfo del ‘sí’ y el amanecer de pesadilla cambió de grupo. Aunque no había claridad total en la Asamblea, era claro que se fortalecería un impulso del Ejecutivo para aprobar el Tratado, centro absoluto de la campaña y del gobierno que iniciaría en el 2006.
Así las cosas, desde la Asamblea, los que perdieron buscarían a toda costa la prefigurada realidad de insectos verdes en un mundo de prosperidad amarillo luminoso, y no en un mundo de insectos amarillos donde gobernaran los billetes verdes. El vaivén ha seguido en cada ocasión, ya casi no, pero después entonces, sí; ya casi si, pero después entonces, pues no. Y luego de ajetreados meses se aprueba que haya referendo, triunfo, pero no como parecía que se había aprobado y les gustaba a los antiguos perdedores, ahora triunfantes, sino como solicitó el Ejecutivo que triunfó y, claro, acusaciones, derrota, éxito, ataques, insultos y el vaivén continúa. Luego se cuestionó la constitucionalidad y era casi obvio que ahí acabaría, pero no ‘la sala’ dijo: adelante.
Finalmente, el siete de octubre habrá una decisión. No obstante, en la Asamblea se insiste en aprobar legislación que es sinónimo del Tratado, haciendo caso omiso de que podría estar perdiéndose tiempo absurdo aprobando normativa que después tampoco iría –en vez de aprobar la ley de hidrantes para que no se quemen más tugurios, por ejemplo-. O acaso será que los diputados del ‘sí’ piensan que aunque el siete de octubre se diga que no, si se podría votar de todos modos ‘sí’ en la Asamblea, pues pa’eso tienen la mayoría. Al contrario, nos dicen: sabiendo que la decisión popular será siempre que sí, entonces mejor avanzar y estar listos con las leyes complementarias; o sea, todo no acabaría: ‘no’; dijo en referendo, pero eso no obliga a desechar la agenda restante. ‘Sí’; dijo el referendo, pero eso no significa que tendrán que votar afirmativo todo lo demás; y claro, en todos los demás frentes, incluyendo las calles, los tribunales, las empresas y las instituciones.
Con el referendo aprobado, cada quien se ha ido concentrando en describir la clase de mundo de cucarachas en que tendríamos que vivir si se dice ‘no’ o si se dice ‘sí’. Cada sector proclama su seguridad de que las cucarachas serán los otros, y que ellos podrán seguir viviendo en un mundo normal con futuro esplendoroso.
¿Cuál es la perspectiva que se percibe? A dos meses la campaña sucia ya empezó hace días, incluyendo páginas pagadas del más claro estilo de la guerra fría y los autoritarios de todos los lados han salido a gritar ‘vende patrias’ y ‘traidores’ a los otros, asqueados de aquellos que no griten sus consignas. Cada quien insiste en que sus mediciones y encuestas más realistas les favorecen; algunos con euforia dicen que ganarán por tumulto, otros –del otro lado- dicen que tal vez no por tanto, pero que de seguro se ganará.
Se dice que la gente de la calle votará obviamente por nuestra posición, porque sabe lo que le conviene; se dice que las encuestas que favorecen al otro son obviamente sesgadas y parciales; se dice que con la presencia del Presidente en miles de inauguraciones y repartición de bonos, el clientelismo tradicional funcionará otra vez; se dice que el tradicional bipartidismo está de nuevo vivo y ahora unido; se dice que toda la empresa que no participa directamente en las elecciones, ahora estará activa y presionará como antaño a los peones y empleados a votar según lo diga el patrón. Pero también se dice que la gente ya no come cuento, que nadie le cree nada al Presidente porque ya lleva un año sin cumplir y se dice que los sitios donde el Presidente perdió son de gente pensante, activa e informada que saben lo que perderán si ‘sí’, y en los sitios donde ganó la gente está harta de promesas incumplidas, una vez más, como en efecto luego de un año, y que ahora ni los pobres de los puertos ni los pobres del norte le darán el triunfo al Presidente del ‘sí’; bueno, se dice, a menos que haya fraude…
Ah, pero ¿puede haber fraude? Bueno, sí claro, de hecho ha habido fraude muchísimas veces desde la colonia, de tal forma que no sería nada extraño; pero entonces hay que prepararse para evitarlo y para defender cualquier intento en contrario: si se está con seguridad de que el resultado será favorable a mi grupo, pues entonces habrá que impedir cualquier declaración en contrario, pues obviamente sería fraudulenta y se cuestionan igual los pronósticos y los magistrados.
De todos modos, a solo dos meses de la votación, es claro que queda mucho por ver y por hacer, no solo basta con presentar encuestas o hacer campañas sucias. La gran mayoría de los cientos de miles que irán a votar no tienen la menor idea de lo que dice el acuerdo de la Asamblea que aprueba una versión del documento que finalmente es lo que se dice que se votará. Ni siquiera se enterarán de esto, aunque se haya publicado en los periódicos y mucho menos de la letra del acuerdo o Tratado o como se llame esa cosa que hay que rechazar o aprobar, ‘sí’ o ‘no’. No importa, por supuesto la gran mayoría de los diputados lo habrían votado igual sin haberlo leído, como es común en muchos otros proyectos menos inmensos y más entendibles.
Dentro de dos meses muchos de nosotros podríamos amanecer convertidos en cucarachas; o en su defecto, a lo mejor tendremos que vivir en un hogar, nuestro hogar, convertido en un cucarachero. Pero siempre habrá posibilidad de coger una escoba y limpiar el hogar, solo que es necesario empezar a entrenarse para mover la escoba con destreza, o… las patitas y antenitas con destreza. No parece que ninguno de los sectores esté tan claro de cómo evitar el escobazo o como enfrentarlo o por donde empezar a reconstruir el hogar, aunque sea un cucarachero; no parece.
Julio del 2007
Hace cuatro años, parecía que todo lo referido al Tratado sería rápido y fácil, estaba todo negociado y no costaría pasarlo con los votos de los partidos mayoritarios, Zoelik nos visitó y… y ya, una vez más se decía: “pa’eso tenemos la mayoría”. Pero luego vinieron los más notables y abruptos cambios en el proceso y la fiesta se acabó: se alargó la discusión, se pospuso la votación, se dejó para después de las elecciones nacionales y muchos quedaron de nuevo encerrados en su habitación como si fueran cucarachas y no esbeltos y triunfantes negociadores del futuro promisorio.
Pero no todo estaba acabado, una inmensa campaña para decir sí a quien volvería, veinte años después, a poner todo de vuelta en la normalidad, acabaría con la pesadilla. Todo acabó por casi confirmar que no, parecía que las elecciones nacionales no habían dicho que sí: y por supuesto, vino la celebración de los otros, los que ganaron todo el valle central. Fue fiesta momentánea porque no, finalmente sí, era un triunfo del ‘sí’ y el amanecer de pesadilla cambió de grupo. Aunque no había claridad total en la Asamblea, era claro que se fortalecería un impulso del Ejecutivo para aprobar el Tratado, centro absoluto de la campaña y del gobierno que iniciaría en el 2006.
Así las cosas, desde la Asamblea, los que perdieron buscarían a toda costa la prefigurada realidad de insectos verdes en un mundo de prosperidad amarillo luminoso, y no en un mundo de insectos amarillos donde gobernaran los billetes verdes. El vaivén ha seguido en cada ocasión, ya casi no, pero después entonces, sí; ya casi si, pero después entonces, pues no. Y luego de ajetreados meses se aprueba que haya referendo, triunfo, pero no como parecía que se había aprobado y les gustaba a los antiguos perdedores, ahora triunfantes, sino como solicitó el Ejecutivo que triunfó y, claro, acusaciones, derrota, éxito, ataques, insultos y el vaivén continúa. Luego se cuestionó la constitucionalidad y era casi obvio que ahí acabaría, pero no ‘la sala’ dijo: adelante.
Finalmente, el siete de octubre habrá una decisión. No obstante, en la Asamblea se insiste en aprobar legislación que es sinónimo del Tratado, haciendo caso omiso de que podría estar perdiéndose tiempo absurdo aprobando normativa que después tampoco iría –en vez de aprobar la ley de hidrantes para que no se quemen más tugurios, por ejemplo-. O acaso será que los diputados del ‘sí’ piensan que aunque el siete de octubre se diga que no, si se podría votar de todos modos ‘sí’ en la Asamblea, pues pa’eso tienen la mayoría. Al contrario, nos dicen: sabiendo que la decisión popular será siempre que sí, entonces mejor avanzar y estar listos con las leyes complementarias; o sea, todo no acabaría: ‘no’; dijo en referendo, pero eso no obliga a desechar la agenda restante. ‘Sí’; dijo el referendo, pero eso no significa que tendrán que votar afirmativo todo lo demás; y claro, en todos los demás frentes, incluyendo las calles, los tribunales, las empresas y las instituciones.
Con el referendo aprobado, cada quien se ha ido concentrando en describir la clase de mundo de cucarachas en que tendríamos que vivir si se dice ‘no’ o si se dice ‘sí’. Cada sector proclama su seguridad de que las cucarachas serán los otros, y que ellos podrán seguir viviendo en un mundo normal con futuro esplendoroso.
¿Cuál es la perspectiva que se percibe? A dos meses la campaña sucia ya empezó hace días, incluyendo páginas pagadas del más claro estilo de la guerra fría y los autoritarios de todos los lados han salido a gritar ‘vende patrias’ y ‘traidores’ a los otros, asqueados de aquellos que no griten sus consignas. Cada quien insiste en que sus mediciones y encuestas más realistas les favorecen; algunos con euforia dicen que ganarán por tumulto, otros –del otro lado- dicen que tal vez no por tanto, pero que de seguro se ganará.
Se dice que la gente de la calle votará obviamente por nuestra posición, porque sabe lo que le conviene; se dice que las encuestas que favorecen al otro son obviamente sesgadas y parciales; se dice que con la presencia del Presidente en miles de inauguraciones y repartición de bonos, el clientelismo tradicional funcionará otra vez; se dice que el tradicional bipartidismo está de nuevo vivo y ahora unido; se dice que toda la empresa que no participa directamente en las elecciones, ahora estará activa y presionará como antaño a los peones y empleados a votar según lo diga el patrón. Pero también se dice que la gente ya no come cuento, que nadie le cree nada al Presidente porque ya lleva un año sin cumplir y se dice que los sitios donde el Presidente perdió son de gente pensante, activa e informada que saben lo que perderán si ‘sí’, y en los sitios donde ganó la gente está harta de promesas incumplidas, una vez más, como en efecto luego de un año, y que ahora ni los pobres de los puertos ni los pobres del norte le darán el triunfo al Presidente del ‘sí’; bueno, se dice, a menos que haya fraude…
Ah, pero ¿puede haber fraude? Bueno, sí claro, de hecho ha habido fraude muchísimas veces desde la colonia, de tal forma que no sería nada extraño; pero entonces hay que prepararse para evitarlo y para defender cualquier intento en contrario: si se está con seguridad de que el resultado será favorable a mi grupo, pues entonces habrá que impedir cualquier declaración en contrario, pues obviamente sería fraudulenta y se cuestionan igual los pronósticos y los magistrados.
De todos modos, a solo dos meses de la votación, es claro que queda mucho por ver y por hacer, no solo basta con presentar encuestas o hacer campañas sucias. La gran mayoría de los cientos de miles que irán a votar no tienen la menor idea de lo que dice el acuerdo de la Asamblea que aprueba una versión del documento que finalmente es lo que se dice que se votará. Ni siquiera se enterarán de esto, aunque se haya publicado en los periódicos y mucho menos de la letra del acuerdo o Tratado o como se llame esa cosa que hay que rechazar o aprobar, ‘sí’ o ‘no’. No importa, por supuesto la gran mayoría de los diputados lo habrían votado igual sin haberlo leído, como es común en muchos otros proyectos menos inmensos y más entendibles.
Dentro de dos meses muchos de nosotros podríamos amanecer convertidos en cucarachas; o en su defecto, a lo mejor tendremos que vivir en un hogar, nuestro hogar, convertido en un cucarachero. Pero siempre habrá posibilidad de coger una escoba y limpiar el hogar, solo que es necesario empezar a entrenarse para mover la escoba con destreza, o… las patitas y antenitas con destreza. No parece que ninguno de los sectores esté tan claro de cómo evitar el escobazo o como enfrentarlo o por donde empezar a reconstruir el hogar, aunque sea un cucarachero; no parece.
Julio del 2007
viernes, junio 15, 2007
VIVIENDA: lo dicho y lo hecho en la Administración Arias Sánchez 1986-1990 (1)
Al iniciarse la nueva Administración en 1986, se contaba con la información proveniente del recién procesado Censo Nacional aplicado en junio de 1984 (2). Ello permitía una muy certera aproximación de las necesidades de vivienda y las características no solo habitacionales, sino sobre sus ocupantes, la propiedad y los artefactos que ellos utilizaban. El censo contabilizaba en 1984 nueve mil tugurios, 4 mil en zonas urbanas. Tres mil doscientos tugurios se concentraban en San José, especialmente en tres zonas de la ciudad, pero se habrían duplicado con solo tres barrios nuevos surgidos en 1986, provocados precisamente por los grupos organizados alrededor de la campaña electoral del PLN e incentivados por las entregas de ‘pre-adjudicaciones’ de lotes realizadas por el propio candidato Arias Sánchez.
El Gobierno electo indicó, recién pasada la elección, que el 21% de las familias con necesidad de vivienda no tenían ninguna capacidad de pago, el 40% sólo podía retribuir el mínimo (lotes con servicios, techos con servicios); el 22% podría adquirir soluciones 'populares económicas' -como las casas del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)- y solamente el 17 % restante estaba en capacidad de amortizar la mensualidad de una casa de tipo clase media o alta (3). El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) calculó que en 1986 el 'déficit' era de 130 mil, o sea el 25% de un total nacional estimado en 509 mil unidades. Del déficit, el 90% eran casas malas o irreparables y el otro 10% lo constituían las necesarias para eliminar el hacinamiento. Las viviendas deterioradas representaban otro 22% del total de las 509 mil, o sea poco más de cien mil, con su mayor parte (76%) localizada en las zonas rurales del país (MIVAH 89:3). En setiembre de 1986 el Gobierno anunció un nuevo cómputo del déficit: 218 mil, dato con base en el que se presionaba para aprobar el proyecto de ley del Sistema Nacional Financiero para la Vivienda (SVAH) y el Banco Hipotecario de la Vivienda –BANHVI- (4).
La presión por el cumplimiento de la cifra ofrecida por el candidato Arias Sánchez durante la campaña electoral (80 mil viviendas), se resolvió con un cómputo sobre lo realizado al finalizar el primer año de Gobierno que resultaría obviamente falso (5). En el informe oficial se anunció la realización de más de 20 mil operaciones financieras por parte de las instituciones vinculadas al sector público, incluyendo 5830 del INVU y 2339 del IMAS, lo que sería contradictorio con los propios datos oficiales de esas mismas instituciones (6). El INVU posteriormente tan solo computaría un total de 5170 'soluciones' (no ‘viviendas’) para 1986 y 1033 para 1987, o sea 7179 en los dos años con una sensible reducción en 1987. Debe agregarse que de las 'soluciones' de los dos años juntos únicamente 1368 eran viviendas (INVU; 89), lo que revela las dimensiones del sobre-cálculo en el informe ministerial. Durante todo el primer año de Gobierno, el MIVAH intentaba mostrar una acción en vivienda que realmente no se estaba realizando, muy pocos proyectos iniciaron su construcción (1nota adicional) y lo que se hizo fue continuar concentrando precaristas y comités de viviendas de la época de la campaña electoral en fincas estatales ‘en verde’, sin agua, ni electricidad, ni otros servicios urbanos y de salud fundamentales, acrecentando los grandes 'precarios' iniciados al principio del año 1986 o heredados del anterior período, con ello las presiones de los vecinos y los comités se hicieron cada vez más fuertes. La verdad era que el llamado 'Programa de Acción Inmediata' (PAI) apenas había empezado en 1987 y el descontento entre los vecinos de los grandes precarios se expresaba con diversas manifestaciones y huelgas que buscaban al menos obtener los servicios mínimos de agua y electricidad (7). El Ministro Zumbado –de vivienda- siguió repitiendo insistentemente que estaba cumpliendo con lo prometido y frente a críticas planteadas por la oposición política en febrero de 1988 indicó que ya se habían levantado y entregado más de 35 mil viviendas, por lo que el déficit habría bajado a 95 mil. El dato era sin duda alguno falso, tan solo por el simple hecho que estaba contabilizando todo tipo de operaciones concluidas en los 21 meses de Gobierno, las que en su gran mayoría NO eran viviendas, de manera que no podrían haberse levantado y entregado.
Pocos meses después, al cabo de dos años de Gobierno, fue el propio Presidente de la República Arias Sánchez el que notificó oficialmente a la Asamblea Legislativa la finalización de más de 42 mil viviendas, lo que fue objeto de un largo debate e investigaciones de campo para cuantificar de diversas maneras lo realizado. Las diversas formas de control demostraron que el monto ni siquiera se acercaba al rango real de la construcción realizada (2 nota adicional). En efecto el monto real construido por instituciones gubernamentales era del rango de los seis mil, las que aunadas a los procesos financieros de todas las instituciones vinculadas al SVAH solo alcanzaban alrededor de 26 mil casas (8). O sea que el Presidente Arias dio a la Asamblea Legislativa un dato que equivalía a un 161.5 % del total de lo que apenas se estaba haciendo (pues muchas de las operaciones financieras todavía no habían concluido en verdaderas casas construidas).
En 1987 se había iniciado el desarrollo casi simultáneo de decenas de proyectos (9), incluyendo los grandes precarios. El proceso no estaría exento de tropiezos, pero se tendrían decenas de nuevas construcciones para el Informe Presidencial del 1 de mayo de 1988. La Memoria del MIVAH de mayo 1987 a mayo 1988 planteaba que los programas fundamentales se habían consolidado y atendían más de quince mil familias (MIVAH; 88:2)(3 nota adicional). En realidad, a mayo de 1988 solo se había tomado la decisión de atender a tales familias, incluso al final de 1989 mucha de esta infraestructura estaba sin terminar y durante los últimos meses se apresuraba el trabajo de lastreado o pavimentado en grandes barrios de precaristas; la electricidad seguía siendo ilegal o por medidores colectivos controlados por comités locales y no se habían concluido los servicios de agua y alcantarillado. En muchos barrios las familias todavía vivían en sus antiguos ranchos de desechos, con letrinas de pozo negro y altos grados de contaminación, con pocas fuentes públicas de agua, también contaminables a consecuencia de las filtraciones en las conexiones. En mayo de 1988, a pesar de los informes más optimistas (10), el programa apenas se iniciaba, aunque con intensidad, pero la presión de los vecinos debería continuar por años (11), y aún hoy en el año 2004 continúa pues los barrios no se han concluido.
Uno de los denominados "Frentes", el COPAN; a partir de su propia indagación en el campo, reveló que se habrían construido menos de cuatro mil viviendas mediante los programas y en los proyectos reportados por el MIVAH, en los que se informaba de la construcción de más de 28 mil viviendas. La misma organización comprobó que a dos años de Gobierno nada más habían 25.892 nuevos abonados de electricidad y 23.662 nuevos abonados de agua, pero indicaban a la vez que 80% de los residentes en los 'precarios' tenían electricidad. El COPAN contabilizaba al menos 14 mil nuevos tugurios, la mitad residiendo en dos grandes precarios de San José. Su cálculo era que no llegarían a 15 mil las viviendas construidas en los dos primeros años de la Administración Arias (Trejos, M.; 88:2 / Amador, F. e Iglesias, M.; 88:74) (4 nota adicional).
En diciembre de 1988 el Gobierno informó que se habían construido ya 50 mil viviendas y que otras 30 mil estaban en proceso de construcción. A la fecha se indicó además que ya estaban reconstruyéndose las viviendas dañadas el huracán 'Joan' y otras inundaciones anteriores (12). Esta información contrasta con la emitida por el propio BANHVI que para el total de los tres años entre 1986 y 1988, o sea incluyendo seis meses del Gobierno anterior, solo computa un total de obras en vivienda en todo el país de 47 mil, de las cuales únicamente 37 mil eran 'construidas nuevas', el resto lo conformaban 'ampliaciones'. El dato que ofrecía el Ministro Zumbado como 'construidas' era casi el doble de lo que luego reportaba el BANHVI, cuyo Presidente de la Junta Directiva era el propio Ministro Zumbado (BANHVI; 90:Series 35 a 40).
El dato que ofrece el INVU como 'total de viviendas construidas nuevas en el país', incluyendo sector público y privado para los dos años 1986 y 1987 es 31205, 57% de las cuales eran realizadas por el sector privado y de estos la mitad con medios NO provenientes de Mutuales de Ahorro y Préstamo (que recibían fondos del BANHVI (INVU; 89:cuadro 15), por lo que justamente no podrían ser atribuidas a la ‘obra de gobierno’.
La contabilidad del MIVAH, sin embargo continuó cumpliendo con la meta, es así que en su Memoria 88-89 informan de un total de 'viviendas terminadas' de más de 60 mil, indicando como fuentes de financiamiento los bancos estatales, instituciones estatales y las entidades autorizadas del SVAH, más los programas especiales conjuntos con financiamiento de otros países. En esa información se atribuye un total de 27985 viviendas a instituciones dedicadas a sectores de más bajos recursos (INVU-IMAS-CEC-PVR-BANHVI), aunque el dato del BANHVI incluiría financiamiento para las Mutuales, que no atienden necesariamente sectores de bajos recursos. Esta Memoria le atribuye a la CEV la construcción de 4902 viviendas, que serían del programa de erradicación de tugurios, concentrados en San José, esto de nuevo encendió la polémica electoral -1989- dado lo inverosímil de las cifras (13).
El dato oficial dado a la prensa, sin embargo, en enero de 1990 sobre las viviendas 'construidas' entre mayo de 1986 y diciembre de 1989 fue de 76858, aclarando de paso que se estaban construyendo 15 mil adicionales a terminar antes de las elecciones (14). El reporte oficial del MIVAH un mes después, que incluye las viviendas construidas hasta enero de 1990, un mes antes de las elecciones fue: 80548.
Si se utilizan los datos oficiales, se puede concluir que las operaciones financieras dedicadas a sectores de ingresos medios y bajos fueron menos de 40 mil, y las exclusivamente aplicadas para sectores de bajos recursos fueron no más de 30 mil en todo el país en cuatro años. Concretamente la CEV alcanzó a construir bastante menos de lo que se propuso al crearse, pues se esperaba que construyera al menos 18 mil viviendas. Las cerca de 7 mil operaciones que se le atribuyen no incluían en su mayoría la construcción de infraestructuras, pues muchas se localizaban en los grandes precarios de San José, todavía en proceso en este año 2004. Al momento de las elecciones estaban unas 8 mil viviendas en construcción y otras siete mil en programa, pero sin iniciarse (Entrevista a J. Mora, Director de Vivienda del MIVAH en1989). La Dirección de la CEV calculaba que atenderían de 10 a 13 mil familias durante la Administración Arias Sánchez, y que, en el futuro, se podrían construir unas 4 mil viviendas por año, sin crecer demasiado y trabajando a niveles similares de eficiencia a los de 1989, con la misma estructura que se tenía en 1989 (Entrevista a O. Madrigal, Director de la CEV en 1989). Esto hubiera implicado mantener la condición de 'emergencia' del Sector Vivienda en forma permanente.
El fácil recurso de usar la CEV como herramienta expedita de construir, o al menos iniciar la construcción de miles de viviendas, utilizada como alternativa en vez de reorganizar y modernizar el INVU, su legislación y financiamiento, constituye la parte negativa del balance institucional, a parte del censurable y absurdo uso de datos obviamente falsos solo con fines de propaganda. Con ello fue posible construir evadiendo la legislación durante más de dos años de la administración Arias Sánchez. Sin una 'permanente' emergencia que destinara fondos de alto subsidio y evadiera trámites, reglamentos y controles financieros, lo masivo de la actividad constructiva se tendría que restringir sustancialmente. Sin el reparto indiscriminado de tierra estatal (más de 200 hectáreas en solo cuatro barrios del AMSJ) semi-gratuita, a pagar en el futuro incierto, la mayoría sin urbanizar; sin siquiera contabilizar el costo de los servicios futuros; sin la construcción de casas y la creación de barrios a crédito emergente; no sería posible mantener el proceso de erradicación de los precarios.
Frente a un resultado optimista que indique una progresiva reducción del déficit pre-existente y dado lo evidente de la falsedad de los datos para pretender cumplir con la promesa electoral de las 80 mil viviendas, la investigación mostró otra realidad: los desequilibrios regionales inducidos, la excesiva concentración de población paupérrima en los puertos, los guetos de pobreza inmensos de la Gran Área Metropolitana de San José y la migración provocada por la CEV y la propaganda. Todo daría a luz en lo sucesivo a numerosos nuevos precarios, para los que no habría institucionalidad vigente con capacidad de planificación, reordenamiento, urbanización, financiación y mucho menos construcción, pues el INVU se desmanteló y la CEV finalmente tuvo que cerrar por lo ilegal de su existencia misma.
La evidente falsedad de los datos utilizados muestra cómo con fines propagandísticos y electorales se hizo cumplir a la fuerza la promesa de campaña, dejando de paso un caos tanto en los barrios como en la utilización y desperdicio de tierra urbana escasa para crear guetos de pobreza que aún hoy siguen sin terminar y concentran decenas de miles de familias en condiciones inadecuadas: Pero a la vez, creando un grave problema urbano y ambiental que ha traído incalculables costos financieros para el Estado y los propios pobladores durante más de una década y que están muy lejos de resolverse en el 2004. Lo dicho y lo hecho muestra un enorme contraste y debe servir para llamar la atención sobre promesas que todavía se pretende hacer creer que fueron cumplidas a cabalidad y muchos lo siguen creyendo; promesas cumplidas que han sido y serán en los próximos dos años caballo de batalla electoral y de prueba de una mal llamada ‘transparencia’ por parte de los responsables del Poder Ejecutivo de la administración 86-90.
Referencias Bibliográficas
Amador, Fausto e Iglesias, Manuel (1988) Crítica social: análisis del Informe Presidencial sobre el programa de vivienda 1986-1990 COPAN, REVISTA EMERGENCIA #1.
BAHVI (1990) Fosuvi: variables relevantes del sector vivienda (copia impresa)
INVU (1989) Informe general sobre viviendas construidas (mimeo)
Lara, S y Valverde, M (1986) ¿ 80 mil viviendas para quien? REVISTA APORTES #18
MIVAH (1988) Memoria mayo 1987- mayo 1988 (mimeo)
MIVAH (1989) Memoria 1988-1988 (mimeo)
Trejos, Marta (1988) Los primeros años de la Administración Arias (mimeo)
notas:
1- La base investigativa del presente artículo se puede encontrar en detalle en: Argüello-Rodríguez, Manuel (1992) Housing Democracy and Revolution Tesis doctoral inédita (Planificación Urbana/Regional y Desarrollo –Geografía-) University College London, Universidad de Londres, Inglaterra.
2- El Censo Nacional realizado por la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC). Reportajes sobre sus resultados en relación a la vivienda fueron publicados en: LA NACION; 04-05-86:4A y 12-05-86:2A (S.C.Nieto, redactora);
LA REPUBLICA; 05-08-86:2 y 26-10-87:5.
3- LA NACION; 23-02-86:6A.
4- LA NACION; 27-09-86:6A. Declaraciones de la Vice-ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos.
5- "El Presidente Arias proclamó el AÑO DE LA VIVIENDA, a partir del 9 de mayo de 1987. De paso reiteró la construcción efectuada ya de 20587 viviendas" LA REPUBLICA; 09-05-87:2.
6- LA REPUBLICA; 14-05-87:6 SUPLEMENTO 'PRIMER ANIVERSARIO DE Gobierno'. El propio Ministro Zumbado daría información contradictoria un año después, en mayo de 1988 cuando al sumar 42399 viviendas en dos años de Gobierno, le atribuyó 8550 operaciones al INVU y la CEV conjuntamente. LA PRENSA LIBRE; 17-05-88:2.
7- El Presidente Ejecutivo del INVU, que debería renunciar al mes siguiente, por la 'intervención' decretada por el Poder Ejecutivo, afirmó al final del mismo mes de mayo de 1987 que se estaban trasladando unas 4300 familias hacia terrenos del INVU, donde se construiría próximamente mediante autoconstrucción. -Informe preparado para HABITAT/ONU. LA REPUBLICA; 230-05-87:7.
8- Cálculo de R. Méndez M. Diputado del PUSC, con base en análisis de COPAN. LA NACION; 01-10-88:6A.
9- "La CEV empezó con alrededor de 100 proyectos y el BANHVI tiene conocimiento de 29 de ellos donde hay procesos completos o avanzados de 'formalización' al final de 1989. De los otros no se tienen ninguna información" (Vargas, J.; 89).
10- “Según informó el Ministro, en estos momentos están en proceso de construcción unas 25 mil viviendas, de las cuáles unas diez mil corresponden a las que se ejecutan con la participación de los 'Frentes'" LA NACION; 19-04-87:6A.
11- En todos los barrios la presión continuará hasta el último año de la Administración. Precisamente a mediados de 1988 se dio la tercera 'huelga de hambre' de COPAN.
12- LA EXTRA; 23-12-88:3.
13- Reportajes en: LA NACION; 25-03-89:6A y LA REPUBLICA; 04-05-89:8A.
14- Reportajes: informe oficial y declaraciones ministeriales en: LA PRENSA LIBRE; 04-01-89:7,,LA NACION; 21-12-89:2A.
15-
NOTAS ADICIONALES.
1 "Proyectos comenzados en el año 83,84 y 85 por el INVU están sin terminar y desfinanciados, por ejemplo: Proyecto C. Rodríguez, comenzado en el año 84, se publica su adjudicación el 11 de mayo de 1989, para construir unas casas más. Así, como este desarrollo, están sin terminar otros como G. Ramírez de Alajuela, Paraíso de Cartago, La Guapil, Los Duraznos, etc., todos empezados por el INVU entre el año 1983 y 1985" A. Franco C. LA PRENSA LIBRE; 28-06-89:11.
2 El uso ambiguo de contabilidad permitió incrementar el total de 'viviendas' con el objeto de cumplir con la meta. Un ejemplo de ello es contabilizar en el total a proyectos que estaban apenas formulados en la etapa de "planta de conjunto", pues se consideraban "en ejecución", aún cuando estuvieran tan solo "a la espera de financiamiento y postergado para evaluar la demanda real que existirá" -se citan declaraciones del responsable de información del MIVAH-. LA PRENSA LIBRE; 28-09-88:10.
3 Programas para sectores de bajos ingresos en desarrollo en 1987:
1.AREAS CRITICAS: Los Guidos, Metrópolis, Los Diques y La Capri. Cada uno de más de 600 familias
2.PLAN DE ACCION INMEDIATA: Precarios del AMSJ -principalmente- inicialmente 3988 familias en 16 grupos. Siete se trasladarían a propiedad de INVU o IMAS. Otros 7 a lotes a comprar y dos al "Plan Piloto". El número creció paulatinamente hasta 4300 familias. El MINVAH seleccionó 23 grupos para ser atendidos en forma inmediata: urgencia por estar ubicados en zonas de insalubridad o peligrosas y otra orientada al desarrollo de complejos habitacionales.
3.PROYECTOS ESPECIALES: Iniciados por el IMAS durante la Administración Monge y abandonados por falta de recursos.
4.GRUPOS ORGANIZADOS : Los proyectos y fincas controlados por COPAN.
5.PLAN OSCAR -PLAN PILOTO- : Surgió a fines de 1984 y principios de 1985, iniciado después de la Declaratoria de Emergencia Nacional, cuando se nombró al IMAS como unidad EJECUTORA con un presupuesto de 128 millones de colones. Finalmente se redujo a dos grupos de vivienda y los fondos no se hicieron efectivos. La nueva Administración lo refinanció (1987). Se trataba de grupos organizados en forma de 'Asociaciones' con personería jurídica, especialmente del tipo 'asociaciones integrales' ligadas a DINADECO.
La CEV inicia en febrero de 1987 con: Plan de Acción Inmediata, Áreas Críticas y Grupos Organizados ( Entrevista gravada a O. Madrigal, en 1989, quien era su Director Ejecutivo).
4 El informe de COPAN en 1988 indicaba que:
"El crecimiento del tugurio se ha duplicado en este Gobierno. De las familias encuestadas viviendo en tugurio la mitad lo hicieron a partir de este Gobierno. Este Ministerio, como todos los anteriores, solo funciona ante las presiones. No ha logrado definir su carácter. Ha cedido frente a los dirigentes precaristas, frente al INVU con su rosario de juntas directivas e interventores, y se pasa apagando incendios como bombero. El MIVAH ha dado dos reportes: 1= 28632 casas y 2= 36133, en ellos sucede que:
Hay proyectos que se repiten, se suman dos veces con distintas cifras.
En Los Guidos; 3100 reportadas, solo hay 500.
En Guararí; 1100 en construcción o construidas, solo hay 35 casas hechas.
Reportan 305 en Monte Alto; pero solo hay un tractor empezando.
Reportan 2000 en La Capri; pero hay solo cordones y caño.
Informan de 160 en San Cristobal, Hatillo; pero el proyecto no existe.
Informan de 624 en Hatillo 9; pero es un proyecto de la Administración Monge, que nunca empezó.
En total la investigación de campo concluyó que del total de casas reportadas de 28632 solo habían construidas 3924. Por otro lado la misma organización indicaba que dos mil casas construidas en el Gobierno 78-82 se estrenaron en el 82-86; (Trejos, M.; 88:2).
Julio del 2004.
Manuel Argüello-Rodríguez, Ph.D.
Catedrático de la UNA (Costa Rica)
El Gobierno electo indicó, recién pasada la elección, que el 21% de las familias con necesidad de vivienda no tenían ninguna capacidad de pago, el 40% sólo podía retribuir el mínimo (lotes con servicios, techos con servicios); el 22% podría adquirir soluciones 'populares económicas' -como las casas del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)- y solamente el 17 % restante estaba en capacidad de amortizar la mensualidad de una casa de tipo clase media o alta (3). El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) calculó que en 1986 el 'déficit' era de 130 mil, o sea el 25% de un total nacional estimado en 509 mil unidades. Del déficit, el 90% eran casas malas o irreparables y el otro 10% lo constituían las necesarias para eliminar el hacinamiento. Las viviendas deterioradas representaban otro 22% del total de las 509 mil, o sea poco más de cien mil, con su mayor parte (76%) localizada en las zonas rurales del país (MIVAH 89:3). En setiembre de 1986 el Gobierno anunció un nuevo cómputo del déficit: 218 mil, dato con base en el que se presionaba para aprobar el proyecto de ley del Sistema Nacional Financiero para la Vivienda (SVAH) y el Banco Hipotecario de la Vivienda –BANHVI- (4).
La presión por el cumplimiento de la cifra ofrecida por el candidato Arias Sánchez durante la campaña electoral (80 mil viviendas), se resolvió con un cómputo sobre lo realizado al finalizar el primer año de Gobierno que resultaría obviamente falso (5). En el informe oficial se anunció la realización de más de 20 mil operaciones financieras por parte de las instituciones vinculadas al sector público, incluyendo 5830 del INVU y 2339 del IMAS, lo que sería contradictorio con los propios datos oficiales de esas mismas instituciones (6). El INVU posteriormente tan solo computaría un total de 5170 'soluciones' (no ‘viviendas’) para 1986 y 1033 para 1987, o sea 7179 en los dos años con una sensible reducción en 1987. Debe agregarse que de las 'soluciones' de los dos años juntos únicamente 1368 eran viviendas (INVU; 89), lo que revela las dimensiones del sobre-cálculo en el informe ministerial. Durante todo el primer año de Gobierno, el MIVAH intentaba mostrar una acción en vivienda que realmente no se estaba realizando, muy pocos proyectos iniciaron su construcción (1nota adicional) y lo que se hizo fue continuar concentrando precaristas y comités de viviendas de la época de la campaña electoral en fincas estatales ‘en verde’, sin agua, ni electricidad, ni otros servicios urbanos y de salud fundamentales, acrecentando los grandes 'precarios' iniciados al principio del año 1986 o heredados del anterior período, con ello las presiones de los vecinos y los comités se hicieron cada vez más fuertes. La verdad era que el llamado 'Programa de Acción Inmediata' (PAI) apenas había empezado en 1987 y el descontento entre los vecinos de los grandes precarios se expresaba con diversas manifestaciones y huelgas que buscaban al menos obtener los servicios mínimos de agua y electricidad (7). El Ministro Zumbado –de vivienda- siguió repitiendo insistentemente que estaba cumpliendo con lo prometido y frente a críticas planteadas por la oposición política en febrero de 1988 indicó que ya se habían levantado y entregado más de 35 mil viviendas, por lo que el déficit habría bajado a 95 mil. El dato era sin duda alguno falso, tan solo por el simple hecho que estaba contabilizando todo tipo de operaciones concluidas en los 21 meses de Gobierno, las que en su gran mayoría NO eran viviendas, de manera que no podrían haberse levantado y entregado.
Pocos meses después, al cabo de dos años de Gobierno, fue el propio Presidente de la República Arias Sánchez el que notificó oficialmente a la Asamblea Legislativa la finalización de más de 42 mil viviendas, lo que fue objeto de un largo debate e investigaciones de campo para cuantificar de diversas maneras lo realizado. Las diversas formas de control demostraron que el monto ni siquiera se acercaba al rango real de la construcción realizada (2 nota adicional). En efecto el monto real construido por instituciones gubernamentales era del rango de los seis mil, las que aunadas a los procesos financieros de todas las instituciones vinculadas al SVAH solo alcanzaban alrededor de 26 mil casas (8). O sea que el Presidente Arias dio a la Asamblea Legislativa un dato que equivalía a un 161.5 % del total de lo que apenas se estaba haciendo (pues muchas de las operaciones financieras todavía no habían concluido en verdaderas casas construidas).
En 1987 se había iniciado el desarrollo casi simultáneo de decenas de proyectos (9), incluyendo los grandes precarios. El proceso no estaría exento de tropiezos, pero se tendrían decenas de nuevas construcciones para el Informe Presidencial del 1 de mayo de 1988. La Memoria del MIVAH de mayo 1987 a mayo 1988 planteaba que los programas fundamentales se habían consolidado y atendían más de quince mil familias (MIVAH; 88:2)(3 nota adicional). En realidad, a mayo de 1988 solo se había tomado la decisión de atender a tales familias, incluso al final de 1989 mucha de esta infraestructura estaba sin terminar y durante los últimos meses se apresuraba el trabajo de lastreado o pavimentado en grandes barrios de precaristas; la electricidad seguía siendo ilegal o por medidores colectivos controlados por comités locales y no se habían concluido los servicios de agua y alcantarillado. En muchos barrios las familias todavía vivían en sus antiguos ranchos de desechos, con letrinas de pozo negro y altos grados de contaminación, con pocas fuentes públicas de agua, también contaminables a consecuencia de las filtraciones en las conexiones. En mayo de 1988, a pesar de los informes más optimistas (10), el programa apenas se iniciaba, aunque con intensidad, pero la presión de los vecinos debería continuar por años (11), y aún hoy en el año 2004 continúa pues los barrios no se han concluido.
Uno de los denominados "Frentes", el COPAN; a partir de su propia indagación en el campo, reveló que se habrían construido menos de cuatro mil viviendas mediante los programas y en los proyectos reportados por el MIVAH, en los que se informaba de la construcción de más de 28 mil viviendas. La misma organización comprobó que a dos años de Gobierno nada más habían 25.892 nuevos abonados de electricidad y 23.662 nuevos abonados de agua, pero indicaban a la vez que 80% de los residentes en los 'precarios' tenían electricidad. El COPAN contabilizaba al menos 14 mil nuevos tugurios, la mitad residiendo en dos grandes precarios de San José. Su cálculo era que no llegarían a 15 mil las viviendas construidas en los dos primeros años de la Administración Arias (Trejos, M.; 88:2 / Amador, F. e Iglesias, M.; 88:74) (4 nota adicional).
En diciembre de 1988 el Gobierno informó que se habían construido ya 50 mil viviendas y que otras 30 mil estaban en proceso de construcción. A la fecha se indicó además que ya estaban reconstruyéndose las viviendas dañadas el huracán 'Joan' y otras inundaciones anteriores (12). Esta información contrasta con la emitida por el propio BANHVI que para el total de los tres años entre 1986 y 1988, o sea incluyendo seis meses del Gobierno anterior, solo computa un total de obras en vivienda en todo el país de 47 mil, de las cuales únicamente 37 mil eran 'construidas nuevas', el resto lo conformaban 'ampliaciones'. El dato que ofrecía el Ministro Zumbado como 'construidas' era casi el doble de lo que luego reportaba el BANHVI, cuyo Presidente de la Junta Directiva era el propio Ministro Zumbado (BANHVI; 90:Series 35 a 40).
El dato que ofrece el INVU como 'total de viviendas construidas nuevas en el país', incluyendo sector público y privado para los dos años 1986 y 1987 es 31205, 57% de las cuales eran realizadas por el sector privado y de estos la mitad con medios NO provenientes de Mutuales de Ahorro y Préstamo (que recibían fondos del BANHVI (INVU; 89:cuadro 15), por lo que justamente no podrían ser atribuidas a la ‘obra de gobierno’.
La contabilidad del MIVAH, sin embargo continuó cumpliendo con la meta, es así que en su Memoria 88-89 informan de un total de 'viviendas terminadas' de más de 60 mil, indicando como fuentes de financiamiento los bancos estatales, instituciones estatales y las entidades autorizadas del SVAH, más los programas especiales conjuntos con financiamiento de otros países. En esa información se atribuye un total de 27985 viviendas a instituciones dedicadas a sectores de más bajos recursos (INVU-IMAS-CEC-PVR-BANHVI), aunque el dato del BANHVI incluiría financiamiento para las Mutuales, que no atienden necesariamente sectores de bajos recursos. Esta Memoria le atribuye a la CEV la construcción de 4902 viviendas, que serían del programa de erradicación de tugurios, concentrados en San José, esto de nuevo encendió la polémica electoral -1989- dado lo inverosímil de las cifras (13).
El dato oficial dado a la prensa, sin embargo, en enero de 1990 sobre las viviendas 'construidas' entre mayo de 1986 y diciembre de 1989 fue de 76858, aclarando de paso que se estaban construyendo 15 mil adicionales a terminar antes de las elecciones (14). El reporte oficial del MIVAH un mes después, que incluye las viviendas construidas hasta enero de 1990, un mes antes de las elecciones fue: 80548.
Si se utilizan los datos oficiales, se puede concluir que las operaciones financieras dedicadas a sectores de ingresos medios y bajos fueron menos de 40 mil, y las exclusivamente aplicadas para sectores de bajos recursos fueron no más de 30 mil en todo el país en cuatro años. Concretamente la CEV alcanzó a construir bastante menos de lo que se propuso al crearse, pues se esperaba que construyera al menos 18 mil viviendas. Las cerca de 7 mil operaciones que se le atribuyen no incluían en su mayoría la construcción de infraestructuras, pues muchas se localizaban en los grandes precarios de San José, todavía en proceso en este año 2004. Al momento de las elecciones estaban unas 8 mil viviendas en construcción y otras siete mil en programa, pero sin iniciarse (Entrevista a J. Mora, Director de Vivienda del MIVAH en1989). La Dirección de la CEV calculaba que atenderían de 10 a 13 mil familias durante la Administración Arias Sánchez, y que, en el futuro, se podrían construir unas 4 mil viviendas por año, sin crecer demasiado y trabajando a niveles similares de eficiencia a los de 1989, con la misma estructura que se tenía en 1989 (Entrevista a O. Madrigal, Director de la CEV en 1989). Esto hubiera implicado mantener la condición de 'emergencia' del Sector Vivienda en forma permanente.
El fácil recurso de usar la CEV como herramienta expedita de construir, o al menos iniciar la construcción de miles de viviendas, utilizada como alternativa en vez de reorganizar y modernizar el INVU, su legislación y financiamiento, constituye la parte negativa del balance institucional, a parte del censurable y absurdo uso de datos obviamente falsos solo con fines de propaganda. Con ello fue posible construir evadiendo la legislación durante más de dos años de la administración Arias Sánchez. Sin una 'permanente' emergencia que destinara fondos de alto subsidio y evadiera trámites, reglamentos y controles financieros, lo masivo de la actividad constructiva se tendría que restringir sustancialmente. Sin el reparto indiscriminado de tierra estatal (más de 200 hectáreas en solo cuatro barrios del AMSJ) semi-gratuita, a pagar en el futuro incierto, la mayoría sin urbanizar; sin siquiera contabilizar el costo de los servicios futuros; sin la construcción de casas y la creación de barrios a crédito emergente; no sería posible mantener el proceso de erradicación de los precarios.
Frente a un resultado optimista que indique una progresiva reducción del déficit pre-existente y dado lo evidente de la falsedad de los datos para pretender cumplir con la promesa electoral de las 80 mil viviendas, la investigación mostró otra realidad: los desequilibrios regionales inducidos, la excesiva concentración de población paupérrima en los puertos, los guetos de pobreza inmensos de la Gran Área Metropolitana de San José y la migración provocada por la CEV y la propaganda. Todo daría a luz en lo sucesivo a numerosos nuevos precarios, para los que no habría institucionalidad vigente con capacidad de planificación, reordenamiento, urbanización, financiación y mucho menos construcción, pues el INVU se desmanteló y la CEV finalmente tuvo que cerrar por lo ilegal de su existencia misma.
La evidente falsedad de los datos utilizados muestra cómo con fines propagandísticos y electorales se hizo cumplir a la fuerza la promesa de campaña, dejando de paso un caos tanto en los barrios como en la utilización y desperdicio de tierra urbana escasa para crear guetos de pobreza que aún hoy siguen sin terminar y concentran decenas de miles de familias en condiciones inadecuadas: Pero a la vez, creando un grave problema urbano y ambiental que ha traído incalculables costos financieros para el Estado y los propios pobladores durante más de una década y que están muy lejos de resolverse en el 2004. Lo dicho y lo hecho muestra un enorme contraste y debe servir para llamar la atención sobre promesas que todavía se pretende hacer creer que fueron cumplidas a cabalidad y muchos lo siguen creyendo; promesas cumplidas que han sido y serán en los próximos dos años caballo de batalla electoral y de prueba de una mal llamada ‘transparencia’ por parte de los responsables del Poder Ejecutivo de la administración 86-90.
Referencias Bibliográficas
Amador, Fausto e Iglesias, Manuel (1988) Crítica social: análisis del Informe Presidencial sobre el programa de vivienda 1986-1990 COPAN, REVISTA EMERGENCIA #1.
BAHVI (1990) Fosuvi: variables relevantes del sector vivienda (copia impresa)
INVU (1989) Informe general sobre viviendas construidas (mimeo)
Lara, S y Valverde, M (1986) ¿ 80 mil viviendas para quien? REVISTA APORTES #18
MIVAH (1988) Memoria mayo 1987- mayo 1988 (mimeo)
MIVAH (1989) Memoria 1988-1988 (mimeo)
Trejos, Marta (1988) Los primeros años de la Administración Arias (mimeo)
notas:
1- La base investigativa del presente artículo se puede encontrar en detalle en: Argüello-Rodríguez, Manuel (1992) Housing Democracy and Revolution Tesis doctoral inédita (Planificación Urbana/Regional y Desarrollo –Geografía-) University College London, Universidad de Londres, Inglaterra.
2- El Censo Nacional realizado por la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC). Reportajes sobre sus resultados en relación a la vivienda fueron publicados en: LA NACION; 04-05-86:4A y 12-05-86:2A (S.C.Nieto, redactora);
LA REPUBLICA; 05-08-86:2 y 26-10-87:5.
3- LA NACION; 23-02-86:6A.
4- LA NACION; 27-09-86:6A. Declaraciones de la Vice-ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos.
5- "El Presidente Arias proclamó el AÑO DE LA VIVIENDA, a partir del 9 de mayo de 1987. De paso reiteró la construcción efectuada ya de 20587 viviendas" LA REPUBLICA; 09-05-87:2.
6- LA REPUBLICA; 14-05-87:6 SUPLEMENTO 'PRIMER ANIVERSARIO DE Gobierno'. El propio Ministro Zumbado daría información contradictoria un año después, en mayo de 1988 cuando al sumar 42399 viviendas en dos años de Gobierno, le atribuyó 8550 operaciones al INVU y la CEV conjuntamente. LA PRENSA LIBRE; 17-05-88:2.
7- El Presidente Ejecutivo del INVU, que debería renunciar al mes siguiente, por la 'intervención' decretada por el Poder Ejecutivo, afirmó al final del mismo mes de mayo de 1987 que se estaban trasladando unas 4300 familias hacia terrenos del INVU, donde se construiría próximamente mediante autoconstrucción. -Informe preparado para HABITAT/ONU. LA REPUBLICA; 230-05-87:7.
8- Cálculo de R. Méndez M. Diputado del PUSC, con base en análisis de COPAN. LA NACION; 01-10-88:6A.
9- "La CEV empezó con alrededor de 100 proyectos y el BANHVI tiene conocimiento de 29 de ellos donde hay procesos completos o avanzados de 'formalización' al final de 1989. De los otros no se tienen ninguna información" (Vargas, J.; 89).
10- “Según informó el Ministro, en estos momentos están en proceso de construcción unas 25 mil viviendas, de las cuáles unas diez mil corresponden a las que se ejecutan con la participación de los 'Frentes'" LA NACION; 19-04-87:6A.
11- En todos los barrios la presión continuará hasta el último año de la Administración. Precisamente a mediados de 1988 se dio la tercera 'huelga de hambre' de COPAN.
12- LA EXTRA; 23-12-88:3.
13- Reportajes en: LA NACION; 25-03-89:6A y LA REPUBLICA; 04-05-89:8A.
14- Reportajes: informe oficial y declaraciones ministeriales en: LA PRENSA LIBRE; 04-01-89:7,,LA NACION; 21-12-89:2A.
15-
NOTAS ADICIONALES.
1 "Proyectos comenzados en el año 83,84 y 85 por el INVU están sin terminar y desfinanciados, por ejemplo: Proyecto C. Rodríguez, comenzado en el año 84, se publica su adjudicación el 11 de mayo de 1989, para construir unas casas más. Así, como este desarrollo, están sin terminar otros como G. Ramírez de Alajuela, Paraíso de Cartago, La Guapil, Los Duraznos, etc., todos empezados por el INVU entre el año 1983 y 1985" A. Franco C. LA PRENSA LIBRE; 28-06-89:11.
2 El uso ambiguo de contabilidad permitió incrementar el total de 'viviendas' con el objeto de cumplir con la meta. Un ejemplo de ello es contabilizar en el total a proyectos que estaban apenas formulados en la etapa de "planta de conjunto", pues se consideraban "en ejecución", aún cuando estuvieran tan solo "a la espera de financiamiento y postergado para evaluar la demanda real que existirá" -se citan declaraciones del responsable de información del MIVAH-. LA PRENSA LIBRE; 28-09-88:10.
3 Programas para sectores de bajos ingresos en desarrollo en 1987:
1.AREAS CRITICAS: Los Guidos, Metrópolis, Los Diques y La Capri. Cada uno de más de 600 familias
2.PLAN DE ACCION INMEDIATA: Precarios del AMSJ -principalmente- inicialmente 3988 familias en 16 grupos. Siete se trasladarían a propiedad de INVU o IMAS. Otros 7 a lotes a comprar y dos al "Plan Piloto". El número creció paulatinamente hasta 4300 familias. El MINVAH seleccionó 23 grupos para ser atendidos en forma inmediata: urgencia por estar ubicados en zonas de insalubridad o peligrosas y otra orientada al desarrollo de complejos habitacionales.
3.PROYECTOS ESPECIALES: Iniciados por el IMAS durante la Administración Monge y abandonados por falta de recursos.
4.GRUPOS ORGANIZADOS : Los proyectos y fincas controlados por COPAN.
5.PLAN OSCAR -PLAN PILOTO- : Surgió a fines de 1984 y principios de 1985, iniciado después de la Declaratoria de Emergencia Nacional, cuando se nombró al IMAS como unidad EJECUTORA con un presupuesto de 128 millones de colones. Finalmente se redujo a dos grupos de vivienda y los fondos no se hicieron efectivos. La nueva Administración lo refinanció (1987). Se trataba de grupos organizados en forma de 'Asociaciones' con personería jurídica, especialmente del tipo 'asociaciones integrales' ligadas a DINADECO.
La CEV inicia en febrero de 1987 con: Plan de Acción Inmediata, Áreas Críticas y Grupos Organizados ( Entrevista gravada a O. Madrigal, en 1989, quien era su Director Ejecutivo).
4 El informe de COPAN en 1988 indicaba que:
"El crecimiento del tugurio se ha duplicado en este Gobierno. De las familias encuestadas viviendo en tugurio la mitad lo hicieron a partir de este Gobierno. Este Ministerio, como todos los anteriores, solo funciona ante las presiones. No ha logrado definir su carácter. Ha cedido frente a los dirigentes precaristas, frente al INVU con su rosario de juntas directivas e interventores, y se pasa apagando incendios como bombero. El MIVAH ha dado dos reportes: 1= 28632 casas y 2= 36133, en ellos sucede que:
Hay proyectos que se repiten, se suman dos veces con distintas cifras.
En Los Guidos; 3100 reportadas, solo hay 500.
En Guararí; 1100 en construcción o construidas, solo hay 35 casas hechas.
Reportan 305 en Monte Alto; pero solo hay un tractor empezando.
Reportan 2000 en La Capri; pero hay solo cordones y caño.
Informan de 160 en San Cristobal, Hatillo; pero el proyecto no existe.
Informan de 624 en Hatillo 9; pero es un proyecto de la Administración Monge, que nunca empezó.
En total la investigación de campo concluyó que del total de casas reportadas de 28632 solo habían construidas 3924. Por otro lado la misma organización indicaba que dos mil casas construidas en el Gobierno 78-82 se estrenaron en el 82-86; (Trejos, M.; 88:2).
Julio del 2004.
Manuel Argüello-Rodríguez, Ph.D.
Catedrático de la UNA (Costa Rica)
VIVIENDA Y POLÍTICA… ¿AMBIENTAL?
VIVIENDA Y POLÍTICA… ¿AMBIENTAL?
El crecimiento de las ciudades tiene como un componente esencial la construcción de viviendas, tanto aquellas de los sectores de ingresos altos y medios normalmente realizadas por iniciativas individuales y, más recientemente, por las empresas desarrolladoras de residenciales, condominios y edificios de mediana altura, ubicados en medio de amplias zonas verdes y con vistas al valle o las montañas; como aquellas impulsadas por proyectos estatales y con fondos públicos, en barriadas de pequeñas unidades unifamiliares que cubren amplias extensiones de suelo.
Costa Rica no ha presentado hasta el inicio del siglo XXI un proceso intenso de construcción en altura y alta densidad en ninguna ciudad y para ninguna de las actividades que lo han impulsado en otras latitudes, como la financiera, comercial o público-ceremonial. Las rentas urbanas han sido la esencia del proceso de inversión privada y el evitar el abierto conflicto social ha sido la orientación primordial que ha definido la política social sobre vivienda, al menos en los últimos 30 años en Costa Rica, pero sin que ello llevara a desarrollar una sistemática y racional política de Estado que diera dirección al uso del territorio. Cada administración desde 1974 al 2004 ha enfatizado acciones y decisiones sin un hilo de continuidad y más bien cambiando según los impulsos del clientelismo político, la disposición de recursos o los saltos ideológicos de cada administración, sin que, por supuesto, el simple y escueto lucro de los empresarios de la construcción, desarrolladores y terratenientes urbanos se quedara atrás como criterio de orientación de la toma de decisiones.
Setenta años atrás, el CIAM elaboró un documento sobre la teoría y metodología de planificación que tomó el nombre de la "Carta de Atenas" (de 1933) donde planteó la necesidad de un ordenamiento legal que permitiera disponer sin trabas del suelo urbano para satisfacer las necesidades colectivas, para lo que se estableció que para el uso del suelo urbano debe primar el interés colectivo. Otras declaraciones de política internacional siguieron este principio, como la Declaración de Hábitat, Vancouver 1976 o la Carta de Machu Pichu de 1977 que planteó que “La vivienda popular no será considerada como un objeto de consumo subsidiario sino como un poderoso instrumento de desarrollo social”. En Costa Rica, estos planteamientos se impulsaron tanto desde el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) como desde lo que luego se llamaría el MIVAH: la Secretaría Técnica del Ministro sin cartera rector del Sector Vivienda, a partir de 1978. No obstante, su impacto fue muy limitado y casi sucumbió frente a las muy poderosas fuerzas orientadas por el lucro individual y la maximización de la renta de la tierra, así como el clientelismo utilizado como mecanismo para paliar el conflicto social por la penuria de vivienda.
La década de los 80s vivió diversidad de procesos contradictorios con algunas variaciones según la administración. A partir del 78 el nombramiento de un Ministro de Vivienda junto a un Presidente del INVU inició un conflicto de poderes al interior del Gobierno que reflejó además contradictorios planteamientos, tanto respecto del urbanismo como de la política habitacional. Mientras se impulsaba una política de transporte urbano que pregonaba la descentralización se construían obras que hacían pasar todo el tránsito por San José con un modelo radial; mientras se trabajaba en modelos de diseño urbano de rescate del ambiente y con edificios en altura, se dejaba al garete la construcción de viviendas y, como solución de emergencia, se toleró la ocupación ilegal en todas las ciudades y se inició la repartición de algo llamado ‘lotes sin servicios’, o sea simples charrales entregados a los pobres para que hicieran sus ranchos por su propia cuenta, ranchos a los que se denominó ‘vivienda progresiva’ apostando a que la gente poco a poco lo mejoraría, como en efecto. Todo ello, a un inmenso costo en contaminación, sufrimiento y destrucción ambiental a la vez que utilizando los peores lugares y de más baja renta para tal ‘desarrollo urbano’, con la consiguiente creación de riesgos de desastre que se siguen sufriendo 30 años después.
En estas circunstancias la penuria de vivienda emergió como un elemento central del proceso electoral para las próximas cuatro elecciones nacionales y en cada caso con diversidad de respuestas, todas las cuales crearon nuevas condiciones depredadoras para el ambiente y un altísimo costo social y financiero para el Estado y los pobladores.
La muy conflictiva lucha por la vivienda se incrementó durante los 60s y 70s en las dos principales ciudades fuera del Área Metropolitana, Puntarenas y Limón, las que duplicaron su extensión y población por vía de ocupaciones ilegales; pero al inicio de los 80s también creció en número y capacidad organizativa en el valle central. La respuesta política fue incrementar los ‘lotes sin servicios’ masivamente en Purral –Goicoechea- y otras zonas. Paralelamente, sin embargo, esfuerzos técnicos de algunas figuras políticas o al revés, esfuerzos políticos de algunas figuras técnicas, impulsaron la generación de bancos de tierras estatales para futuros desarrollos y así evitar la especulación (tierra que luego se dilapidó con la tolerancia o el impulso político partidario de la ocupación ilegal). Se dio a la vez la más importante decisión política en defensa del ambiente en el campo del desarrollo urbano: la creación y puesta en práctica en 1984 –por parte del INVU- del Plan Regulador de la Gran Área Metropolitana (Plan GAM) que determinó y reglamentó zonas de urbanización, industriales y productivas; pero además, delimitó las importantísimas Zonas Especiales de Protección alrededor del casco urbano del valle central y que protege las fuentes del recurso hídrico y sirve de amortiguamiento para los parques nacionales y zonas protegidas de las cadenas montañosas que rodean el valle, aparte de refugio animal y recreo visual desde la ciudad.
Este impulso inicial macro regional lamentablemente se quedó en esa escala regional sin que se le diera la continuidad requerida en la escala cantonal y distrital en función de las decisiones políticas a partir del año 86: se impuso el clientelismo que tomó por asalto Desamparados y Alajuelita (entre otros cantones semi-urbanos) creando los enormes guetos de pobladores pobres y paupérrimos, mientras se postergaban las promesas de viviendas y se iban poco a poco dotando los barrios de agua o electricidad. Las ocupaciones semi ilegales y hasta dirigidas por ministros de vivienda permitían cumplir a medias con la estructura clientelar del proceso electoral, aunque se planteaba una reforma financiera e institucional con la creación del Sistema Nacional Financiero para la Vivienda y se creaba el subsidio para la vivienda, que se ofreció hacerlo ‘gratuito’ en la siguiente campaña electoral de 1990, ¡y se cumplió! Mientras tanto se declaró emergencia y se empezó a construir en forma territorialmente concentrada (y en pocos meses muy electorales) varias decenas de miles de casitas prefabricadas que permitieran crear la falsa imagen publicitaria, que todavía perdura, sobre promesas políticas cumplidas.
La dinámica durante los noventas no fue tampoco la de una política como se proclamaba en los principios de las declaraciones mundiales, como la de Hábitat 76, de Naciones Unidas que Costa Rica subscribió formalmente. El bono fue el eje del botín, pero no se utilizó como herramienta ordenadora en lo financiero, habitacional, urbano/regional o social. Al contrario, se sucumbió a las demandas puntuales de los políticos de barrio y cantón, a las presiones desde las asambleas distritales y el ‘MIVAH’ –que todavía sigue sin ley constitutiva- pasó a ser un órgano al servicio de los partidos, y nunca llegó a ser el rector de la política. El masivo financiamiento no se utilizó para orientar la migración con base en una planificación de su distribución por zonas según demanda real o con base en decisiones expresas de ocupación relativa y densidades preferibles, según objetivos planteados en términos de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, con criterios técnico/políticos. La oportunidad se perdió y como consecuencia algunas zonas se sobre financiaron y algunos ‘entes autorizados’ a su vez autorizaron agentes distribuidores masivos de bonos en diversidad de zonas (al margen de su adecuación ambiental o social) pues su negocio era y es colocar el máximo de bonos y créditos posibles. Empresas privadas especializadas en erradicación de tugurios y ‘asociaciones’ generaron proyectos innecesarios y llenaron sus listas de cientos o miles de solicitantes con familias que habitaban al otro lado del país o de múltiples orígenes, incluyendo extranjeros; muchos de los cuales luego se sacarían de las listas pues ‘no calificaban’ y serían estafados no solo políticamente, sino también económicamente a pesar de ser el estrato más pobre!
El impacto de tres administraciones con enorme inversión permitió reducir sustancialmente la demanda efectiva y casi hacer desaparecer las ocupaciones de tierras; pero –a finales de los 90s e inicio de siglo- un nuevo cambio de política en lo fiscal y lo ideológico determinó un alto radical en el gasto en vivienda popular.
Una administración después de creado el Banco Hipotecario de la Vivienda ya se hacía familiar la frase ‘presa de bonos’, que hacia mediados de los 90s ya superaba los 20 mil casos y a final de siglo se acercaba a 25 mil. La presa luego se diluyó recurriendo al expediente simple de rechazar decenas de miles de casos y alargar los trámites hasta la náusea, para así evitar que ingresaran al proceso de trámite otras decenas de miles de solicitudes, reduciendo progresivamente en amplísimos porcentajes –más de la mitad- el otorgamientos del subsidio, a pesar de que es un derecho de los pobres por ley. Muy fácil, para no tener una presa en trámite no se abre la ventanilla, pero la demanda insolvente de vivienda, o sea los pobres tienen que solucionar de alguna manera su penuria de vivienda y entonces, sin otra salida, al igual que en los 70s deben recurrir a las ocupaciones de terrenos, las que por razones político electorales son toleradas de nuevo las más de las veces, en espera que el próximo gobierno resuelva…
Lo obvio se generó hace casi 20 años: al concentrar en sitios inadecuados y verdaderos guetos a decenas de miles de familias del estrato más pobre y condenarlas a vivir prácticamente sin servicios o infraestructura social y a conseguirla poco a poco por vía del conflicto o la amenaza; ser humano y naturaleza, o más bien simplemente la naturaleza, pues el ser humano es parte de ella, ha pagado un costo incalculable por convertir la necesidad de vivienda en politiquería sin reparo alguno en lo ambiental.
La creación del BANHVI y el bono gratuito y el manejo a la libre del financiamiento por organismos cooperativos (que luego quebraron), fueron una muestra del manejo politiquero o fiscal de las finanzas; pero la salida no es simplemente eliminar el financiamiento, como se ha pretendido en las dos últimas administraciones, cerrando las ventanillas del INVU y el propio BANHVI con la excusa de eliminar la intromisión política (intromisión que los diputados añoran por supuesto y presionarán por recuperar en los próximos meses electorales). Ello solo produce y producirá nuevos tugurios como se puede ver ya con un rápido recorrido por el valle central y otros centros urbanos del país y así seguirá mientras esta política no se modifique.
La restricción financiera para la vivienda se ha estado dando en consonancia con un feroz y acelerado proceso de ‘desregulación’ y ‘liberalización’ impulsado desde la propia Presidencia de la República. Esta intervención directa del Ejecutivo en la ‘desregulación’ incluyó (en el 2001) el intento de utilizar libremente para la urbanización las 60 mil hectáreas de las zonas de protección especial del GAM; lo que se logró impedir por la vía judicial y la presión de grupos técnicos, académicos y ambientalistas. Ello habría causado el impacto ambiental más brutal del desarrollo urbano en toda la historia del país. El cambio ideológico hizo prevalecer la ‘discipllina fiscal’ por encima de la política social, y entonces, más allá de las declaraciones efectistas, se redujo sustancialmente el gasto real y con subterfugios técnicos o legales se dejó de atender a decenas de miles de familias que no tienen ninguna opción alternativa para solucionar su necesidad de habitación y tienden a migrar hacia centros donde puedan acercarse a las fuentes de recursos, a lo que debe sumarse el impacto de la migración internacional.
Este impulso se dió paralelo con propuestas y hechos reales hacia la privatización directa o la creación de entes para-estatales (por decreto) para asumir la ‘planificación urbana’, lo que conlleva la deslegitimación y casi ruina de las instituciones estatales responsables de procurar tal planificación por ley; a la vez esto conlleva al desperdicio de recursos que podrían utilizarse para continuar con la política de principios de los ochentas y actualizar no solo el Plan GAM sino también un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que corresponde realizar por ley y por racionalidad a entes estatales.
¿Qué se vislumbra para 20 años después de que la política en vivienda produjera el gigantesco impacto ambiental de convertir centenares de hectáreas en masivos barrios casi sin servicios de altísima densidad, pero en un piso con el desperdicio inaudito de la escasa y cara tierra urbana-estatal? Bueno, se vislumbra simplemente la llegada al poder de quienes dirigieron ese proceso irresponsable de declarar la vivienda emergencia y con ello concentrar casi toda la inversión en la GAM, utilizando incluso tierras de zonas de protección y de quienes crearon los barrios urbanos donde naturalmente hoy se encuentran las peores condiciones de habitabilidad y donde se originan muchos de los principales problemas, conflictos y violencia social y se sufren pésimas condiciones ambientales.
Manuel Argüello Rodriguez, Ph.D.
Catedrático de la UNA –Costa Rica-
-mayo del 2004-
El crecimiento de las ciudades tiene como un componente esencial la construcción de viviendas, tanto aquellas de los sectores de ingresos altos y medios normalmente realizadas por iniciativas individuales y, más recientemente, por las empresas desarrolladoras de residenciales, condominios y edificios de mediana altura, ubicados en medio de amplias zonas verdes y con vistas al valle o las montañas; como aquellas impulsadas por proyectos estatales y con fondos públicos, en barriadas de pequeñas unidades unifamiliares que cubren amplias extensiones de suelo.
Costa Rica no ha presentado hasta el inicio del siglo XXI un proceso intenso de construcción en altura y alta densidad en ninguna ciudad y para ninguna de las actividades que lo han impulsado en otras latitudes, como la financiera, comercial o público-ceremonial. Las rentas urbanas han sido la esencia del proceso de inversión privada y el evitar el abierto conflicto social ha sido la orientación primordial que ha definido la política social sobre vivienda, al menos en los últimos 30 años en Costa Rica, pero sin que ello llevara a desarrollar una sistemática y racional política de Estado que diera dirección al uso del territorio. Cada administración desde 1974 al 2004 ha enfatizado acciones y decisiones sin un hilo de continuidad y más bien cambiando según los impulsos del clientelismo político, la disposición de recursos o los saltos ideológicos de cada administración, sin que, por supuesto, el simple y escueto lucro de los empresarios de la construcción, desarrolladores y terratenientes urbanos se quedara atrás como criterio de orientación de la toma de decisiones.
Setenta años atrás, el CIAM elaboró un documento sobre la teoría y metodología de planificación que tomó el nombre de la "Carta de Atenas" (de 1933) donde planteó la necesidad de un ordenamiento legal que permitiera disponer sin trabas del suelo urbano para satisfacer las necesidades colectivas, para lo que se estableció que para el uso del suelo urbano debe primar el interés colectivo. Otras declaraciones de política internacional siguieron este principio, como la Declaración de Hábitat, Vancouver 1976 o la Carta de Machu Pichu de 1977 que planteó que “La vivienda popular no será considerada como un objeto de consumo subsidiario sino como un poderoso instrumento de desarrollo social”. En Costa Rica, estos planteamientos se impulsaron tanto desde el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) como desde lo que luego se llamaría el MIVAH: la Secretaría Técnica del Ministro sin cartera rector del Sector Vivienda, a partir de 1978. No obstante, su impacto fue muy limitado y casi sucumbió frente a las muy poderosas fuerzas orientadas por el lucro individual y la maximización de la renta de la tierra, así como el clientelismo utilizado como mecanismo para paliar el conflicto social por la penuria de vivienda.
La década de los 80s vivió diversidad de procesos contradictorios con algunas variaciones según la administración. A partir del 78 el nombramiento de un Ministro de Vivienda junto a un Presidente del INVU inició un conflicto de poderes al interior del Gobierno que reflejó además contradictorios planteamientos, tanto respecto del urbanismo como de la política habitacional. Mientras se impulsaba una política de transporte urbano que pregonaba la descentralización se construían obras que hacían pasar todo el tránsito por San José con un modelo radial; mientras se trabajaba en modelos de diseño urbano de rescate del ambiente y con edificios en altura, se dejaba al garete la construcción de viviendas y, como solución de emergencia, se toleró la ocupación ilegal en todas las ciudades y se inició la repartición de algo llamado ‘lotes sin servicios’, o sea simples charrales entregados a los pobres para que hicieran sus ranchos por su propia cuenta, ranchos a los que se denominó ‘vivienda progresiva’ apostando a que la gente poco a poco lo mejoraría, como en efecto. Todo ello, a un inmenso costo en contaminación, sufrimiento y destrucción ambiental a la vez que utilizando los peores lugares y de más baja renta para tal ‘desarrollo urbano’, con la consiguiente creación de riesgos de desastre que se siguen sufriendo 30 años después.
En estas circunstancias la penuria de vivienda emergió como un elemento central del proceso electoral para las próximas cuatro elecciones nacionales y en cada caso con diversidad de respuestas, todas las cuales crearon nuevas condiciones depredadoras para el ambiente y un altísimo costo social y financiero para el Estado y los pobladores.
La muy conflictiva lucha por la vivienda se incrementó durante los 60s y 70s en las dos principales ciudades fuera del Área Metropolitana, Puntarenas y Limón, las que duplicaron su extensión y población por vía de ocupaciones ilegales; pero al inicio de los 80s también creció en número y capacidad organizativa en el valle central. La respuesta política fue incrementar los ‘lotes sin servicios’ masivamente en Purral –Goicoechea- y otras zonas. Paralelamente, sin embargo, esfuerzos técnicos de algunas figuras políticas o al revés, esfuerzos políticos de algunas figuras técnicas, impulsaron la generación de bancos de tierras estatales para futuros desarrollos y así evitar la especulación (tierra que luego se dilapidó con la tolerancia o el impulso político partidario de la ocupación ilegal). Se dio a la vez la más importante decisión política en defensa del ambiente en el campo del desarrollo urbano: la creación y puesta en práctica en 1984 –por parte del INVU- del Plan Regulador de la Gran Área Metropolitana (Plan GAM) que determinó y reglamentó zonas de urbanización, industriales y productivas; pero además, delimitó las importantísimas Zonas Especiales de Protección alrededor del casco urbano del valle central y que protege las fuentes del recurso hídrico y sirve de amortiguamiento para los parques nacionales y zonas protegidas de las cadenas montañosas que rodean el valle, aparte de refugio animal y recreo visual desde la ciudad.
Este impulso inicial macro regional lamentablemente se quedó en esa escala regional sin que se le diera la continuidad requerida en la escala cantonal y distrital en función de las decisiones políticas a partir del año 86: se impuso el clientelismo que tomó por asalto Desamparados y Alajuelita (entre otros cantones semi-urbanos) creando los enormes guetos de pobladores pobres y paupérrimos, mientras se postergaban las promesas de viviendas y se iban poco a poco dotando los barrios de agua o electricidad. Las ocupaciones semi ilegales y hasta dirigidas por ministros de vivienda permitían cumplir a medias con la estructura clientelar del proceso electoral, aunque se planteaba una reforma financiera e institucional con la creación del Sistema Nacional Financiero para la Vivienda y se creaba el subsidio para la vivienda, que se ofreció hacerlo ‘gratuito’ en la siguiente campaña electoral de 1990, ¡y se cumplió! Mientras tanto se declaró emergencia y se empezó a construir en forma territorialmente concentrada (y en pocos meses muy electorales) varias decenas de miles de casitas prefabricadas que permitieran crear la falsa imagen publicitaria, que todavía perdura, sobre promesas políticas cumplidas.
La dinámica durante los noventas no fue tampoco la de una política como se proclamaba en los principios de las declaraciones mundiales, como la de Hábitat 76, de Naciones Unidas que Costa Rica subscribió formalmente. El bono fue el eje del botín, pero no se utilizó como herramienta ordenadora en lo financiero, habitacional, urbano/regional o social. Al contrario, se sucumbió a las demandas puntuales de los políticos de barrio y cantón, a las presiones desde las asambleas distritales y el ‘MIVAH’ –que todavía sigue sin ley constitutiva- pasó a ser un órgano al servicio de los partidos, y nunca llegó a ser el rector de la política. El masivo financiamiento no se utilizó para orientar la migración con base en una planificación de su distribución por zonas según demanda real o con base en decisiones expresas de ocupación relativa y densidades preferibles, según objetivos planteados en términos de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, con criterios técnico/políticos. La oportunidad se perdió y como consecuencia algunas zonas se sobre financiaron y algunos ‘entes autorizados’ a su vez autorizaron agentes distribuidores masivos de bonos en diversidad de zonas (al margen de su adecuación ambiental o social) pues su negocio era y es colocar el máximo de bonos y créditos posibles. Empresas privadas especializadas en erradicación de tugurios y ‘asociaciones’ generaron proyectos innecesarios y llenaron sus listas de cientos o miles de solicitantes con familias que habitaban al otro lado del país o de múltiples orígenes, incluyendo extranjeros; muchos de los cuales luego se sacarían de las listas pues ‘no calificaban’ y serían estafados no solo políticamente, sino también económicamente a pesar de ser el estrato más pobre!
El impacto de tres administraciones con enorme inversión permitió reducir sustancialmente la demanda efectiva y casi hacer desaparecer las ocupaciones de tierras; pero –a finales de los 90s e inicio de siglo- un nuevo cambio de política en lo fiscal y lo ideológico determinó un alto radical en el gasto en vivienda popular.
Una administración después de creado el Banco Hipotecario de la Vivienda ya se hacía familiar la frase ‘presa de bonos’, que hacia mediados de los 90s ya superaba los 20 mil casos y a final de siglo se acercaba a 25 mil. La presa luego se diluyó recurriendo al expediente simple de rechazar decenas de miles de casos y alargar los trámites hasta la náusea, para así evitar que ingresaran al proceso de trámite otras decenas de miles de solicitudes, reduciendo progresivamente en amplísimos porcentajes –más de la mitad- el otorgamientos del subsidio, a pesar de que es un derecho de los pobres por ley. Muy fácil, para no tener una presa en trámite no se abre la ventanilla, pero la demanda insolvente de vivienda, o sea los pobres tienen que solucionar de alguna manera su penuria de vivienda y entonces, sin otra salida, al igual que en los 70s deben recurrir a las ocupaciones de terrenos, las que por razones político electorales son toleradas de nuevo las más de las veces, en espera que el próximo gobierno resuelva…
Lo obvio se generó hace casi 20 años: al concentrar en sitios inadecuados y verdaderos guetos a decenas de miles de familias del estrato más pobre y condenarlas a vivir prácticamente sin servicios o infraestructura social y a conseguirla poco a poco por vía del conflicto o la amenaza; ser humano y naturaleza, o más bien simplemente la naturaleza, pues el ser humano es parte de ella, ha pagado un costo incalculable por convertir la necesidad de vivienda en politiquería sin reparo alguno en lo ambiental.
La creación del BANHVI y el bono gratuito y el manejo a la libre del financiamiento por organismos cooperativos (que luego quebraron), fueron una muestra del manejo politiquero o fiscal de las finanzas; pero la salida no es simplemente eliminar el financiamiento, como se ha pretendido en las dos últimas administraciones, cerrando las ventanillas del INVU y el propio BANHVI con la excusa de eliminar la intromisión política (intromisión que los diputados añoran por supuesto y presionarán por recuperar en los próximos meses electorales). Ello solo produce y producirá nuevos tugurios como se puede ver ya con un rápido recorrido por el valle central y otros centros urbanos del país y así seguirá mientras esta política no se modifique.
La restricción financiera para la vivienda se ha estado dando en consonancia con un feroz y acelerado proceso de ‘desregulación’ y ‘liberalización’ impulsado desde la propia Presidencia de la República. Esta intervención directa del Ejecutivo en la ‘desregulación’ incluyó (en el 2001) el intento de utilizar libremente para la urbanización las 60 mil hectáreas de las zonas de protección especial del GAM; lo que se logró impedir por la vía judicial y la presión de grupos técnicos, académicos y ambientalistas. Ello habría causado el impacto ambiental más brutal del desarrollo urbano en toda la historia del país. El cambio ideológico hizo prevalecer la ‘discipllina fiscal’ por encima de la política social, y entonces, más allá de las declaraciones efectistas, se redujo sustancialmente el gasto real y con subterfugios técnicos o legales se dejó de atender a decenas de miles de familias que no tienen ninguna opción alternativa para solucionar su necesidad de habitación y tienden a migrar hacia centros donde puedan acercarse a las fuentes de recursos, a lo que debe sumarse el impacto de la migración internacional.
Este impulso se dió paralelo con propuestas y hechos reales hacia la privatización directa o la creación de entes para-estatales (por decreto) para asumir la ‘planificación urbana’, lo que conlleva la deslegitimación y casi ruina de las instituciones estatales responsables de procurar tal planificación por ley; a la vez esto conlleva al desperdicio de recursos que podrían utilizarse para continuar con la política de principios de los ochentas y actualizar no solo el Plan GAM sino también un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que corresponde realizar por ley y por racionalidad a entes estatales.
¿Qué se vislumbra para 20 años después de que la política en vivienda produjera el gigantesco impacto ambiental de convertir centenares de hectáreas en masivos barrios casi sin servicios de altísima densidad, pero en un piso con el desperdicio inaudito de la escasa y cara tierra urbana-estatal? Bueno, se vislumbra simplemente la llegada al poder de quienes dirigieron ese proceso irresponsable de declarar la vivienda emergencia y con ello concentrar casi toda la inversión en la GAM, utilizando incluso tierras de zonas de protección y de quienes crearon los barrios urbanos donde naturalmente hoy se encuentran las peores condiciones de habitabilidad y donde se originan muchos de los principales problemas, conflictos y violencia social y se sufren pésimas condiciones ambientales.
Manuel Argüello Rodriguez, Ph.D.
Catedrático de la UNA –Costa Rica-
-mayo del 2004-
lunes, mayo 08, 2006
¿Re-inventar San José?
El Mercado Central llegó hasta el Edificio Knör, y un poco más allá, hasta donde las palomas decoran la antigua Sears, ahora el más centroamericanizado Carrión. Es sábado a medio día, víspera de traspaso de poderes, y ‘lavenida’ está repleta, con sus tiendas de precios módicos y los escasos, pero vocingleros, vendedores de la ahora peatonal: “lleve, lleve tirantes de brasier; lleve lleve las magnéticas, varón, lleve, lleve” y así, hasta Chelles, pasando por las comidas rápidas ‘americanas’ que globalizan culturalmente el ambiente de la Plaza de la Cultura.
Frente al Banco Central, o frente a Simón, como se quiera, una señora alta y muy gorda, de bronce, camina rauda hacia la ‘esquina de los grandes acontecimientos’, donde 20 años atrás (que no es nada) se le vendió un carísimo rolex a la amorosa novia de Caro Quintero, quien pagó en efectivo en dólares americanos, billete sobre billete, semanas antes de que la señorita apareciera en todos los periódicos como la ‘secuestrada’ niña de la sociedad mejicana cuando la policía (sin saber de su existencia) allanó la mansión del susodicho sujeto supuestamente narco, localizada al sur del aeropuerto Santamaría, al oeste de la GAM. Caro Quintero es ahora un precario –sin supuestos-, en la misma finca, por el aeropuerto, donde honrados ciudadanos costarricenses cobran enormes comisiones, como si fueran Presidentes, a los de verdad honrados inmigrantes ilegales a cambio de conseguirles la posesión –muy segura- de un lote (del que fueron desalojados hace unos días) en la finca adyacente al ya viejo precario con nombre de traficante.
Algunas cosas no han cambiado en la GAM en 20 años (que no son nada), en particular en la víspera del nuevo gobierno que repetirá el Ministro y el Presidente responsables de hacer ocupar las grandes fincas del Estado por precaristas oficiales y crear con ello enormes guetos de pobres con decenas de miles de ranchos desde Paraíso hasta Alajuela y desde Alajuelita hasta Purral. Esos grandes precarios por definición se transformaron en ‘proyectos’ y el cálculo de las casitas que se podrían construir se incluyeron en las listas que el Ministro, de hace 20 años y de ahora, diría que estaban ‘levantadas y construidas’ para cumplir con las promesas anuales. Esas casitas y barrios son los que poco a poco a lo largo de estos 20 años (que no son nada), hemos venido desarrollando quienes pagamos impuestos con remiendos grandes o pequeños, construyendo unas casas por aquí o una acera por allá, o una escuelita más acá y una cañería en el otro extremo; pero siempre en bajísimos niveles de calidad y sin capacidad de planificación más allá de meter unos cuantos bonos más para, poco a poco, dar un poquito de vida digna a todos aquellos miles de creyentes que votaron pensando que tendrían alguna de las 80 mil y lo que recibieron, la gran mayoría de ellos, fue un pedazo de charral pelado y nada más.
El impacto urbano de las políticas clientelistas e irresponsables que concentraron decenas de miles de familias pobres en unas pocas fincas de la GAM, sin tener ni el financiamiento ni la institucionalidad para darles solución, lo hemos pagado carísimo todas las personas que habitamos el país, pues se desatendió el resto del país y se concentró en el valle central, una vez más, la construcción de las casas prefa. Pero esto ha ido sucediendo años después de haber concentrado a los pobres, que han sufrido todos esos años, dando lucha tras lucha para obtener, muy poco a poco, los techos, los buses, la luz y los Ebais. Esa torpe decisión sin duda generó migraciones inmediatas espontáneas o programadas, generó una gran concentración sin fuentes de empleo y sin opciones de desarrollo, con lo que dislocó la demanda real de vivienda de interés social del país y se generó una nueva ‘profesión’, la de intermediario de la obtención del beneficio y la de constructor de proyectos de casitas para pobres, quienes llegaron rápidamente a altos niveles de sofisticación, sin dejar de lado, en miles de casos, los altos niveles de abuso y de estafa. Para la migración programada se utilizaron cientos de comités pro vivienda (como Asprovigoi que se utilizó para ocupar Los Guido y cuyo principal dirigente ocupó la mejor colina), que se organizaban en todo el país con la pretensión de conseguir alguna casita. Unas pocas decenas de miles sí se construyeron y se utilizaron también para poder crear la ilusión de que se estaba cumpliendo la promesa, ilusión que sigue viva 20 años después y a la espera de ser convertida en realidad por otras decenas de miles de pobres de los paupérrimos puertos y los enormes precarios actuales, quienes que creyeron otra vez y votaron otra vez.
Entre 1990 y 1998 la tendencia continuó con la creación de los precarios nuevos de San Juan y La Carpio que el primer gobierno de la década –y su Presidente- le dejó en herencia al segundo gobierno, sin cobrar comisión. Este no hizo sino construir casitas y distribuir bonos siguiendo la lógica de las fiestas patrias (un barrio en abril en Alajuela, otro en julio en Guanacaste…) y la presión sofocante de los diputados o ‘promotores’ y ‘desarrolladores’ de barrios, sin mayor planificación y sin impulsar tendencias que revirtieran las creadas al final de los ochentas y que seguían tan campantes una década después.
Hoy, luego de ocho años de ausencia total de política social, y en particular de política alguna sobre vivienda y sobre urbanismo, la concentración de precarios es mucho mayor de la que había en 1985 y la institucionalidad no se ha renovado y sigue enmarañada con muchas instituciones y miles de burócratas para construir unos cientos de casitas prefa al año, las que además, ni siquiera se construyen con mínimos estándares como todo mundo lo sabe.
Pero, ¿cuál es el plan ahora?, pues ninguno, igual que antes. Ya se dijo, los bonos se repartirán según el principio de ‘primero que llega primero servido’, con lo que la política urbana sufrirá el impacto de las decisiones que tomen los llamados ‘tugureros o ‘desarrolladores de casas de interés social’, en particular aquellos más organizados y tecnificados que puedan generar miles de expedientes, conseguir fincas y canalizar las propuestas a las entidades autorizadas a mayor velocidad. Si esta decisión hecha pública no cambiara, las prioridades no las fijará el Estado sino la ocurrencia o intereses de quienes, como los honrados ciudadanos de la Caro Quintero cobran comisiones –como si fueran Presidentes- a cambio de promover proyectos financiados por tal o cual desarrollador de vivienda de interés social que tiene la capacidad instalada para conseguir las certificaciones y organizar expedientes a siete veces la velocidad a que lo hace, por decir alguien, el INVU.
Así, de concretarse esa amenaza de ‘política’, si los ‘tugureros’ en ‘consuno con los diputados’ consiguen otras grandes fincas cerca de los actuales precarios, ahí se concentrarán o, si al contrario, consiguen muchas pequeñas fincas dispersas, pues ahí serán las casas. El impacto urbano y socio/espacial de eso en la GAM lo tenemos a la vista con las inundaciones de cada año en pleno San José y cantones aledaños, pero también con el entrabamiento de todas las instituciones sobresaturadas; a la vez que, en la readecuación del centro de la ciudad como un sitio apropiado para buscar la sobrevivencia de miles de refugiados nacionales y extranjeros que se concentraron en los precarios sin opciones laborales o de servicios.
San José, la parte central de la ciudad y centro de la GAM ha cambiado (pero no mucho) en 20 años (que no son nada), pero no está abandonada ni vacía, sino que todo lo contrario está llena de actividad y sobresaturada. Ahora hay tres Universales y la de ‘lavenida’ no es para los sectores de altos ingresos, sino todo lo contrario. Al igual que la gran mayoría de los establecimientos comerciales de ese gran mercado central que va del Hospital a la Plaza de la Democracia (que se inauguró, hace 20 años, con el falso centenario de una democracia chueca, ya que, ni el golpe de los Tinoco, ni la prohibición del movimiento popular decretado por la Junta pos guerra del 48, para poner tan solo dos ejemplos, podrían considerarse actos democráticos).
La estructura social de ocupación del espacio de la GAM cambió radicalmente. Ya no se venden rolex en la antigua esquina de los grandes acontecimientos, al menos no auténticos. La vieja avenida central de los sectores de ingresos altos o casi altos se encuentra ahora frente a la autopista Santa Ana y es bajo techo; o quizás en la antigua tabacalera de Zapote, adonde llega todavía el eterno olor a chocolate; o quizás en las faldas de La Carpintera.
Primero el oeste y después el este se han ido llenando de comercios y servicios para los sectores que ya no van a ‘San José’, pero ese centro de ciudad no está vacío ni deshabitado, el área comercial o institucional se cierra en las noches y renace cada mañana, pero lo habitan otros sectores, otras personas, que antes, treinta años atrás, no iban por ahí o no eran tantos. Al contrario, el caminante típico de ‘lavenida’ de ahora, que abarrota por miles también la calle del correo y la avenida segunda, no podía hacerlo hace treinta años, no porque se le impidiera sino porque eran mucho menos y estaban localizados en los puertos y dispersos en ciudades intermedias o concentrados en pequeños barrios del sur y del norte de la ciudad y sus cuatro distritos centrales, o en otro país.
El centro de la ciudad tenía presencia de los pobres, pero también la inmensa presencia de los sectores de ingreso medio que se habían inventado los que construyeron el nuevo Estado nacional a partir de los años cincuentas El nuevo Estado y el nuevo gobierno con las nuevas instituciones y empresas públicas, con los bancos estatales y los edificios de gobierno que construyeron el nuevo paisaje urbano de San José en esas primeras dos décadas de la segunda parte del Siglo XX. En esas décadas las fincas de café de los alrededores de San José se llenaron de residenciales y urbanizaciones para esa naciente ‘clase media’ y los antiguos residentes/trabajadores de esas fincas se ‘reconvirtieron’ en trabajadores de la construcción y fueron a vivir a los primeros precarios. Con la nueva institucionalidad, los pocos tugurios se iban convirtiendo en proyectos de vivienda estatal en los Hatillos y otros barrios del INVU, durante los primeros 20 años de existencia de esa institución.
El cambio de ese San José no es casual, ni solo producto del paso del tiempo. Obedece a una conjugación de cambios en la estructura social del país, de un empobrecimiento progresivo y acelerado de los sectores de ingresos medios, es decir, con la desaparición de la antigua clase media, la que don Beto llamó en los años sesentas ‘el tapón’, en una de las tesis sociológicas más certeras de que se tenga noticia en la ciencia social del país. Ese tapón, el de la ‘clase media’, ha ido desapareciendo y con ello aumentando aceleradamente el sector de más bajo ingreso en los últimos 20 años, no sin ayuda de la inmigración internacional que crece cada día en una región sin guerras y sin trabajo.
El movimiento de lucha por vivienda digna surgió en el país al inicio de los ochentas, en medio del caldo de cultivo que se dio con el empobrecimiento abrupto generado por la llamada crisis económica, pero no se resolvió con políticas de largo plazo, con planificación social y urbana racional y diseñada con base en estudios y conceptos serios. No, la pérdida abrupta en el ingreso real se fue recuperando muy poco a poco, en términos estadísticos en estos 20 años, pero con otro ordenamiento espacial en donde la segregación funciona alocadamente relocalizando sectores sin moverlos de su lugar de residencia: barrios de ingreso medio devienen de ingreso bajo al lado de nuevos precarios y la campiña rural concentra, en sitios cerrados, a la elite de ese sector medio que aspira a subir tan rápido como los nuevos ricos y vivir en las condiciones que lo hacía Caro Quintero, no el precario, sino el traficante.
En los últimos 8 años se ha planteado renovar San José y re-planificar la GAM, pero con un esquema de ‘estado paralelo’ absurdo, sin poder y sin productos; en paralelo con una iniciativa, de la mejor intención, de carácter municipal y privada, pero que no toma en cuenta lo macro social y lo macro espacial. Esas tendencias globales se orientan en la dirección contraria a lo que los voceros de la renovación dicen en sus discursos y en los actos, cuando reciben premios. A la vez se ha dado un notable debilitamiento institucional, con alto despilfarro por repetición y exceso de trámites sin sentido, mientras que las comisiones de planificación hacen estudios también repetitivos y programan la producción de información sin conceptos, sin dirección y sin teoría ni metodología, dejando a los consultores externos la tarea –cada uno por aparte- de escoger y utilizar su propia teoría, metodología o técnica y produciendo así la dispersión de inteligencias y la producción de compartimentos estancos que serían casi imposibles de articular, si es que alguien alguna vez se lo propusiera.
La reinvención de San José no se puede reducir a otras peatonales y alguna inversión en edificios. Un mercado más o un edificio más no generará un cambio en el centro de una ciudad de un millón de habitantes. La inversión masiva de los bancos públicos en poco más de una década creo un San José, la inversión masiva de los bancos privados dio otra perspectiva arquitectónica, al mismo San José, un par de décadas después. La especulación inmobiliaria es parte de todos esos procesos, incluyendo el de los precarios, pero en particular en el intento de abrir las Zona de Protección Especial de la GAM a las urbanizaciones, impulsada por el Presidente 98-02, y según el decía, buscando el bien de los pobres y sin cobrar comisión.
Unas pocas cuadras más de peatonales paralela con un proceso de empobrecimiento o de migraciones forzadas continuará generando una perspectiva urbana/social que no se parecerá a las peatonales de Barcelona o Buenos Aires, sino a las de Tegucigalpa y Lima, donde la ebullición vital la marca la lucha por la sobrevivencia y el comercio de mercancías de bajo precio. El Teatro Nacional seguirá estando localizado en un lugar inadecuado desde la perspectiva de los sectores de ingresos medios y altos que lo preferirían más cerca de Escazú.
San José no se renovará con solo un poco de inversión que mejore los parques, lo que, sin embargo, está muy bien que se haga. Se requiere una reinvención de la estructura social que incida a su vez en el uso del espacio con una expresa orientación que revierta las tendencias creadas desde los ochentas. Más peatonales a lo sumo aumentará el caos vial si no hay a la vez una reorganización total del transporte público que permita diariamente a decenas de miles de personas ir de oeste a este, al menos, sin tener que atascarse en el centro. Mas inversión podrá crear muy pequeñas áreas como la de la Clínica Bíblica, pero mantiene los alrededores en condiciones similares a lo que era hace más de 20 años. Un mercado como el del Paso de la Vaca o ahí en el antiguo Registro, para concentrar vendedores de las calles, no soluciona la presencia de vendedores en el mediano plazo, porque nuevos vendedores surgen todos los días cuando no hay otras formas de empleo suficientemente remuneradas.
La re-invención urbana de San José, debe ser una re-invención social, un cambio en la ocupación de manera que se noten mucho más abundantemente los sectores de ingreso medio, pero para ello hay que volver a crearlos, hay que generar los empleos bien pagados y los ingresos para esas personas y reducir sustancialmente la pobreza para que no haya tantos miles que tienen que venir a ‘lavenida’ a lucharla, a pellejearla, a conseguir el cinco para sobrevivir y volver en la noche al precario donde los estafan un día sí y otro también, una década sí y otra también, honrados ciudadanos costarricenses que cobran comisión como si fueran Presidentes.
Lamentablemente, al Presidente (de ahora y de hace 20 años) le encanta repetir y repetir, un día sí y otro también, que con sociología no se soluciona nada.
Manuel Argüello-Rodríguez, Ph.D.
Catedrático de la UNA (Costa Rica)
San José, 8 de mayo del 2006.
Frente al Banco Central, o frente a Simón, como se quiera, una señora alta y muy gorda, de bronce, camina rauda hacia la ‘esquina de los grandes acontecimientos’, donde 20 años atrás (que no es nada) se le vendió un carísimo rolex a la amorosa novia de Caro Quintero, quien pagó en efectivo en dólares americanos, billete sobre billete, semanas antes de que la señorita apareciera en todos los periódicos como la ‘secuestrada’ niña de la sociedad mejicana cuando la policía (sin saber de su existencia) allanó la mansión del susodicho sujeto supuestamente narco, localizada al sur del aeropuerto Santamaría, al oeste de la GAM. Caro Quintero es ahora un precario –sin supuestos-, en la misma finca, por el aeropuerto, donde honrados ciudadanos costarricenses cobran enormes comisiones, como si fueran Presidentes, a los de verdad honrados inmigrantes ilegales a cambio de conseguirles la posesión –muy segura- de un lote (del que fueron desalojados hace unos días) en la finca adyacente al ya viejo precario con nombre de traficante.
Algunas cosas no han cambiado en la GAM en 20 años (que no son nada), en particular en la víspera del nuevo gobierno que repetirá el Ministro y el Presidente responsables de hacer ocupar las grandes fincas del Estado por precaristas oficiales y crear con ello enormes guetos de pobres con decenas de miles de ranchos desde Paraíso hasta Alajuela y desde Alajuelita hasta Purral. Esos grandes precarios por definición se transformaron en ‘proyectos’ y el cálculo de las casitas que se podrían construir se incluyeron en las listas que el Ministro, de hace 20 años y de ahora, diría que estaban ‘levantadas y construidas’ para cumplir con las promesas anuales. Esas casitas y barrios son los que poco a poco a lo largo de estos 20 años (que no son nada), hemos venido desarrollando quienes pagamos impuestos con remiendos grandes o pequeños, construyendo unas casas por aquí o una acera por allá, o una escuelita más acá y una cañería en el otro extremo; pero siempre en bajísimos niveles de calidad y sin capacidad de planificación más allá de meter unos cuantos bonos más para, poco a poco, dar un poquito de vida digna a todos aquellos miles de creyentes que votaron pensando que tendrían alguna de las 80 mil y lo que recibieron, la gran mayoría de ellos, fue un pedazo de charral pelado y nada más.
El impacto urbano de las políticas clientelistas e irresponsables que concentraron decenas de miles de familias pobres en unas pocas fincas de la GAM, sin tener ni el financiamiento ni la institucionalidad para darles solución, lo hemos pagado carísimo todas las personas que habitamos el país, pues se desatendió el resto del país y se concentró en el valle central, una vez más, la construcción de las casas prefa. Pero esto ha ido sucediendo años después de haber concentrado a los pobres, que han sufrido todos esos años, dando lucha tras lucha para obtener, muy poco a poco, los techos, los buses, la luz y los Ebais. Esa torpe decisión sin duda generó migraciones inmediatas espontáneas o programadas, generó una gran concentración sin fuentes de empleo y sin opciones de desarrollo, con lo que dislocó la demanda real de vivienda de interés social del país y se generó una nueva ‘profesión’, la de intermediario de la obtención del beneficio y la de constructor de proyectos de casitas para pobres, quienes llegaron rápidamente a altos niveles de sofisticación, sin dejar de lado, en miles de casos, los altos niveles de abuso y de estafa. Para la migración programada se utilizaron cientos de comités pro vivienda (como Asprovigoi que se utilizó para ocupar Los Guido y cuyo principal dirigente ocupó la mejor colina), que se organizaban en todo el país con la pretensión de conseguir alguna casita. Unas pocas decenas de miles sí se construyeron y se utilizaron también para poder crear la ilusión de que se estaba cumpliendo la promesa, ilusión que sigue viva 20 años después y a la espera de ser convertida en realidad por otras decenas de miles de pobres de los paupérrimos puertos y los enormes precarios actuales, quienes que creyeron otra vez y votaron otra vez.
Entre 1990 y 1998 la tendencia continuó con la creación de los precarios nuevos de San Juan y La Carpio que el primer gobierno de la década –y su Presidente- le dejó en herencia al segundo gobierno, sin cobrar comisión. Este no hizo sino construir casitas y distribuir bonos siguiendo la lógica de las fiestas patrias (un barrio en abril en Alajuela, otro en julio en Guanacaste…) y la presión sofocante de los diputados o ‘promotores’ y ‘desarrolladores’ de barrios, sin mayor planificación y sin impulsar tendencias que revirtieran las creadas al final de los ochentas y que seguían tan campantes una década después.
Hoy, luego de ocho años de ausencia total de política social, y en particular de política alguna sobre vivienda y sobre urbanismo, la concentración de precarios es mucho mayor de la que había en 1985 y la institucionalidad no se ha renovado y sigue enmarañada con muchas instituciones y miles de burócratas para construir unos cientos de casitas prefa al año, las que además, ni siquiera se construyen con mínimos estándares como todo mundo lo sabe.
Pero, ¿cuál es el plan ahora?, pues ninguno, igual que antes. Ya se dijo, los bonos se repartirán según el principio de ‘primero que llega primero servido’, con lo que la política urbana sufrirá el impacto de las decisiones que tomen los llamados ‘tugureros o ‘desarrolladores de casas de interés social’, en particular aquellos más organizados y tecnificados que puedan generar miles de expedientes, conseguir fincas y canalizar las propuestas a las entidades autorizadas a mayor velocidad. Si esta decisión hecha pública no cambiara, las prioridades no las fijará el Estado sino la ocurrencia o intereses de quienes, como los honrados ciudadanos de la Caro Quintero cobran comisiones –como si fueran Presidentes- a cambio de promover proyectos financiados por tal o cual desarrollador de vivienda de interés social que tiene la capacidad instalada para conseguir las certificaciones y organizar expedientes a siete veces la velocidad a que lo hace, por decir alguien, el INVU.
Así, de concretarse esa amenaza de ‘política’, si los ‘tugureros’ en ‘consuno con los diputados’ consiguen otras grandes fincas cerca de los actuales precarios, ahí se concentrarán o, si al contrario, consiguen muchas pequeñas fincas dispersas, pues ahí serán las casas. El impacto urbano y socio/espacial de eso en la GAM lo tenemos a la vista con las inundaciones de cada año en pleno San José y cantones aledaños, pero también con el entrabamiento de todas las instituciones sobresaturadas; a la vez que, en la readecuación del centro de la ciudad como un sitio apropiado para buscar la sobrevivencia de miles de refugiados nacionales y extranjeros que se concentraron en los precarios sin opciones laborales o de servicios.
La estructura social de ocupación del espacio de la GAM cambió radicalmente. Ya no se venden rolex en la antigua esquina de los grandes acontecimientos, al menos no auténticos. La vieja avenida central de los sectores de ingresos altos o casi altos se encuentra ahora frente a la autopista Santa Ana y es bajo techo; o quizás en la antigua tabacalera de Zapote, adonde llega todavía el eterno olor a chocolate; o quizás en las faldas de La Carpintera.
Primero el oeste y después el este se han ido llenando de comercios y servicios para los sectores que ya no van a ‘San José’, pero ese centro de ciudad no está vacío ni deshabitado, el área comercial o institucional se cierra en las noches y renace cada mañana, pero lo habitan otros sectores, otras personas, que antes, treinta años atrás, no iban por ahí o no eran tantos. Al contrario, el caminante típico de ‘lavenida’ de ahora, que abarrota por miles también la calle del correo y la avenida segunda, no podía hacerlo hace treinta años, no porque se le impidiera sino porque eran mucho menos y estaban localizados en los puertos y dispersos en ciudades intermedias o concentrados en pequeños barrios del sur y del norte de la ciudad y sus cuatro distritos centrales, o en otro país.
El centro de la ciudad tenía presencia de los pobres, pero también la inmensa presencia de los sectores de ingreso medio que se habían inventado los que construyeron el nuevo Estado nacional a partir de los años cincuentas El nuevo Estado y el nuevo gobierno con las nuevas instituciones y empresas públicas, con los bancos estatales y los edificios de gobierno que construyeron el nuevo paisaje urbano de San José en esas primeras dos décadas de la segunda parte del Siglo XX. En esas décadas las fincas de café de los alrededores de San José se llenaron de residenciales y urbanizaciones para esa naciente ‘clase media’ y los antiguos residentes/trabajadores de esas fincas se ‘reconvirtieron’ en trabajadores de la construcción y fueron a vivir a los primeros precarios. Con la nueva institucionalidad, los pocos tugurios se iban convirtiendo en proyectos de vivienda estatal en los Hatillos y otros barrios del INVU, durante los primeros 20 años de existencia de esa institución.
El cambio de ese San José no es casual, ni solo producto del paso del tiempo. Obedece a una conjugación de cambios en la estructura social del país, de un empobrecimiento progresivo y acelerado de los sectores de ingresos medios, es decir, con la desaparición de la antigua clase media, la que don Beto llamó en los años sesentas ‘el tapón’, en una de las tesis sociológicas más certeras de que se tenga noticia en la ciencia social del país. Ese tapón, el de la ‘clase media’, ha ido desapareciendo y con ello aumentando aceleradamente el sector de más bajo ingreso en los últimos 20 años, no sin ayuda de la inmigración internacional que crece cada día en una región sin guerras y sin trabajo.
El movimiento de lucha por vivienda digna surgió en el país al inicio de los ochentas, en medio del caldo de cultivo que se dio con el empobrecimiento abrupto generado por la llamada crisis económica, pero no se resolvió con políticas de largo plazo, con planificación social y urbana racional y diseñada con base en estudios y conceptos serios. No, la pérdida abrupta en el ingreso real se fue recuperando muy poco a poco, en términos estadísticos en estos 20 años, pero con otro ordenamiento espacial en donde la segregación funciona alocadamente relocalizando sectores sin moverlos de su lugar de residencia: barrios de ingreso medio devienen de ingreso bajo al lado de nuevos precarios y la campiña rural concentra, en sitios cerrados, a la elite de ese sector medio que aspira a subir tan rápido como los nuevos ricos y vivir en las condiciones que lo hacía Caro Quintero, no el precario, sino el traficante.
En los últimos 8 años se ha planteado renovar San José y re-planificar la GAM, pero con un esquema de ‘estado paralelo’ absurdo, sin poder y sin productos; en paralelo con una iniciativa, de la mejor intención, de carácter municipal y privada, pero que no toma en cuenta lo macro social y lo macro espacial. Esas tendencias globales se orientan en la dirección contraria a lo que los voceros de la renovación dicen en sus discursos y en los actos, cuando reciben premios. A la vez se ha dado un notable debilitamiento institucional, con alto despilfarro por repetición y exceso de trámites sin sentido, mientras que las comisiones de planificación hacen estudios también repetitivos y programan la producción de información sin conceptos, sin dirección y sin teoría ni metodología, dejando a los consultores externos la tarea –cada uno por aparte- de escoger y utilizar su propia teoría, metodología o técnica y produciendo así la dispersión de inteligencias y la producción de compartimentos estancos que serían casi imposibles de articular, si es que alguien alguna vez se lo propusiera.
La reinvención de San José no se puede reducir a otras peatonales y alguna inversión en edificios. Un mercado más o un edificio más no generará un cambio en el centro de una ciudad de un millón de habitantes. La inversión masiva de los bancos públicos en poco más de una década creo un San José, la inversión masiva de los bancos privados dio otra perspectiva arquitectónica, al mismo San José, un par de décadas después. La especulación inmobiliaria es parte de todos esos procesos, incluyendo el de los precarios, pero en particular en el intento de abrir las Zona de Protección Especial de la GAM a las urbanizaciones, impulsada por el Presidente 98-02, y según el decía, buscando el bien de los pobres y sin cobrar comisión.
Unas pocas cuadras más de peatonales paralela con un proceso de empobrecimiento o de migraciones forzadas continuará generando una perspectiva urbana/social que no se parecerá a las peatonales de Barcelona o Buenos Aires, sino a las de Tegucigalpa y Lima, donde la ebullición vital la marca la lucha por la sobrevivencia y el comercio de mercancías de bajo precio. El Teatro Nacional seguirá estando localizado en un lugar inadecuado desde la perspectiva de los sectores de ingresos medios y altos que lo preferirían más cerca de Escazú.
San José no se renovará con solo un poco de inversión que mejore los parques, lo que, sin embargo, está muy bien que se haga. Se requiere una reinvención de la estructura social que incida a su vez en el uso del espacio con una expresa orientación que revierta las tendencias creadas desde los ochentas. Más peatonales a lo sumo aumentará el caos vial si no hay a la vez una reorganización total del transporte público que permita diariamente a decenas de miles de personas ir de oeste a este, al menos, sin tener que atascarse en el centro. Mas inversión podrá crear muy pequeñas áreas como la de la Clínica Bíblica, pero mantiene los alrededores en condiciones similares a lo que era hace más de 20 años. Un mercado como el del Paso de la Vaca o ahí en el antiguo Registro, para concentrar vendedores de las calles, no soluciona la presencia de vendedores en el mediano plazo, porque nuevos vendedores surgen todos los días cuando no hay otras formas de empleo suficientemente remuneradas.
La re-invención urbana de San José, debe ser una re-invención social, un cambio en la ocupación de manera que se noten mucho más abundantemente los sectores de ingreso medio, pero para ello hay que volver a crearlos, hay que generar los empleos bien pagados y los ingresos para esas personas y reducir sustancialmente la pobreza para que no haya tantos miles que tienen que venir a ‘lavenida’ a lucharla, a pellejearla, a conseguir el cinco para sobrevivir y volver en la noche al precario donde los estafan un día sí y otro también, una década sí y otra también, honrados ciudadanos costarricenses que cobran comisión como si fueran Presidentes.
Lamentablemente, al Presidente (de ahora y de hace 20 años) le encanta repetir y repetir, un día sí y otro también, que con sociología no se soluciona nada.
Manuel Argüello-Rodríguez, Ph.D.
Catedrático de la UNA (Costa Rica)
San José, 8 de mayo del 2006.
viernes, marzo 24, 2006
Gerencia Social para la Gestión del Riesgo
Riesgo, gestión y gerencia
El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de impactos económicas, sociales o ambientales negativos en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado, es decir la probabilidad de ocurrencia de los daños y pérdidas que constituyen un desastre; en consecuencia, esa probabilidad está en función de la relación entre las amenazas múltiples que se concentren en ese territorio y la vulnerabilidad relativas de la población a esas amenazas. Un modelo de desarrollo y transformación de la sociedad, que pretenda algún nivel de sostenibilidad, que ponga en primer lugar al ser humano y que parta del análisis de las experiencias ya sufridas en múltiples sitios con el solo impacto de un fenómeno físico, así como los más lentos procesos de degradación ambiental o impactos de origen industrial, biológico o nuclear; debe plantearse como directriz global la gestión para reducir las diferentes formas de riesgo que asumirían las localidades en forma específica, y la sociedad como un todo, incluidos los contextos regionales, por ejemplo, a escala del istmo centroamericano. Ello no significa simplemente reducir la vulnerabilidad o mitigar las amenazas, sino también rectificar los procesos generadores de riesgo que se dan por vía de procedimientos depredadores, y además debe también plantearse y tomarse decisiones colectivas sobre los niveles y formas de riesgo que se pueden considerar como ‘aceptables’ en un período determinado y los cambios que deben impulsarse para evitar las consecuencias que podría tener la ocurrencia efectiva del daño al que se ha estado arriesgando tal sociedad, región, cuenca, localidad o comunidad.
Gestión del Riesgo remite a un complejo conjunto de procesos sociales que constituyen un elemento central del proceso general del desarrollo, es un concepto que se vincula con la perspectiva de impulsar un desarrollo humano sostenible, como contraposición a los procesos depredadores de los recursos naturales y del propio ser humano.
Gestión, como palabra refiere a una serie de acciones positivas que buscan alcanzar una meta, por lo que como concepto podría llevar a equívocos, ya que no se gestiona para alcanzar el riesgo sino para reducirlo o eliminarlo, no obstante corresponde en el idioma inglés con “risk management”; según el uso que se le da desde hace décadas también en un sentido positivo, como actividades tendientes a reducir, mitigar o eliminar el riesgo, y con ello reducir la vulnerabilidad de la población frente a las amenazas que podrían –de realizarse- convertirse en desastre. Igual, el término inglés ‘disaster management’ ha sido traducido por ‘gestión de desastres’, dando literalmente también el significado equívoco de ejecutar las diligencias necesarias para alcanzar un desastre, cuando en realidad se ha utilizado en el sentido –similar al idioma inglés- de las diligencias que se realizan cuando un desastre ha ocurrido y conlleva entonces un complejo proceso de reacción, atención, rescate y rehabilitación inmediata de las condiciones mínimas de sobrevivencia para la población afectada y los bienes o recursos dañados (1).
La gestión no puede ser reducida a la idea de una obra o una acción concreta, como es por ejemplo, la construcción de un dique, una presa o una pared de retención para impedir inundaciones y deslizamientos. Más bien se refiere al proceso por medio del cual un grupo humano o individuo toma conciencia del riesgo que enfrenta en su vida cotidiana y en función de las acciones en marcha en relación con su específico proceso social de desarrollo; lo analiza y lo entiende, considera las opciones y prioridades en términos de su reducción, considera los recursos disponibles para enfrentarlo, diseña las estrategias e instrumentos necesarios para reducirlo o controlar su crecimiento, negocia su aplicación y toma la decisión (política, social, comunitaria, local) de hacerlo. Finalmente, se implementa la solución más apropiada en términos del contexto concreto en que se produce o se puede producir el riesgo, en un territorio delimitado.
Se requiere un proceso específico de cada contexto o entorno en que el riesgo existe o puede existir, por lo que la dimensión territorial, y en particular lo local, es aquí fundamental de cara a los cambios globales. Además, es un proceso que debe ser asumido por todos los sectores de la sociedad y no como suele interpretarse, únicamente por el gobierno o el Estado como garante de la seguridad de la población. Aunque por supuesto, el Gobierno y el Estado tienen una primera responsabilidad en el impulso y puesta en práctica de los modelos de gestión que aseguren el beneficio social. Aquí es importante reconocer, por ejemplo, que una parte importante del riesgo que enfrentan países y poblaciones es producto de las acciones conscientes o inconscientes del sector privado y sus agentes, a veces avalado o incluso impulsado por las políticas públicas –como sucede en muchos procesos de ‘desregulación’) y a veces ignorando la normativa y legislación nacional.
La gerencia y la gestión son dos palabras que en español están íntimamente relacionadas, dado que quien ejerce la gerencia, el gerente, lo que realiza es una gestión o sea: las diligencias conducentes al logro de un negocio; pero quizás la acepción primera de la palabra ‘gerente’, al llevarlo al uso común, reduce su sentido al limitarlo a las tareas ‘administrativas’ y no da el sentido más general de su origen en el latín: gerens, -entis que no restringe al administrar y tiene un sentido más global que incluye dirigir y liderar una entidad, no solo tampoco como en el uso común, una empresa.
Gerencia remite entonces a las diligencias que se realizan para dirigir, liderar o administrar una entidad (empresa, organización o institución) y se vincula estrechamente con la gestión de riesgo en la medidad en que toda acción para reducir, mitigar o eliminar el riesgo -de desastre- implica la participación de múltiples organizaciones, instituciones o empresas que hay que dirigir, administrar y liderar. Gerencia no es nada más, como podría pensarse por el uso común, la dirección administrativa de una empresa privada, sino que tiene un sentido mucho más amplio, y a la vez gerente es aquella persona que lidera o dirige y administra una organización o un proceso, una serie de acciones coordinadas tendientes a una meta expresamente planteada, la que, cuando lo que busca es la reducción del riesgo, pues se identifica con la gestión del riesgo.
La noción de ‘gerencia social’ precisamente a lo que remite es a evitar ese equivo común de considerar la gerencia vinculada exclusivamente con la empresa privada o el logro de metas que remiten a la ganancia o la generación de riqueza, vía la puesta en marcha de empresas productivas; y busca más bien hacer notar la importancia de también tener una gerencia de las acciones de intervención en política social y sus diversos niveles, desde las definiciones generales de política pública (y política social por tanto) hasta los planes, programas y proyectos concretos pero todos de caracter ‘social’, es decir, dirigidos hacia la población de que se considera requiere del impulso de programas estatales para alcanzar niveles dignos y adecuados de calidad de vida (como la población menores recursos, o de regiones de dificil acceso, o la población rural dispersa, o ciertos sectores poblacionales localizados en condiciones de riesgo –físico o social-, o segmentos de población especialmente vulnerables y que requieren protección (como los adultos mayores, la niñez, aquellos que sufren cualquier tipo de discapacidad, etc.). Este requerimiento de apoyo requerido por tales poblaciones se traduce en intervenciones muy diversas, pero donde predominan aquellas en forma de proyectos para impulsar mayores niveles de calidad de vida o, en general, de desarrollo. Así, la gerencia social y la noción de desarrollo humano quedan estrechamente relacionadas y con ello también la idea de la sostenibilidad de este desarrollo humano –el logro de niveles de calidad de vida dignos y saludables, pero a la vez sin depredación de los recursos naturales que deben utilizarse sin poner en peligro el disfrute de las futuras generaciones-; y uno de los elementos claves para poder alcanzar esa sostenibilidad en el proceso de desarrollo, es reducir o eliminar el riesgo a que los habitantes o pobladores de ciertas regiones o localidades, se conoce precisamente como gestión de riesgo, o gestión de reducción del riesgo.
El concepto general de gestión del riesgo
El balance histórico permite observar cómo se han asumido riesgos en grados y formas cuyo costo efectivo luego se lamenta profundamente y se asume con un altísimo sufrimiento social, que en grandes porcentajes es absolutamente irreparable e irreversible. Además se han asumido riesgos sin la información mínima apropiada para medir la magnitud y la profundidad que podrían tener los daños efectivos, de manera que el costo es mucho más alto que el riesgo supuesto. En casos concretos ello implica que los aparatos de seguridad definidos frente al riesgo no han sido suficientes, o que ni siquiera existen análisis de riesgo como para pensar en la existencia de ‘aparatos’ de seguridad, menos aún sistemas regionales o nacionales. En términos financieros, ello puede causar la quiebra de los instrumentos de seguridad (como empresas de seguros), cuando los hay. Cuando ni siquiera se han construido tales instrumentos, ello significa que las pérdidas simplemente se asumen, o más bien se sufren, sin tener reservas mínimas para sobrevivir al daño y los individuos, las empresas, las comunidades e incluso las cuencas o los países, terminan por perecer o sufrir daños irreparables.
Un proceso de gestión de riesgos se inicia con la preparación de la información mínima que permita calcular el riesgo que se va a asumir y prever las reservas (financieras, sociales, psicológicas, emocionales, étnicas, culturales, etc.) que permitirían la supervivencia en condiciones adecuadas, a pesar de la ocurrencia de los impactos previstos como probables en períodos de tiempo también previamente establecidos. Ello implica entonces la puesta en contacto de los diversos sectores involucrados, no sólo para construir la información, sino también para determinar las tareas que se requieren para construir las reservas de recursos y las opciones de respuesta en diversos plazos de manera que se alcancen en el cortísimo plazo los niveles de bienestar deseados, pero sin sufrir costos y daños irreparables en otros plazos.
Un proceso de tal complejidad implica el diseño y realización de una multiplicidad de acciones, organizadas en formas de políticas de Estado y de programas de organizaciones públicas o privadas que incluyen una diversidad de escalas de territorio, desde la comunidad y el municipio hasta organismos multilaterales de apoyo, ayuda o financiamiento internacional. Quienes dirijan, lideren y coordinen tales acciones -políticas, programas o proyectos- son, en cada nivel, los gerentes sociales, es decir quienes impulsan las diligencias conducentes a conseguir las metas de esa acción.
La gestión del riesgo no incluye únicamente la reducción de éste, sino la comprensión que en términos sociales se requiere de la participación de los diversos estratos, sectores de interés y grupos representativos de conductas y modos de vida (incluso de ideologías y de perspectivas del mundo, de la vida, de la religión) para comprender cómo se construye un riesgo social, colectivo, con la concurrencia de los diversos sectores de una región, sociedad, comunidad o localidad concreta. La gestión del riesgo no es simplemente reducir la vulnerabilidad, sino la búsqueda de acuerdos sociales para soportar o utilizar productivamente los impactos, sin eliminar la obtención inmediata de beneficios, a la vez que impulsar formas de transformación de la naturaleza que no solo no la degraden, sino que aseguren su pleno disfrute por parte de las presentes y futuras generaciones.
Constantemente el proceso estará informado por la idea de “riesgo aceptable”. O sea, el nivel de protección que es posible lograr en las circunstancias sociales, económicas, culturales y políticas prevalecientes en la sociedad bajo consideración. Lo que es válido para un país, grupo social o individuo no es necesariamente válido o posible para otro. Sin embargo, cada grupo debe estar en la posición de racionalizar el grado de riesgo que enfrenta y gestionarlo en la medida de sus posibilidades, de acuerdo con su propia percepción del mismo y la importancia que le conceda.
Como proceso la gestión del riesgo no puede existir como una práctica, actividad o acción aislada, es decir con su propia autonomía. Más bien debe ser considerada como un componente íntegro y funcional del proceso de gestión del desarrollo global, sectorial, territorial, urbano, local, comunitario o familiar; y de la gestión ambiental, en búsqueda de la sostenibilidad. Las acciones e instrumentos que fomentan la gestión del desarrollo deben ser a la vez los que fomentan la seguridad y la reducción del riesgo. La Gestión del Riesgo constituye deberá constituirse en una práctica que atraviesa horizontalmente todos los procesos y actividades humanas.
Manuel Argüello-Rodríguez, Ph.D.
Marzo del 2006
(1)Esto simplemente deviene del uso de la palabra ‘gestión’ como traducción de una de las acepciones más comunes de la palabra inglesa ‘management’, la que sin embargo, se traduce quizás más acertadamente por ‘gerencia’.
Según el DRAE ‘gestión’ consiste en la acción de ‘gestionar o administrar’, y ‘gestionar’ se define como: “Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera.” La palabra ‘gerencia’ el DRAE la remite al ‘cargo de gerente’, ‘la persona que lo ocupa’ o ‘la gestión que le incumbe’ y, finalmente, la palabra ‘gerente’ significa: “Persona que lleva la gestión administrativa de una empresa o institución”.
El Oxford Dictionary define management como: “the act of running and controlling a business or similar organization”.
El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de impactos económicas, sociales o ambientales negativos en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado, es decir la probabilidad de ocurrencia de los daños y pérdidas que constituyen un desastre; en consecuencia, esa probabilidad está en función de la relación entre las amenazas múltiples que se concentren en ese territorio y la vulnerabilidad relativas de la población a esas amenazas. Un modelo de desarrollo y transformación de la sociedad, que pretenda algún nivel de sostenibilidad, que ponga en primer lugar al ser humano y que parta del análisis de las experiencias ya sufridas en múltiples sitios con el solo impacto de un fenómeno físico, así como los más lentos procesos de degradación ambiental o impactos de origen industrial, biológico o nuclear; debe plantearse como directriz global la gestión para reducir las diferentes formas de riesgo que asumirían las localidades en forma específica, y la sociedad como un todo, incluidos los contextos regionales, por ejemplo, a escala del istmo centroamericano. Ello no significa simplemente reducir la vulnerabilidad o mitigar las amenazas, sino también rectificar los procesos generadores de riesgo que se dan por vía de procedimientos depredadores, y además debe también plantearse y tomarse decisiones colectivas sobre los niveles y formas de riesgo que se pueden considerar como ‘aceptables’ en un período determinado y los cambios que deben impulsarse para evitar las consecuencias que podría tener la ocurrencia efectiva del daño al que se ha estado arriesgando tal sociedad, región, cuenca, localidad o comunidad.
Gestión del Riesgo remite a un complejo conjunto de procesos sociales que constituyen un elemento central del proceso general del desarrollo, es un concepto que se vincula con la perspectiva de impulsar un desarrollo humano sostenible, como contraposición a los procesos depredadores de los recursos naturales y del propio ser humano.
Gestión, como palabra refiere a una serie de acciones positivas que buscan alcanzar una meta, por lo que como concepto podría llevar a equívocos, ya que no se gestiona para alcanzar el riesgo sino para reducirlo o eliminarlo, no obstante corresponde en el idioma inglés con “risk management”; según el uso que se le da desde hace décadas también en un sentido positivo, como actividades tendientes a reducir, mitigar o eliminar el riesgo, y con ello reducir la vulnerabilidad de la población frente a las amenazas que podrían –de realizarse- convertirse en desastre. Igual, el término inglés ‘disaster management’ ha sido traducido por ‘gestión de desastres’, dando literalmente también el significado equívoco de ejecutar las diligencias necesarias para alcanzar un desastre, cuando en realidad se ha utilizado en el sentido –similar al idioma inglés- de las diligencias que se realizan cuando un desastre ha ocurrido y conlleva entonces un complejo proceso de reacción, atención, rescate y rehabilitación inmediata de las condiciones mínimas de sobrevivencia para la población afectada y los bienes o recursos dañados (1).
La gestión no puede ser reducida a la idea de una obra o una acción concreta, como es por ejemplo, la construcción de un dique, una presa o una pared de retención para impedir inundaciones y deslizamientos. Más bien se refiere al proceso por medio del cual un grupo humano o individuo toma conciencia del riesgo que enfrenta en su vida cotidiana y en función de las acciones en marcha en relación con su específico proceso social de desarrollo; lo analiza y lo entiende, considera las opciones y prioridades en términos de su reducción, considera los recursos disponibles para enfrentarlo, diseña las estrategias e instrumentos necesarios para reducirlo o controlar su crecimiento, negocia su aplicación y toma la decisión (política, social, comunitaria, local) de hacerlo. Finalmente, se implementa la solución más apropiada en términos del contexto concreto en que se produce o se puede producir el riesgo, en un territorio delimitado.
Se requiere un proceso específico de cada contexto o entorno en que el riesgo existe o puede existir, por lo que la dimensión territorial, y en particular lo local, es aquí fundamental de cara a los cambios globales. Además, es un proceso que debe ser asumido por todos los sectores de la sociedad y no como suele interpretarse, únicamente por el gobierno o el Estado como garante de la seguridad de la población. Aunque por supuesto, el Gobierno y el Estado tienen una primera responsabilidad en el impulso y puesta en práctica de los modelos de gestión que aseguren el beneficio social. Aquí es importante reconocer, por ejemplo, que una parte importante del riesgo que enfrentan países y poblaciones es producto de las acciones conscientes o inconscientes del sector privado y sus agentes, a veces avalado o incluso impulsado por las políticas públicas –como sucede en muchos procesos de ‘desregulación’) y a veces ignorando la normativa y legislación nacional.
La gerencia y la gestión son dos palabras que en español están íntimamente relacionadas, dado que quien ejerce la gerencia, el gerente, lo que realiza es una gestión o sea: las diligencias conducentes al logro de un negocio; pero quizás la acepción primera de la palabra ‘gerente’, al llevarlo al uso común, reduce su sentido al limitarlo a las tareas ‘administrativas’ y no da el sentido más general de su origen en el latín: gerens, -entis que no restringe al administrar y tiene un sentido más global que incluye dirigir y liderar una entidad, no solo tampoco como en el uso común, una empresa.
Gerencia remite entonces a las diligencias que se realizan para dirigir, liderar o administrar una entidad (empresa, organización o institución) y se vincula estrechamente con la gestión de riesgo en la medidad en que toda acción para reducir, mitigar o eliminar el riesgo -de desastre- implica la participación de múltiples organizaciones, instituciones o empresas que hay que dirigir, administrar y liderar. Gerencia no es nada más, como podría pensarse por el uso común, la dirección administrativa de una empresa privada, sino que tiene un sentido mucho más amplio, y a la vez gerente es aquella persona que lidera o dirige y administra una organización o un proceso, una serie de acciones coordinadas tendientes a una meta expresamente planteada, la que, cuando lo que busca es la reducción del riesgo, pues se identifica con la gestión del riesgo.
La noción de ‘gerencia social’ precisamente a lo que remite es a evitar ese equivo común de considerar la gerencia vinculada exclusivamente con la empresa privada o el logro de metas que remiten a la ganancia o la generación de riqueza, vía la puesta en marcha de empresas productivas; y busca más bien hacer notar la importancia de también tener una gerencia de las acciones de intervención en política social y sus diversos niveles, desde las definiciones generales de política pública (y política social por tanto) hasta los planes, programas y proyectos concretos pero todos de caracter ‘social’, es decir, dirigidos hacia la población de que se considera requiere del impulso de programas estatales para alcanzar niveles dignos y adecuados de calidad de vida (como la población menores recursos, o de regiones de dificil acceso, o la población rural dispersa, o ciertos sectores poblacionales localizados en condiciones de riesgo –físico o social-, o segmentos de población especialmente vulnerables y que requieren protección (como los adultos mayores, la niñez, aquellos que sufren cualquier tipo de discapacidad, etc.). Este requerimiento de apoyo requerido por tales poblaciones se traduce en intervenciones muy diversas, pero donde predominan aquellas en forma de proyectos para impulsar mayores niveles de calidad de vida o, en general, de desarrollo. Así, la gerencia social y la noción de desarrollo humano quedan estrechamente relacionadas y con ello también la idea de la sostenibilidad de este desarrollo humano –el logro de niveles de calidad de vida dignos y saludables, pero a la vez sin depredación de los recursos naturales que deben utilizarse sin poner en peligro el disfrute de las futuras generaciones-; y uno de los elementos claves para poder alcanzar esa sostenibilidad en el proceso de desarrollo, es reducir o eliminar el riesgo a que los habitantes o pobladores de ciertas regiones o localidades, se conoce precisamente como gestión de riesgo, o gestión de reducción del riesgo.
El concepto general de gestión del riesgo
El balance histórico permite observar cómo se han asumido riesgos en grados y formas cuyo costo efectivo luego se lamenta profundamente y se asume con un altísimo sufrimiento social, que en grandes porcentajes es absolutamente irreparable e irreversible. Además se han asumido riesgos sin la información mínima apropiada para medir la magnitud y la profundidad que podrían tener los daños efectivos, de manera que el costo es mucho más alto que el riesgo supuesto. En casos concretos ello implica que los aparatos de seguridad definidos frente al riesgo no han sido suficientes, o que ni siquiera existen análisis de riesgo como para pensar en la existencia de ‘aparatos’ de seguridad, menos aún sistemas regionales o nacionales. En términos financieros, ello puede causar la quiebra de los instrumentos de seguridad (como empresas de seguros), cuando los hay. Cuando ni siquiera se han construido tales instrumentos, ello significa que las pérdidas simplemente se asumen, o más bien se sufren, sin tener reservas mínimas para sobrevivir al daño y los individuos, las empresas, las comunidades e incluso las cuencas o los países, terminan por perecer o sufrir daños irreparables.
Un proceso de gestión de riesgos se inicia con la preparación de la información mínima que permita calcular el riesgo que se va a asumir y prever las reservas (financieras, sociales, psicológicas, emocionales, étnicas, culturales, etc.) que permitirían la supervivencia en condiciones adecuadas, a pesar de la ocurrencia de los impactos previstos como probables en períodos de tiempo también previamente establecidos. Ello implica entonces la puesta en contacto de los diversos sectores involucrados, no sólo para construir la información, sino también para determinar las tareas que se requieren para construir las reservas de recursos y las opciones de respuesta en diversos plazos de manera que se alcancen en el cortísimo plazo los niveles de bienestar deseados, pero sin sufrir costos y daños irreparables en otros plazos.
Un proceso de tal complejidad implica el diseño y realización de una multiplicidad de acciones, organizadas en formas de políticas de Estado y de programas de organizaciones públicas o privadas que incluyen una diversidad de escalas de territorio, desde la comunidad y el municipio hasta organismos multilaterales de apoyo, ayuda o financiamiento internacional. Quienes dirijan, lideren y coordinen tales acciones -políticas, programas o proyectos- son, en cada nivel, los gerentes sociales, es decir quienes impulsan las diligencias conducentes a conseguir las metas de esa acción.
La gestión del riesgo no incluye únicamente la reducción de éste, sino la comprensión que en términos sociales se requiere de la participación de los diversos estratos, sectores de interés y grupos representativos de conductas y modos de vida (incluso de ideologías y de perspectivas del mundo, de la vida, de la religión) para comprender cómo se construye un riesgo social, colectivo, con la concurrencia de los diversos sectores de una región, sociedad, comunidad o localidad concreta. La gestión del riesgo no es simplemente reducir la vulnerabilidad, sino la búsqueda de acuerdos sociales para soportar o utilizar productivamente los impactos, sin eliminar la obtención inmediata de beneficios, a la vez que impulsar formas de transformación de la naturaleza que no solo no la degraden, sino que aseguren su pleno disfrute por parte de las presentes y futuras generaciones.
Constantemente el proceso estará informado por la idea de “riesgo aceptable”. O sea, el nivel de protección que es posible lograr en las circunstancias sociales, económicas, culturales y políticas prevalecientes en la sociedad bajo consideración. Lo que es válido para un país, grupo social o individuo no es necesariamente válido o posible para otro. Sin embargo, cada grupo debe estar en la posición de racionalizar el grado de riesgo que enfrenta y gestionarlo en la medida de sus posibilidades, de acuerdo con su propia percepción del mismo y la importancia que le conceda.
Como proceso la gestión del riesgo no puede existir como una práctica, actividad o acción aislada, es decir con su propia autonomía. Más bien debe ser considerada como un componente íntegro y funcional del proceso de gestión del desarrollo global, sectorial, territorial, urbano, local, comunitario o familiar; y de la gestión ambiental, en búsqueda de la sostenibilidad. Las acciones e instrumentos que fomentan la gestión del desarrollo deben ser a la vez los que fomentan la seguridad y la reducción del riesgo. La Gestión del Riesgo constituye deberá constituirse en una práctica que atraviesa horizontalmente todos los procesos y actividades humanas.
Manuel Argüello-Rodríguez, Ph.D.
Marzo del 2006
(1)Esto simplemente deviene del uso de la palabra ‘gestión’ como traducción de una de las acepciones más comunes de la palabra inglesa ‘management’, la que sin embargo, se traduce quizás más acertadamente por ‘gerencia’.
Según el DRAE ‘gestión’ consiste en la acción de ‘gestionar o administrar’, y ‘gestionar’ se define como: “Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera.” La palabra ‘gerencia’ el DRAE la remite al ‘cargo de gerente’, ‘la persona que lo ocupa’ o ‘la gestión que le incumbe’ y, finalmente, la palabra ‘gerente’ significa: “Persona que lleva la gestión administrativa de una empresa o institución”.
El Oxford Dictionary define management como: “the act of running and controlling a business or similar organization”.
domingo, marzo 05, 2006
GESTIÓN DE LA VIVIENDA EN RIESGO: de la emergencia a la reconstrucción
1. dos alternativas históricas de vivir en riesgo
Desde ciudades neolíticas como Catal Huyuk –en la actual Turquía- a las grandes civilizaciones antiguas que construyeron Teotihuacan, la cercanía a lugares con altos niveles de fertilidad o materiales para desarrollar instrumentos -como valles y faldas de volcanes- estuvieron vinculados a los riesgos elementales de tal localización, y fue mediante la cuidadosa planificación de la construcción y los diseños precisos que lograron prolongar su existencia y permanecer como edificaciones mucho más allá de la capacidad social y cultural de sobrevivir como sociedades.
Las deficiencias relativas a la subsistencia social por carencias en el abastecimiento o la sequía o la reducción paulatina de la riqueza de los materiales o la degradación de los suelos, dieron al traste con el aporte portentoso de los arquitectos y constructores, cuyas obras todavía sobreviven como monumentos a su grandeza y a la vez a la falta de destreza para la subsistencia social.
Estas no fueron ciudades de civilizaciones aplastadas por otras, como en el caso de Cuzco o Tenochtitlán, sino que más bien fueron procesos propios de su dinámica social y productiva la que llevó al abandono del sitio urbano residencial y a la desintegración de la sociedad que las creó. Las ciudades y sus habitantes se localizaron en sitios de alto riesgo y de alto potencial para sobrevivir, pero finalmente sucumbieron con los sucesivos desastres o poblaron ampliamente valles que agotaron y debieron abandonar dejando las ruinas monumentales de sus ciudades de dioses.
2. vivir en riesgo y construir en condiciones de riesgo
a. se vive en permanente riesgo por causas múltiples desde los inicios de la ciudad en el neolítico, por la localización cercana a las fuentes de energía, agua, alimentos, materiales de construcción, vías de transporte,
b. producir viviendas en esas condiciones permanentes de riesgo implica valorar las múltiples amenazas y escoger materiales, estructuras y formas que soporten y sean flexibles para adaptarse a nuevas condiciones luego de los impactos
c. gestión de la vivienda es la construcción de organizaciones y estructuras capaces de evaluar las condiciones previas en lo social, económico y ambiental para obtener el diseño que se adapte a ellas, creando espacio y hábitat dignos y saludables; pero a la vez, resistentes y modificables para soportar el impacto del paso del tiempo y los cambios sociales, económicos y ambientales
d. la construcción de viviendas parte de la necesidad humana de cobijo y requiere - y supone - una permanente adaptación al cambio de la familia y al tipo de familia, según la sociedad, la localidad y la época. No es nada más un techo, un piso y cuatro paredes; es un ámbito familiar y vecinal, es un espacio humano colectivo, es un hábitat articulado con otros múltiples y diversos, es la construcción unifamiliar o colectiva y sus vínculos externos (energía, desechos, agua, alimentación, higiene, etc.)
e. La arquitectura vernácula y la adaptación climática de gran diversidad de edificaciones donde no hay participación de profesionales del diseño han demostrado ser apropiados frente a las amenazas del medio local, irónicamente y contrariamente a mucha de la arquitectura académica.
f. La satisfacción de la necesidad de vivienda lleva a una serie de acciones constructivas que incluyen el uso de tierras inadecuadas para habitar, el uso de edificios urbanos en malas condiciones y la generalizada autoconstrucción informal, entre otras formas de satisfacer una demanda no solvente que implican la creación de altos niveles de vulnerabilidad
g. Con las viviendas se produce diversidad de condiciones de riesgo derivados tanto de los sistemas constructivos como de los procedimientos financieros, los grados de institucionalización y formalización o legalización del uso del suelo. Tanto la localización en territorios de alto riesgo como la baja calidad de materiales, su uso inadecuado y el desconocimiento de las técnicas, implican la construcción de refugios que se pueden convertir en trampas mortales.
3. emergencias, viviendas y refugios
a. la respuesta inmediata a cualquier condición colectiva de emergencia implica con mucha frecuencia el traslado temporal o permanente de las familias y comunidades completas hacia refugios; aunque se recomienda la reubicación en viviendas seguras con parientes que permitan más amplia solidaridad, conocimiento previo y apoyo mutuo, lo usual es que se viva en refugios hacinados y con escasas condiciones de habitabilidad
b. incluso la vivienda de emergencia se construye con principios de diseño contrarios a los mínimos requerimientos de las familias (de decenas a miles) para mantener condiciones dignas de vivir o de morir; pero los refugios colectivos son aún peores en relación con la salud –en particular la psíquica-, higiene y seguridad.
c. La utilización de edificios escolares y comunitarios como refugios temporales sin una previa adecuación y diseño a propósito implica una doble pérdida: en la calidad de vida del refugiado en ese albergue improvisado –aunque sea así todos los años en los mismos sitios- y la destrucción progresiva o deterioro absurdo y repetido de las estructuras por su uso abusivo e inadecuado al diseño y propósito inicial
d. La construcción de viviendas de emergencia es una alternativa, pero supone una condición de diseño estricta con exigencias como:
1. materiales resistentes y flexibles
2. dimensiones que permitan el acomodo familiar digno y seguro
3. asegurar privacidad y alternativas para las funciones y grupos de la familia –niños, parejas, ancianos, enfermos
4. incluir acceso a servicios básicos como agua y sanitarios
5. adecuación climática mínima al calor o frío extremo y ventilación correspondiente
6. localización que permita la privacidad y el transito, con distancias sociales que permitan el juego de los niños
7. localización que elimine el riesgo previo y de sensación de seguridad al refugiado, no de otros o mayores peligros
8. capacidad de armar y desarmar con rapidez, facilidad para el traslado y el almacenamiento, bajo peso y sencillez en sus instrucciones para su puesta en servicio
4. desarrollo del hábitat urbano y la vivienda en la ciudad
a. la vivienda urbana con sus dos grandes tendencias (unifamiliar o en conjuntos) se ha construido con escaso o ningún nivel de diseño; tenemos ciudades ilegales e informales, lo que contribuye a su vulnerabilidad
b. los barrios de escaso ingreso caracterizados por el uso de materiales de desecho o improvisados, pero especialmente por ser combustibles –madera seca, plásticos, cartón- y a la vez por su construcción laberíntica, estrechos pasillos y rutas sin salidas lo que implica:
1. dificultad para atender incendios
2. propensos a accidentes por estrechos del tránsito
3. alta contaminación por confusión de pasillos y desagües
4. casi imposibilidad de habilitar con agua potable
5. peligrosidad en la accesibilidad a cableado eléctrico (aparte de materiales inadecuados como cable telefónico)
6. dificultad para desalojo de desechos sólidos
7. alta peligrosidad por uso de combustibles para cocinar o alumbrarse (gas, leña, candelas, canfín, gasolina, etc.)
8. escasa ventilación y extremo hacinamiento, que implica alta vulnerabilidad en epidemias como dengue, cólera y similares
c. otros sectores de ingreso mayor repiten algunas características por utilizar materiales combustibles y la inexistencia de hidrantes o acceso a servicios contra incendios; pero a la vez la búsqueda de ‘seguridad’ frente a probables robos crea trampas cerradas con barras y múltiples candados imposibles de abrir en caso de incendio o terremoto y que prácticamente impiden el rescate de bienes muebles
d. la localización inadecuada NO es exclusiva de los sectores de menor ingreso, sino que al contrario la búsqueda de ganancias fáciles por parte de urbanizadoras y la tolerancia de los profesionales o municipios y departamentos de control de obras –según el país- ha permitido la construcción de urbanizaciones, condominios horizontales y edificios en altura para viviendas en zonas de alta pendientes con tierras frágiles, sin estudios de suelo o diseños adecuados a las condiciones de suelo y probabilidad de sismo o deslizamiento
e. la construcción en cauces de ríos, a orillas de lagos y frente a las costas o en humedales y llanuras aluviales o de inundación, así como en áreas de usual impacto de huracanes es algo normal y usual en prácticamente todos los países, siendo escasos aquellos protegidos con diques o bordas; y más escasos aún los diseños de viviendas en pilotes, con alturas y materiales apropiados para humedales o zonas de inundación o ‘llenas’ por mareas extraordinarias en ciclos de varios años.
f. La construcción y el diseño de viviendas apropiadas para resistir impactos horizontales por vientos huracanados o ciclónicos ha llevado en algunas sociedades a crear estructuras pesadas y resistentes a tales vientos, pero que se mostraron frágiles frente al impacto del sismo –como muchas casas japonesas típicas-. En forma similar la vivienda construida con patrones importados de climas distintos y diferente recurrencia del sismo se muestra inadecuada para resistir terremotos comunes o lluvias de ceniza
5. el espacio rural sus riesgos y sus viviendas
a. la comunidad rural típica permite un mayor disfrute del espacio circundante a la vivienda y un menor peso de la contaminación por desechos y hacinamiento; pero la extrema pobreza generalizada de grandes grupos campesinos impide construir con materiales o alcanzar diseños mínimos de seguridad, cobijo o dignidad.
b. Viviendas vernáculas o indígenas en condiciones de mayor acceso a materiales han mostrado diseños y usos de tecnologías más adecuadas, lo que muestra la capacidad de comprensión de las condiciones ambientales y de suelos –geológicas- por parte de los pobladores aún sin acceso a profesionales o apoyo técnico de alto nivel.
c. La localización sigue siendo un problema serio pues aumenta la vulnerabilidad en función de la búsqueda de cercanía a rutas (como ríos) o fuentes de alimentación (tierra fértil volcánica o lagos, humedales o costas peligrosas), ya que además es común tener viviendas frágiles y susceptibles de destrucción en caso de sismos, marejadas o vientos huracanados. No obstante, muchas veces la fragilidad relativa permite la rápida reposición con materiales locales y de bajo costo.
d. El diseño y la construcción con materiales modernos en zonas rurales por parte de proyectos con apoyo externo deberá tomar en cuenta las condiciones espaciales del diseño típico rural, respetando sus distancias y sus accesos a patios y parcelas; sin imponer patrones urbanos y romper la especialidad social y familiar construida durante siglos
e. La construcción deberá además encontrar soluciones a la relación entre la dispersión habitacional y la búsqueda de cercanía a servicios básicos e infraestructuras sanitarias mínimas e higiénicas
6. proyectos estatales y de interés social
a. el costo de la vivienda y el costo del desastre
la reducción de la calidad de construcción y el tamaño o servicios mínimos en función de costos es un sin sentido en viviendas estatales o proyectos privados de interés social que no merecen ese nombre. La reducción extrema de tamaños –hasta 25 m2 o menos- lleva a condiciones de hacinamiento y presiones sobre la vida familiar (en particular en familias amplias con muchos niños y ancianos conviviendo con parejas jóvenes).
Los diseños y tamaños deben partir de las necesidades familiares típicas en términos sociales y culturales o étnicos de la zona o país en cuestión, con la adecuación climática y localizacional –geología, topografía, hidrología, etc.- y la adecuación financiera no debe poner en peligro la vida restando importancia o desechando los criterios esenciales de dignidad, seguridad y salud.
El costo del desastre y la reconstrucción o relocalización, el costo del tiempo de refugio y el costo social de la reconstitución de los hilos psicológicos y socio culturales luego del impacto destructivo siempre son muy superiores al costo financiero de desarrollar viviendas y comunidades seguras y con diseños y tecnologías apropiadas.
Los servicios colectivos en proyectos de viviendas individuales deben incluir estructuras de uso múltiple o edificios escolares y de salud que podrían utilizarse –si se diseñan apropiadamente- en situaciones de desastre o peligros recurrentes como refugios temporales; mientras la vivienda resiste sin que la familia sufra en extremo (por ejemplo en mareas excesivas o llenas de largos ciclos o peligros volcánicos temporales y durante la temporada de huracanes); pero los proyectos deben incluir un tratamiento de la especialidad del barrio o comunidad para tener acceso y localización adecuada a tales estructuras y un diseño a propósito, de manera que cumplan con requisitos básicos como sanitarios, bodegas, espacios para juego y usos no permanentes como lugares para lavado de ropa –y secarla- o cocinas colectivas.
b. la comunidad construye con seguridad: autoconstrucción parcial
la inclusión de las comunidades beneficiarias en proyectos de construcción de viviendas tiene una doble implicación positiva –aparte del ahorro en mano de obra-: implica un compromiso de los usuarios con sus productos, sus viviendas, e implica una participación en la toma de decisiones sobre las características y administración del proceso de construcción
los diseñadores profesionales deben contar con la participación comunitaria desde el inicio de los proyectos en la escogencia de los terrenos y la adecuación topográfica de estos, según sean las condiciones culturales y familiares o étnicas de los beneficiarios. No solo deben tener a disposición el trabajo, sino también la opinión y las necesidades cotidianas de tales familias, sean estas campesinas o pescadoras, ganaderas o comerciantes, artesanos o productores de zonas de plantaciones, trabajadores informales urbanos o de la periferia urbana, por ejemplo, para adaptar las viviendas y diseños colectivos –barrio o comunidad- a las condiciones básicas de existencia
el trabajo no remunerado que aporta la autoconstrucción debe ser calificado, no simple y buscar el conocimiento mínimo que permita luego las reparaciones o las ampliaciones con conocimientos mínimos para la resistencia y seguridad futura de las construcciones. Los beneficiarios deben conocer lo esencial sobre seguridad estructural y el por qué de diseños básicos (vigas, columnas, refuerzos horizontales, etc.)
la participación financiera de grupos de productores y los largos plazos puede coadyuvar al alcance de mínimos de costos pagables con mejores niveles de seguridad estructural, diseños adecuados para familias humanas y flexibilidad suficiente para adecuaciones futuras, ampliación de la construcción o reconstrucción de partes para cambios progresivos en la familia con el tiempo.
7. evaluación de daños y reposición del habitar
a. la evaluación de daños pos desastre es un de los elementos comunes e inmediatos, pero no siempre da algún resultado más allá del informe. Muchas veces son evaluaciones financieras o cuantitativas para efectos de informes burocráticos o periodísticos e incluso médicos (muertos, heridos, refugiados, montos de pérdidas en cosechas, construcciones, o generales sobre servicios como cañerías, electricidad, caminos, etc.) pero pocas veces especifican en detalle análisis estructurales, de cobijo o de servicios básicos directamente en las viviendas. Las viviendas aparecen como dañadas o destruidas, y a lo sumo en escalas de tres tipos y ya; lo que no permite identificar con claridad pérdidas y seguridad relativa de su utilización a la vez. Puede ser que una vivienda tenga escasos daños, pero graves para la seguridad o muchos daños pero estructuralmente segura y que podría reconstruirse por los propios habitantes sin peligro para sus vidas. Otras veces las viviendas están bien, pero en zonas muy peligrosas como área de licuefacción, deslizamiento o flujos piroclásticos, y la evaluación de daños no las identifica como inhabitables.
b. Es necesario redefinir los enfoques sobre evaluación de daños y diseñar programas estandarizados de evaluación de daños desde una perspectiva de multi-amenaza y con adecuación climática, topográfica, geológica e hidrológica como mínimo. Es necesario entrenar a los evaluadores en la evaluación de viviendas, que es distinto de evaluar otras construcciones u otros bienes, como las cosechas y los servicios e infraestructuras sociales.
c. La evaluación de daños de vivienda debe incluir como mínimo las características estructurales de la vivienda en su contexto regional (casas de adobe en zonas sísmicas, casas de piso sobre el suelo en zonas de inundación, etc.). Pero además ampliar las escalas dividiendo los criterios entre los estructurales o de seguridad mínima, los de cobijo y protección, los de servicios asociados con la vivienda –agua, desechos, higiene, salud- y los referidos a amenazas distintas de aquella que llegó a convertirse en desastre para evitar una reconstrucción inadecuada.
d. La evaluación de daños debe permitir al máximo la readecuación de las viviendas por las propias familias y evitar incluir entre las inhabitables a muchas viviendas que podrían repararse e indicar el tipo de daño para invertir en reparación y no solo en reconstrucción. Las familias deben ser respetadas al máximo en su arraigo territorial, familiar y laboral, por lo tanto la reconstrucción de estructuras en sus hábitats normales con condiciones constructivas seguras es la norma adecuada a seguir.
e. La reconstrucción debe partir de una profunda y detallada, técnicamente validada y certificada de daños de la zona, de manera que no se gasten recursos escasos y se obligue a familias que carecen de recursos a hacer grandes inversiones en reconstrucciones totales cuando podrían reparar las viviendas en que se habitaban. La reconstrucción debería darse en los propios sitios de habitación a menos que sean en extremo peligrosos, y si así fuera, relocalizarse a distancias muy cercanas y de menor riesgo relativo para mantener las condiciones de arraigo.
f. Una evaluación de daños basada en boletas y listas de chequeo técnicamente diseñadas pero orientadas a la reconstrucción y la inversión financiera en la reposición de las viviendas y sus servicios debe sustituir a aquellas que se aplican para efectos de información o con criterios más bien de tipo médico y sanitario sin previsión de reconstrucción utilizando criterios financieros y criterios de diseño arquitectónico y de riesgo.
8. los proyectos de reconstrucción y el riesgo múltiple
a. los proyectos de reconstrucción normalmente nunca llegan a realizarse y las familias por sí mismas desarrollan sus propias prácticas reconstructivas sin tener presente los riesgos repetidos que se reconstruyen con sus nuevas viviendas. Es lo normal que sean proyectos individuales y que cada familia avance en sus propios términos, con sus propios medios, conocimientos, destrezas y capacidad financiera –que usualmente es muy baja sin apoyo institucional privado o público-
b. Los proyectos de reconstrucción estatales o privados pero para grupos de viviendas, aunque se hagan en distancias típicas de zonas rurales- deben partir de una evaluación de daños adecuada y precisa, pero deben diseñarse en función de las transformaciones usuales de las familias y las comunidades y sus condiciones culturales, étnicas o socio-económicas:
1. deben ser flexibles y permitir el crecimiento familiar y comunal
2. sus sistemas financieros deben tener plazos largos y adecuarse a las condiciones de trabajo e ingreso de las familias
3. deben tomar en cuenta las condiciones básicas estructurales y de seguridad pensando en riesgo múltiple (a la vez sismo e inundación, viento y sismo, etc.) y evadir por completo trampas mortales por localización como altas pendientes, zonas de inundación violenta, zonas falsamente seguras como las cercanas a diques o bordas, áreas de erosión marina o de humedales en proceso de destrucción, zonas propensas a incendios forestales con dificultad para protección con ruedos o aislamiento mínimo seguro.
4. deben construir viviendas que respeten condiciones étnico/culturales y regionales (indígenas, caribeños, etc.) y no imponer patrones típicamente urbanos en zonas campesinas –la distancia social, para empezar-
5. las viviendas previas y otros cobertizos peligrosos para el habitar permanente no necesariamente deben ser destruidos, sino que pueden reutilizarse en otras actividades como bodega, cocina o sitios para animales.
9. reconstrucción y planificación preventiva de riesgos
a. La aplicación de restricciones o normas en ciudades y viviendas es muy reducida y sin visos de mejoramiento sustancial. Los problemas para la aplicabilidad de las restricciones o regulaciones son múltiples y no se han superado prácticamente en ningún país de Latinoamérica y el Caribe.
b. En primer término, hay una gran debilidad jurídica, los reglamentos son desconocidos (en particular en zonas rurales o conglomerados urbanos pobres) y son poco utilizados por constructores de diversa condición, no solo los auto/constructores; de hecho existen muchos ejemplos de diseños de arquitectos, ingenieros o técnicos que hacen caso omiso de algunos aspectos de los reglamentos en sus obras en razón de costos o de conceptos, asumiendo que tales limitaciones son demasiado onerosas y excesivamente rigurosas: suponen que sus obras podrán tener una vida útil suficientemente larga como para que no haya necesidad de cumplir con restricciones relativas a eventos que probablemente no ocurrirán o se presentarán en grados relativamente más benignos.
c. En segundo término, las instituciones carecen de capacidad de control y de ninguna manera los municipios tienen el soporte técnico y financiero para controlar la aplicación de los reglamentos emitidos por ellos mismos. Los municipios y otros entes contralores tienden a limitarse a cobrar las tarifas y sellar los planos, es decir papel y dibujos, pero lo que se construye puede ser muy distinto; en particular en viviendas individuales de bajo presupuesto, las que comúnmente se modifican en el sitio de construcción y terminan siendo muy distintas de lo que está dibujado en los planos constructivos aprobados.
d. Aparte de la inseguridad de los asentamientos, en el caso de las construcciones propiamente dichas, la informalidad y la irregularidad de las viviendas individuales o colectivas y la falta de aplicación de códigos o reglamentos son bastante generalizadas, de manera que la simple promulgación de nuevos o más sofisticados códigos y reglamentos no es en absoluto suficiente. Muchas de nuestras ciudades, incluso muchas capitales de millones de habitantes, presentan situaciones donde altas proporciones -a veces más del 60%- de las familias residen en albergues construidos por ellas mismas con materiales de desecho o inadecuados.
e. La construcción de indicadores relativos a las características que debe tener un diseño específico respecto de una zona particular y en función de la dinámica de los riesgos múltiples que en ese territorio suceden, es una herramienta esencial que deberían impulsar los colegios profesionales y las academias (en particular las Facultades de Arquitectura) en la misma forma en que se impulsan los códigos sísmicos. De hecho estos últimos son en parte listas de indicadores para el control o chequeo de los sismos esperables en condiciones específicas y de las características que debe tener un diseño estructural particular, según las demandas propiamente arquitectónicas y las exigencias del medio (suelos, viento, humedad, asoleamiento, inundación, huracán, incendio, sismo, etc.)
f. La elaboración de ‘listas de chequeo’ o conjuntos de variables e indicadores simples y unitarios que permitan analizar la situación existente, las condiciones de construcción futura y los impactos vinculados con diversas formas de desastre es algo fundamental en el devenir económico y social de los países americanos. Más aún, es primordial en la búsqueda de una directa ingerencia de las instituciones financieras y de la asistencia técnica y financiera en el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones, tanto de bajos ingresos o auto/constructores, como de ingresos medios y altos que se vinculan con el sistema formal de construcción de viviendas, y por tanto, que institucionalizan los procesos y sistemas constructivos que utilizan para satisfacer las demandas individuales y colectivas de viviendas.
g. En fin, son instrumentos que deben permitir una articulación productiva entre los procesos constructivos de asentamientos y viviendas y la ocurrencia de desastres, desde aquellos que impactan en comunidades puntuales hasta los que afectan conjuntos de países.
Conferencia presentada en FUSAI, El Salvador
En el Taller “Vinculación de la Gestión del Riesgo a Procesos de Desarrollo Territorial y Programas de Vivienda de Interés Social”
21 de febrero del 2006
Desde ciudades neolíticas como Catal Huyuk –en la actual Turquía- a las grandes civilizaciones antiguas que construyeron Teotihuacan, la cercanía a lugares con altos niveles de fertilidad o materiales para desarrollar instrumentos -como valles y faldas de volcanes- estuvieron vinculados a los riesgos elementales de tal localización, y fue mediante la cuidadosa planificación de la construcción y los diseños precisos que lograron prolongar su existencia y permanecer como edificaciones mucho más allá de la capacidad social y cultural de sobrevivir como sociedades.
Las deficiencias relativas a la subsistencia social por carencias en el abastecimiento o la sequía o la reducción paulatina de la riqueza de los materiales o la degradación de los suelos, dieron al traste con el aporte portentoso de los arquitectos y constructores, cuyas obras todavía sobreviven como monumentos a su grandeza y a la vez a la falta de destreza para la subsistencia social.
Estas no fueron ciudades de civilizaciones aplastadas por otras, como en el caso de Cuzco o Tenochtitlán, sino que más bien fueron procesos propios de su dinámica social y productiva la que llevó al abandono del sitio urbano residencial y a la desintegración de la sociedad que las creó. Las ciudades y sus habitantes se localizaron en sitios de alto riesgo y de alto potencial para sobrevivir, pero finalmente sucumbieron con los sucesivos desastres o poblaron ampliamente valles que agotaron y debieron abandonar dejando las ruinas monumentales de sus ciudades de dioses.
2. vivir en riesgo y construir en condiciones de riesgo
a. se vive en permanente riesgo por causas múltiples desde los inicios de la ciudad en el neolítico, por la localización cercana a las fuentes de energía, agua, alimentos, materiales de construcción, vías de transporte,
b. producir viviendas en esas condiciones permanentes de riesgo implica valorar las múltiples amenazas y escoger materiales, estructuras y formas que soporten y sean flexibles para adaptarse a nuevas condiciones luego de los impactos
c. gestión de la vivienda es la construcción de organizaciones y estructuras capaces de evaluar las condiciones previas en lo social, económico y ambiental para obtener el diseño que se adapte a ellas, creando espacio y hábitat dignos y saludables; pero a la vez, resistentes y modificables para soportar el impacto del paso del tiempo y los cambios sociales, económicos y ambientales
d. la construcción de viviendas parte de la necesidad humana de cobijo y requiere - y supone - una permanente adaptación al cambio de la familia y al tipo de familia, según la sociedad, la localidad y la época. No es nada más un techo, un piso y cuatro paredes; es un ámbito familiar y vecinal, es un espacio humano colectivo, es un hábitat articulado con otros múltiples y diversos, es la construcción unifamiliar o colectiva y sus vínculos externos (energía, desechos, agua, alimentación, higiene, etc.)
e. La arquitectura vernácula y la adaptación climática de gran diversidad de edificaciones donde no hay participación de profesionales del diseño han demostrado ser apropiados frente a las amenazas del medio local, irónicamente y contrariamente a mucha de la arquitectura académica.
f. La satisfacción de la necesidad de vivienda lleva a una serie de acciones constructivas que incluyen el uso de tierras inadecuadas para habitar, el uso de edificios urbanos en malas condiciones y la generalizada autoconstrucción informal, entre otras formas de satisfacer una demanda no solvente que implican la creación de altos niveles de vulnerabilidad
g. Con las viviendas se produce diversidad de condiciones de riesgo derivados tanto de los sistemas constructivos como de los procedimientos financieros, los grados de institucionalización y formalización o legalización del uso del suelo. Tanto la localización en territorios de alto riesgo como la baja calidad de materiales, su uso inadecuado y el desconocimiento de las técnicas, implican la construcción de refugios que se pueden convertir en trampas mortales.
3. emergencias, viviendas y refugios
a. la respuesta inmediata a cualquier condición colectiva de emergencia implica con mucha frecuencia el traslado temporal o permanente de las familias y comunidades completas hacia refugios; aunque se recomienda la reubicación en viviendas seguras con parientes que permitan más amplia solidaridad, conocimiento previo y apoyo mutuo, lo usual es que se viva en refugios hacinados y con escasas condiciones de habitabilidad
b. incluso la vivienda de emergencia se construye con principios de diseño contrarios a los mínimos requerimientos de las familias (de decenas a miles) para mantener condiciones dignas de vivir o de morir; pero los refugios colectivos son aún peores en relación con la salud –en particular la psíquica-, higiene y seguridad.
c. La utilización de edificios escolares y comunitarios como refugios temporales sin una previa adecuación y diseño a propósito implica una doble pérdida: en la calidad de vida del refugiado en ese albergue improvisado –aunque sea así todos los años en los mismos sitios- y la destrucción progresiva o deterioro absurdo y repetido de las estructuras por su uso abusivo e inadecuado al diseño y propósito inicial
d. La construcción de viviendas de emergencia es una alternativa, pero supone una condición de diseño estricta con exigencias como:
1. materiales resistentes y flexibles
2. dimensiones que permitan el acomodo familiar digno y seguro
3. asegurar privacidad y alternativas para las funciones y grupos de la familia –niños, parejas, ancianos, enfermos
4. incluir acceso a servicios básicos como agua y sanitarios
5. adecuación climática mínima al calor o frío extremo y ventilación correspondiente
6. localización que permita la privacidad y el transito, con distancias sociales que permitan el juego de los niños
7. localización que elimine el riesgo previo y de sensación de seguridad al refugiado, no de otros o mayores peligros
8. capacidad de armar y desarmar con rapidez, facilidad para el traslado y el almacenamiento, bajo peso y sencillez en sus instrucciones para su puesta en servicio
4. desarrollo del hábitat urbano y la vivienda en la ciudad
a. la vivienda urbana con sus dos grandes tendencias (unifamiliar o en conjuntos) se ha construido con escaso o ningún nivel de diseño; tenemos ciudades ilegales e informales, lo que contribuye a su vulnerabilidad
b. los barrios de escaso ingreso caracterizados por el uso de materiales de desecho o improvisados, pero especialmente por ser combustibles –madera seca, plásticos, cartón- y a la vez por su construcción laberíntica, estrechos pasillos y rutas sin salidas lo que implica:
1. dificultad para atender incendios
2. propensos a accidentes por estrechos del tránsito
3. alta contaminación por confusión de pasillos y desagües
4. casi imposibilidad de habilitar con agua potable
5. peligrosidad en la accesibilidad a cableado eléctrico (aparte de materiales inadecuados como cable telefónico)
6. dificultad para desalojo de desechos sólidos
7. alta peligrosidad por uso de combustibles para cocinar o alumbrarse (gas, leña, candelas, canfín, gasolina, etc.)
8. escasa ventilación y extremo hacinamiento, que implica alta vulnerabilidad en epidemias como dengue, cólera y similares
c. otros sectores de ingreso mayor repiten algunas características por utilizar materiales combustibles y la inexistencia de hidrantes o acceso a servicios contra incendios; pero a la vez la búsqueda de ‘seguridad’ frente a probables robos crea trampas cerradas con barras y múltiples candados imposibles de abrir en caso de incendio o terremoto y que prácticamente impiden el rescate de bienes muebles
d. la localización inadecuada NO es exclusiva de los sectores de menor ingreso, sino que al contrario la búsqueda de ganancias fáciles por parte de urbanizadoras y la tolerancia de los profesionales o municipios y departamentos de control de obras –según el país- ha permitido la construcción de urbanizaciones, condominios horizontales y edificios en altura para viviendas en zonas de alta pendientes con tierras frágiles, sin estudios de suelo o diseños adecuados a las condiciones de suelo y probabilidad de sismo o deslizamiento
e. la construcción en cauces de ríos, a orillas de lagos y frente a las costas o en humedales y llanuras aluviales o de inundación, así como en áreas de usual impacto de huracanes es algo normal y usual en prácticamente todos los países, siendo escasos aquellos protegidos con diques o bordas; y más escasos aún los diseños de viviendas en pilotes, con alturas y materiales apropiados para humedales o zonas de inundación o ‘llenas’ por mareas extraordinarias en ciclos de varios años.
f. La construcción y el diseño de viviendas apropiadas para resistir impactos horizontales por vientos huracanados o ciclónicos ha llevado en algunas sociedades a crear estructuras pesadas y resistentes a tales vientos, pero que se mostraron frágiles frente al impacto del sismo –como muchas casas japonesas típicas-. En forma similar la vivienda construida con patrones importados de climas distintos y diferente recurrencia del sismo se muestra inadecuada para resistir terremotos comunes o lluvias de ceniza
5. el espacio rural sus riesgos y sus viviendas
a. la comunidad rural típica permite un mayor disfrute del espacio circundante a la vivienda y un menor peso de la contaminación por desechos y hacinamiento; pero la extrema pobreza generalizada de grandes grupos campesinos impide construir con materiales o alcanzar diseños mínimos de seguridad, cobijo o dignidad.
b. Viviendas vernáculas o indígenas en condiciones de mayor acceso a materiales han mostrado diseños y usos de tecnologías más adecuadas, lo que muestra la capacidad de comprensión de las condiciones ambientales y de suelos –geológicas- por parte de los pobladores aún sin acceso a profesionales o apoyo técnico de alto nivel.
c. La localización sigue siendo un problema serio pues aumenta la vulnerabilidad en función de la búsqueda de cercanía a rutas (como ríos) o fuentes de alimentación (tierra fértil volcánica o lagos, humedales o costas peligrosas), ya que además es común tener viviendas frágiles y susceptibles de destrucción en caso de sismos, marejadas o vientos huracanados. No obstante, muchas veces la fragilidad relativa permite la rápida reposición con materiales locales y de bajo costo.
d. El diseño y la construcción con materiales modernos en zonas rurales por parte de proyectos con apoyo externo deberá tomar en cuenta las condiciones espaciales del diseño típico rural, respetando sus distancias y sus accesos a patios y parcelas; sin imponer patrones urbanos y romper la especialidad social y familiar construida durante siglos
e. La construcción deberá además encontrar soluciones a la relación entre la dispersión habitacional y la búsqueda de cercanía a servicios básicos e infraestructuras sanitarias mínimas e higiénicas
6. proyectos estatales y de interés social
a. el costo de la vivienda y el costo del desastre
la reducción de la calidad de construcción y el tamaño o servicios mínimos en función de costos es un sin sentido en viviendas estatales o proyectos privados de interés social que no merecen ese nombre. La reducción extrema de tamaños –hasta 25 m2 o menos- lleva a condiciones de hacinamiento y presiones sobre la vida familiar (en particular en familias amplias con muchos niños y ancianos conviviendo con parejas jóvenes).
Los diseños y tamaños deben partir de las necesidades familiares típicas en términos sociales y culturales o étnicos de la zona o país en cuestión, con la adecuación climática y localizacional –geología, topografía, hidrología, etc.- y la adecuación financiera no debe poner en peligro la vida restando importancia o desechando los criterios esenciales de dignidad, seguridad y salud.
El costo del desastre y la reconstrucción o relocalización, el costo del tiempo de refugio y el costo social de la reconstitución de los hilos psicológicos y socio culturales luego del impacto destructivo siempre son muy superiores al costo financiero de desarrollar viviendas y comunidades seguras y con diseños y tecnologías apropiadas.
Los servicios colectivos en proyectos de viviendas individuales deben incluir estructuras de uso múltiple o edificios escolares y de salud que podrían utilizarse –si se diseñan apropiadamente- en situaciones de desastre o peligros recurrentes como refugios temporales; mientras la vivienda resiste sin que la familia sufra en extremo (por ejemplo en mareas excesivas o llenas de largos ciclos o peligros volcánicos temporales y durante la temporada de huracanes); pero los proyectos deben incluir un tratamiento de la especialidad del barrio o comunidad para tener acceso y localización adecuada a tales estructuras y un diseño a propósito, de manera que cumplan con requisitos básicos como sanitarios, bodegas, espacios para juego y usos no permanentes como lugares para lavado de ropa –y secarla- o cocinas colectivas.
b. la comunidad construye con seguridad: autoconstrucción parcial
la inclusión de las comunidades beneficiarias en proyectos de construcción de viviendas tiene una doble implicación positiva –aparte del ahorro en mano de obra-: implica un compromiso de los usuarios con sus productos, sus viviendas, e implica una participación en la toma de decisiones sobre las características y administración del proceso de construcción
los diseñadores profesionales deben contar con la participación comunitaria desde el inicio de los proyectos en la escogencia de los terrenos y la adecuación topográfica de estos, según sean las condiciones culturales y familiares o étnicas de los beneficiarios. No solo deben tener a disposición el trabajo, sino también la opinión y las necesidades cotidianas de tales familias, sean estas campesinas o pescadoras, ganaderas o comerciantes, artesanos o productores de zonas de plantaciones, trabajadores informales urbanos o de la periferia urbana, por ejemplo, para adaptar las viviendas y diseños colectivos –barrio o comunidad- a las condiciones básicas de existencia
el trabajo no remunerado que aporta la autoconstrucción debe ser calificado, no simple y buscar el conocimiento mínimo que permita luego las reparaciones o las ampliaciones con conocimientos mínimos para la resistencia y seguridad futura de las construcciones. Los beneficiarios deben conocer lo esencial sobre seguridad estructural y el por qué de diseños básicos (vigas, columnas, refuerzos horizontales, etc.)
la participación financiera de grupos de productores y los largos plazos puede coadyuvar al alcance de mínimos de costos pagables con mejores niveles de seguridad estructural, diseños adecuados para familias humanas y flexibilidad suficiente para adecuaciones futuras, ampliación de la construcción o reconstrucción de partes para cambios progresivos en la familia con el tiempo.
7. evaluación de daños y reposición del habitar
a. la evaluación de daños pos desastre es un de los elementos comunes e inmediatos, pero no siempre da algún resultado más allá del informe. Muchas veces son evaluaciones financieras o cuantitativas para efectos de informes burocráticos o periodísticos e incluso médicos (muertos, heridos, refugiados, montos de pérdidas en cosechas, construcciones, o generales sobre servicios como cañerías, electricidad, caminos, etc.) pero pocas veces especifican en detalle análisis estructurales, de cobijo o de servicios básicos directamente en las viviendas. Las viviendas aparecen como dañadas o destruidas, y a lo sumo en escalas de tres tipos y ya; lo que no permite identificar con claridad pérdidas y seguridad relativa de su utilización a la vez. Puede ser que una vivienda tenga escasos daños, pero graves para la seguridad o muchos daños pero estructuralmente segura y que podría reconstruirse por los propios habitantes sin peligro para sus vidas. Otras veces las viviendas están bien, pero en zonas muy peligrosas como área de licuefacción, deslizamiento o flujos piroclásticos, y la evaluación de daños no las identifica como inhabitables.
b. Es necesario redefinir los enfoques sobre evaluación de daños y diseñar programas estandarizados de evaluación de daños desde una perspectiva de multi-amenaza y con adecuación climática, topográfica, geológica e hidrológica como mínimo. Es necesario entrenar a los evaluadores en la evaluación de viviendas, que es distinto de evaluar otras construcciones u otros bienes, como las cosechas y los servicios e infraestructuras sociales.
c. La evaluación de daños de vivienda debe incluir como mínimo las características estructurales de la vivienda en su contexto regional (casas de adobe en zonas sísmicas, casas de piso sobre el suelo en zonas de inundación, etc.). Pero además ampliar las escalas dividiendo los criterios entre los estructurales o de seguridad mínima, los de cobijo y protección, los de servicios asociados con la vivienda –agua, desechos, higiene, salud- y los referidos a amenazas distintas de aquella que llegó a convertirse en desastre para evitar una reconstrucción inadecuada.
d. La evaluación de daños debe permitir al máximo la readecuación de las viviendas por las propias familias y evitar incluir entre las inhabitables a muchas viviendas que podrían repararse e indicar el tipo de daño para invertir en reparación y no solo en reconstrucción. Las familias deben ser respetadas al máximo en su arraigo territorial, familiar y laboral, por lo tanto la reconstrucción de estructuras en sus hábitats normales con condiciones constructivas seguras es la norma adecuada a seguir.
e. La reconstrucción debe partir de una profunda y detallada, técnicamente validada y certificada de daños de la zona, de manera que no se gasten recursos escasos y se obligue a familias que carecen de recursos a hacer grandes inversiones en reconstrucciones totales cuando podrían reparar las viviendas en que se habitaban. La reconstrucción debería darse en los propios sitios de habitación a menos que sean en extremo peligrosos, y si así fuera, relocalizarse a distancias muy cercanas y de menor riesgo relativo para mantener las condiciones de arraigo.
f. Una evaluación de daños basada en boletas y listas de chequeo técnicamente diseñadas pero orientadas a la reconstrucción y la inversión financiera en la reposición de las viviendas y sus servicios debe sustituir a aquellas que se aplican para efectos de información o con criterios más bien de tipo médico y sanitario sin previsión de reconstrucción utilizando criterios financieros y criterios de diseño arquitectónico y de riesgo.
8. los proyectos de reconstrucción y el riesgo múltiple
a. los proyectos de reconstrucción normalmente nunca llegan a realizarse y las familias por sí mismas desarrollan sus propias prácticas reconstructivas sin tener presente los riesgos repetidos que se reconstruyen con sus nuevas viviendas. Es lo normal que sean proyectos individuales y que cada familia avance en sus propios términos, con sus propios medios, conocimientos, destrezas y capacidad financiera –que usualmente es muy baja sin apoyo institucional privado o público-
b. Los proyectos de reconstrucción estatales o privados pero para grupos de viviendas, aunque se hagan en distancias típicas de zonas rurales- deben partir de una evaluación de daños adecuada y precisa, pero deben diseñarse en función de las transformaciones usuales de las familias y las comunidades y sus condiciones culturales, étnicas o socio-económicas:
1. deben ser flexibles y permitir el crecimiento familiar y comunal
2. sus sistemas financieros deben tener plazos largos y adecuarse a las condiciones de trabajo e ingreso de las familias
3. deben tomar en cuenta las condiciones básicas estructurales y de seguridad pensando en riesgo múltiple (a la vez sismo e inundación, viento y sismo, etc.) y evadir por completo trampas mortales por localización como altas pendientes, zonas de inundación violenta, zonas falsamente seguras como las cercanas a diques o bordas, áreas de erosión marina o de humedales en proceso de destrucción, zonas propensas a incendios forestales con dificultad para protección con ruedos o aislamiento mínimo seguro.
4. deben construir viviendas que respeten condiciones étnico/culturales y regionales (indígenas, caribeños, etc.) y no imponer patrones típicamente urbanos en zonas campesinas –la distancia social, para empezar-
5. las viviendas previas y otros cobertizos peligrosos para el habitar permanente no necesariamente deben ser destruidos, sino que pueden reutilizarse en otras actividades como bodega, cocina o sitios para animales.
9. reconstrucción y planificación preventiva de riesgos
a. La aplicación de restricciones o normas en ciudades y viviendas es muy reducida y sin visos de mejoramiento sustancial. Los problemas para la aplicabilidad de las restricciones o regulaciones son múltiples y no se han superado prácticamente en ningún país de Latinoamérica y el Caribe.
b. En primer término, hay una gran debilidad jurídica, los reglamentos son desconocidos (en particular en zonas rurales o conglomerados urbanos pobres) y son poco utilizados por constructores de diversa condición, no solo los auto/constructores; de hecho existen muchos ejemplos de diseños de arquitectos, ingenieros o técnicos que hacen caso omiso de algunos aspectos de los reglamentos en sus obras en razón de costos o de conceptos, asumiendo que tales limitaciones son demasiado onerosas y excesivamente rigurosas: suponen que sus obras podrán tener una vida útil suficientemente larga como para que no haya necesidad de cumplir con restricciones relativas a eventos que probablemente no ocurrirán o se presentarán en grados relativamente más benignos.
c. En segundo término, las instituciones carecen de capacidad de control y de ninguna manera los municipios tienen el soporte técnico y financiero para controlar la aplicación de los reglamentos emitidos por ellos mismos. Los municipios y otros entes contralores tienden a limitarse a cobrar las tarifas y sellar los planos, es decir papel y dibujos, pero lo que se construye puede ser muy distinto; en particular en viviendas individuales de bajo presupuesto, las que comúnmente se modifican en el sitio de construcción y terminan siendo muy distintas de lo que está dibujado en los planos constructivos aprobados.
d. Aparte de la inseguridad de los asentamientos, en el caso de las construcciones propiamente dichas, la informalidad y la irregularidad de las viviendas individuales o colectivas y la falta de aplicación de códigos o reglamentos son bastante generalizadas, de manera que la simple promulgación de nuevos o más sofisticados códigos y reglamentos no es en absoluto suficiente. Muchas de nuestras ciudades, incluso muchas capitales de millones de habitantes, presentan situaciones donde altas proporciones -a veces más del 60%- de las familias residen en albergues construidos por ellas mismas con materiales de desecho o inadecuados.
e. La construcción de indicadores relativos a las características que debe tener un diseño específico respecto de una zona particular y en función de la dinámica de los riesgos múltiples que en ese territorio suceden, es una herramienta esencial que deberían impulsar los colegios profesionales y las academias (en particular las Facultades de Arquitectura) en la misma forma en que se impulsan los códigos sísmicos. De hecho estos últimos son en parte listas de indicadores para el control o chequeo de los sismos esperables en condiciones específicas y de las características que debe tener un diseño estructural particular, según las demandas propiamente arquitectónicas y las exigencias del medio (suelos, viento, humedad, asoleamiento, inundación, huracán, incendio, sismo, etc.)
f. La elaboración de ‘listas de chequeo’ o conjuntos de variables e indicadores simples y unitarios que permitan analizar la situación existente, las condiciones de construcción futura y los impactos vinculados con diversas formas de desastre es algo fundamental en el devenir económico y social de los países americanos. Más aún, es primordial en la búsqueda de una directa ingerencia de las instituciones financieras y de la asistencia técnica y financiera en el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones, tanto de bajos ingresos o auto/constructores, como de ingresos medios y altos que se vinculan con el sistema formal de construcción de viviendas, y por tanto, que institucionalizan los procesos y sistemas constructivos que utilizan para satisfacer las demandas individuales y colectivas de viviendas.
g. En fin, son instrumentos que deben permitir una articulación productiva entre los procesos constructivos de asentamientos y viviendas y la ocurrencia de desastres, desde aquellos que impactan en comunidades puntuales hasta los que afectan conjuntos de países.
Conferencia presentada en FUSAI, El Salvador
En el Taller “Vinculación de la Gestión del Riesgo a Procesos de Desarrollo Territorial y Programas de Vivienda de Interés Social”
21 de febrero del 2006
Suscribirse a:
Entradas (Atom)