El temblor de Cinchona, -08 de enero de 2009-, ha mostrado con claridad los procesos de construcción del riesgo de desastre que vienen dándose en forma acelerada en las últimas décadas en Costa Rica; así como, los riesgos de la falta de política y el exceso de politiquería, todo sobre la casi ausente memoria histórica de la población, la prensa y los funcionarios que olvidan lo sucedido, no sólo hace una década, sino también las tragedias del mes anterior. Peor aún, sobredimensionan el impacto y la respuesta, así como su calidad, olvidando las miles de familias que fueron víctimas de desastres durante el año anterior y que siguen sin recibir apoyo alguno y han tenido que sobrevivir por sus propios medios, sabiendo además que no recibirán ningún respaldo para la recuperación y reconstrucción.
Cinchona es un pequeño caserío que data de la primera parte del siglo XX (cuando en esa zona se cultivó extensamente la planta del mismo nombre, utilizada para producir quinina) y que se localiza en la alta montaña en las faldas del macizo del Poás muy cerca del epicentro del sismo de 6.2 que casi lo destruyó. Su nombre identifica uno de los tantos usos del suelo de la zona entre las altas cumbres volcánicas, el que dio paso a la ganadería lechera, frutas o plantas ornamentales en la segunda mitad del siglo, no sólo ahí, sino también a lo largo de toda la ruta que sigue la cuenca del Río Sarapiquí. Esa vieja ruta data de siglos atrás, cuando se utilizó como salida del Valle Central hacia las planicies del norte y al Río San Juan, como vía al Caribe y al resto del mundo, de ahí el trazo sinuoso y abrupto. Con el tiempo, ese paso de mulas se fue consolidando como ruta para facilitar la salida de productos agrícolas, en particular la leche. Luego se asfaltó, aspecto que permitió la intensificación de actividades turísticas en una zona de extraordinaria calidad escénica, en medio del bosque nuboso, con profundos abismos donde corren los riachuelos que alimentan la cuenca, al lado de escarpadas y altas laderas cubiertas, muchas de ellas, de bosque virgen, pero otras muchas, deforestadas por el uso agrícola o los potreros y falseadas por los intrincados caminos montañosos.
En Cinchona, el temblor, como fenómeno de la naturaleza, no ha sido mucho mayor que muchos otros ocurridos en los últimos 20 años que afectaron muy diversas partes del país. De hecho, fue menor al de Limón -1- (7.5), del que queda un leve recuerdo, aunque éste sí tuvo un efecto de escala nacional y perdurable. El sismo de Limón en lo inmediato provocó el falseamiento o la destrucción de puentes en toda la zona caribeña al sur de la ciudad/puerto, incluyendo aquellos de los ríos más importantes de toda la cuenca (Bananito, Vizcaya, Westfalia, Negro y Estrella), que dejaron totalmente aislado el sur del Caribe. La subsiguiente temporada lluviosa se enfrentó sin rehabilitación y con tierras falseadas por el terremoto, aguas arriba, por lo que deslizamientos y avalanchas se precipitaron e impactaron las comunidades costeras seriamente. A lo largo de toda la zona costera, la licuefacción y el agrietamiento interrumpieron caminos vecinales hacia las fincas tierra adentro del Valle de la Estrella y la alta Talamanca. El impacto de este sismo provocó cambios sustanciales en la línea costera y en la altura relativa de la plataforma continental, de manera que muchas cuencas y micro-cuencas se vieron afectadas por la elevación (desde poco menos de un metro, hasta un metro y medio) del nivel en la zona de playa creando tierra adentro grandes áreas que sufren de las más amplias, profundas y continuas inundaciones, incluso en temporadas de lluvias consideradas normales.
Por la percepción de los daños, el de Cinchona ha sido encumbrado a inmensa tragedia nacional, cuando los daños y las pérdidas no han sido superiores a las sufridas muy recientemente, por ejemplo, en la costa del Pacífico, impactada por dos grandes llenas (en mayo y octubre del 2008) y ahora casi olvidadas. Ahí hubo inmensos deslizamientos en las cuencas altas de ríos como el Turrubares, el Paquita y el Parrita, entre otros; destrucción de caminos, fincas y beneficios de café, aunado a una carretera costanera destruida, decenas de puentes perdidos y cauces cuyos cursos previos fueron alterados hasta en doscientos metros, lo que afectó a miles de familias en todo el Pacífico Central, que perdieron sus viviendas y sus puestos de trabajo. Lo mismo sucedió en la zona montañosa al sur del Valle Central y en San Isidro de El General, lo que generó que la Carretera Interamericana fuese interrumpida en varios puntos por grandes deslizamientos, tanto en mayo como en octubre del 2008.
Las inundaciones de la costa del Caribe, casi todos los años, pero con especial importancia en 2005 y 2008 (el pasado mes de diciembre) tampoco recibieron la atención, el apoyo público y privado o una inmensa cobertura de prensa, aunque afectaron una zona y una población muchísimo más extensa (incluyendo, otra vez, la ciudad de Sixaola). Ésta se ha ido restableciendo, cada vez, por su propia iniciativa, prácticamente sin apoyo estatal, no sólo en la reconstrucción de edificaciones, sino también, en la organización productiva de fincas como las bananeras o plataneras. A lo largo de la cuenca del Río Sixaola se dejaron abandonadas decenas de comunidades y caseríos que quedaron aislados por semanas enteras sin apoyo alguno; pero se entiende que son, en su mayoría, de población indígena y han estado aislados ahí por siglos…
Cinchona tampoco supera el impacto de otros sismos de los últimos años. De hecho el más reciente ya casi no se recuerda (fuera de la zona de ocurrencia): el terremoto que impactó todo el Pacífico Central al finalizar el año 2004 -2- de magnitud similar -6.2-, y que causó severos daños en los cantones de Parrita y Quepos. Cientos de familias perdieron sus casas y enterraron sus muertos sin recibir mayor apoyo, respuesta y ninguna previsión para la rehabilitación. El efecto se centró a lo largo de la Carretera Costanera (todavía hoy sin arreglar completamente) y mantuvo a decenas de familias refugiadas por meses en tiendas de campaña y carpas de plástico negro en las plazas de varias comunidades (Pocares, Damas, etc.), hasta que por su cuenta fueron saliendo adelante, como otras tantas familias de toda la costa que ni siquiera se identificaron o censaron, las cuales tuvieron que reconstruir sus viviendas y refugios con su esfuerzo personal y familiar.
Si bien es cierto tuvieron respuesta de emergencias, pues los rescates siempre se dan, y los albergues siempre se llenan, y se activan los comités locales de emergencia y los cruz-rojistas sacan familias o llevan víveres y demás (y los rescatistas siempre actúan en forma heroica y desinteresada), también es cierto, que después de eso nada más pasó. Pasan meses y años y las familias vuelven a edificar sus propios albergues, en los mismos sitios y con sus precarios recursos y escasos conocimientos técnicos, sin mayor apoyo. Las instalaciones públicas también tardan años en repararse y muchas veces se construyen en localidades de altísimo riesgo, con sistemas constructivos y materiales inadecuados o claramente peligrosos, dada la localización y las amenazas harto conocidas.
En Cinchona, el impacto principal sobre vidas humanas (que suman en total 30 entre muertos y desaparecidos) ocurrió en caseríos, edificaciones o vehículos a lo largo de esa vieja ruta trazada siglos atrás, aquella lastreada y asfaltada en la medida que fue cambiando el uso del suelo, producto del desarrollo de sectores como el agropecuario y el turístico, con el crecimiento poblacional subsecuente, sin que nunca fuera realmente diseñada.
Además, las construcciones destruidas y dañadas, carecían de las mínimas condiciones, ya sea por localización (al borde o literalmente sobre precipicios en tierras volcánicas, areniscas y de poca consistencia), por inadecuadas o inexistentes técnicas constructivas propias de una región de altísimo riesgo sísmico. Las iglesias, escuelas, restaurantes dañados o destruidos y la única fábrica tenían serias deficiencias constructivas, y por contraste, la mayoría de los hoteles de más elevados niveles de control y técnica, sufrieron daños menores. Pero la zona más afectada no supera los 20 km2 y estaba casi despoblada, solo con dos o tres pequeños caseríos. La mitad de muertes se dieron en un solo lugar –una soda- y la mayoría a lo largo de esa ruta que zanja pendientes casi verticales.
Dos semanas después, un balance objetivo obliga a reconocer que el impacto ha sido equivalente o menor al de muchos otros sismos recientes ocurridos en sitios como Laurel (2004/ 5.3), Puriscal (2003 /5.4), Burica (2002/6.2), Upala (2002/5.4), Quepos (1999/6.9), Pejibaye (1993/5.8), Naranjo (1992/6.0), Frailes (1991/4.9), entre otros. Pero su imagen ha sido sobre-dimensionada, aunque éste se diera en una zona poco poblada, y en términos económicos, con una perspectiva nacional, el impacto podría ser más bien marginal, o mucho menor a los ya anotados en ambas costas –Caribe y Pacífico-.
La respuesta gubernamental, en lo inmediato y desde la perspectiva de imagen, también ha sido sobre-dimensionada, en especial si se la compara con los otros eventos citados. Hubo ahora, varias visitas del Presidente y Ministros a la región, lo mismo que visitas de la novia del Presidente con sacerdotes, con rezos y llantos de cada quien. Hubo visitas de personajes del deporte internacional llevados por Ministras que firmaron autógrafos, lloraron y oraron, y por primera vez, hubo recolección de víveres y donaciones en la Casa Presidencial, sede del Poder Ejecutivo. Se decretó alerta roja en tres provincias y casi todo el Valle Central (cubriendo totalmente la Gran Área Metropolitana de San José, incluyendo las cuatro principales ciudades del país donde habitan más de dos millones de personas), aunque el impacto directo cubría no más de 50 km2 al norte del valle, fuera del GAM-SJ. Se decretaron cinco días de duelo nacional y hubo duras y exigentes críticas del propio Presidente por lo que consideró escasa ayuda internacional –ciertamente en forma poco digna e impertinente-, demandando ayuda inmediata de países europeos, eximiendo de su crítica solamente a China.
Toda esta sobre actuación, más que todo mediática, no de acciones materiales de respuesta y recuperación, tiene una explicación bastante clara: la apreciación de la imagen del Presidente en las encuestas declinó treinta puntos (30%) en el último año antes del terremoto, y en este mes de enero se estaba estrenando una nueva Ministra de Comunicación, que se reduce a ser ‘Ministra de imagen del Presidente’, sin duda. El contraste es más impactante porque todo es activismo nunca se dio en la última década, aunque varias veces al año hay muchos más muertos, afectados y grandes pérdidas materiales. De hecho, en diciembre del 2008, ni hubo duelo nacional, ni exigencias de ayuda, ni rezos o llantos del Presidente, que ni siquiera fue al Caribe, –se fue de viaje a Singapur durante la emergencia-
No obstante, el hecho que se sobre-dimensione la imagen de la presencia gubernamental, no implica que la respuesta material y la acción fuera oportuna, coordinada o técnicamente adecuada; al contrario, hubo serios atrasados, altísima descoordinación y yerros por doquier. De hecho, los turistas y vecinos salieron por su cuenta en los dos primeros días (muchos, los turistas en especial, pagando altísimos boletos de helicópteros privados) y en los siguientes, gracias a la movilización espontánea de grupos de personas con cuadraciclos y otros vehículos similares que se movilizaron para colaborar voluntariamente.
Algunos elementos pueden simbolizar la calidad de la respuesta hoy en Costa Rica y la casi total ausencia de una perspectiva de riesgo o el trazo de una política hacia la gestión del riesgo en que vivimos cada día:
1. El increíble incendio de una bodega de la CNE (pocas horas después del sismo) repleta de miles de colchones, víveres y vehículos para los damnificados, pero más aún, la inefable respuesta institucional: no pasa nada. Más de dos semanas después no se ha dado explicación alguna, ni hay responsables por lo sucedido.
2. La pérdida de un puente ‘provisional’ sólo nueve días después de colocado –dos días después del sismo-; el que se instaló en un sitio obviamente inadecuado, falseado y propenso a crecidas o avalanchas, lo que se advirtió ampliamente y era conocido por los responsables institucionales.
3. El hecho de que la Escuela de Poasito había sido declarada INHABITABLE hacía varios años, pero seguía en uso, y “felizmente”, el sismo la terminó de destruir durante las vacaciones escolares. Y esto es algo que sucede con otras edificaciones públicas de la zona y con otros muchos centros educativos del país.
Esta sobre-dimensión del sismo convertido en tragedia nacional o inmensa catástrofe revela, en primer lugar, una población desinformada y sin memoria, unos medios de prensa ávidos de imágenes espectaculares y un gobierno con nueva Ministra de Comunicación; y en segundo lugar, la ausencia de una política sobre gestión de riesgo.
Innumerables viviendas, escuelas, centros de salud, carreteras, puentes y todo tipo de construcciones productivas, así como, cientos de miles de personas están viviendo en altísimo riesgo sobre cientos de fallas locales y en zonas propensas a avalanchas e inundaciones cada año, pero se carece de formas de aplicación de los reglamentos, códigos existentes y planes reguladores que incluyan el tema de riesgo (hasta ahora, NO lo hacen, incluyendo los recientemente presentados 33 planes de la Gran Área Metropolitana de San José).
Con cada gran evento, el enfoque es sensacionalista y de atención a la imagen, no refiere a la eficiencia y a la capacidad técnica, ya no sólo en la prevención o la reconstrucción, sino en la emergencia misma, en la respuesta inmediata y la recuperación siguiente.
El clientelismo y la imagen positiva se imponen por encima de la planificación de largo y mediano plazo; están por encima de la aplicación del conocimiento científico en la labor pública o privada; por encima de la necesaria educación y la capacitación local.
El clientelismo y la búsqueda de mejorar la imagen política están por encima de la introducción de procesos de gestión del riesgo en las tareas de Ministerios claves como los de vivienda, educación, salud, transporte y seguridad, junto a sus instituciones afines.
Lo único realmente positivo de esta imagen de inmensa tragedia es que la población del país, en general, tuvo una enorme respuesta solidaria, aportando donativos que llegaron a superar la capacidad de bodegaje tanto de la CNE como de instituciones privadas que atendieron familias y animales de la zona afectada. La propia Cruz Roja, según la prensa, solicitó la suspensión de donativos en especie pues tenía en bodegas suficiente para cubrir las necesidades de los siguientes dos meses.
Una población des-memorizada y abandonada a su suerte poco tiempo después del evento; una comprensión mágico-religiosa de los hechos dónde suceden milagros por doquier; un estamento político centrado en el control del poder, no en el ejercicio de un gobierno para los habitantes del país, sumado a una prensa afanada en hechos impactantes; deja a la población en la indefensión y permite que continúe la construcción del riesgo de desastre como hasta ahora, sin discutirlo hasta el próximo impacto.
Mientras tanto, con base en la sensibilidad estimulada, se aumenta la recepción televisiva y se forjan nuevas o fortalecen viejas imágenes políticas. Los nuevos futuros candidatos y los venerados futuros ex/presidentes surgen de entre el barro y las ruinas de cada terremoto, inundación o avalancha, sin que se haya logrado iniciar una nueva ruta hacia una vida más segura para los habitantes y las familias que ven, cada pocos meses o cada tantos años, como se pierde lo poco que tenían.
Manuel Argüello-Rodríguez, Ph.D.
Enero 2009
-1- Telire, 15:57 horas del 22 de abril de 1991.
-2- Damas, 2:07 a. m. del 20 de noviembre
lunes, febrero 02, 2009
martes, octubre 14, 2008
You have all the mouth full of reason, dijo Max.
El país está inundado una vez más y todo sigue igual, una vez más. El vecino de Quepos dice que ya están acostumbrados, que al acostarse lo hacen pensando en el río, listos para saltar y subir las cosas, o si no, salir corriendo salvando a los niños primero. Otros muchos entrevistados dirán lo mismo. Entonces se llamará a ‘mantener la prevención’ a todas aquellas familias en ‘zonas de riesgo a orillas de los ríos’ y…
Desde el falso tsunami, el gallardo señor nos receta todos los días en tele sus ‘gracias al señor’ y los ‘bendito sea’ o, ‘el señor no lo quiera’, y nada más, aunque claro, si le preguntan, dice repetitivamente que tal dique ya se amplió y el otro río se está dragando y que hay comités por todo lado. Pero al día siguiente vemos los mismos diques rebasados y las mismas llenas en las mismas carreteras y hasta la maquinaria para la construcción del nuevo puente –que tiene casi una década de estar en proceso- flotando río abajo. Y mientras tanto la vida sigue su marcha y todavía estamos a medio octubre sin que las instituciones responsables planifiquen mínimamente las tareas y apenas respondan.
Los repetitivos comentarios de los entrevistadores y entrevistadas, con sus paraguas y capas los unos, con sus botas de hule –colibrí- y niños en brazos las otras, podrían ser sacados de los archivos de cualquier año en los últimos 20, son los mismos lugares, los mismos ríos, los mismos pueblos, barrios y puentes; cada uno en los meses que correspondan: cuando termine la cosa en el Pacífico y el Valle Central, seguirá el Caribe y la Zona Norte, como casi siempre, a menos que un huracán tardío lo junte todo y con su furia siniestra desate toda su amargura y sed de destrucción sobre los humildes habitantes (ciudadanos + inmigrantes) que sufren su ensañamiento con sumisa, pero valerosa, amargura.
Luego de las entrevistas a un par de políticos convertidos en expertos, o al revés, la dirección editorial del telenoticiario expresará su opinión normal: pobre gente, hay que hacer algo, esperamos que el gobierno ahora sí haga lo que dice, le daremos seguimiento, porque seguro va a seguir lloviendo más, verdad Max, porque ahora además, tenemos el calentamiento global y el cambio climático y con esta crisis que viene…
Y entonces… el experto de planta coincide:
¡Usted tiene toda la boca llena de razón!
¿En qué año pasó eso? no importa, igual sirve para la edición vespertina de hoy.
viernes, octubre 03, 2008
¡MISIÓN CUMPLIDA!
Qué cosa, no, uno que a veces piensa que hay personas que llegan a los puestos públicos para tratar de sacar la tarea, aunque ésta sea muy difícil, pero luego de nuevo plaff… el notición.
En días recientes vimos un cambio de mando en el MIVAH, forzado claro y muy fuertemente por la crítica, los reportajes y los hallazgos que muestran un gran aparato siendo utilizado esencialmente para impulsar la imagen personal del jerarca con fines electorales, entre otras bellezas. Un jerarca conocido de 20 años atrás por hacer cumplir a rajatabla las metas falseando las estadísticas, aunque ello implicara sumar fincas en verde como casas terminadas, llegando así a punta de triquiñuelas a casi duplicar el número total de ‘soluciones de vivienda’, con el fin de alcanzar el número mágico de 80 mil ‘viviendas levantadas y construidas’; haciendo una doble matanza, como en el beisbol, es decir, primero, inventando decenas de miles de soluciones que eran nada más ideas, proyectos o papel dibujado y, segundo, convirtiendo las soluciones en ’viviendas’.
No era de extrañar que hiciera lo mismo 20 años después con las mismas intenciones, pues la promesa de erradicar 20 mil tugurios no se logra en cuatro años sin una enorme inversión, un excelente equipo técnico y un conocimiento experto de la situación en todo el país. Pocos meses después del inicio del gobierno y en especial hacia el final del primer año, se vieron los primeros indicios de que se repetiría la fórmula del 86-90, cuando se lanzó la idea de reparar tugurios en el sitio, darles títulos a precaristas aunque tuvieran pésimas condiciones y dar un ‘bono colectivo’, para hacer arreglos en los viejos guetos de pobreza que habían propiciado veinte años atrás; o sea, no erradicar de verdad, sino de mentirillas para sumar estadísticas y cumplir la meta. No obstante, se disponía de al menos uno de los requisitos antedichos: mucho dinero que permitiría una enorme inversión, financiamiento extraordinario por el orden de los 20 mil millones en un año.
Las declaraciones de la nueva jerarca del MIVAH y el presupuesto 2009 provocan desagradables expectativas: por un lado, el jerarca de Hacienda reduce del nuevo presupuesto cualquier financiamiento adicional, y ahora, vivienda tendrá cerca de 20 mil millones menos, lo que pone muy cuesta arriba no sólo las promesas, sino construir algunas casitas, repartir algunos bonos, erradicar algunos tugurios.
“Vivienda sentirá el mayor ajuste pues pasará de un presupuesto de ¢21.843 millones para el 2008 a uno de ¢2.199 millones para el 2009. La diferencia es de ¢19.644 millones (90% menos respecto al 2008)”
Con ese notición ayer, que hizo decir a más de un amigo, pobrecita Clarita, la embarcaron otra vez (siendo uno bien pensado y asumiendo que de verdad iría a tratar de sacar la tarea), se esperaría que la nueva Ministra peleara el presupuesto para cumplir las metas. Pero no, la notica de hoy es que pidió que revisen los DATOS, no el presupuesto.
Que revisen los datos que le dejó el anterior jerarca, el maestro de aumentar y multiplicar estadísticas, porque le parece que se quedó corto. ¿Cómo? ¿Aquel señor Ministro del MIVAH se quedó corto? Bueno sí, revisarán los datos que dio de sus dos años para mostrar cómo se han erradicado miles y miles de tugurios más, y se han pintado otros miles y miles de tugurios, y se han dado miles y miles de bonos más, de manera que la meta a medio período está prácticamente cumplida.
Ahora sólo falta erradicar otras decenas de miles de tugurios con el reducido nuevo presupuesto, y ya, MISIÓN CUMPLIDA.
04-08-08
jueves, mayo 22, 2008
DECRETAN MURALLA
Le di la cara a la vida
Y me la dejó marcada 1
La letra del tango refleja lo que ha sido la historia de Guanacaste desde tiempos precolombinos. En primer término la destrucción de la población por parte de los colonizadores, que casi hicieron desaparecer los pobladores autóctonos y su rica mezcla de orígenes, cultura y variedad de etnias. Siglos después, ya en tiempos republicanos se terminó de destruir prácticamente todo el bosque tropical seco al impulsarse hasta la náusea la ganadería extensiva y los cultivos a ella asociados, junto con la producción algodonera, cañera y arrocera. Con excepción de algunos parques nacionales, que salvaron parcialmente algunos reductos, la bajura se despobló a la vez que se destruyó la biodiversidad del bosque en forma literal: no había más diversidad pues se convirtió en sitio de pastizales o plantaciones con alta utilización de insecticidas, es decir venenos.
Las cicatrices en Guanacaste no se han curado, pues sigue la destrucción de miles de hectáreas, cada año, por quemas intencionadas en los parques nacionales y continúa la destrucción de los humedales de las partes bajas costeras del golfo y toda la cuenca media y baja del Río Tempisque, el que se ha rellenado, drenado y desecado para uso en cultivos tipo plantación, lo mismo que las cuencas del Corobicí y restantes ríos de la parte este del golfo: el arroz y la caña o el melón desplazaron completamente en miles de hectáreas la diversidad biológica natural y destruyeron la complejidad del humedal y la llanura de inundación natural. Mientras tanto, las infraestructuras de irrigación desperdician, por su diseño ineficiente e inadecuado, las aguas que vienen del Lago Arenal y no sirven para controlar y regular las crecidas de los ríos de esa misma zona oeste del golfo y del Tempisque, y que sufren cada año con más intensidad las pequeñas comunidades costeras.
La más reciente cicatriz la ha ido dejando la inversión abrupta y destructiva que, a la vez, ha permitido la bonanza de algunos sectores (como lo produjo el ganado y las plantaciones tiempos atrás, o la esclavitud siglos atrás) y la imagen periodística inicial de auge y desarrollo desenfrenados, aunque más recientemente transformada en una imagen de contaminación y destrucción también desenfrenados.
Al respecto, el más reciente decreto2 que afecta la costa Guanacasteca surge como si fuera una solución planificadora y ordenadora frente a la nada; es decir frente al desenfreno y el caos, y en efecto, establece una delimitación de tres zonas y tres distintos tipos de regulaciones en cuanto a cobertura y en cuanto a altura de las edificaciones, nada más, aplicables a una zona que no tenía hasta entonces limitación alguna. Muy bien, se diría; pero si se mira con cuidado, esta primera aproximación resulta contraproducente, pues la limitación es poco limitante: o sea limita poco, pues sube las posibilidades de densidad, ocupación por hectárea o por piso, a niveles altísimos incluso para los parámetros actuales de proyectos en desarrollo en el propio Guanacaste, como por el ejemplo aquellos del proyecto Papagayo establecidos en su ley y reglamentos3 .
Establecer que se puede tener lotes de 300 metros cuadrados y ocho metros de frente con una cobertura de hasta el 60 % es prácticamente construir un barrio residencial de alta densidad frente al mar, una muralla frente a la línea de playa, un muro frente a la zona pública inalienable. No se establecen retiros laterales, solamente uno frontal –de tres metros- y otro trasero, igual de tres metros, lo que casi ni siquiera permite tener un auto aparcado o sembrar un árbol y sí permite pegar pared con pared de las casas formando una sola barrera continua a lo largo de cientos de kilómetros. Pero, si además se indica que puede tener una altura de hasta 16 metros, entonces tenemos cuatro pisos, es decir una muralla de cuatro pisos con altísimas coberturas frente a la zona pública en todo el litoral, sin hacer ninguna distinción entre zonas, excepto las que tienen ya algún tipo de regulación.
Las zonas que se definen más lejos de la línea de costa, tienen condiciones aún más atiborradas, muy por encima de los parámetros normales en áreas de desarrollo turístico con condiciones de disfrute de la naturaleza. Contrariamente, se reproducen las condiciones observables en estos momentos en Jacó, solo que con muchos más edificios en altura, pues desde la zona ‘restringida’ –que llega hasta 150 del pleamar ordinario- y hasta 800 metros se pueden construir edificios de ocho pisos y cien personas por hectárea por piso, etc.
Desde la perspectiva técnica no hay enfoque claro. No hay obviamente una teoría que oriente cómo debe regularse y con qué parámetros, pues el decreto se reduce a establecer unos pocos límites: altura, cobertura, ancho del lote y retiros posterior/anterior. Punto. Sin justificación alguna o referencia alguna a condiciones concretas, como si todos los terrenos fueran una playa plana y una costa regular y alineada, como si no hubiera ningún tipo de diferenciación, como si las áreas que llegan hasta 200 metros, hasta 800 metros o hasta 3000 metros, fueran una planicie sin accidentes, es decir, sin deltas, microcuencas, humedales, rocas, hundimientos, carreteras, diques, o cualquier otro aspecto natural o construido por los seres humanos desde la era precolombina hasta abril del 2008.
No se diferencian zonas, se unifica la costa como si fuera una mesa lisa y recta y plana, contrario por supuesto a todas las recomendaciones de planificación urbana/regional o de ordenamiento territorial (en disciplinas como la arquitectura, la sociología o la geografía) que han surgido en el mundo en los últimos setenta y cinco años, desde la Carta de Atenas.
Ello implica, que no se diferencian condiciones geológicas o geográficas, ni tampoco en términos de ocupación previa o de transformaciones y condiciones superficiales del terreno (charral o zacatal –no se dice bosque porque ya no hay bosques fuera de zonas protegidas o parques, donde no aplica el decreto), como cortes o posibilidades de deslizamiento o cualquier otro tipo de referencia a condiciones diferenciadoras. Así, no se distinguen en absoluto aquellos sitios más propensos o frágiles a sufrir los movimientos causados por los choques entre placas tectónicas (¡el terremoto de Nicoya!), o todo lo referente al fallamiento local. Pero tampoco en relación con las posibilidades amplísimas de licuefacción hasta dos o tres kilómetros tierra adentro en muchas de las zonas costeras del pacífico guanacasteco y en todo el litoral del golfo de Nicoya, o los impactos de la deforestación en cortes abruptos frente a la costa, o la eliminación de las llanuras de inundación en todas las zonas costeras y cuencas bajas, etc. Se ignoran por completo las posibles condiciones de riesgo y se preparan las condiciones para un verdadero desastre.
El decreto simplemente dice tantos metros de altura, tantos metros de cobertura, tantos metros de frente, de patio de atrás y de frente, y ya.
Los análisis de impacto ambiental que se puede solicitar según proyectos, sería una forma suavizar esta ocupación masiva que se permite, pero claro, se puede decir que frente a la ausencia total de regulación actual, esta muralla es una limitación…
Con tal tipo de decretos es esencial que se apresuren los trámites administrativos y funcionales para que a la brevedad estén trabajando las empresas que ganaron la licitación para hacer Planes Reguladores en todos los once cantones y para que en muy pocos meses, después de los seis meses de gracia que el propio decreto establece, estén vigentes los nuevos planes cantonales/costeros orientados por los lineamientos, enfoques, principios y análisis objetivos que establezca el futuro plan estratégico regional de ordenamiento territorial. Este plan estratégico establecerá una metodología y un enfoque colectivo para que los planes costeros y cantonales subsiguientes puedan enfatizar las diferencias sin caer en la descoordinación y sin formar un rompecabezas de múltiples planes distintos.
Por cierto, que el nombre general del decreto referido a ‘metodología’ es algo totalmente ausente: no hay ningún renglón relativo a metodología de planificación territorial en todo el decreto, ni siquiera en sus justificativos que resultan más bien pura justificación.
Aparte, y afectando a todo el país, se han planteado algunos proyectos de ley (y se ha impulsado su aprobación desde varios gobiernos atrás, pero con más énfasis en los últimos dos), sobre de titularización de tugurios, junto a la re-construcción y remodelación de tugurios, las que igual que el limitar la ocupación de la zona marítimo terrestre no son malas en sí mismas. En el caso de la regularización titularización o remodelación, pueden tener impactos positivos si al diseñarlos respetan mínimas condiciones de habitabilidad y áreas sociales, familiares y colectivas, que incrementen sustancialmente las que se tienen de previo en barrios improvisados o construidos ilegalmente por invasión y tugurización.
Sin embargo, las propuestas para legalizar y remodelar tugurios en el propio sitio, sin erradicar o trasladar, permiten violar los mínimos de ordenamiento del convivir y el habitar que se han ido constituyendo a lo largo de los siglos como los mínimos aceptables para constituir niveles de vida dignos. Obviamente en los barrios medievales de México, o las barriadas obreras del Manchester decimonónico, o las chabolas del Calcuta en el período pos independentista de la India, la acumulación de familias alcanzaba altísimos niveles de hacinamiento, que se consideraron ahí normales. Pero, no es eso lo que en términos sociales y en términos de salud pública y seguridad se puede considerar digno del ser humano, o correcto en un país respetuoso de los derechos consignados en declaraciones internacionales. Ello simplemente contradice la propia legislación constitucional costarricense: la relativa a los derechos de vivienda, salud y ambiente, por ejemplo. En estas circunstancias, varios proyectos planteados que sustituyen la erradicación de tugurios por el mejoramiento in situ, reduciendo hasta niveles infrahumanos las normas mínimas, son sin duda inaceptables, tanto en términos puramente conceptuales relativos al nivel de vida que seres humanos deben alcanzar, como en términos jurídicos constitucionales.
El derecho a vivienda digna no puede ser reducido a un tugurio pintado o a un gueto con pavimento, donde se hacinan familias y grupos humanos en condiciones de absoluta inseguridad y absoluta violencia contra todos los requisitos mínimos de convivencia civilizada. En la perspectiva de una urbanización masiva de Guanacaste, con hasta ahora casi nula reglamentación y ordenamiento, con amplios tugurios creciendo aceleradamente en Liberia y otras de las viejas ciudades de la península; en la perspectiva creciente de inmigración masiva hacia la región guanacasteca, mucha de ella en realidad población importada por la industria de la construcción y las plantaciones, pero una importación en la que los empresarios no resuelven en lo más mínimo el derecho a la vivienda y a un hábitat sano de los trabajadores –ambos derechos constitucionales que se violan todos los días en Guanacaste-, es urgente invertir en vivienda popular, no titularizar y pintar los tugurios donde viven los trabajadores que construyen los hoteles cinco estrellas; pero tampoco en ningún otro lado del país, como al Área Metropolitana de San José, con el objetivo de acumular ‘soluciones de vivienda’ en las estadísticas oficiales.
Estas proposiciones de leyes y estos decretos aprobados y vigentes hacen que la perspectiva de mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano común se posponga indefinidamente, aunque si mejora la calidad de vida del gran empresario ‘tugurero’ o el ‘desarrollador inmobiliario’, y también la del político clientelista, que basa su satisfacción en el número de soluciones, aunque sean tugurios pintados y proyectos fantasmas.
Estos decretos hacen que las cicatrices que siguen creciendo en las caras de nuestras ciudades y nuestras poblaciones dejen en nuestras caras ese sabor de boca que también y tan bien expresa el tango: como con bronca y junando5 .
Manuel Argüello Rodríguez, Ph.D.
-mayo 2008-
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1 Tita Merello, "Decime, Dios, dónde estás"
2 Decreto Ejecutivo : #34456 del 09/04/2008: Metodología y Directrices Generales para el Ordenamiento Territorial de la Región Chorotega y Plan Urbano-territorial de la Región Chorotega.
3 Además, contrariando lo establecido en la ley que da fundamento al Programa de Regularización de Registro y Catastro (PReCayRe)-, el Artículo 2º indica que el Plan Regional Urbano de la Región Chorotega deberá ser elaborado por la Dirección de Urbanismo del INVU, siendo así que el propio PReCayRe ya ha licitado su realización, como corresponde por ley, y está pronto a iniciarse su elaboración.
4 Como el EXPEDIENTE N.º 15.983: LEY ESPECIAL PARA TITULACIÓN DE VIVIENDA EN ZONAS
DE DESARROLLO URBANO NO RECONOCIDAS (PRECARIOS)-varios diputados- Agosto del 2005.
5 Francisco Alfredo Marino “El ciruja”
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Y me la dejó marcada 1
La letra del tango refleja lo que ha sido la historia de Guanacaste desde tiempos precolombinos. En primer término la destrucción de la población por parte de los colonizadores, que casi hicieron desaparecer los pobladores autóctonos y su rica mezcla de orígenes, cultura y variedad de etnias. Siglos después, ya en tiempos republicanos se terminó de destruir prácticamente todo el bosque tropical seco al impulsarse hasta la náusea la ganadería extensiva y los cultivos a ella asociados, junto con la producción algodonera, cañera y arrocera. Con excepción de algunos parques nacionales, que salvaron parcialmente algunos reductos, la bajura se despobló a la vez que se destruyó la biodiversidad del bosque en forma literal: no había más diversidad pues se convirtió en sitio de pastizales o plantaciones con alta utilización de insecticidas, es decir venenos.
Las cicatrices en Guanacaste no se han curado, pues sigue la destrucción de miles de hectáreas, cada año, por quemas intencionadas en los parques nacionales y continúa la destrucción de los humedales de las partes bajas costeras del golfo y toda la cuenca media y baja del Río Tempisque, el que se ha rellenado, drenado y desecado para uso en cultivos tipo plantación, lo mismo que las cuencas del Corobicí y restantes ríos de la parte este del golfo: el arroz y la caña o el melón desplazaron completamente en miles de hectáreas la diversidad biológica natural y destruyeron la complejidad del humedal y la llanura de inundación natural. Mientras tanto, las infraestructuras de irrigación desperdician, por su diseño ineficiente e inadecuado, las aguas que vienen del Lago Arenal y no sirven para controlar y regular las crecidas de los ríos de esa misma zona oeste del golfo y del Tempisque, y que sufren cada año con más intensidad las pequeñas comunidades costeras.
La más reciente cicatriz la ha ido dejando la inversión abrupta y destructiva que, a la vez, ha permitido la bonanza de algunos sectores (como lo produjo el ganado y las plantaciones tiempos atrás, o la esclavitud siglos atrás) y la imagen periodística inicial de auge y desarrollo desenfrenados, aunque más recientemente transformada en una imagen de contaminación y destrucción también desenfrenados.
Al respecto, el más reciente decreto2 que afecta la costa Guanacasteca surge como si fuera una solución planificadora y ordenadora frente a la nada; es decir frente al desenfreno y el caos, y en efecto, establece una delimitación de tres zonas y tres distintos tipos de regulaciones en cuanto a cobertura y en cuanto a altura de las edificaciones, nada más, aplicables a una zona que no tenía hasta entonces limitación alguna. Muy bien, se diría; pero si se mira con cuidado, esta primera aproximación resulta contraproducente, pues la limitación es poco limitante: o sea limita poco, pues sube las posibilidades de densidad, ocupación por hectárea o por piso, a niveles altísimos incluso para los parámetros actuales de proyectos en desarrollo en el propio Guanacaste, como por el ejemplo aquellos del proyecto Papagayo establecidos en su ley y reglamentos3 .
Establecer que se puede tener lotes de 300 metros cuadrados y ocho metros de frente con una cobertura de hasta el 60 % es prácticamente construir un barrio residencial de alta densidad frente al mar, una muralla frente a la línea de playa, un muro frente a la zona pública inalienable. No se establecen retiros laterales, solamente uno frontal –de tres metros- y otro trasero, igual de tres metros, lo que casi ni siquiera permite tener un auto aparcado o sembrar un árbol y sí permite pegar pared con pared de las casas formando una sola barrera continua a lo largo de cientos de kilómetros. Pero, si además se indica que puede tener una altura de hasta 16 metros, entonces tenemos cuatro pisos, es decir una muralla de cuatro pisos con altísimas coberturas frente a la zona pública en todo el litoral, sin hacer ninguna distinción entre zonas, excepto las que tienen ya algún tipo de regulación.
Las zonas que se definen más lejos de la línea de costa, tienen condiciones aún más atiborradas, muy por encima de los parámetros normales en áreas de desarrollo turístico con condiciones de disfrute de la naturaleza. Contrariamente, se reproducen las condiciones observables en estos momentos en Jacó, solo que con muchos más edificios en altura, pues desde la zona ‘restringida’ –que llega hasta 150 del pleamar ordinario- y hasta 800 metros se pueden construir edificios de ocho pisos y cien personas por hectárea por piso, etc.
Desde la perspectiva técnica no hay enfoque claro. No hay obviamente una teoría que oriente cómo debe regularse y con qué parámetros, pues el decreto se reduce a establecer unos pocos límites: altura, cobertura, ancho del lote y retiros posterior/anterior. Punto. Sin justificación alguna o referencia alguna a condiciones concretas, como si todos los terrenos fueran una playa plana y una costa regular y alineada, como si no hubiera ningún tipo de diferenciación, como si las áreas que llegan hasta 200 metros, hasta 800 metros o hasta 3000 metros, fueran una planicie sin accidentes, es decir, sin deltas, microcuencas, humedales, rocas, hundimientos, carreteras, diques, o cualquier otro aspecto natural o construido por los seres humanos desde la era precolombina hasta abril del 2008.
No se diferencian zonas, se unifica la costa como si fuera una mesa lisa y recta y plana, contrario por supuesto a todas las recomendaciones de planificación urbana/regional o de ordenamiento territorial (en disciplinas como la arquitectura, la sociología o la geografía) que han surgido en el mundo en los últimos setenta y cinco años, desde la Carta de Atenas.
Ello implica, que no se diferencian condiciones geológicas o geográficas, ni tampoco en términos de ocupación previa o de transformaciones y condiciones superficiales del terreno (charral o zacatal –no se dice bosque porque ya no hay bosques fuera de zonas protegidas o parques, donde no aplica el decreto), como cortes o posibilidades de deslizamiento o cualquier otro tipo de referencia a condiciones diferenciadoras. Así, no se distinguen en absoluto aquellos sitios más propensos o frágiles a sufrir los movimientos causados por los choques entre placas tectónicas (¡el terremoto de Nicoya!), o todo lo referente al fallamiento local. Pero tampoco en relación con las posibilidades amplísimas de licuefacción hasta dos o tres kilómetros tierra adentro en muchas de las zonas costeras del pacífico guanacasteco y en todo el litoral del golfo de Nicoya, o los impactos de la deforestación en cortes abruptos frente a la costa, o la eliminación de las llanuras de inundación en todas las zonas costeras y cuencas bajas, etc. Se ignoran por completo las posibles condiciones de riesgo y se preparan las condiciones para un verdadero desastre.
El decreto simplemente dice tantos metros de altura, tantos metros de cobertura, tantos metros de frente, de patio de atrás y de frente, y ya.
Los análisis de impacto ambiental que se puede solicitar según proyectos, sería una forma suavizar esta ocupación masiva que se permite, pero claro, se puede decir que frente a la ausencia total de regulación actual, esta muralla es una limitación…
Con tal tipo de decretos es esencial que se apresuren los trámites administrativos y funcionales para que a la brevedad estén trabajando las empresas que ganaron la licitación para hacer Planes Reguladores en todos los once cantones y para que en muy pocos meses, después de los seis meses de gracia que el propio decreto establece, estén vigentes los nuevos planes cantonales/costeros orientados por los lineamientos, enfoques, principios y análisis objetivos que establezca el futuro plan estratégico regional de ordenamiento territorial. Este plan estratégico establecerá una metodología y un enfoque colectivo para que los planes costeros y cantonales subsiguientes puedan enfatizar las diferencias sin caer en la descoordinación y sin formar un rompecabezas de múltiples planes distintos.
Por cierto, que el nombre general del decreto referido a ‘metodología’ es algo totalmente ausente: no hay ningún renglón relativo a metodología de planificación territorial en todo el decreto, ni siquiera en sus justificativos que resultan más bien pura justificación.
Aparte, y afectando a todo el país, se han planteado algunos proyectos de ley (y se ha impulsado su aprobación desde varios gobiernos atrás, pero con más énfasis en los últimos dos), sobre de titularización de tugurios, junto a la re-construcción y remodelación de tugurios, las que igual que el limitar la ocupación de la zona marítimo terrestre no son malas en sí mismas. En el caso de la regularización titularización o remodelación, pueden tener impactos positivos si al diseñarlos respetan mínimas condiciones de habitabilidad y áreas sociales, familiares y colectivas, que incrementen sustancialmente las que se tienen de previo en barrios improvisados o construidos ilegalmente por invasión y tugurización.
Sin embargo, las propuestas para legalizar y remodelar tugurios en el propio sitio, sin erradicar o trasladar, permiten violar los mínimos de ordenamiento del convivir y el habitar que se han ido constituyendo a lo largo de los siglos como los mínimos aceptables para constituir niveles de vida dignos. Obviamente en los barrios medievales de México, o las barriadas obreras del Manchester decimonónico, o las chabolas del Calcuta en el período pos independentista de la India, la acumulación de familias alcanzaba altísimos niveles de hacinamiento, que se consideraron ahí normales. Pero, no es eso lo que en términos sociales y en términos de salud pública y seguridad se puede considerar digno del ser humano, o correcto en un país respetuoso de los derechos consignados en declaraciones internacionales. Ello simplemente contradice la propia legislación constitucional costarricense: la relativa a los derechos de vivienda, salud y ambiente, por ejemplo. En estas circunstancias, varios proyectos planteados que sustituyen la erradicación de tugurios por el mejoramiento in situ, reduciendo hasta niveles infrahumanos las normas mínimas, son sin duda inaceptables, tanto en términos puramente conceptuales relativos al nivel de vida que seres humanos deben alcanzar, como en términos jurídicos constitucionales.
El derecho a vivienda digna no puede ser reducido a un tugurio pintado o a un gueto con pavimento, donde se hacinan familias y grupos humanos en condiciones de absoluta inseguridad y absoluta violencia contra todos los requisitos mínimos de convivencia civilizada. En la perspectiva de una urbanización masiva de Guanacaste, con hasta ahora casi nula reglamentación y ordenamiento, con amplios tugurios creciendo aceleradamente en Liberia y otras de las viejas ciudades de la península; en la perspectiva creciente de inmigración masiva hacia la región guanacasteca, mucha de ella en realidad población importada por la industria de la construcción y las plantaciones, pero una importación en la que los empresarios no resuelven en lo más mínimo el derecho a la vivienda y a un hábitat sano de los trabajadores –ambos derechos constitucionales que se violan todos los días en Guanacaste-, es urgente invertir en vivienda popular, no titularizar y pintar los tugurios donde viven los trabajadores que construyen los hoteles cinco estrellas; pero tampoco en ningún otro lado del país, como al Área Metropolitana de San José, con el objetivo de acumular ‘soluciones de vivienda’ en las estadísticas oficiales.
Estas proposiciones de leyes y estos decretos aprobados y vigentes hacen que la perspectiva de mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano común se posponga indefinidamente, aunque si mejora la calidad de vida del gran empresario ‘tugurero’ o el ‘desarrollador inmobiliario’, y también la del político clientelista, que basa su satisfacción en el número de soluciones, aunque sean tugurios pintados y proyectos fantasmas.
Estos decretos hacen que las cicatrices que siguen creciendo en las caras de nuestras ciudades y nuestras poblaciones dejen en nuestras caras ese sabor de boca que también y tan bien expresa el tango: como con bronca y junando5 .
Manuel Argüello Rodríguez, Ph.D.
-mayo 2008-
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1 Tita Merello, "Decime, Dios, dónde estás"
2 Decreto Ejecutivo : #34456 del 09/04/2008: Metodología y Directrices Generales para el Ordenamiento Territorial de la Región Chorotega y Plan Urbano-territorial de la Región Chorotega.
3 Además, contrariando lo establecido en la ley que da fundamento al Programa de Regularización de Registro y Catastro (PReCayRe)-, el Artículo 2º indica que el Plan Regional Urbano de la Región Chorotega deberá ser elaborado por la Dirección de Urbanismo del INVU, siendo así que el propio PReCayRe ya ha licitado su realización, como corresponde por ley, y está pronto a iniciarse su elaboración.
4 Como el EXPEDIENTE N.º 15.983: LEY ESPECIAL PARA TITULACIÓN DE VIVIENDA EN ZONAS
DE DESARROLLO URBANO NO RECONOCIDAS (PRECARIOS)-varios diputados- Agosto del 2005.
5 Francisco Alfredo Marino “El ciruja”
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martes, enero 29, 2008
Crisis económica, lucha por vivienda y políticas urbanas:
degradación ambiental y construcción del riesgo en el AMSJ
LAS OCUPACIONES DE TIERRAS Y POLÍTICA ESTATAL
El período que se inicia durante los años 1970s fue de grave crisis económica, es decir empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población del país, lo que generó no solo migraciones sino también el desalojo de pobladores pobres de los antiguos barrios o sitios de vivienda en fincas o zonas rurales y los llevó a la ocupación de tierras en la zona central del país.
Al final de los años 1970s hubo varias invasiones de tierras en la zona sur de la ciudad, a escasos cinco Km del Parque Central, en el centro de los tradicionales barrios pobres. Años atrás, entre 1963 y 1966, el INVU había creado en la zona la Ciudadela 15 de Setiembre, como producto de la erradicación de cuatro tugurios del centro de la ciudad (1).
En 1979 un grupo de familias se tomó un lote cercano, al estabilizarse la situación el grupo era de 184 familias, pero dos semanas después había más de 200 ranchos. Este grupo, denominado Los Nietos del Presidente Carazo, procedía en un 30% de la misma 15 de Setiembre y el 21% de Aguantafilo (a pocos cientos de metros). Los altos alquileres de las viviendas fue la razón principal que dieron los vecinos para explicar la decisión de invadir. Otros vivían arrimados o en cuartos alquilados . La respuesta del Gobierno fue muy ambigua, inicialmente el IMAS indicó que no asumiría ninguna responsabilidad a pesar de que muchos de los vecinos habían gestionado desde años atrás la ayuda de la institución , pero luego los vecinos lograron que el INVU los atendiera.
Durante la Administración 78-82, muchas de las ocupaciones de tierras continuaron en su sitio por todos los cuatro años y sólo una pequeña magnitud fue atendido por los Programas de de Ayuda Mutua y Empresas Comunitarias (PRECO) o los Programas de Lotes con Servicios (PLCS) o lotes sin servicios. Al final de la Administración el Programa de Rehabilitación de Barrios del IMAS inició una investigación para ordenar las ocupaciones ilegales de tierra (2).
En el proceso electoral inmediato, el PLN denunció que existían más de 50 mil personas viviendo en tugurios en el Área Metropolitana de San José, los que serían "terreno fértil para la agitación comunista” (3). Muchas familias que no habían invadido pero habían estado organizándose en los comités y frentes de lucha, ocuparon terrenos en el período de transición entre las dos Administraciones. Un enorme grupo se tomó nuevos terrenos en los primeros años de la Administración 82-86 y durante el siguiente período de transición.
La primera de estas grandes invasiones hacia el final de la Administración Carazo, en agosto de 1981, en plena campaña electoral, fue la de Río Azul, al sureste de la ciudad de San José. En unas tierras en disputa, aunque aparentemente de propiedad privada, de cerca de 45 manzanas, en una colina de altísima pendiente, junto al relleno sanitario de la ciudad, donde se levantaron en unos pocos días 400 ranchos .
La relativa participación de los pobladores en las luchas y organizaciones relacionadas con la falta de vivienda estaban condicionadas al principio del período 1978-1990 por la convergencia de varios procesos:
a: deterioro acelerado de los niveles de supervivencia social, incluyendo las posibilidades del uso de viviendas y la consecuente acumulación de población en situaciones en extremo críticas, con altos índices de hacinamiento, incremento de desahucios por falta de pago en alquileres y dificultad para ingresar en el mercado normal. Con ello, aumento sustancial de la ocupación ilegal de tierras, a pesar de la represión policial existente, los desalojos forzosos, el enjuiciamiento y al apresamiento de dirigentes y comunidades.
b: la aguda crisis fiscal y monetaria que obliga al Poder Ejecutivo a restringir al máximo la política social, en concordancia con las 'cartas de intenciones' acordadas con el FMI, y específicamente el desfinanciamiento absoluto del INVU e IMAS y la consecuente clausura de la construcción de viviendas propiamente tales.
c: la disposición del AID y otras agencias internacionales de propulsar programas de lotes con servicios (PLCS) como alternativa a la vivienda estatal; lo que permite la continuación del INVU como institución, con ese programa como base, con decenas de miles de familias solicitantes.
d: el inmediato interés de pobladores de terrenos invadidos en su búsqueda de estabilidad y legalidad, que perciben la finalización de la administración 78-82 e intentan asegurarse compromisos formales con la nueva administración (y los candidatos de probable elección) a cambio de apoyo electoral inmediato y colaboración con las estructuras partidarias locales.
e: el interés político-partidario y la búsqueda de una ampliación de su cobertura, tanto en la izquierda como en la oposición social-demócrata, que permita captar un mayor apoyo entre los sectores más pobres del Área Metropolitana de San José (AMSJ) y la inclusión de sectores medios comprometidos en las reivindicaciones sociales.
f: intereses individuales o grupales de tipo electoral, durante el año electoral de 1981 (elecciones en febrero 1982), que motivan a fracciones emergentes dentro de los partidos o coaliciones, en el gobierno o la oposición, y a los dirigentes locales a promover su propio liderazgo entre los sectores más cercanos.
g: en la izquierda, específicamente, un intento general de aliviar el peso de la propaganda tradicional y el uso de estigmas y estereotipos en su contra , por la vía de crear organizaciones llamadas "de masas" que permitan dirigir las reivindicaciones populares bajo formas orgánicas no-partidarias, de fachada 'democrática' y permitan elegir dirigentes de sus partidos en Municipios o la Asamblea Legislativa, con base en partidos creados para las elecciones con programas formales reivindicativos, sin presentar disputas ideológicas percibidas como 'radicales', comunistas y revolucionarias.
Este cúmulo de circunstancias permite un cambio en la acción tradicional de las organizaciones populares con respecto a la reivindicación de la vivienda.
Las organizaciones nacidas décadas atrás, las llamadas Juntas Progresistas y su Federación (FENAJUP), controlada por el Partido Vanguardia Popular (PVP) , así como las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) controladas por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) se habían deteriorado significativamente y dieron paso a nuevas formas de organización para reivindicar el derecho a la vivienda y servicios.
La doble constitución de DINADECO como institución estatal y las ADI, Asociaciones de Desarrollo Específico (ADE) o Comités de Desarrollo Comunal (CDC) en los barrios o comunidades permitió hasta 1978 un amplio control del Partido Liberación Nacional (PLN) sobre la organización reivindicativa. Al final de los 70s DINADECO tenía cerca de 300 funcionarios y las asociaciones registradas eran más de 700, con alrededor de 95 mil afiliados. Sin duda, una amplia estructura de base de apoyo político (Mora Agüero, J.C.; 1988).
La nueva administración de 1978 trató de neutralizar esta estructura mediante el des/financiamiento a DINADECO como institución y al asignarle por primera vez una importante responsabilidad en relación con la política de vivienda. El Programa de Desarrollo Urbano, programado directamente por AID, se localizó institucionalmente en DINADECO, que debería coordinar la acción interinstitucional y preparar las comunidades que participarían en autoconstrucción de viviendas y la organización de empresas comunitarias dependientes del proyecto PROVIS-PRECO del IMAS.
CONTINUIDAD EN VEZ DE CAMBIO CON EL NUEVO GOBIERNO
En 1980 el PLN logró contacto con varios comités locales en sitios de invasión a iniciativa de los líderes locales, algunos de los cuales tenían contactos previos con el PLN o sus regidores municipales del cantón de San José. Este contacto inicial llevó a la fundación del Frente Democrático de la Vivienda (FDV ) y posteriormente el Frente Costarricense de Lucha por Vivienda (FCV). El FDV es desde su nacimiento a la vez un frente de lucha por vivienda, estructura de apoyo electoral para el PLN y forma institucional mediante la que se canaliza financiamiento estatal hacia la vivienda y los servicios colaterales . Pasadas las elecciones de 1981-1982 con triunfo del PLN, el nuevo gobierno tratará de utilizar al FDV como estructura de control de la lucha por vivienda, ofreciendo a los vecinos una alternativa más segura para obtener asistencia en menor plazo y con negociación en vez de represión policial. Las acciones reivindicativas pretendían canalizar la presión popular en dos vías: por un lado, alargar el margen de espera de manera que los comités reciban progresivamente atención y por otro restringir el margen de acción de la organización alternativa ‘de izquierda’, controlada por la Organización Socialista de los Trabajadores (OST). Esta organización entraba en un proceso de cambio de estrategia y trataba de superar su actuación electoral de 1978 mediante un nuevo frente de masas y una nueva estructura formal partidaria: el Partido Acción del Pueblo (PAP).
Ya electo el nuevo gobierno, el FDV creció rápidamente con afiliación de decenas de nuevos 'comités de vivienda' fundados a partir de los núcleos locales del PLN. El crecimiento rápido y masivo del FDV complicó el control desde la cúpula y la estructura jerárquica se expandió, quedando numerosos comités bajo control de un promotor, sin contacto alguno con la dirección superior. Con el crecimiento masivo y la reducida capacidad de atención desde los programas vigentes en el INVU y el IMAS, más la lentitud de respuesta a las propias peticiones del FDV (y las asignaciones concretas de lotes en los PLCS), las posibilidades de control se restringieron y las presiones internas sobrepasaron el margen de control desde cúpula.
Durante toda la Administración Monge se presentaron numerosas pequeñas invasiones. A pesar de las negociaciones y controles del Frente Democrático de la Vivienda (FDV) y luego el Frente Costarricense de la Vivienda (FCV), muchos comités simplemente identificaban algún terreno estatal o en disputa o abandonado y de inmediato iniciaban la construcción. Al inicio del nuevo Gobierno se realizó una ocupación en Desamparados con cerca de 300 familias que argüían "la imposibilidad de hacer frente al pago de alquileres, su incremento en forma desproporcionada en los últimos meses y los desahucios por incapacidad de pago" .
A pesar de las negociaciones entre el Gobierno y la propia organización del PLN -en el poder-, el FDV, se sucedieron nuevas ocupaciones sin control alguno durante todo el año 1983, no obstante la existencia del nuevo traslado masivo de la finca "Las Cuadras", al noreste de la ciudad; que se llamaría barrio Los Cuadros, en Purral de Goicoechea.
La prensa de la época reporta ocupaciones en mayo, junio, noviembre y diciembre de 1984. En todos los casos los precaristas informaron que no podían pagar el alquiler . Algunas no eran invasiones propiamente tales, sino traslados a terrenos con aprobación del Poder Ejecutivo y colaboración del FDV, como en el caso de Rosister Carballo y Nuevo Amanecer; ahí la entrega de tierra era ordenada y los lotes de tamaño similar (90m2), con las futuras calles y aceras delimitadas para la posterior conversión en proyecto habitacional del Gobierno. El candidato Monge Álvarez había indicado desde 1981 la dirección que su Gobierno debería llevar:
"Diferenciar planes para familias de escasos recursos (65% de la población) y los planes para familias marginadas (un 10% de la misma).(...) Aunque un plan de autoconstrucción podría ayudar, especialmente en algunos focos de vivienda insalubre (tugurios), o en zonas rurales, será la construcción masiva basada en planes financieros de nivel nacional, la que pueda resolver el problema en forma substancial.(...) La empresa privada proporciona el modo más eficiente en la producción de vivienda en cuanto a costo y calidad se refiere, pero la financiación final debe estar en manos del Estado, con especial atención a los niveles de más bajos recursos. Con una política integral de vivienda, podrían lograrse costos menores mediante la industrialización de la vivienda. Industrialización y adecuados sistemas de financiamiento para las clases de más bajos recursos a través de un sistema de cuotas variables de amortización, deberán ser las bases de un Plan Nacional de Vivienda"
(Monge, L. A.; 81:100-101)
Sin embargo su equipo de trabajo en vivienda tenía una percepción diferente por lo que surgieron diversas posiciones entre variados ámbitos de la Administración y el PLN. El propio Plan Nacional de Desarrollo 1982-1986 establecía:
"Debido al desfinanciamiento de las instituciones que deben responder a estos problemas y a la baja capacidad de pago de las familias con necesidad de vivienda, se ha decidido desarrollar programas de vivienda progresiva y de lotes con servicios, haciendo énfasis en la ayuda mutua y autoconstrucción. Estos programas serán de gran beneficio al enmarcarlos dentro de un esquema de planificación y ordenamiento que asegure su carácter progresivo, evitando así que los mismos se limiten a generar un grupo de simples propietarios de lotes, que pudiera provocar deterioro urbano"
(OFIPLAN; 82:28).
Las propuestas para una 'política integral' al inicio de la Administración 82-90 superaban con mucho las ilusorias imágenes construidas por la Secretaría Ejecutiva del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos (SESVAH) de la Administración Carazo, pero simultáneamente se enfrentaron a condiciones financieras nacionales e internacionales mucho más agudas, que las paralizarían. Como correlato, los compromisos adquiridos durante el proceso electoral y el grado de organización de los comités de luchas por vivienda, especialmente en el propio PLN en el Gobierno, no permitirían la mantención de la paz social sin acciones decididas desde el Estado. Es así, que a pesar de todas las propuestas de política existentes, el Gobierno opta por declarar el problema de vivienda 'emergencia nacional', con el objeto de obtener fondos extraordinarios y desarrollar programas ‘remediales’ inmediatos, sin tomar en cuenta las diversas propuestas comprehensivas antedichas. El Presidente Monge dictó el decreto de emergencia en enero de 1983, nombró un Consejo Nacional de Vivienda, dirigido desde la Presidencia y como miembros de éste a los Presidentes Ejecutivos de las instituciones del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos.
Durante el proceso electoral de 1977-78 y en esos primeros meses del nuevo gobierno, desde la izquierda política, la OST percibió que los hechos cotidianos mostraban como la lucha de vivienda era un campo propicio para la acción política, pero no necesariamente para una acción política con una fuerte imagen de 'izquierda'. En consecuencia, como parte de su nueva estrategia para ampliar su accionar y modificar su imagen, los dirigentes de la OST continuaron impulsando también la organización de ‘comités de lucha por vivienda’ y crearon una estructura coordinadora de ellos como parte de una más amplia estructura organizativa, no partidaria, de imagen nacionalista y patriótica, que reuniría organizaciones reivindicativas en otros campos: universitario, femenino, juvenil, ecológico, etc.: el Comité Patriótico Nacional (COPAN). Se intentó reunir una amplia gama de dirigentes populares, personalidades progresistas y ex-militantes de los partidos de la izquierda para construir una alianza nacional que coordinara luchas reivindicativas en diversos campos y permitiera la construcción de una nueva imagen política, sin que esto alterara la estructura básica de organización y dirección de la cúpula fundadora de la OST.
No se trataba de la desaparición de la OST, sino de la ampliación de su acción de masas con una imagen menos sectaria en términos políticos. Fundaron el Comité Nacional de Lucha por Vivienda Digna (CNLVD) y para efectos electorales, se inscribió como nuevo partido político (de fachada) el Partido Acción del Pueblo (PAP), denominado luego "brazo electoral del COPAN" (Madriz, C. y Coronado, C.; 1983:100). La concentración en la lucha de vivienda haría que el COPAN se identificara totalmente con la CNLVD y que el PAP desapareciera luego del nuevo fracaso electoral de 1981 .
El nuevo gobierno se enfrentaría desde mayo de 1982 a un problema esencial: el FDV es controlado por el PLN, en el Gobierno, y ha sido un elemento central del proceso electoral, en consecuencia el Poder Ejecutivo y las instituciones darán prioridad en sus adjudicaciones y a las negociaciones con los comités y dirigentes del FDV. Pero también sufrirían una incesante presión por miles de comités asociación con COPAN. La sobrevivencia de la organización política de izquierda, la OST, en su nueva apariencia como COPAN dependerá para su existencia -y la de su cúpula- de la respuesta real (lotes-viviendas) que logren dar a sus comités afiliados. Su lucha por adjudicaciones y para que se atiendan los miles de solicitudes presentadas a las instituciones será entonces la esencia de su propia lucha por la sobrevivencia del proyecto político y de vida de la cúpula que había fundado la OST en 1976.
El objetivo de construir un partido revolucionario dio rápidamente paso a un nuevo objetivo: mantener el COPAN y darle permanencia a la organización y cobertura alcanzada. No se intentó introducir a los afiliados de los comités en un 'proyecto político', sino simplemente mantenerlos como afiliados, asistiendo a las marchas y reuniones, presionando para alcanzar los mínimos objetivos de la cúpula, que intentaba convertirse en intermediario entre el Poder Ejecutivo y los vecinos en la entrega de lotes del PLCS, como lo era ya el FDV desde 1983.
El FDV en su período de ascenso, con el nuevo gobierno, y especialmente después de la ocupación de la finca Los Cuadras (agosto 1983) logró por los hechos lo que COPAN no lograba por la vía de la solicitud, la movilización pública y la denuncia. En este punto comenzó el período de decline total de COPAN con la pérdida de decenas de comités que se pasaban completos al FDV donde se aseguraban la obtención del lote. Paralelamente las acciones reivindicativas del COPAN recibieron con mayor énfasis la represión policial y además la prensa concentró contra el COPAN sus ataques estereotipados tradicionales. La OST-COPAN interpretó como 'corrupción' la entrega de tierras a miles de familias del FDV y la abierta relación que el Poder Ejecutivo mantenía con su cúpula. Su demanda de lotes se complementó con la denuncia de 'amenazas de invasión' por parte del FDV a fincas que el INVU tenía para programas en que los afiliadas al COPAN estaban inscritos por miles.
El Frente Costarricense de la Vivienda (FCV) nació en 1984 de la ruptura al interior de la cúpula del FDV y lo fundaron antiguos dirigentes-locales el FDV que habían contribuido a su creación en 1981. Estos renunciaron del FDV luego de intentar infructuosamente controlarlo internamente, en medio de la lucha de tendencias políticas al interior del PLN con miras a la elección de candidato del PLN para la campaña electoral de1985. La cúpula de políticos-profesionales del FDV fuera derrotada al interior del PLN y quedó relativamente aislada y sin mayores expectativas para el nuevo gobierno del PLN a partir de mayo de 1986.
El nuevo ‘frente’ obtuvo apoyo político y económico de altos dirigentes del PLN y logró agrupar numerosos comités, tanto antiguos (que habían estado afiliados al FDV) como nuevos en diversas partes del país. A finales de 1984 informes internos de los dos ‘frentes’ indican que el FDV controlaba 43 comités y cerca de 8 mil familias en el AMSJ, mientras el FCV agrupaba a 35 comités, pero con solo 4 mil familias. El COPAN agrupaba 51 comités y 10 mil familias, de los cuáles 31 comités y 6 mil familias estaban concentrados en el AMSJ. Además habían otros 18 comités de vivienda independientes, 7 dentro del AMSJ .
Nuevas ocupaciones de tierras urbanas en el AMSJ se sucedieron en marzo y abril de 1985 realizadas por parte de grupos individuales sin control de los tres grandes 'frentes' (FDV, FCV y COPAN) y continuaron durante la campaña electoral y el período de transición sin que las impidieran los acuerdos entre las cúpulas de esas organizaciones y el candidato triunfador en la campaña electoral de 1985-1986: Oscar Arias . La resolución electoral al interior del PLN y la decisión de utilizar el tema de la vivienda como eje electoral permitió la sobrevivencia del FDV, que estaba en proceso de disolución frente al crecimiento del FCV y la relativa estabilidad del COPAN .
LAS ACCIONES CONCRETAS EN VIVIENDA
El Censo Nacional realizado en 1973 computó un total de 330857 viviendas particulares ocupadas. La población total se distribuía en 472179 núcleos familiares que se acomodaban en 330857 viviendas. Así en 1973, harían falta 141000 viviendas para dar albergue independiente a todos los núcleos familiares del país, aunque obviamente esto no considera la estructuración necesaria de familias extendidas por razones sociales, étnicas o culturales.
Al final del 1979 había una carestía estimada 94 mil unidades de habitación en todo el país, lo que equivaldría a cerca del 20% del total existente (CNVU; 83: Comisión H). Fuentes independientes calcularon el déficit al inicio de los distintos años de la administración 78-82, a partir de los Censos de 1973 y su proyección. La información muestra un aumento progresivo del total de las viviendas construidas entre 1977 y 1980, para declinar abruptamente en el año siguiente. No obstante el déficit es significativamente mayor y progresivamente creciente en los cinco siguientes. Es claro que aunque la construcción no muestra signos recesivos significativos hasta el último año de la Administración, las necesidades reales no son satisfechas y su crecimiento es mucho mayor que el ritmo de la construcción. El déficit se duplica entre 1977 y 1981: entre 1974 y 1981 era necesario construir 253 mil unidades, pero solo se construyeron 127 mil . La acción gubernamental es obviamente insuficiente para subsanar las condiciones pre-existentes al inicio del Gobierno, cuando la situación ya era grave, pero no desesperada.
El nuevo Ministro de Vivienda en 1980 calculaba el déficit en 100 mil unidades. Su objetivo era duplicar o triplicar el volumen anual construido de 8 mil unidades (1973-1977), pues según su información las necesidades creadas anuales de vivienda eran 12 mil. A noviembre de 1980, el IMAS calculaba el déficit en 125 mil unidades. Los tugurios localizados en el AMSJ se estimaban en 15730 y a escala nacional quienes vivían tugurios, ranchos o casas en mal estado, se aproximaban a 24 mil familias. Una gran cantidad de familias alquilaban covachas de 4x4 metros, los alquileres oscilaban entre 150 y 600 colones ($ 17 a $70) al mes por viviendas de cartón, zinc y algunas tablas. Había inquilinos que re-alquilaban parte de su casa para completar su renta hasta en un 75%. Funcionarios del IMAS denunciaron que esto se daba incluso con casas del INVU .
Entre 1975 y 1978 se construyeron, según estos datos corregidos por el INVU, un total de 63565 viviendas, o sea 15891 en promedio anual; mientras que en el período entre 1979 y 1982 se construyeron 64985 o sea un promedio anual de 16246, a pesar del sensible declive del año 1982 cuando solo se computan 13459.
El año 1982 muestra el número anual más bajo de viviendas construidas en un año desde el año 1971 cuando solo se construyeron 12 mil casas, pero hay que tomar en cuenta que el año 1971 no fue un año sensiblemente muy bajo comparado con la década de los sesentas; esto es, la construcción total anual venía ascendiendo con el crecimiento de la población, aunque siempre dejando un déficit creciente. Lo anterior significa que el declive de 1982 fue realmente muy significativo y expresó con claridad la situación general de crisis; pero a la vez permite apreciar lo determinante de la recuperación en los años posteriores.
El INVU y el IMAS, que concentran la atención para familias de bajo ingreso, fueron responsables de un porcentaje que varía entre 21.6% y 29.9% del total en los años de 1978 a 1981. El año 1982 marca un momento recesivo en todos los ámbitos, no solo se construyeron menos viviendas en general, sino que se concedieron menos préstamos de instituciones públicas y los préstamos concedidos por el INVU e IMAS se limitaron a solo un 10.7% del total de los préstamos de origen público. Esto significa que no solo se restringió sensiblemente la construcción, sino que los préstamos para las familias de más bajo ingreso se restringieron aún más.
Esta tendencia se mantendría durante todo el Gobierno siguiente y hasta 1986, con ligeras alzas y bajas, a pesar de la presión decidida de los vecinos organizados. A partir del Gobierno del Presidente Carazo es cuando los Programas de Lotes con Servicios empiezan a tener mayor importancia en el volumen de préstamos concedidos por las instituciones y forman parte central de los programas de vivienda de instituciones como el INVU e IMAS. El grueso del financiamiento estatal fue a manos de sectores de ingresos medios y altos, dejando los sectores bajos con los programas de lotes con servicios.
Las acciones reales que afectan a los grupos de bajo ingreso se distancian sustancialmente de toda la retórica de los asentamientos humanos de 1978 y su 'política integral'. El concepto de "Promoción Humana" que promocionaba el Presidente Carazo, dadas las restricciones financieras, en el campo de la vivienda dejó fuera de posibilidades a la mayoría de la población necesitada y dio paso a numerosas ocupaciones de tierras que se convirtieron en proyectos del Programa de Rehabilitación de Barrios o fueron trasladados a terrenos estatales del nuevo programa de lotes sin servicios del INVU. Los líderes de los precarios o proyectos en marcha optaron por esperar y empezar a negociar con los responsables del Gobierno que fuera electo a partir de 1982 (Taller de Coyuntura; 83:151-152).
Con el nuevo gobierno el INVU continuó con su solitario Programa de Lotes Con Servicios (PLCS), sin financiamiento ni credibilidad. En 1982 la Presidencia Ejecutiva del INVU definió el programa:
"El programa de lotes con servicios consiste en dar solución a las familias de más escasos recursos económicos, las cuales recibirán un lote con servicios en el que construirán en forma autogestionaria una vivienda, para construirla contarán con la asesoría técnica del INVU, y la tecnología desarrollada recientemente de bloques de suelo cemento y otras que lleguen a desarrollarse, que permitan la construcción de una vivienda en la forma más económica y digna posible. En el lote éstas personas contarán con servicios de agua, alcantarillado, sanidad y ordenamiento ambiental, servicios que generalmente no cuentan en su actual vivienda”.
Los fondos prometidos desde 1982 no llegaron a convertirse en realidad y aún el PLCS, que se transformó en el centro de la acción desde el INVU, fue insignificante frente al crecimiento abrupto de la presión popular y la insuficiencia en la construcción de viviendas.
En junio de 1983, en una nueva declaratoria de emergencia el Gobierno evaluó la situación y reveló su interés fundamental por evitar el conflicto, en vez de desarrollar una 'política integral' sobre la vivienda:
"Si no se produce un gran esfuerzo nacional, se producirá en cualquier momento una explosión social que puede liquidar la institucionalidad republicana y el sistema democrático del país. Los programas de compensación por justicia elemental, son programas que se orientan a la defensa de la institucionalidad del país. Ya se han producido algunos brotes de violencia social, unos espontáneos, otros provocados por agitadores con intereses políticos particulares, pero explosión social al fin".
De las declaratorias de emergencia en el campo específico de la vivienda, se pasa entonces a la defensa de la estabilidad política en general. El Gobierno utiliza la represión policial contra la oposición política organizada mientras organiza a sus propios seguidores y grupos dispersos de vecinos que optan por la ocupación de tierras. De esta forma consiguen varios resultados:
a. se canalizan necesidades reales de la población repartiendo tierras compradas desde antes por el INVU o con 'fondos especiales' de la Comisión de Emergencias.
b. mediante el FDV y el FCV, se acelera la acción urbanística tan burocratizada y legalmente controlada en las instituciones públicas.
c. se evaden los propios requisitos establecidos por la AID y otras agencias internacionales, pues de hecho se estaría utilizando un amplio subsidio no contabilizado ni permitido por éstas.
d. se obtiene un resultado positivo en lo electoral y no requiere financiamiento inmediato o negociados externos.
Los dirigentes de las principales organizaciones de lucha por vivienda asumieron una posición doble, por un lado apoyaron la crítica contra la disminución de la calidad de las soluciones; por otro, presionaban para que se dieran 'soluciones' inmediatas de cualquier tipo, incluyendo un pequeño predio donde estabilizar su situación y evitar el pago del alquiler.
A este respecto concordaban el FDV y el COPAN en lo fundamental, consecuentemente presionaban por el financiamiento del INVU con el fin de que se ampliara el PLCS. La presidencia del INVU aprovechó esta coyuntura para mostrar su acuerdo con las peticiones del FDV en el sentido de que se le reasignara al INVU el 3% del Presupuesto Nacional y declaró enfáticamente que "sin ello no se podrá tener una verdadera política de vivienda, ni atender las necesidades del sector".
En febrero de 1985 el Presidente L. A. Monge anunció que el déficit afectaba a casi cien mil familias ; ya se estaba al final del Gobierno, iniciando el último año y en plena campaña electoral, de manera que durante los cuatro años el faltante creció al margen de las emergencias y la retórica. La información oficial indicaba que el déficit había pasado de 105 mil en 1980 a 122 mil en 1985 .
El programa anunciado para 1985 apenas se iniciaría antes del período de cambio de Gobierno. Durante estos meses finales de la Administración se desarrollaron otras acciones más inmediatas, al margen de los programas y declaraciones más bien electorales: se permitió la ocupación de nuevas grandes fincas estatales y se compró una nueva finca para acomodar a miles de miembros de las organizaciones en vivienda. El resultado cuantitativo de la Administración sin embargo, no fue radicalmente más bajo que en la Administración anterior cuando se construyeron 65 mil viviendas; esto a pesar de que la acción fundamental fue más bien en la reducción del gasto y el ajuste estructural en la dirección de las políticas monetarias acordadas con el FMI.
Según la DGEC el déficit sumado el hacinamiento alcanzaba en 1983, 220 mil viviendas (MIDEPLAN; 83), o sea casi el doble de lo que el Gobierno Central estaba computando como el volumen máximo a construir, que sin embargo no se financiaría mínimamente. El Director de Vivienda del IMAS estimaba que el déficit más el número de las viviendas 'regulares' con hacinamiento sumaban 226386 unidades. El INVU calculaba esa demanda en 237 mil casas (Deluchi; 83:5), lo cual indica que si bien existían diferencias entre uno y otro cálculo, aproximadamente el 57% de la población necesitaba vivienda nueva o ampliaciones.
DE LOS PRECARIOS A LOS PROYECTOS: 1986-1990
El candidato del PLN EN 1985 reunió a los dos frentes que controlaba el PLN desde su nacimiento y a la OST-COPAN-PAP. Nombró un Concejo de Coordinación con sus futuros asesores y ministro del MIVAH y asignó formalmente una finca a cada uno, aparte de espacios en diversos proyectos ya en marcha dentro del programa del INVU o el IMAS.
Pasadas las elecciones se firmó un nuevo acuerdo que pretendía evitar las invasiones de tierras provocadas por cualquiera de los tres grupos . Ya iniciado el Gobierno, el COPAN deberá de nuevo presionar para agilizar los trámites, pero su cúpula obtiene el control de algunas fincas y el financiamiento para actuar como empresa urbanizadora, financiera y constructora, aún cuando continúa utilizando las estructuras orgánicas desarrolladas desde su fundación como OST y los métodos de presión, que ahora utiliza para agilizar trámites. De paso, Fausto Amador y sus principales socios empresariales y que fueron fundadores de la OST y del COPAN y del PAP, pasaron a ser asesores directos del nuevo Ministro de Vivienda en el gobierno del PLN y el Presidente Arias.
En 1986, con la negociación entre las cúpulas organizativas y el nuevo Gobierno (iniciado en mayo de 1986) se creó un compás de espera de varios meses. La apertura de múltiples 'ventanillas' para la solicitud de financiamiento en todo el territorio y la expectativa de los nuevos programas sumada a los de miles de traslados, entregas de tierras e invasiones recién realizadas, provocaron que la ocupación de tierras prácticamente desapareciera por unos meses. Pero el cúmulo de familias sin atender continuaban a la espera por miles y la posibilidad de la ocupación estaba siempre presente como alternativa, especialmente entre las familias organizadas en pequeños comités, y por tanto no sujetas a las negociaciones de cúpulas de dirigentes nacionales o regionales que procuraban, no tanto las viviendas de los afiliados, pero su propia subsistencia como dirigencia-burocracia, lo que constituía su medio de vida.
La estructura electoral del PLN, sin el control de DINADECO, y con una nueva propuesta de reorganización de su estructura base (núcleos por área residencial), sirvió de punto de apoyo para transformar la lucha reivindicativa por vivienda y servicios de la población localizada en invasiones, en lucha electoral en favor del PLN.
La política habitacional siempre estuvo por encima de la política urbana, es decir, de lo que se trataba era de evitar el conflicto y reubicar o calmar a miles de familias movilizadas con la promesa de que luego se construirían casas, utilizando para ello fincas estatales o los propios predios ocupados por los miles de comités de lucha. Dentro de la GAM el criterio de localización fue siguiendo las ocupaciones preexistentes y algunas de estas se localizaron en grandes fincas estatales. Las decenas de pequeños proyectos quedaron dispersos por toda el AMSJ, pero los tres grandes proyectos se ubican en la periferia de San José, aproximadamente a 8 kilómetros del centro de la ciudad en tres distintas direcciones: oeste, sureste y noreste, siendo los dos primeros los que concentran el mayor porcentaje de población. La CEV entonces se concentró en el AMSJ, lo mismo que el BANHVI, aunque tuviera múltiples proyectos y 'entidades autorizadas' cubriendo todo el país. Durante 1988 y 1989 el BANHVI concentró entre el 70% y 80% de sus préstamos dentro de la GAM, preferentemente en la provincia de San José (BANHVI; 90).
Los datos del BANHVI muestran que en total el porcentaje de viviendas construidas en la provincia de San José oscila entre 40% y 45%, la provincia de Alajuela varía entre 12% y 19% y Cartago entre 11% y 16%. Esto lleva la concentración dentro del AMSJ a porcentajes que pueden oscilar entre 60% y 80% del total construido en el país a partir de financiamiento originado en las entidades autorizadas del SFNV.
Los precarios surgidos en la primera administración fueron convertidos en proyectos estatales o trasladados a sitios donde ya se desarrollaban otros proyectos durante la misma administración o en la siguiente en su gran mayoría. Las condiciones mínimas de vida cambiaron sustancialmente para aquellos que invadieron tierras con el objeto directo de conseguir su inserción en programas estatales; estos grupos habían creado vecindarios pequeños y densos, con viviendas minúsculas (de hasta solo cuatro metros cuadrados), en materiales de desecho y sin infraestructura alguna. Su traslado a proyectos estatales del IMAS o a los PLCS del INVU era en sí mismo un avance relativo. Otros grupos, que ocuparon terrenos estatales y se distribuyeron más amplios lotes, iniciaron un proceso progresivo de mejoramiento y su principal reivindicación fue la construcción de infraestructuras y su estabilidad. En estos últimos casos las condiciones cambiaron poco; incluso en algunos casos se deterioraron y muchas familias abandonaron el sitio. Al inicio de la tercera administración existía una variada gama de situaciones que se expresó en el inventario de abril de 1987.
La información del INVU-MIVAH muestra un alto deterioro de las infraestructuras por el uso excesivo, pero a la vez el mejoramiento paulatino de algunos de los barrios, que con sus presiones o negociaciones lograban obtener lastreados o fuentes públicas en forma progresiva.
Para iniciar, los terrenos donde se ubicaron presentaban graves problemas y peligros para la vida de los precaristas:
1. expuestos a inundaciones por desbordamientos de ríos
2. rodeados de taludes con peligro de deslizamiento
3. emplazados en áreas de fuerte pendiente, con altos costos por columnas y cimientos
4. situadas en áreas de alto o superficial nivel freático
5. ubicados sobre o debajo de infraestructura (colectores, líneas de alta tensión)
6. emplazados en derechos viales de calles o derechos ferroviarios
7. situados en sitios de peligro como crematorios, industrial, antiguos tanques de agua, vías de tránsito rápido, conos de aproximación de aeropuertos
Las condiciones naturales del terreno muestran amplias posibilidades para las construcciones tradicionales e incluso para aquellas que utilizan sistemas altamente industrializados. No obstante un porcentaje importante de los precarios y su población presentaban altas pendientes y por tanto dificultades para el desarrollo urbanístico y graves peligros por erosión, falsos cimientos o derrumbes, en especial en época lluviosa.
Las infraestructuras inmediatamente solicitadas por los vecinos de los precarios eran agua y electricidad, cuando no hubo respuesta inmediata, hicieron conexiones ilegales con sus propios materiales. Los barrios más grandes disponían de electricidad, pero todavía 79 de los 104 precarios no disponían ni siquiera de conexiones ilegales, esto a pesar de que normalmente la institución que atiende en forma más inmediata es la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Instituto de Electricidad (ICE). Las conexiones legales, aunque en terrenos ocupados en forma ilegal, se cobraban en forma colectiva. Había diferentes formas de cobrar consumo individual: cuando se disponía de medidores colectivos, se identificaba el consumo equivalente de determinados artefactos con una unidad (un bombillo); otros pagaban con dinero colectivo a partir de rifas o actividades como ferias, etc. Algunos solo permitían consumir electricidad en iluminación y artefactos de bajo consumo, como radios y TV (debido a las malas instalaciones, alambres de baja capacidad o calidad, bajo voltaje disponible para todo el barrio) y se usaban otros combustibles para cocinar, especialmente leña, pues el gas y carbón eran muy caros; esto provocaba la tala sin control en fincas colindantes. Con ello se agravaron las condiciones de terrenos propensos a inundaciones o derrumbes.
La condición de ilegalidad de la electrificación impedía la construcción de redes de iluminación pública. En 1987, los 83 barrios que reunían al 80% de la población no tenían tal tipo de iluminación. Las quejas vecinales sobre los problemas causados por falta de seguridad pública y vigilancia y el aumento progresivo de la delincuencia tienen en la falta de iluminación nocturna una causante adicional. La situación general del área urbana nacional, y especial del AMSJ, según los informes censales e institucionales, revela que desde 1980 más del 94% de la población contaba con servicio eléctrico (OPAM, 83:272).
Si bien la mayoría habían logrado conexiones individuales de agua, en forma legal o ilegal (55.5%); había una importante cantidad que se abastecía por fuentes públicas. El 95% tenía abastecimiento por alguno de los dos medios mencionados en las cercanías de su vivienda.
El pozo o la naciente no es, en el caso del AMSJ, una fuente usual y solo en casos de escases se recurre a acequias que normalmente estarían muy contaminadas, pues son los regulares colectores de desechos industriales y aguas negras residuales. En casos extremos, camiones cisternas eran la única fuente de agua potable utilizable. La información censal de 1984 indica que a escala nacional la situación era mucho mejor, con un alto porcentaje (más de 80%) de la población urbana servida por cañerías individuales legales .
Al contrario, las posibilidades de disponer de las excretas constituyó uno de los problemas sanitarios claves en los precarios. En 1987 el porcentaje de familias que usaban letrinas individuales era muy alto y así continuaría por mucho tiempo más:
El porcentaje de población que había podido construir tanque séptico era ínfima, mientras que todavía una tercera parte de la población requería de letrina colectiva. Estas condiciones no mejoraron sustancialmente con las construcciones de viviendas durante los últimos años de la Administración Arias. Al contrario, se mantenían y ya eran causantes de graves problemas sanitarios y de salubridad como resultado del uso excesivo de suelos no aptos para la construcción de letrinas o drenajes.
El hecho de que los grandes precarios y muchos otros de los existentes en 1987 se convirtieran en 'proyectos' en el mismo sitio en que estaban localizados implicó que esta deficiencia se mantuviera sin importar el tipo de vivienda desarrollada por la CEV. Esta deficiencia por lo demás es común al conjunto del AMSJ y no solo a los precarios o las ocupaciones ilegales no urbanizadas.
La vialidad interna, las calles y vías de tránsito también se convirtieron en los grandes precarios en las vías a construir por los proyectos. Fue siguiendo estas vías que se trazaron los diseños de sitio en varios de los precarios. En otros casos los ranchos se movieron en varias ocasiones para permitir la continuidad de la construcción del nuevo diseño. Antes de iniciar la CEV el desarrollo de los programas ya había importantes cantidades de población y precarios que tenían calles asfaltadas o lastreadas como resultado de las presiones y negociaciones de los vecinos. La mitad de la población, sin embargo contaba solo con calles de tierra, y una quinta parte con calles de tierra en mal estado, a pesar de que la información se recogió en el sitio inmediatamente antes del inicio de las lluvias. El transporte colectivo desde el barrio fue normalmente negociado entre los vecinos y los empresarios privados de la zona, aunque estos se negaran a entrar al barrio aduciendo falta de calles adecuadas, la consecución de lastreado y mejor aún de lastreado permitió el ingreso de autobuses, que siendo de propiedad privada significó siempre una decisión comercial. Es así que el 92% de la población y 81 de los 104 precarios tenían transporte hasta el barrio, dentro del barrio o a menos de quinientos metros del sitio.
La ubicación de los barrios en grandes centros poblados permitió algunos precarios tuvieran centros educativos muy cerca del sitio, a menos de 500 metros: 45 barrios que incluían 43% población y otros 33 barios a menos de 1000 metros (31% de la población), o sea que tres cuartos de la población podrían acceder fácilmente a la educación. El problema en este caso fue la sobreutilización de las escuelas vecinas y su saturación, de manera que tanto la salud como la educación se dificultaba para amplios sectores de la población dadas las distancias a recoger o el rechazo de los centros cercanos. En siete barrios con un total de 24425 habitantes, 35% de la población; se impartían lecciones de educación primaria en el salón comunal o aulas en el precario o las iglesias construidas simultáneamente con los ranchos.
CRONOLOGIA BASICA:
1978-79
Se continúan los programas vigentes mientras se estructura el SEVAH y el nuevo Ministro asume el control y encuentra nuevas fuentes financieras
1980-81
Se desvían los fondos prometidos para grupos de bajo ingreso hacia el SNAP y las Mutuales (grupos medios) con apoyo del sector financiero y de la industria de la construcción. Se profundiza el conflicto entre el INVU y el Ministro. El AID impulsa los PLCS desde el INVU. Se agrava la situación económica y aumenta la presión vecinal que intensifica su organización en comités de barrio.
1981-82
Por decisión de política monetaria y fiscal (no de vivienda) se congelan los fondos del SEVAH lo que provoca el inicio de la recesión del sector y la paralización institucional. Continúan algunos pocos programas remediales de atención a ocupaciones de tierra, pero no se lanza un política electoral intensa en vivienda desde el Gobierno.
Los vecinos se afilian a las dos nuevas organizaciones nacionales en vivienda y participan ampliamente en las elecciones
1983-85
La política fiscal y el PAE se imponen por sobre el SEVAH y dejan la sola opción de los PLCS que no logran cubrir la demanda dadas las condiciones financieras impuestas por AID y FMI
El decreto de EMERGENCIA NACIONAL permite superar la burocracia, repartir tierra estatal y dirigir algunos fondos al SEVAH sin control alguno y sin atender las condiciones financieras de los PLCS 'formales'. Los nuevos PLCS, que ahora son 'informales' están bajo control de ORGANIZACIONES ligadas al PLN: el FDV y el FCV, con oposición radical del INVU.
1986-87
La campaña electoral asume como tema de campaña la vivienda y la política social del nuevo gobierno se centrará en atender los PRECARIOS del AMSJ, luego de contar con opoyo masiva de las organizaciones nacionales con las que el nuevo Presidente adquiere compromisos específicos sobre programas y número de viviendas que les entregará a cada una.
Surgen nuevos Precarios y nuevos PLCS 'informales' en el período de transición, pero con la promesa de que serán "erradicados". Los PLCS se abandonan y se impone la construcción tradicional con base en prefabricados de concreto, hierro de techo y block. El re-financiamiento agiliza la industria y el sector en general. Se superan con mucho los montos construidos en la década
1988-90
El nuevo Ministro de Vivienda crea la CEV e impulsa el BANHVI. Con fondos provenientes del DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL la CEV construye masivamente y luego el BANHVI impone de nuevo criterios financieros y fiscales acordes con los compromisos tradicionales. La nueva institución no modifica en nada la institucionalidad preexistente y dependerá financieramente de decisiones políticas y electorales del Poder Ejecutivo.
Las organizaciones nacionales en vivienda se transforman en empresas o desaparecen con lo masivo de la construcción y la acción local de los promotores de la CEV. En todo el proceso los vecinos no han tenido participación en las decisiones, sino que fueron substituidos por las cúpulas político-partidarias de las organizaciones nacionales. Solo tienen opción de decisión en los resultados finales cuando actuaron al margen de estas desde el comité local del barrio.
BIBLIOGRAFÍA REFERIDA:
1. BANHVI; 1990 Fosuvi, variables relevantes del sector vivienda –copia impresa-
2. Deluchi; 1983 Tecnología en el sector vivienda –Proyecto COS/81/T01 –mimeo-
3. Madriz, Cecilia y Coronado, Carlos; 1983 Al asalto de la coyuntura COPAN, Revista Teórica, Número 1, noviembre de 1983.
4. MIDEPLAN; 1983 Carta de intenciones al FMI LA NACION 1-12-83
5. Monge, L. A.; 1981 El problema de vivienda, política a seguir. En “OFICINA DE INFORMACIÓN -1981- LA AYUDA MUTUA EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COSTA RICA Presidencia de la República de CR Junio 1981-mimeo-
6. Mora Agüero, J.C.; 1988 DINADECO y el Desarrollo Comunal 1964-1987 UNA mimeo
7. OFIPLAN; 1982 Plan Nacional de Desarrollo 1982-1986 –mimeo-
8. OPAM, 1983 Plan Regional Metropolitano GAM –mimeo-
9. Ramírez, A.L. y Vargas, J. 1984 Sobrevivencia social de los sectores urbanos más pobres en condiciones de crisis: organización y lucha en el Área Metropolitana de SJ Proyecto IDRC-CSUCA (mimeo)
10. Taller de Coyuntura; 1983 Los desencantos de la burguesía transnacional en Costa Rica UCID-UNA/Departamento de Publicaciones UNA, CR.
El artículo precedente tiene como base la investigación realizada a principios de los años 1990s y es un extracto –versión en español- de algunos capítulos de la tesis doctoral del autor, en su parte referente a Costa Rica –en revista Urbano en Línea-
HOUSING POLICY, DEMOCRACY AND REVOLUTION:
Costa Rica and Nicaragua during the 1980s-
University College London -UCL-, Universidad de Londres, Inglaterra (1992).
Facultad de Ciencias, Departamento de Geografía
Planificación Urbana y Desarrollo
lunes, octubre 29, 2007
BIENES RAÍCES Y MALOS IMPACTOS
El crecimiento impactante del mercado de bienes raíces y la inversión inmobiliaria, así como su paralelo en la industria de la construcción tiene sin duda un lugar preponderante en el equilibrio financiero y la bonanza de las finanzas públicas, lo mismo que en las finanzas de todo el sector empresarial vinculado con el turismo y los bienes raíces. No obstante, no es ese el único impacto positivo, pues implica también –entre otros- la generación de empleo y presiones para el aumento del monto de los salarios –tradicionalmente bajos- en la construcción y en las oportunidades de venta de propiedades a precios exorbitantes para antiguos propietarios medianos y pequeños de fincas agrícolas poco productivas en las zonas costeras y de interés paisajístico.
La renta del suelo cambia radicalmente cuando la faja costera o las montañas del sur del Valle Central se perciben ya no como zonas agrícolas sino como zonas residenciales o comerciales para consumidores de alto nivel de ingreso, así de inmediato se transforman: aunque sigan siendo fincas ganaderas ya no lo son más, aunque pasen años utilizándose en la producción de arroz su precio de mercado no corresponde con ello; corresponde con la percepción de que se podrá vender para usos distintos y por tanto a los precios que pagaran los futuros inversionistas. Ello, a la vez, implica no solo cambios objetivos al concretarse inversiones, sino cambios especulativos sin que haya ninguna acción objetiva y el cambio sea nada más una expectativa a futuro, sin fecha cierta, pero de efectos inmediatos reales. Un efecto de esos es el abandono de las tierras como medio de producción y la venta progresiva de parcelas por montos que se van consumiendo y permiten la reproducción social de los antiguos propietarios o poseedores, quienes finalmente terminan por venderlo todo y migran hacia lugares de menores costos.
El primer impacto del boom de los bienes raíces no es simplemente el cambio abrupto del paisaje, sino el disparar un proceso de transformación que lleva a la segregación social y al cambio sustancial de la población radicada en los sitios: por un período de transición la inmigración –a veces masiva- de los nuevos trabajadores que crean el nuevo paisaje (construcción, comercio, turismo, etc.) y luego la estabilización de las nuevas condiciones laborales y sociales con las antiguas fincas transformadas en urbanizaciones, condominios (‘ocean view’) y hoteles o comercios con nuevos propietarios, lo que conlleva a la expulsión de los trabajadores sobrantes a las nuevas condiciones de demanda laboral. Estos se tendrán que ir junto con los antiguos propietarios, aquellos que no se hayan dejado algún pedacito de su antigua finca y se queden a envejecer consumiendo lo obtenido por las ventas.
Este primer gran impacto, la segregación social paralela con la atracción de migraciones crea nuevos sitios: los barrios de habitación de los recién llegados que se construyen en los sitios que no puedan utilizarse en el nuevo abrupto crecimiento inmobiliario por diversidad de razones entre las que están su localización y características geomorfológicas (pendientes, tipo de suelo, accesibilidad, escorrentía, cauces de ríos, cercanía a basureros o sitios muy contaminados) y por tanto donde la ‘renta de localización’ no implicó una elevación abrupta de su precio de mercado a falta de clientes de alto nivel adquisitivo.
Así, es importante enfatizar que los cambios regionales o locales que se impulsan (a escalas muy pequeñas, como una playa o una bahía o distrito urbano o una zona de la ciudad) con grandes inversiones para explotar características del sitio mediante un cambio de uso (paisajismo, cercanía a centros comerciales o de oficinas y distritos financieros, marinas o mega proyectos turísticos –que incluyen hoteles de lujo, deportes como golf, comercios y residencias junto a las instalaciones de playa y montaña- carreteras o aeropuertos) aparte de la aparente riqueza que estarían dejando y es visible en las construcciones y modificaciones del paisaje, también tienen un impacto local de gran magnitud en lo social, no solo con la población pre-establecida sino con la que atraen con relativamente bien pagadas ofertas laborales durante la construcción o los típicos servicios comerciales y turísticos (incluyendo los servicios sexuales y el tráfico de drogas ilícitas).
Aparte de la bonanza perceptible a simple vista se da entonces la existencia de impactos de otra calidad, más bien, contrapuestos, en distintas áreas de la economía, de la dinámica poblacional y del ambiente; pero no solo eso, ya que también hay otros impactos en aspectos vinculados con la delincuencia internacional y la segregación social de los pobladores del campo y ciudades intermedias, en lo que podría llamarse usando el anglicismo de moda una ‘gentrification’ de lo rural/costero, aunque -obvio- muchos de los inversionistas y compradores, o el origen de su dinero, no sean exactamente ‘gentlemen’.
De todo ello uno de los impactos más importantes vincula dos procesos, uno la degradación ambiental de los sitios en general, pero especialmente los de residencia de los inmigrantes y de los antiguos residentes que se desprenden de sus terrenos y se localizan en los sitios que quedan fuera del mercado de alto precio. Otro es la condición de los inmigrantes y trabajadores, tanto en el periodo de bonanza como –y especialmente- en el siguiente. Estos trabajadores movidos por oferta de empleo que no encuentran en otros sitios o sus sitios de nacimiento, se establecen en albergues temporales o viviendas de barrios pobres locales y se quedan en los mismos sitios en labores más bien informales, esporádicas o casuales que permiten alcanzar niveles de subsistencia mínimas. Estos grandes grupos (que cuando el abrupto crecimiento de la inversión en bienes raíces tiene la escala de verdaderas nuevas ciudades –no solo aquí, sino a escala mundial y el ejemplo máximo lo fue la construcción de Brasilia- implica otras ciudades paralelas de trabajadores) son las primeras víctimas de la degradación ambiental pues son los que sufren las inundaciones y avalanchas y enfermedades o epidemias producto de la contaminación y la falta de drenajes o instalaciones mínimas sanitarias y de disposición de desechos.
Así, en paralelo al inmenso negocio para los inversionistas y el disfrute de los compradores o visitantes temporales –turistas, etc.-, e inclusive de los sectores de ingresos medios que también logran insertarse en el proceso de cambio y mejorar sus condiciones, se da un proceso de expulsión de población que deberá buscar nuevas opciones laborales probablemente degradadas y un proceso de atracción de masas de trabajadores que también se enfrentan a ambientes degradados y precarias condiciones laborales, inestables y de muy bajo ingreso (o en su defecto vinculadas con mejores ingresos a actividades ilegales o degradantes como la prostitución).
En la elaboración de un proceso de ordenamiento territorial, que son urgentes y al que se enfrentan los gobiernos locales en forma inmediata, es esencial tener un balance de los múltiples impactos para no ser una víctima institucional que acompañe a las víctimas humanas. Mientras se elabora una adecuación de los instrumentos de control y verificación del proceso de inversión y valoración relativa de la renta –lo que implicaría mayores ingresos en los municipios por pago de impuestos locales, tanto de servicios como territoriales-, o se organizan las capacidades técnicas institucionales para al menos tener información de qué está sucediendo con la estructura de la tierra, los predios urbanizados o los desarrollos en condominio y propiedad compartida; se deben observar con detenimiento esos procesos sociales y territoriales o ambientales que podrían generar situaciones críticas o de desastre y emergencia a futuros no tan lejanos.
Estos impactos abruptos en las condiciones de uso del suelo en franjas costeras, áreas de la ciudad o zonas semi-rurales de la periferia del área de crecimiento urbano escapan comúnmente a los procesos de ordenamiento, control o planificación y regulación desde las instituciones o los gobiernos locales. Pero su escala y magnitud de su impacto es tal que se ha ido constituyendo en un problema esencial de la vida del país y para la definición de criterios de toma de decisiones sobre lo que significa o no y debe incluir necesariamente un plan estratégico de ordenamiento territorial o un plan regulador. Sin duda es un elemento esencial del enfoque general del rol de la planificación territorial en condiciones de economías de mercado, o capitalista, como la nuestra. En forma de pregunta se puede plantear como: ¿qué se puede planificar o dirigir según un modelo en una sociedad regida por la lógica de la ganancia, la propiedad privada y el mercado?; y bueno, sobre esa base definir el rol del gobierno local de acuerdo con las leyes y de las instituciones nacionales, también de acuerdo con los principios jurídicos y políticos vigentes y fijar con ello los criterios ‘técnicos’ que permitan revertir esos ‘malos impactos’, mitigarlos o evitarlos.
A este respecto se deben tener presentes conceptos ‘meta’ como la sostenibilidad y similares, pero sobre todo se trata de una perspectiva de ‘política pública’ relativa al ordenamiento y el control relativo del Estado –en todo su aparato- sobre la acción privada, incluido el derecho de usufructuar libremente la propiedad privada de la tierra, que constitucionalmente es ‘inviolable’.
La orientación del plan estratégico de ‘ordenamiento’ y el ‘regulador’ (como lo dicen textualmente ambas palabras el eje del enfoque tradicional es ese: ordenar y regular) es que NO son tradicionalmente ‘planes de desarrollo’ y mucho menos ‘planes de pre inversión’; y por tanto deberán cambiar radicalmente y plantearse como una legítima intervención del Estado (sustentado en Costa Rica en el nivel constitucional) como un instrumento de política pública que ponga como criterio esencial la defensa de la vida humana y del ambiente, el derecho de las futuras generaciones a disfrutas de los recursos naturales y en consecuencia, asegurar que los procesos de transformación del uso del territorio y del suelo –impulsados por la inversión y el aumento de la renta, incluyendo la especulativa- preserven las riquezas naturales, no las dilapiden, contaminen o destruyan; pero especialmente, observen y ordenen también los procesos sociales que se generan, para evitar aquellos de degradación de las condiciones de vida de los grupos humanos que se mueven impulsados (expulsados o atraídos) por los cambios del uso del suelo.
Debe ser un enfoque hacia lo propositivo en variados campos, pero en general que articule lo social y lo ambiental y evite la degradación de ambos y no solo ‘ordenar y regular’ aspectos de carácter más técnicos como la vialidad o altura o la cobertura. A este respecto es esencial tener presente que el impacto es de escalas que van de lo local, a lo cantonal, lo regional y lo nacional; incluyendo formas de organización territorial que no son político-administrativas, como la micro-cuenca, la cuenca, la zona costera, la zona montañosa, el valle, etc. Lo mismo que también aquellas que corresponden con impactos organizacionales especiales (como las zonas protegidas privadas, parques, reservas, zonas de protección especial y zonas vinculadas con volcanes o represas hidroeléctricas, como Arenal) pero también otras como territorios regidos por leyes especiales particulares como zonas costeras.
En la mayor escala, el cambio del uso del suelo tiene los impactos anotados en relación con toda una zona como la que atraviesa la ‘carretera costanera’ que no es región sin esa carretera, o la de los canales de Tortuguero que puede cambiarse con una carretera o la zona que une San Ana con Jacó, con la nueva carretera, o zonas impactadas por aeropuertos como el de Liberia, no solo por las regulaciones por leyes internacionales y zonas de aproximación, etc., sino por el impacto económico, el cambio en el uso del suelo, la renta de la tierra y otros aspectos que deberían estudiarse en los planes de ordenamiento y más aún en los reguladores (por su escala cantonal que a veces deja de lado este tipo de aspectos macro). Ahí está el futuro, en la construcción de poder popular El proceso de mayor escala implica conectar los planes reguladores como si fueran piezas de un rompecabezas, que calcen; lo que es más difícil aún si se considera que un impacto como el de la costanera tiene que ver con la constitución de una vía que une a toda Centroamérica, o el canal de Panamá con México; es decir los nuevos territorios constituidos por corredores comerciales o biológicos y energéticos.
Un aspecto a destacar y ausente en toda la planificación urbana, ambiental y regional, así como en las acciones de los gobiernos locales hasta ahora es el tema general del ‘riesgo de desastre’ que no solo está ausente en la planificación sino que es una de las consecuencias fundamentales de la explosión del precio de los bienes raíces. Este es un país (y un istmo) de amenazas múltiples y los inversionistas y promotores de bienes raíces no parecen tener noción alguna de ello. Así, es en aquellas zonas de grandes inversiones y cambio donde se hacen cada vez más obvios los procesos orientados hacia la degradación ambiental, el surgimiento de conflictos entre el uso humano y sus propias posibilidades de supervivencia en el largo plazo (como los acuíferos). Pero se sigue viendo todo como ‘emergencia’ y como ‘respuesta a emergencias’, aunque lamentablemente no se responde (como en Sixaola cuya carretera lleva más de dos años destruida, o los puentes de la costanera o las inundaciones en Guanacaste, y las cabezas de agua, derrumbes y deslizamientos en todo lado, etc., para no tocar el tema sismo o tsunami en la zona costera del Pacífico o el de huracán en la zona costera caribeña).
En fin, que un ‘plan estratégico de ordenamiento’ y un ‘plan regulador’ son instrumentos inútiles si no estudian y toman en cuenta la relación entre el tipo de utilización humana del medio y sus consecuencias en términos de desastres (pequeños o grandes, no solo los grandes).
En el proceso de incremento en la inversión inmobiliaria no se debe tener una expectativa de reducción de la tendencia, sino al contrario, de un aumento sustantivo ya que a estas alturas del siglo tan solo los nacidos en los primeros dos años de la segunda posguerra (entre 1945 y 1947) tienen 60 años cumplidos, así que los llamados ‘babyboomers’ apenas están empezando a pensionarse y buscando algún lugar paradisíaco para invertir sus ahorros y pasar un par de décadas de trópico y mar. Para su propia seguridad y la de sus inversiones es que se requiere también urgentemente una intervención decisiva para evitar esto que llamamos los ‘malos impactos’ del boom de los bienes raíces.
Manuel Argüello Rodríguez, Ph.D.
Octubre del 2007
La renta del suelo cambia radicalmente cuando la faja costera o las montañas del sur del Valle Central se perciben ya no como zonas agrícolas sino como zonas residenciales o comerciales para consumidores de alto nivel de ingreso, así de inmediato se transforman: aunque sigan siendo fincas ganaderas ya no lo son más, aunque pasen años utilizándose en la producción de arroz su precio de mercado no corresponde con ello; corresponde con la percepción de que se podrá vender para usos distintos y por tanto a los precios que pagaran los futuros inversionistas. Ello, a la vez, implica no solo cambios objetivos al concretarse inversiones, sino cambios especulativos sin que haya ninguna acción objetiva y el cambio sea nada más una expectativa a futuro, sin fecha cierta, pero de efectos inmediatos reales. Un efecto de esos es el abandono de las tierras como medio de producción y la venta progresiva de parcelas por montos que se van consumiendo y permiten la reproducción social de los antiguos propietarios o poseedores, quienes finalmente terminan por venderlo todo y migran hacia lugares de menores costos.
El primer impacto del boom de los bienes raíces no es simplemente el cambio abrupto del paisaje, sino el disparar un proceso de transformación que lleva a la segregación social y al cambio sustancial de la población radicada en los sitios: por un período de transición la inmigración –a veces masiva- de los nuevos trabajadores que crean el nuevo paisaje (construcción, comercio, turismo, etc.) y luego la estabilización de las nuevas condiciones laborales y sociales con las antiguas fincas transformadas en urbanizaciones, condominios (‘ocean view’) y hoteles o comercios con nuevos propietarios, lo que conlleva a la expulsión de los trabajadores sobrantes a las nuevas condiciones de demanda laboral. Estos se tendrán que ir junto con los antiguos propietarios, aquellos que no se hayan dejado algún pedacito de su antigua finca y se queden a envejecer consumiendo lo obtenido por las ventas.
Este primer gran impacto, la segregación social paralela con la atracción de migraciones crea nuevos sitios: los barrios de habitación de los recién llegados que se construyen en los sitios que no puedan utilizarse en el nuevo abrupto crecimiento inmobiliario por diversidad de razones entre las que están su localización y características geomorfológicas (pendientes, tipo de suelo, accesibilidad, escorrentía, cauces de ríos, cercanía a basureros o sitios muy contaminados) y por tanto donde la ‘renta de localización’ no implicó una elevación abrupta de su precio de mercado a falta de clientes de alto nivel adquisitivo.
Así, es importante enfatizar que los cambios regionales o locales que se impulsan (a escalas muy pequeñas, como una playa o una bahía o distrito urbano o una zona de la ciudad) con grandes inversiones para explotar características del sitio mediante un cambio de uso (paisajismo, cercanía a centros comerciales o de oficinas y distritos financieros, marinas o mega proyectos turísticos –que incluyen hoteles de lujo, deportes como golf, comercios y residencias junto a las instalaciones de playa y montaña- carreteras o aeropuertos) aparte de la aparente riqueza que estarían dejando y es visible en las construcciones y modificaciones del paisaje, también tienen un impacto local de gran magnitud en lo social, no solo con la población pre-establecida sino con la que atraen con relativamente bien pagadas ofertas laborales durante la construcción o los típicos servicios comerciales y turísticos (incluyendo los servicios sexuales y el tráfico de drogas ilícitas).
Aparte de la bonanza perceptible a simple vista se da entonces la existencia de impactos de otra calidad, más bien, contrapuestos, en distintas áreas de la economía, de la dinámica poblacional y del ambiente; pero no solo eso, ya que también hay otros impactos en aspectos vinculados con la delincuencia internacional y la segregación social de los pobladores del campo y ciudades intermedias, en lo que podría llamarse usando el anglicismo de moda una ‘gentrification’ de lo rural/costero, aunque -obvio- muchos de los inversionistas y compradores, o el origen de su dinero, no sean exactamente ‘gentlemen’.
De todo ello uno de los impactos más importantes vincula dos procesos, uno la degradación ambiental de los sitios en general, pero especialmente los de residencia de los inmigrantes y de los antiguos residentes que se desprenden de sus terrenos y se localizan en los sitios que quedan fuera del mercado de alto precio. Otro es la condición de los inmigrantes y trabajadores, tanto en el periodo de bonanza como –y especialmente- en el siguiente. Estos trabajadores movidos por oferta de empleo que no encuentran en otros sitios o sus sitios de nacimiento, se establecen en albergues temporales o viviendas de barrios pobres locales y se quedan en los mismos sitios en labores más bien informales, esporádicas o casuales que permiten alcanzar niveles de subsistencia mínimas. Estos grandes grupos (que cuando el abrupto crecimiento de la inversión en bienes raíces tiene la escala de verdaderas nuevas ciudades –no solo aquí, sino a escala mundial y el ejemplo máximo lo fue la construcción de Brasilia- implica otras ciudades paralelas de trabajadores) son las primeras víctimas de la degradación ambiental pues son los que sufren las inundaciones y avalanchas y enfermedades o epidemias producto de la contaminación y la falta de drenajes o instalaciones mínimas sanitarias y de disposición de desechos.
Así, en paralelo al inmenso negocio para los inversionistas y el disfrute de los compradores o visitantes temporales –turistas, etc.-, e inclusive de los sectores de ingresos medios que también logran insertarse en el proceso de cambio y mejorar sus condiciones, se da un proceso de expulsión de población que deberá buscar nuevas opciones laborales probablemente degradadas y un proceso de atracción de masas de trabajadores que también se enfrentan a ambientes degradados y precarias condiciones laborales, inestables y de muy bajo ingreso (o en su defecto vinculadas con mejores ingresos a actividades ilegales o degradantes como la prostitución).
En la elaboración de un proceso de ordenamiento territorial, que son urgentes y al que se enfrentan los gobiernos locales en forma inmediata, es esencial tener un balance de los múltiples impactos para no ser una víctima institucional que acompañe a las víctimas humanas. Mientras se elabora una adecuación de los instrumentos de control y verificación del proceso de inversión y valoración relativa de la renta –lo que implicaría mayores ingresos en los municipios por pago de impuestos locales, tanto de servicios como territoriales-, o se organizan las capacidades técnicas institucionales para al menos tener información de qué está sucediendo con la estructura de la tierra, los predios urbanizados o los desarrollos en condominio y propiedad compartida; se deben observar con detenimiento esos procesos sociales y territoriales o ambientales que podrían generar situaciones críticas o de desastre y emergencia a futuros no tan lejanos.
Estos impactos abruptos en las condiciones de uso del suelo en franjas costeras, áreas de la ciudad o zonas semi-rurales de la periferia del área de crecimiento urbano escapan comúnmente a los procesos de ordenamiento, control o planificación y regulación desde las instituciones o los gobiernos locales. Pero su escala y magnitud de su impacto es tal que se ha ido constituyendo en un problema esencial de la vida del país y para la definición de criterios de toma de decisiones sobre lo que significa o no y debe incluir necesariamente un plan estratégico de ordenamiento territorial o un plan regulador. Sin duda es un elemento esencial del enfoque general del rol de la planificación territorial en condiciones de economías de mercado, o capitalista, como la nuestra. En forma de pregunta se puede plantear como: ¿qué se puede planificar o dirigir según un modelo en una sociedad regida por la lógica de la ganancia, la propiedad privada y el mercado?; y bueno, sobre esa base definir el rol del gobierno local de acuerdo con las leyes y de las instituciones nacionales, también de acuerdo con los principios jurídicos y políticos vigentes y fijar con ello los criterios ‘técnicos’ que permitan revertir esos ‘malos impactos’, mitigarlos o evitarlos.
A este respecto se deben tener presentes conceptos ‘meta’ como la sostenibilidad y similares, pero sobre todo se trata de una perspectiva de ‘política pública’ relativa al ordenamiento y el control relativo del Estado –en todo su aparato- sobre la acción privada, incluido el derecho de usufructuar libremente la propiedad privada de la tierra, que constitucionalmente es ‘inviolable’.
La orientación del plan estratégico de ‘ordenamiento’ y el ‘regulador’ (como lo dicen textualmente ambas palabras el eje del enfoque tradicional es ese: ordenar y regular) es que NO son tradicionalmente ‘planes de desarrollo’ y mucho menos ‘planes de pre inversión’; y por tanto deberán cambiar radicalmente y plantearse como una legítima intervención del Estado (sustentado en Costa Rica en el nivel constitucional) como un instrumento de política pública que ponga como criterio esencial la defensa de la vida humana y del ambiente, el derecho de las futuras generaciones a disfrutas de los recursos naturales y en consecuencia, asegurar que los procesos de transformación del uso del territorio y del suelo –impulsados por la inversión y el aumento de la renta, incluyendo la especulativa- preserven las riquezas naturales, no las dilapiden, contaminen o destruyan; pero especialmente, observen y ordenen también los procesos sociales que se generan, para evitar aquellos de degradación de las condiciones de vida de los grupos humanos que se mueven impulsados (expulsados o atraídos) por los cambios del uso del suelo.
Debe ser un enfoque hacia lo propositivo en variados campos, pero en general que articule lo social y lo ambiental y evite la degradación de ambos y no solo ‘ordenar y regular’ aspectos de carácter más técnicos como la vialidad o altura o la cobertura. A este respecto es esencial tener presente que el impacto es de escalas que van de lo local, a lo cantonal, lo regional y lo nacional; incluyendo formas de organización territorial que no son político-administrativas, como la micro-cuenca, la cuenca, la zona costera, la zona montañosa, el valle, etc. Lo mismo que también aquellas que corresponden con impactos organizacionales especiales (como las zonas protegidas privadas, parques, reservas, zonas de protección especial y zonas vinculadas con volcanes o represas hidroeléctricas, como Arenal) pero también otras como territorios regidos por leyes especiales particulares como zonas costeras.
En la mayor escala, el cambio del uso del suelo tiene los impactos anotados en relación con toda una zona como la que atraviesa la ‘carretera costanera’ que no es región sin esa carretera, o la de los canales de Tortuguero que puede cambiarse con una carretera o la zona que une San Ana con Jacó, con la nueva carretera, o zonas impactadas por aeropuertos como el de Liberia, no solo por las regulaciones por leyes internacionales y zonas de aproximación, etc., sino por el impacto económico, el cambio en el uso del suelo, la renta de la tierra y otros aspectos que deberían estudiarse en los planes de ordenamiento y más aún en los reguladores (por su escala cantonal que a veces deja de lado este tipo de aspectos macro). Ahí está el futuro, en la construcción de poder popular El proceso de mayor escala implica conectar los planes reguladores como si fueran piezas de un rompecabezas, que calcen; lo que es más difícil aún si se considera que un impacto como el de la costanera tiene que ver con la constitución de una vía que une a toda Centroamérica, o el canal de Panamá con México; es decir los nuevos territorios constituidos por corredores comerciales o biológicos y energéticos.
Un aspecto a destacar y ausente en toda la planificación urbana, ambiental y regional, así como en las acciones de los gobiernos locales hasta ahora es el tema general del ‘riesgo de desastre’ que no solo está ausente en la planificación sino que es una de las consecuencias fundamentales de la explosión del precio de los bienes raíces. Este es un país (y un istmo) de amenazas múltiples y los inversionistas y promotores de bienes raíces no parecen tener noción alguna de ello. Así, es en aquellas zonas de grandes inversiones y cambio donde se hacen cada vez más obvios los procesos orientados hacia la degradación ambiental, el surgimiento de conflictos entre el uso humano y sus propias posibilidades de supervivencia en el largo plazo (como los acuíferos). Pero se sigue viendo todo como ‘emergencia’ y como ‘respuesta a emergencias’, aunque lamentablemente no se responde (como en Sixaola cuya carretera lleva más de dos años destruida, o los puentes de la costanera o las inundaciones en Guanacaste, y las cabezas de agua, derrumbes y deslizamientos en todo lado, etc., para no tocar el tema sismo o tsunami en la zona costera del Pacífico o el de huracán en la zona costera caribeña).
En fin, que un ‘plan estratégico de ordenamiento’ y un ‘plan regulador’ son instrumentos inútiles si no estudian y toman en cuenta la relación entre el tipo de utilización humana del medio y sus consecuencias en términos de desastres (pequeños o grandes, no solo los grandes).
En el proceso de incremento en la inversión inmobiliaria no se debe tener una expectativa de reducción de la tendencia, sino al contrario, de un aumento sustantivo ya que a estas alturas del siglo tan solo los nacidos en los primeros dos años de la segunda posguerra (entre 1945 y 1947) tienen 60 años cumplidos, así que los llamados ‘babyboomers’ apenas están empezando a pensionarse y buscando algún lugar paradisíaco para invertir sus ahorros y pasar un par de décadas de trópico y mar. Para su propia seguridad y la de sus inversiones es que se requiere también urgentemente una intervención decisiva para evitar esto que llamamos los ‘malos impactos’ del boom de los bienes raíces.
Manuel Argüello Rodríguez, Ph.D.
Octubre del 2007
lunes, octubre 08, 2007
Una derrota que llena de esperanza
Treinta y cinco años atrás en nuestro grupo universitario algún dirigente decía siempre que habíamos tenido una derrota electoral, pero una victoria política, para que los más jóvenes, recién ingresados a la militancia no nos decepcionáramos; pero siempre perdíamos. Era muy difícil ganarle a los grupos con dinero de los grandes partidos tradicionales o a la izquierda oficial con todo el apoyo de su partido y su intolerancia. Muchas veces tiraron ácido a nuestras mantas o sus grupos arrancaban nuestros afiches apenas los poníamos, y nos sacaron a golpes de piquetes con sus brigadas de choque, como las de aquel tristemente célebre movimiento Costa Rica Libre.
Por la misma época, las organizaciones contestatarias que desarrollábamos en las ocupaciones de tierras por vivienda recibían un doble trato: garrote, literalmente, de la guardia y chantaje (amenazas de desalojo y latas de cinc) de los munícipes de los partidos tradicionales. Los universitarios que en ello estábamos también sufrimos la acusación de instigadores –un serio delito penal- de parte de las autoridades oficiales, pero a la vez los golpes de aquella misma izquierda oficial que no quería permitir surgir los nuevos grupos.
Eran tiempos de la guerra fría y del inicio de la guerra en los otros países de la región, era el tiempo de surgimiento de nuevas fuerzas contestatarias, de una nueva generación esperanzada, que tendría que abrirse paso.
En los últimos meses mucho y nada ha cambiado en Costa Rica. Los viejos tratos de la guerra fría se han vuelto a utilizar en forma abierta, descarnada, arrasadora. El chantaje y la amenaza con la intervención directa de gobiernos extranjeros, de empresarios extranjeros, a solicitud de los gobernantes nacionales y el desdén sin rubor de las normas establecidas (clientelismo de última hora y violación de la tregua) los llevó de nuevo a ganar.
Pero vimos surgir a una nueva generación, esa que tanto hemos esperado y que ahora tiene una primera derrota, una muy importante, en las urnas de votación. Vimos la más grande movilización de toda la historia y la más alta votación, jamás soñada. Vimos una enorme creatividad autofinanciada, vimos una inmensa gama de grupos y vínculos, un verdadero país multicultural en proceso de formación.
En los próximos días, semanas y meses, habrá que debatir y estudiar, evaluar y revisar. Sobre la conformación de una coordinación de esa múltiple expresión alternativa y el uso de los medios de comunicación de masas. Sobre el carácter y conformación del ciudadano/votante, sus temores y necesidades, sus aspiraciones y capacidades. Sobre las reacciones esperables a las amenazas y a la intervención, el miedo al hambre y al desempleo. Sobre el manejo de la información y el uso de medios alternativos nuevos.
Pero hoy lo que queda es la grata sensación de que hay una generación de relevo y que debe abrirse paso y dirigir, asumir el control para construir el futuro y articular la diversidad con apoyo del estudio y el análisis profundo, para superar la ingenuidad y la inexperiencia.
Una generación que ganará.
08/10/07
Por la misma época, las organizaciones contestatarias que desarrollábamos en las ocupaciones de tierras por vivienda recibían un doble trato: garrote, literalmente, de la guardia y chantaje (amenazas de desalojo y latas de cinc) de los munícipes de los partidos tradicionales. Los universitarios que en ello estábamos también sufrimos la acusación de instigadores –un serio delito penal- de parte de las autoridades oficiales, pero a la vez los golpes de aquella misma izquierda oficial que no quería permitir surgir los nuevos grupos.
Eran tiempos de la guerra fría y del inicio de la guerra en los otros países de la región, era el tiempo de surgimiento de nuevas fuerzas contestatarias, de una nueva generación esperanzada, que tendría que abrirse paso.
En los últimos meses mucho y nada ha cambiado en Costa Rica. Los viejos tratos de la guerra fría se han vuelto a utilizar en forma abierta, descarnada, arrasadora. El chantaje y la amenaza con la intervención directa de gobiernos extranjeros, de empresarios extranjeros, a solicitud de los gobernantes nacionales y el desdén sin rubor de las normas establecidas (clientelismo de última hora y violación de la tregua) los llevó de nuevo a ganar.
Pero vimos surgir a una nueva generación, esa que tanto hemos esperado y que ahora tiene una primera derrota, una muy importante, en las urnas de votación. Vimos la más grande movilización de toda la historia y la más alta votación, jamás soñada. Vimos una enorme creatividad autofinanciada, vimos una inmensa gama de grupos y vínculos, un verdadero país multicultural en proceso de formación.
En los próximos días, semanas y meses, habrá que debatir y estudiar, evaluar y revisar. Sobre la conformación de una coordinación de esa múltiple expresión alternativa y el uso de los medios de comunicación de masas. Sobre el carácter y conformación del ciudadano/votante, sus temores y necesidades, sus aspiraciones y capacidades. Sobre las reacciones esperables a las amenazas y a la intervención, el miedo al hambre y al desempleo. Sobre el manejo de la información y el uso de medios alternativos nuevos.
Pero hoy lo que queda es la grata sensación de que hay una generación de relevo y que debe abrirse paso y dirigir, asumir el control para construir el futuro y articular la diversidad con apoyo del estudio y el análisis profundo, para superar la ingenuidad y la inexperiencia.
Una generación que ganará.
08/10/07
viernes, octubre 05, 2007
QUE SE VAYAN ELLOS
La ley del garrote que están sacando en estas últimas horas antes del referendo es cada vez más descarnada y falta de dignidad.
Primero llaman a la Ministra de Comercio de EEUU para que nos diga cómo votar el domingo, o de lo contrario nos castiga, y con eso hacen tres conferencias de prensa (en Zapote, con los empresarios, y en la Asamblea) y numerosas entrevistas para explicarnos cómo lo que dice la señora tenemos que obedecerlo y ya, calladitos.
Luego, indican que los empresarios se irán a otros países con todos sus chunches y, una vez más el viejo garrote, que las textileras cerrarán poco menos que de inmediato y decenas de miles de familias se morirán de hambre.
Lo que ha sucedido en todos los demás países de la región, incluido México, es que la única salida con TLC aprobado es la migración masiva de los campesinos y otros pobres hacia el norte, y muchos nicaragüenses hacia Costa Rica, pues alcanzan niveles de desempleo de más del 25 % (y de mucho más) y aquí es de menos del diez, con claros faltantes en agricultura, construcción y turismo y diversidad de servicios públicos y privados, como los domésticos.
Pero ahora, cuando se avecina una decisión soberana que parece que dirá que 'NO al TLC', por múltiples razones dignas y económicas o políticas e ideológicas, los empresarios indignos nos amenazan con irse con sus capitales a otros países.
NO hay problema, quizás es tiempo de que migren esos empresarios y esos banqueros, en vez de los campesinos, los pobres y sectores medios empobrecidos de las ciudades.
Un país con las potencialidades de este en temas como la biodiversidad, el paisaje y los recursos naturales, junto a masas de cientos de miles personas pensantes y educadas no tendrá problemas en inventarse nuevos trabajos y que surjan nuevos empresarios que negocien con el mundo entero, incluidos los Estados Unidos, y ocupen el lugar de los que se vayan.
-jueves, 04 de octubre de 2007-
Primero llaman a la Ministra de Comercio de EEUU para que nos diga cómo votar el domingo, o de lo contrario nos castiga, y con eso hacen tres conferencias de prensa (en Zapote, con los empresarios, y en la Asamblea) y numerosas entrevistas para explicarnos cómo lo que dice la señora tenemos que obedecerlo y ya, calladitos.
Luego, indican que los empresarios se irán a otros países con todos sus chunches y, una vez más el viejo garrote, que las textileras cerrarán poco menos que de inmediato y decenas de miles de familias se morirán de hambre.
Lo que ha sucedido en todos los demás países de la región, incluido México, es que la única salida con TLC aprobado es la migración masiva de los campesinos y otros pobres hacia el norte, y muchos nicaragüenses hacia Costa Rica, pues alcanzan niveles de desempleo de más del 25 % (y de mucho más) y aquí es de menos del diez, con claros faltantes en agricultura, construcción y turismo y diversidad de servicios públicos y privados, como los domésticos.
Pero ahora, cuando se avecina una decisión soberana que parece que dirá que 'NO al TLC', por múltiples razones dignas y económicas o políticas e ideológicas, los empresarios indignos nos amenazan con irse con sus capitales a otros países.
NO hay problema, quizás es tiempo de que migren esos empresarios y esos banqueros, en vez de los campesinos, los pobres y sectores medios empobrecidos de las ciudades.
Un país con las potencialidades de este en temas como la biodiversidad, el paisaje y los recursos naturales, junto a masas de cientos de miles personas pensantes y educadas no tendrá problemas en inventarse nuevos trabajos y que surjan nuevos empresarios que negocien con el mundo entero, incluidos los Estados Unidos, y ocupen el lugar de los que se vayan.
-jueves, 04 de octubre de 2007-
Don Oscar se suicida y se condena al infierno
Fiel a su pre-copernicana percepción del mundo, donde el centro del universo es él y con su egolatría incólume, asumiendo que lo que le sucede a él nos sucede a todos, el señor Oscar Arias, ya cerca de cumplir setenta años y viendo fracasado su último proyecto de vida y su carrera política; y además a la espera de un desenlace que le parece todavía impensable, dice que estamos cometiendo un suicidio colectivo y le echa la culpa a la Iglesia Católica.
La realidad es otra, al margen de si el domingo siete la ciudadanía de este país confirma los últimos resultados de las encuestas, el que se suicida políticamente es don Oscar, acompañado (obvio) por su séquito, sumisos servidores y concubinas, como los antiguos faraones. Pero además se condena al infierno, él solo como católico, por acusar a la Santa Iglesia Católica de su fracaso.
De resultar el referendo en un rechazo claro al TLC, es claro que lo que se rechaza más que a un texto complejo y poco conocido, es a la posición y la forma particular de gobernar del señor Arias, es a la desfachatez y la falta de seriedad de sus afirmaciones; es al autoritarismo y el desprecio que –creyéndose águila- siente por casi cualquier otro que no sea pariente, súbdito o vasallo; es porque ha considerado arrastrados caracoles a todos los que piensen de otra forma y porque cuando fracasa no tiene asco para tirar al fuego a sus más queridos amigos o culpar a la más importante institución eclesiástica del mundo de los últimos mil años.
Muchas culpas tiene la Iglesia Católica, pero una NO es el fracaso de don Oscar Arias.
Un resultado abultado en su contra lo deslegitimaría para gobernar. Si tuviera un gramo de dignidad y de decencia, haría lo que hizo la señora Thatcher, renunciar luego del evidente repudio de su pueblo en las calles y las urnas.
Que la señora vicepresidenta asuma, como manda la ley, y organice un gobierno de diálogo que permita al país iniciar una nueva etapa de transición razonable, racional, equilibrada, negociada y que impulse nuevas formas de comunicación que abran un período de mutua aceptación y comprensión entre los grupos hasta las elecciones del 2010.
-4 de octubre del 2007-
La realidad es otra, al margen de si el domingo siete la ciudadanía de este país confirma los últimos resultados de las encuestas, el que se suicida políticamente es don Oscar, acompañado (obvio) por su séquito, sumisos servidores y concubinas, como los antiguos faraones. Pero además se condena al infierno, él solo como católico, por acusar a la Santa Iglesia Católica de su fracaso.
De resultar el referendo en un rechazo claro al TLC, es claro que lo que se rechaza más que a un texto complejo y poco conocido, es a la posición y la forma particular de gobernar del señor Arias, es a la desfachatez y la falta de seriedad de sus afirmaciones; es al autoritarismo y el desprecio que –creyéndose águila- siente por casi cualquier otro que no sea pariente, súbdito o vasallo; es porque ha considerado arrastrados caracoles a todos los que piensen de otra forma y porque cuando fracasa no tiene asco para tirar al fuego a sus más queridos amigos o culpar a la más importante institución eclesiástica del mundo de los últimos mil años.
Muchas culpas tiene la Iglesia Católica, pero una NO es el fracaso de don Oscar Arias.
Un resultado abultado en su contra lo deslegitimaría para gobernar. Si tuviera un gramo de dignidad y de decencia, haría lo que hizo la señora Thatcher, renunciar luego del evidente repudio de su pueblo en las calles y las urnas.
Que la señora vicepresidenta asuma, como manda la ley, y organice un gobierno de diálogo que permita al país iniciar una nueva etapa de transición razonable, racional, equilibrada, negociada y que impulse nuevas formas de comunicación que abran un período de mutua aceptación y comprensión entre los grupos hasta las elecciones del 2010.
-4 de octubre del 2007-
NO resultaron ser cuatro gatos -y gatas-
Dijo un coplero como a las 11:30 am, en la tarima ‘cultural’, cuando pasaba la avioneta del sí con una pancarta provocadora:
Los del sí nos mandan mensajitos
En avión
Porque no tienen gente para llenar
El Paseo Colón
Habiendo recorrido dos veces desde La Sabana hasta la Catedral y de vuelta y habiendo observado ampliamente ‘patiando’ la calle, in sito si se quiere más elegante, –a partir de las nueve de la mañana y hasta las tres de la tarde- y haciendo números de anchos de calles y distancias desde la primera tarima –en El Centro Colón- hasta el Hospital y promedios de gentes por metro cuadrado, mi cálculo de asistencia es de alrededor de doscientas cincuenta mil personas, todos votantes, al momento de iniciarse el discurso de fondo.
Fue la manifestación más grande que haya visto en toda mi vida en Costa Rica, por lo menos en mis casi cincuenta años de recuerdos, pues estuve en el recibimiento de Calderón Guardia (1958) con mis padres que eran mariachis de güeso colorado, y claro en decenas de marchas durante los años setentas y ochentas, incluyendo obviamente la de Alcoa con mis compañeros del colegio en 1970.
Es la más grande manifestación pública (pacífica, alegre, bulliciosa, creativa, llena de risas, joven también por la presencia de muchas personas adultas mayores) en que he sido testigo en este país, y en mi experiencia personal. Esa manifestación de hoy fue mucho más grande que la manifestación contra los impuestos (‘Poll Tax Riots’ en Londres, 1990) que llevó a la renuncia de M Thatcher luego de más de una década de su experimento neoliberal en Inglaterra (por aquello de poner las barbas en remojo…). En mi experiencia personal esta manifestación solo es superada por la llegada del Papa a Managua en 1983 y el cierre de la campaña electoral sandinista en 1990.
La diferencia de la manifestación de hoy, 30 de setiembre del 2007 en San José, con estos dos últimos casos citados (en Nicaragua, y en las que estuve presente) es que en aquellas unos gigantescos aparatos estatales y eclesiásticos, con apoyo económico externo inmenso, movilizaron a enormes masas al margen de su verdadera voluntad y lo hicieron con presiones de todo tipo, desde la amenaza de excomunión hasta la amenaza del empleo, y utilizaron todo el transporte del país para mover la gente y prácticamente secuestraron todos los buses y taxis del país –Nicaragua- al servicio de la movilización. Hoy en Costa Rica, cada quien llegó por su propia cuenta, a pesar de la oposición de Gobierno, todo su aparato y prácticamente toda la prensa y televisión comercial, a pesar de las presiones, las amenazas y la campaña del miedo. La movilización fue por cuenta de cada quien, por sus medios y sin miedo. Los comités patrióticos locales lograron que llegaran gentes de todos lados, y también de Talamanca, desde donde los representantes de los indígenas salieron en horas de la madrugada. Nadie los obligó o presionó, todo lo contrario.
Esa es una diferencia esencial.
Esa presencia de hoy en la calle, inmensa y única en toda la historia de Costa Rica (aunque la prensa trate de invisibilizarla), debe multiplicarse en las urnas en una semana, pues cada manifestante, convencido como para ir hoy contra todas las presiones, influirá sin duda en varios votos familiares o de amigos, en particular impulsado por la inmensa fuerza que significa haber estado hoy ahí presente en ese Paseo Colón abarrotado.
Un viejo amigo, científico social, quien también había hecho el mismo tipo de recorrido y observación –como corresponde-y que siempre se ha destacado por su ecuanimidad y cordura en sus opiniones, me dijo al final, cuando por casualidad lo encontré en medio de la multitud, ‘solo con fraude puede ganar el sí’, y le dije, ellos ni siquiera intentaron movilizar a su gente.
Solo quería dejar este testimonio.
Estemos atentos a lo que suceda en las urnas el día 7.
-30 set 07-
Los del sí nos mandan mensajitos
En avión
Porque no tienen gente para llenar
El Paseo Colón
Habiendo recorrido dos veces desde La Sabana hasta la Catedral y de vuelta y habiendo observado ampliamente ‘patiando’ la calle, in sito si se quiere más elegante, –a partir de las nueve de la mañana y hasta las tres de la tarde- y haciendo números de anchos de calles y distancias desde la primera tarima –en El Centro Colón- hasta el Hospital y promedios de gentes por metro cuadrado, mi cálculo de asistencia es de alrededor de doscientas cincuenta mil personas, todos votantes, al momento de iniciarse el discurso de fondo.
Fue la manifestación más grande que haya visto en toda mi vida en Costa Rica, por lo menos en mis casi cincuenta años de recuerdos, pues estuve en el recibimiento de Calderón Guardia (1958) con mis padres que eran mariachis de güeso colorado, y claro en decenas de marchas durante los años setentas y ochentas, incluyendo obviamente la de Alcoa con mis compañeros del colegio en 1970.
Es la más grande manifestación pública (pacífica, alegre, bulliciosa, creativa, llena de risas, joven también por la presencia de muchas personas adultas mayores) en que he sido testigo en este país, y en mi experiencia personal. Esa manifestación de hoy fue mucho más grande que la manifestación contra los impuestos (‘Poll Tax Riots’ en Londres, 1990) que llevó a la renuncia de M Thatcher luego de más de una década de su experimento neoliberal en Inglaterra (por aquello de poner las barbas en remojo…). En mi experiencia personal esta manifestación solo es superada por la llegada del Papa a Managua en 1983 y el cierre de la campaña electoral sandinista en 1990.
La diferencia de la manifestación de hoy, 30 de setiembre del 2007 en San José, con estos dos últimos casos citados (en Nicaragua, y en las que estuve presente) es que en aquellas unos gigantescos aparatos estatales y eclesiásticos, con apoyo económico externo inmenso, movilizaron a enormes masas al margen de su verdadera voluntad y lo hicieron con presiones de todo tipo, desde la amenaza de excomunión hasta la amenaza del empleo, y utilizaron todo el transporte del país para mover la gente y prácticamente secuestraron todos los buses y taxis del país –Nicaragua- al servicio de la movilización. Hoy en Costa Rica, cada quien llegó por su propia cuenta, a pesar de la oposición de Gobierno, todo su aparato y prácticamente toda la prensa y televisión comercial, a pesar de las presiones, las amenazas y la campaña del miedo. La movilización fue por cuenta de cada quien, por sus medios y sin miedo. Los comités patrióticos locales lograron que llegaran gentes de todos lados, y también de Talamanca, desde donde los representantes de los indígenas salieron en horas de la madrugada. Nadie los obligó o presionó, todo lo contrario.
Esa es una diferencia esencial.
Esa presencia de hoy en la calle, inmensa y única en toda la historia de Costa Rica (aunque la prensa trate de invisibilizarla), debe multiplicarse en las urnas en una semana, pues cada manifestante, convencido como para ir hoy contra todas las presiones, influirá sin duda en varios votos familiares o de amigos, en particular impulsado por la inmensa fuerza que significa haber estado hoy ahí presente en ese Paseo Colón abarrotado.
Un viejo amigo, científico social, quien también había hecho el mismo tipo de recorrido y observación –como corresponde-y que siempre se ha destacado por su ecuanimidad y cordura en sus opiniones, me dijo al final, cuando por casualidad lo encontré en medio de la multitud, ‘solo con fraude puede ganar el sí’, y le dije, ellos ni siquiera intentaron movilizar a su gente.
Solo quería dejar este testimonio.
Estemos atentos a lo que suceda en las urnas el día 7.
-30 set 07-
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