domingo, mayo 15, 2016

DISEÑO URBANO PARTICIPATIVO COMUNITARIO

DISEÑO URBANO PARTICIPATIVO COMUNITARIO

Contribución para Tánden Arquitectura

Manuel Argüello Rodríguez, Ph.D.
Marzo del 2016






1.     Diseño y participación
Para tener una comprensión de lo que significa una práctica participativa de diseño comunitario se debe partir de una clara noción. Diseño participativo comunitario tiene dos aspectos muy distintos, por un lado se trata de un proceso de diseño, pero uno que NO hacen las comunidades por sí solas, sino con base en el aporte de los expertos y técnicos en diversidad de disciplinas vinculadas con el diseño urbano (o rural, según el caso), que incluye tanto el ordenamiento territorial y la planificación urbana, como la elaboración de planes de diversa escala: desde el ‘plan regulador’ al ‘plan maestro’ de escala local que incluye aspectos que afectan los espacios de uso privado o propiedad privada y el espacio público, de propiedad pública, que podría ser administrada por los municipios o directamente responsabilidad de ministerios como el ministerio de ambiente, turismo o educación e instituciones autónomas como el Inder o la CCSS.
El Plan Maestro (y en muchos casos los ‘planes reguladores’) incluye el diseño de las obras físicas, o edilicias, que resultan de la propuesta conceptual, sean éstas edificios o parques, mobiliario urbano, o resolución de temas de vialidad y obras de infraestructura diversa, desde iluminación a muros de contención y obras relacionadas con la mitigación y prevención de desastres. Pero también, el ordenamiento territorial no se limita a ser una perspectiva arquitectónica, sino que implica una perspectiva geográfica,  ambiental y social.  Así, el enfoque de cuenca y microcuenca es esencial para superar los límites estrechos de los territorios demarcados por la división político administrativa, o las acciones también estrechas de la zonificación tradicional típica de la planificación urbana convencional desarrollada  desde inicios del  siglo XX.
De hecho, el plan maestro local y el diseño de obras deberá ser conceptuada en el contexto histórico y geográfico de la comunidad, pero esencialmente definiendo esa escala local a partir de la estructuración de la ciudad, es decir, de cómo se organizaron las comunidades y cómo se ocupó y se construyó o intervino el terreno que ocupan (y que antes fue finca de café, o relleno sanitario, o ribera de una quebrada o río urbano/colector público de aguas residuales, etc.).
Así, el enfoque de cuenca y microcuenca abarca una serie de aspectos esenciales, pues lo que pase en la parte media o baja es producto de lo que suceda en la cuenca alta y no se puede planificar como ‘jardín urbano’ o ‘parque lineal’ una quebrada en su parte que pasa por un barrio sin modificar el conjunto de la cuenca desde su nacimiento, al menos en los elementos esenciales. Pero a la vez el enfoque de cuenca NO es suficiente, pues la construcción y consolidación de un barrio urbano tiene sus propias dinámicas sociales, económicas, arquitectónicas y relativas al territorio, pero desde la perspectiva de ‘hábitat’, en tanto que terreno para habitar y ello implica entonces el tipo de proceso constructivo (desde la ocupación ilegal de tierras hasta la realización de una obra con base en la legislación de condominios, por ejemplo)  y tendrá que cumplir (o violentar) las definiciones y restricciones establecidas en los planes reguladores cantonales o urbanos, y por tanto refiere también al territorio en términos de la distribución político administrativa.
Lo anterior implica en muchos casos que para contemplar un enfoque de cuenca se daba tener una perspectiva territorial que abarca varios municipios, y para desarrollar un plan maestro o un plan regulador cantonal haya que tener como contexto condicional el territorio cuasi lineal (o en forma de árbol y red) de una cuenca urbana.
La complejidad del plan maestro y del plan regulador escapa por lo tanto a la base de conocimientos y perspectiva que tienen normalmente los vecinos de un barrio, no solo en términos de la perspectiva técnica formal o profesional, sino en términos de la perspectiva ambiental, geográfica y territorial, sin dejar de lado la perspectiva económica/social del contexto de ciudad, del cual forma una pequeña parte el barrio, o sea el hábitat de los vecinos.
En consecuencia el diseño participativo comunitario no puede ser asumido en tanto que diseño por los propios vecinos, pues requiere una perspectiva técnica multidisciplinaria y  un conocimiento complejo que no forma parte del ámbito de la vecindad o la organización comunal; pero por otro lado, es público y notorio que tampoco el conocimiento y la formación profesional sea suficiente, o la forma social y culturalmente más apropiada, para realizar el diseño urbano: el diseño participativo es una necesidad para complementar los conocimientos y las ignorancias de los profesionales o interventores externos con las propias de los vecinos  y sus organizaciones.
Si se quiere un diseño urbano que supere la básica propuesta de mobiliario urbano y formas convencionales de organizar el espacio, se requiere de una activa participación de los usuarios actuales y futuros del habitar que se diseña, pero no solo en tanto que ‘clientes’, sino en tanto que propietarios de sus tierras y de sus vidas, de sus espacios y sus historias.
La participación comunitaria implica un diálogo abierto y requiere la inducción y promoción de ese diálogo por parte de los interventores externos, no simplemente el ofrecimiento de construir obras que estimulen los símbolos de estatus (como parques vistosos o edificaciones llamativas, atrayentes o que deleiten), sino más bien la búsqueda de las necesidades reales más allá de las puntuales, es decir aquellas de percepción inmediatista e individual.
Se busca con la participación, el diálogo entre lo externo y lo interno, de sintetizar los elementos claves que permitan el mejoramiento de la calidad de vida colectiva, que promuevan el ‘bien vivir’, es decir las intervenciones y diseños que permitan o promuevan la superación de las carencias y la satisfacción de las necesidades respetando tanto las libertades y derechos individuales, o familiares, como las condiciones del medio y la protección o recreación del ambiente. Todo esto en condiciones de ambiente urbano, de hábitat esencialmente humano, esencialmente familiar, que toma en cuenta las condiciones económico/sociales, culturales y demográficas, lo que incluye una perspectiva que comprende y circunscribe las diferencias por grupos de edad, o tipos de población según género y capacidades relativas, o vulnerabilidades asociadas a la demografía o la discapacidad física propia de ciertas edades o padecimientos.
Para lograrlo los responsables esencialmente son los funcionarios o consultores externos, dirigentes políticos y tomadores de decisiones del municipio y la institución, que promueven la intervención para el mejoramiento de las condiciones de vida locales. Pero no lo lograrán sin la activa participación de las familias, los vecinos locales y sus organizaciones, que están mediadas por las dirigencias y las practicas usuales de esas dirigencias, tanto en relación con los vecinos que los convierten en dirigentes comunales, como con los agentes externos que los respalda; agentes externos que también pueden ser vecinos del municipio o del barrio, pero actuando en sus roles profesionales o funcionarios, no en tanto que ‘vecinos’.
El impulso del diálogo comunitario implica por tanto un conocimiento mínimo inicial de las condiciones propias del medio que se intervendrá, el barrio o la zona que reúne un conjunto de comunidades o barrios (que pueden tener características económicas, sociales culturales y demográficas distintas), conocimiento mínimo que permita planificar las formas de aproximación y las maneras de generar un inicio dialogal eficiente. De lo contrario, el proceso puede alargarse innecesariamente y entorpecer la dinámica y sus tiempos de cumplimiento, pero a la vez, dados los límites y fechas de finalización de los proyectos, puede como alternativa reducir el objetivo del ‘diseño participativo’ y sustituirlo por un diseño profesional convencional con un remedo de participación que se reduce a unas pocas y poco concurridas conversaciones, con escaso diseño de las mismas, o la aplicación de algunas técnicas repetitivas que no conducen a diálogo alguno, sino que nada más provocan la presencia de algunos vecinos en tareas más bien lúdicas y no dialogales.
El diseño participativo comunitario requiere de un diseño del proceso partiendo de diagnósticos preliminares que permitan conocer algunas características del sitio y de la población, no solo de las listas de necesidades o requerimiento o sueños de los vecinos, sino de las condiciones y estructuración de sus organizaciones y sus liderazgos, aparte de las condiciones socio económicas y culturales más evidentes. A partir de ahí, se inicia el diseño técnico de la aproximación de la comunidad y con ello el diálogo que lleve al diseño propiamente comunitario, el que reúne a los vecinos organizados que conjuntamente con los técnicos y guiados por los técnicos, sintetizan sus necesidades en sus diversas escalas y contextos, las que sirven de guía para las propuestas técnicas de diseño espacial y edilicio, es decir los  productos finales: los planes territoriales de diversas escalas  y las obras materiales.
Se debe partir de una clara definición del territorio y establecer si hay articulación entre las escalas de las ‘zonas’ y  sus componentes comunitarios, analizar el conjunto de la población en términos económicos y sociales en forma mínima y a partir de sus procesos de conformación como comunidad y barriada (o conjuntos habitacionales) y localizarlos en sus sitios en tres dimensiones (con curvas de nivel) y enfocar las condiciones geográficas y climáticas en que se localizan, incluyendo en ello una valoración de su vulnerabilidad relativa y las relaciones entre lo residencial y lo geográfico, así como entre lo residencial y lo laboral.

Más allá de afectar el espacio privado con aspectos como las condiciones de seguridad y protección frente a desastres, el diseño participativo comunitario se centra en el disfrute y disponibilidad del espacio público, el de propiedad comunitaria, estatal o municipal que se requiere o se desea que sea utilizado por los vecinos de la proximidad, pero que no es solo de su responsabilidad sino más bien de la responsabilidad de los Gobiernos Locales, que por definición constitucional son los responsables de sus jurisdicciones territoriales y las condiciones ambientales propias de su territorio.
Así, el diseño participativo es esencialmente un aspecto relativo al espacio público y requiere necesariamente de la intervención conjunta del Gobierno Local y la Organización Comunal, por lo que la eficiencia y el éxito de ese dialogo necesario tiene como condicionante indispensable las características  usuales de la relación dirigencia local/funcionarios externos y es primordial su conocimiento por los responsables de su promoción, que como se ha indicado son fundamentalmente los actores externos al barrio.




2.     Participación comunitaria en el diseño de proyectos de desarrollo
La incorporación de la participación comunitaria en proyectos de intervención, ordenamiento del territorio y diseño urbano solo tiene esperanza de éxito cuando estos parten de un aprendizaje de los mecanismos de comunicación y dirección existentes en las comunidades donde se trabajará, incluso cuando a simple vista parece que no hubiera mayor cohesión u organización pues no la hay de manera expresa, manifiesta. La aproximación no puede limitarse al contacto con el dirigente formal, sino que debe explorar las diversas formas organizaciones no estructuradas o cuasi espontáneas, derivadas de procesos propios de cada sitio y el proceso de su formación.
Un barrio que nace estable y por procedimientos legales formales, no presenta normalmente una organización fuerte, defensiva o agresiva, pero ello no implica que haya ausencia total de liderazgos o capacidad local para su promover su ulterior desarrollo. En las comunidades siempre se encuentran formadores de opinión, o personalidades locales, de los que podría partir el proceso de construcción local de estructuras hacia la autogestión o la cogestión, al que se integren, cada vez más, múltiples formas de organización y vecinos de toda índole, incluyendo la niñez y juventud, pero también a las personas adultas mayores.
En los barrios donde todavía no hay ni siquiera una completa legitimación, el avance relativo de la percepción comunitaria es mucho menor y las actitudes organizativas son básicamente defensivas o agresivas, pero poco constructivas. En condiciones de crisis permanente el surgimiento y consolidación de fuertes personalidades o 'patrones externos' es propicia, en detrimento de la democracia interna y la expresión comunitaria.  Comunidades de más reciente formación sufren con más énfasis los impactos externos y en ellas se puede observar más claramente la naturaleza y profundidad del contexto regional y la política social, al margen de cuál sea el modelo político aplicado por la administración vigente.
La organización comunal pasa normalmente por diversos momentos: impulsa la ocupación (o la compra) de tierras, consolida temporalmente su situación e inicia un proceso de adaptación a la vida colectiva a partir de familias que no se conocían, o aunque se conocían, no vivían juntas ni compartían un espacio común, tanto privado como público.
Luego surgen diversidad de posibilidades: se alía al Gobierno de turno, sufre rupturas internas, sobrevive o sucumbe a un cambio de Gobierno, recrea nuevas formas de organización, establece contactos con ONGs, recibe apoyo y se consolida o legitima, como , por ejemplo, al formar una asociación sin fines de lucro, o Comité Específico reconocido por la Asociación de Desarrollo Integral (oficial), el municipio u otras instituciones; es criticado el liderazgo inicial por nuevos grupos que surgen en el mismo sitio, pierde su respaldo gubernamental, es abandonado por algunos de sus fundadores, establece nuevos contactos externos, prepara propuestas o simplemente desaparece desmotivado por la falta de respaldo de los vecinos,  pero, siempre es viable y probable que de nuevo surjan.
El paso de una condición a otra en lo organizativo, puede ser crítico para la marcha de proyectos de desarrollo, en particular los que intervienen el territorio y tienen relación con la consolidación de la comunidad, o sus espacios públicos, recreativos o comunitarios.
El inicio de un proyecto con interlocutores que pasan por una etapa más bien defensiva o de confrontación reivindicativa, se enfrenta a equívocos y contrastes desde la dirigencia local que no encuentra con facilidad los elementos objetivos para depositar confianza y credibilidad en las propuestas externas. Pero la desconfianza no es exclusiva de estas etapas pues también puede presentarse por otras razones como el momento político (si se está en períodos electorales, o hay conflictos entre grupos políticos al interior del barrio), o las experiencias previas del proceso de construcción del barrio: si hubo procesos frustrantes o falsas promesas o proyectos fracasados, aunque el barrio esté consolidado y tenga muchos años, se pueden encontrar grupos desconfiados, a la expectativa o con una falta de disposición a recibir a los agentes externos, empresas o consultores de gobierno o municipios.
El trabajo implicará un largo proceso de búsqueda de condiciones como: credibilidad, cercanía, conocimiento mutuo, explicación de propuestas y muestras objetivas y palpables de la intencionalidad real. No es sino después de una tal etapa que se puede esperar una respuesta en términos de propuestas y compromisos que progresivamente pueden profundizarse.
Así, en proyectos muy cortos o que requieren de una participación conjunta inmediata, es más difícil alcanzar niveles más altos de participación, los que se dan con pocas personas o con algún grupo organizado vinculado a liderazgos fuertes y difícilmente se logra una amplia participación del conjunto de los habitantes del barrio o comunidad.
El contexto general e institucional de la participación comunitaria en Costa Rica, desde finales de los años 1960s, lo constituyen las Asociaciones de Desarrollo Integral, que se rigen por una legislación específica desde la década de los años 1960s. Desde 1967 la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) fue la institución estatal responsable de impulsar y controlar la creación de organizaciones comunales y promover la formación de líderes o dirigentes en una jurisdicción menor que el Municipio. En pocos años se inscribieron centenares de Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI), Asociaciones Específicas (ADE) y Comités de Desarrollo Comunal (CDC). Con el paso de las décadas han surgido muy diversos tipos de organizaciones, pero la legislación sigue privilegiando las formales, es decir las ADIs, cuya práctica generalizó una estructura burocrática tradicional que aparece como lo normal.
La típica directiva de siete miembros, que requieren quórum de cuatro, y cuyas funciones se desdibujan en la vida cotidiana (aunque se puedan recitar de memoria), no solo no conduce necesariamente al desarrollo orgánico de la comunidad, sino que las más de las veces, impone un número y una forma burocratizada y cosificada de acción que choca con la posibilidad concreta del "vecino promedio" con disponibilidad de ánimo para contribuir al desarrollo comunitario. Los llamados 'presidentes' o 'coordinadores' usualmente ni presiden ni coordinan, se limitan a tomar las decisiones por sí y ante sí y a realizar gestiones a nombre de la comunidad, aun cuando en numerosas ocasiones éstas son totalmente desconocidas por los vecinos.
Los dirigentes no acceden a sus puestos por tener más ingreso o educación formal, pero si son importantes algunos elementos relacionados con esta última, como la facilidad de palabra o el escribir con más facilidad cartas y peticiones. Un aspecto común a los dirigentes, no obstante toda su experiencia, es usualmente la poca información sobre recursos externos de carácter institucional, la función y responsabilidades del Municipio o el rol de organismos no gubernamentales y proyectos desde fundaciones, así como el tener un conocimiento muy esquemático y pobre del alcance potencial de la participación institucional en los barrios y, particularmente, de cómo acceder a ella en alguna forma distinta a la típica relación patrón-cliente. 
La principal dificultad para profundizar la labor del dirigente local ha sido la imposibilidad de dedicar el tiempo que estas tareas consumen y la importancia de la permanencia en el barrio. El contacto constante con los vecinos facilita la comunicación y discusión más o menos informal de asuntos comunitarios y fortalece a las dirigencias. El trabajo productivo localizado en la comunidad, tan común en los barrios, crea condiciones no solo localizacionales sino de disciplina, conocimientos y responsabilidades que favorece la realización de tareas de dirigencia, especialmente entre las mujeres, las que muchas veces son las que asumen gran parte de las tareas comunales, particularmente en los barrios más pobres o menos consolidados y más necesitados de intervenciones externas para su conformación formal.
El hecho de que se realice un trabajo por cuenta propia, especialmente entre las mujeres, en actividades como comercio local,  además implica mayor flexibilidad, dentro de la presión laboral permanente, y la posibilidad de la colaboración de niños y jóvenes (especialmente si también son mujeres) en la doble tarea productiva de la casa y la de dirigentes comunitarias.
Los problemas comunales aparecen bajo su forma estereotipada y se constituyen en "comunales" porque así son definidos por vecinos ante instancias u organismos externos al barrio.  Pero tienden a ser aspectos muy puntuales y localizados en sitios muy reducidos: los que están a la vista y afectan directamente a quien los expresa (el vecino de la plaza, de la acequia o del basurero; el que sufrió una agresión o teme caminar por el parque o llevar su familia por la acera o caminar de noche), pero hay poca capacidad de elaborar espontáneamente una comprensión del conjunto de la comunidad y más aún de su espacialidad  y su  historia.
La decodificación de las soluciones-estereotipo que aparecen como 'necesidades' cuestiona la individualización y segmentación de 'la pobreza', la vulnerabilidad o los faltantes del barrio, pues al indagar sobre la índole particular de las necesidades (percibidas desde el individuo) lo que se encuentra es una integración en la comunidad que se estructura en términos territoriales, históricos y sociales. En su defecto, las deficiencias perceptivas hacen que no se construya el barrio como concepto y se repitan las “soluciones” puntuales. Así, se mezclan puntualmente deficiencias del estado físico de una acera, o un río, o una calle con los problemas de seguridad, o de empleo y mercado laboral que se entrelazan con la necesidad de aprendizaje o ‘falta de educación’, sin más.   Observadores externos o interventores que se quedan en ese tipo de percepción puntual ofrecerán “soluciones” también de carácter puntual: en obras específicas que a veces se limitan al mobiliario urbano estereotipado, básico, sin más.
La decodificación de las necesidades puntuales y su articulación como procesos sociales, históricos o culturales, así como económicos o políticos (en la escala comunal, municipal o regional) permitirá valorar propuestas de carácter comprensivo y obras físicas que respondan a procesos integradores o políticas de escala local o cantonal. Al hacerse perceptible en lo inmediato para los vecinos y dirigentes, ese conjunto de procesos más allá de sus percepciones individuales, las propuestas no podrían ser tan solo soluciones estereotipo o construcciones de obra puntuales, o peor aún, como a menudo sucede, convertirse en subsidio directo a las familias paupérrimas de la comunidad y obras de carácter clientelista, sin más.
La búsqueda de la participación comunitaria no ha sido una práctica común, aún entre los agentes externos que lo pretenden en sus declaraciones. En pocos casos se ha intentado descubrir los ejes de movilización comunitaria, pero también en esos casos cuando se encuentran los ejes de movilización que desatan el potencial local, el propio agente se ve superado por la respuesta comunitaria y provoca una nueva expectativa frustrada y frustrante para la iniciativa local.
La posibilidad de movilizar recursos comunitarios se ha enfrentado a líneas de mando y formas de tomar decisiones claramente verticales, pero a la vez con rupturas y desvinculaciones entre lo local, lo regional y lo nacional. Es así que cada institución o municipalidad (e incluso cada departamento al interior de un municipio o una institución pública) mantiene contactos o programas de desarrollo en forma independiente y los agentes locales, empresariales, de ONGs o municipales (externos a las comunidades) no tienen capacidad de decisión o recursos suficientes.
La coordinación regional o interinstitucional e intermunicipal (y también entre departamentos técnicos y administrativos de un municipio) aparece como práctica de oficina y cada quien responde a su propia línea de mando, mientras que la coordinación local de escala comunitaria es casi nula. En este nivel, incluso se carece de la información mínima sobre programas paralelos, el número o importancia de las instituciones que actúan o el poder real de clientes locales de patrones localizados en los centros de poder nacional (alcaldes, diputados, organismos multilaterales, etc.).
La presencia de instituciones que expresamente 'promueven' la organización no aparece como un punto clave de cambio, a pesar de que debería ser el punto de partida. Ello enfatiza el rol más bien formalizado de tales instituciones, de escasa o nula representación e impacto en la cotidianeidad. La presencia de ONGs, agencias externas y promotores de proyectos para-institucionales, sí ha sido un punto clave de cambio en la acción comunitaria, pero mantiene prácticas locales poco participativas.
En un proyecto originado en organizaciones externas o de instituciones de gobierno y municipios, es muy probable que se desarrollen formas de legitimidad en el barrio que dependen de la relación entre el dirigente local y los agentes externos, pues es el contacto externo el que permite al dirigente adquirir apoyo y es funcional, al proyecto, que la legitimidad radique precisamente en la labor material alcanzada.
Contrariamente, para poder darle soporte a prácticas autogestionarias, participativas y transparentes, ese tipo de legitimidad derivada del exterior debe evitarse. Es común a la intervención gubernamental el nombramiento de representantes en los sitios, cuya legitimidad proviene exclusivamente por aparecer como representante del gobierno en el sitio, incluso cuando ello no sea necesariamente algo que en realidad conlleve un poder particular. Este tipo de legitimidad no es fácil de evadir desde proyectos de gobierno, pero es contradictoria con el impulso de la democracia local.
De ahí que el poder local desde el gobierno local sea un elemento más que institucional, uno de carácter esencial para promover la participación sin la lejanía de un Estado Nacional y sin lo etéreo de organismos no gubernamentales, pero más bien, con la presencia sólida y local de personas vivas (alcaldes, funcionarios locales, vecinos que son dirigentes o síndicos y regidores), que facilitan la adquisición de confianza y la posibilidad de generar los diálogos múltiples, en particular los llamados ‘diálogos de ignorancias’, como contrapartida de las iniciativas directivas desde el funcionario hacia el vecino.
Un proyecto hacia el desarrollo integral de base local deberá crear condiciones y promover prácticas de sus funcionarios que conlleven una legitimidad distinta, que corresponda con participación comunitaria creciente y se base en la motivación que potencia el recurso local y la organización comunitaria. Crear múltiples actividades que fortalecen las destrezas de mayor utilidad al desarrollo de dirigentes representativas y hacer transparente la existencia de otras formas de legitimidad para facilitar su superación crítica, es la tarea de un proyecto institucional de desarrollo.
El objetivo básico es la generación de actividades y tareas conjuntas, pero a la vez, la propuesta técnica que se le ofrece a la comunidad y sus dirigencias, como una respuesta inmediata de la conceptualización y generalización de las múltiples percepciones individuales: desde sueños a necesidades; desde problemas y carencias hasta soluciones puntuales, espontáneas o ingenuas, es decir aquellas carentes de un contexto histórico y social que trascienda lo puntual y lo individual. 
3.     Las comunidades y los liderazgos:
Formas de organización y participación real
Normalmente, los problemas comunales aparecen bajo su forma estereotipada, como asuntos molestos para un vecino o una familia, algo que incomoda el uso de su espacio privado o el espacio público adyacente a su privado. Así, solo se constituyen en "comunales" porque algunas personas locales o funcionarios externos lo identifican y generalizan la posibilidad de su existencia, el típico: ‘sí, no solo a usted le pasa, es algo común’. Es decir lo expresan de manera colectiva y no como algo que perjudica nada más a un vecino y lo hacen también ante instancias u organismos externos.
Los cambios de comité o la emergencia de nuevos comités suceden como hechos fortuitos y no como procesos enraizados con profundidad en la vida comunitaria. No es que sean realmente hechos fortuitos, sino que así aparecen dado que los vecinos están poco involucrados en las disputas o modificaciones de los comités.
Las relaciones que se tienen con el Estado pueden ser de subordinación, autodefensa, oposición organizada y negociación, pero que también puede surgir una propuesta propia que se pone en práctica por autoconstrucción más o menos espontánea. Las tácticas utilizadas (y que a veces no son completamente conscientes o transparentes para todos los miembros del comité y menos de la comunidad), pueden variar desde el clientelismo hasta las posiciones más radicalizadas, incluyendo actitudes defensivas y combinando las propuestas legales con la creación de condiciones de hecho o extra-legales, o abiertamente ilegales, que implican la confrontación en la negociación.
Para efectos de la intervención externa en el desarrollo de proyectos, en particular aquellos que afectan muy directamente la vida comunitaria, como la elaboración de planes maestros, planes reguladores y obras de infraestructura (de transporte, recreativa, educativa, de seguridad, etc.), la presencia de los liderazgos comunitarios son esenciales, y dependiendo de la actitud que asuman y de cómo orienten a sus vecinos, así se marcan las posibilidades de éxito de alguna actividad preestablecida como ‘participativa’. 
Diversos actores e investigadores han intentado clasificar algunos tipos dentro de la inmensa gama de posibles actitudes o recepción de parte de los líderes locales y comunales.  Entre los muy diversos tipos y clasificaciones una propuesta muy utilizada es la que plantea que hay 4 grandes grupos en que comúnmente se pueden ubicar los dirigentes locales: 'autoritarios', 'posicionales', 'representativos' y 'tradicionales'.
Las categorías son útiles para derivar de ahí formas de intervención, de comunicación, hacer solicitudes o propuestas y definir pautas de trabajo según predomine más una u otra, de manera que se incentiven las dirigencias más cercanas al tipo 'representativo', cuyas características son básicas para impulsar proyectos de desarrollo con base local autogestionaria o de carácter ‘participativo comunitario’, incluyendo por supuesto los que implican definir el futuro del barrio, como los planes maestros y en particular los que implican que ‘el barrio’ defienda sus propuestas o respalde a los funcionarios municipales y políticos o técnicos que las impulsen.
Dirigentes 'representativos' son electos de alguna manera, en muchos casos mediante democracia formal.  Los dirigentes 'tradicionales' son quienes adquieren sus puestos por adscripción o relaciones afectivas (familiares, figuras de amplio respeto, personas de larga experiencia, etc.).

Lo común es que se encuentre que dependiendo de estas cuatro diversas categorías, los dirigentes buscan la movilización y amplio apoyo comunitario de manera diferenciada. Los 'autoritarios' prácticamente no buscan ese apoyo en sus actividades; los 'posicionales' y 'tradicionales' varían mucho, pero en general no requieren más que de un bajo apoyo local para continuar por largos períodos en sus posiciones. Los 'representativos' basan su liderazgo  principalmente en su constante y muy intensa búsqueda de apoyo, o al menos por una actitud que, en forma moderada pero explícita, busca su legitimidad en el propio barrio y sus propias tareas comunitarias de carácter más bien altruista y en busca del desarrollo.

Los dirigentes 'autoritarios' son aquellos que han sido auto-nombrados o electos en procesos poco participativos o seudo-elecciones y derivan soporte mediante contactos de alto nivel que utilizan su influencia para nombrar sus allegados.

Dirigentes 'posicionales', son quienes derivan su legitimidad de sus contactos externos al barrio o más bien que son nombrados por alguna organización supra-local. Este soporte externo es percibido desde la comunidad como útil y por tanto aceptan la nominación. No se trata de un personaje impuesto o auto-nombrado, pero sus contactos constituyen base importante para su aceptación comunitaria. Obviamente entre esta categoría y la anterior las diferencias son difíciles de percibir en casos concretos, pues las condiciones de la legitimidad cambian de una etapa a otra y el nombramiento por parte de una organización comunitaria externa puede derivar del reconocimiento que la persona haya alcanzado por su labor previa.
Este tipo de clasificación, que no es rígida ni única, es útil como punto de partida para desarrollar una perspectiva externa, desde los consultores o interventores, desde los municipios o las organizaciones no gubernamentales, de manera que puedan tener una idea simplificada de con quienes deben tratar y a quienes se van a encontrar en los barrios y cuál puede ser una manera particular de abordar los temas frente a los vecinos y en relación con los liderazgos locales.
Aparte de las diversas formas de legitimación de los dirigentes en los barrios, un aspecto notable que se encuentra de muy diversos barrios, pero sobre todo en los grupos de menor ingreso y más necesidades, es el inmenso papel que tienen las mujeres, en todos los barrios. No solo como grupo base de apoyo, sino también en la conducción de los comités y la formulación certera de los problemas, más allá de los estereotipos.
Más allá de los comités locales en cada comunidad en que constituyen una inmensa mayoría, las mujeres en varias ocasiones se encontraron realizando tareas simultáneas como presidentes o coordinadores de un comité particular (por ejemplo, el 'comité de mujeres') y formando parte de otro, pero simultáneamente, ejerciendo algún trabajo en la comunidad que la ponía en el centro de la información (en un pulpería, por ejemplo), todo sumando a su condición de esposa de otro dirigente de otro comité, sobre el que a menudo tenía una influencia muy apreciable.
Siendo que estas comunidades cuentan usualmente con una amplio porcentaje de hogares ‘jefeados’ por mujeres no es extraño, sino todo lo contrario es muy común, que muchas mujeres intervengan y dirijan grupos, actividades y organizaciones comunitarias de todo tipo: lo mismo microempresas que comités pro-vivienda, o comités de deportes y de seguridad o salud y escolares, a la vez que tratan de obtener ingresos en comercio minorista en la ventana de sus casitas y atienden a sus hijos y el mantenimiento de la familia y la vivienda.




4.     Los interventores en la comunidad:
Participación de los técnicos o funcionarios externos.

Uno de los aspectos claves en la forma que asume la práctica colectiva comunitaria es la presencia de múltiples agentes externos, incluyendo aquellos que aparecen como miembros plenos de comités y los que pretenden con la llamada ‘metodología participativa’ inscribirse en términos de igualdad con los vecinos "como un poblador más" de la comunidad.
La presencia de agentes externos, dependiendo su origen, su interés y los recursos que sea capaz de movilizar, incide de manera positiva en el mejoramiento de la calidad de la vida de la comunidad como un todo, aunque no necesariamente en su capacidad de respuesta autónoma frente a las carencias cotidianas. La orientación general de muchos agentes es precisamente el mejoramiento local, pero el impacto no siempre es el declarado o esperado, y de paso son observables, en la historia de los barrios del Proyecto, formas de intervención que limitan la capacidad local y dejan poca obra material, servicios o recursos a la comunidad.
Algunos autores, durante décadas,  han analizado una variedad de relaciones externo/interno (especialmente en relación con agentes institucionales del Estado, desde ministerios hasta municipios) que se han observado en una amplia revisión de experiencias de muy diversos países y se ha llegado a una conclusión más o menos consensuada: una clasificación de cuatro formas típicas:

A: patrón-cliente
B: rutinización, 
C: cooptación-incorporación  y, finalmente el que menos se observa, 
D: autonomía-independencia.

La primera de las formas, la relación patrón-cliente se identifica con cuatro características: 1. son relaciones informales y no de tipo legal, 2. incluyen compromisos de tipo personal, de relaciones directas 'cara a cara', 3. se da entre personajes de status desiguales, 4. se dan en prolongados períodos de tiempo.
La segunda, la rutinización se describe como una integración que agencias de gobierno logran cuando los dirigentes son reconocidos e institucionalizados con el objeto de permitirse conseguir sus objetivos en forma eficiente.
La tercera, la cooptación-incorporación implica la afiliación de dirigentes locales con organizaciones locales, de manera que están sujetos a su ortodoxia, principios disciplinarios, procedimientos y deberes. De tal forma, la afiliación a grandes e influyentes partidos puede percibirse como una manera de alcanzar éxito en el planteamiento de demandas a las instituciones regionales o nacionales, de la misma forma que la cercanía relativa con un Alcalde municipal que se reelige.
La cuarta forma, la denominada autonomía o independencia indica una respuesta de los líderes a las necesidades locales sin vinculaciones que los condicionen; más bien como una expresión de la percepción y voluntad de los vecinos que intervienen y sus dirigencias, las que se asumen como miembros activos y decisorios de lo que se haga o no en su vecindario y luchan o presionan para que las acciones municipales o institucionales se orienten de acuerdo a sus propuestas o con base en los compromisos y acuerdos alcanzados con los funcionarios o representantes políticos locales o regionales.
Esta última puede ser una de las formas más difíciles de relación, pero es a la vez la que más permite sustentar las propuestas  y tener  un respaldo local genuino, así como una comprensión más clara, de parte de los vecinos, de las propuestas técnicas sobre ordenamiento territorial, planeación urbana o construcción de obras locales esenciales, o simplemente el tipo y localización del mobiliario urbano requerido y faltante.
Estas cuatro formas de relación con el Estado o sus funcionarios también podrían encontrarse en relación con otros agentes, como los de ONGs o agencias internacionales de muy diverso tipo o federaciones de municipios. En todo caso, es difícil encontrar casos individuales que ejemplifiquen una de las cuatro formas, sin que aparezcan aspectos o momentos en que se actúa distinto, con mayor cercanía a otra de los tipos que se describieron. La conformación compleja de los comités locales y la existencia de varios en cada sitio hace que dentro de un mismo comité puedan encontrarse variedad de actitudes. Más aún, la competencia entre grupos dentro de un mismo barrio puede llevar a la modificación de actitudes y a la ruptura de relaciones (como la cooptación o la rutinización) con el objeto de no perder el apoyo local y no desaparecer como dirigentes.
Además, las actitudes desde el nexo externo pueden promover también una variedad de opciones, que correspondan a diversos momentos o coyunturas. Es típico el cambio de actitud en los dirigentes políticos regionales, según sea que se encuentren en el gobierno o en la oposición, o según sea que esté empezando el gobierno o se llegue al período electoral interno al partido o las elecciones nacionales y de las alcaldías o las municipalidades completas (como las recientes, que incluyeron Regidores y Síndicos, además de Alcaldes  y vice-alcaldes). Estos cambios de actitud encontraran también cambios en los interlocutores del barrio, que en unos casos sabrán adaptarse y en otros sentirán que son abandonados o traicionados por sus contactos externos de la institución, el municipio, o el partido.
Para promover las formas de intervención externa que incentiven la participación y para darle una forma más sintética e instrumental al proceso, diversidad de programas han ido desarrollando una serie de recomendaciones técnicas, que se plantean de forma negativa, es decir cuáles son errores comunes y contraproducente, a tomar en cuenta:
Improvisación: se falla en planificar el proceso y en explicarlo a la gente, y se “queda corto”; los métodos deben ser seleccionados en función de un objetivo claro; eso pasa cuando se reparten boletas sin revisar con detalle y sin vincularse a otras formas de obtener información, o cuando se redactan preguntas sin que antes haya una clara definición de objetivos específicos o el ‘para qué’ se busca obtener esa información.   En la lista de preguntas que se hacen a los vecinos deben tenerse previstos los posibles resultados y cómo influirán en el diseño urbano, arquitectura paisajista o de planes maestros y tareas comunitarias de mediano plazo.

Superficialidad: se recolectan pocos datos, sin cruzar los métodos para profundizar y “triangular” las fuentes; esto es esencial:  la información de cada evento debe evaluarse y vincularse una pregunta con una observación y entre preguntas para la ‘triangulación’…  hay información que puede darte  un vecino que no es compartida por otro, y por eso asistencias muy pequeñas (como cuando llegan solo cinco o seis vecinos) pueden llevar a tener una percepción sesgada de qué quieren o necesitan los vecinos en general, y no nada más las ideas de algunos pocos que llegaron.

Premura: se corre hacia las conclusiones, omitiendo de profundizar aspectos poco claros e inexplicados; aquí es importante el tener un plan general, no solo una descripción del proceso de reuniones, sino qué se quiere obtener en cada reunión y con qué población, sin correr de un lado para otro o conversar al rápido para nada más justificar lo que ya uno, como diseñador o técnico en arquitectura, tiene definido que propondrá.

Exclusión: se omite de integrar al proceso ciertos miembros de la comunidad, generalmente los más marginados; esto es clave para efectos de la invitación a eventos, o si no hay respuesta, pues buscar otras técnicas, como visitar las casas y preguntar directamente en las puertas a los que estén en casa, por ejemplo, para verificar que algo que se percibe es generalizado… no excluir por falta de asistencia o falta de motivación o premura es esencial

Imposición: se abandona la actitud de facilitador en algún momento del proceso y se imponen ideas, dejando de escuchar y aprender: lo  dicho, no hay que caer en la idea que ya lo tenemos todo resuelto con solo pasar frente a la plaza o por la calle del barrio, y simplemente poner a los niños a jugar mientras observamos el entorno y ya con ideas preconcebidas. Obviamente el ojo del arquitecto y planificador estará presente con solo llegar, pero si bien, para efectos de una propuesta de parque eso puede predominar y no ser tan malo, para los efectos de un plan maestro es absolutamente fatal

Manipulación: el proceso participativo se lleva a cabo sólo para satisfacer las necesidades de los técnicos o de algunos líderes que manipulan el proceso para confortar “sus” propuestas; bueno, evidentemente esa no es la intención de la municipalidad ni de las empresas contratadas, pero puede llegar a predominar si tan solo se queda la participación en los juegos con los niños y se hacen pocas actividades en profundidad con los adultos, los jóvenes, los grupos organizados de diversa índole y con distintas perspectivas, incluyendo diversas posición políticas o pertenencias a partidos contrarios.




5.Formas de comunicación y la presencia física en el barrio

La comunicación y la información son elementos esenciales del diseño colectivo pues articular agentes externos con grupos comunitarios implica desarrollar toda una gama de procedimientos dialogales en poco tiempo y con el máximo intercambio de información:

A.    Por un lado los técnicos y profesionales externos requieren una rápida percepción de las condiciones en el territorio (la comunidad, la zona), particularmente la relativa actividad y formas estructurales de organización así como los tipos de liderazgos y roles de los vecinos de frente a una oferta externa.
B.    Por otra parte, los vecinos requieren de recibir una información clara, precisa y verdadera de las intenciones, las limitaciones y los roles de los agentes externos, quienes llegan con poco tiempo y requieren cumplir contratos frente a una comunidad que tiene necesidades pero no tiene prisa en ofrecer sus conocimientos o por el contrario, tiene mucha desconfianza y frustración.

La identificación de dirigentes y roles vecinales positivos para la comunicación externo/interna, pero sin consolidar funciones ‘posicionales’ es esencial, pero más aún la identificación de estructuras comunitarias funcionales: aquellas que ya están organizadas  y tienen experiencia en expresar o sintetizar necesidades y expectativas colectivas (no solamente “problemas” puntuales).

La introducción en la comunidad debe diseñarse como una inducción a los proyectos y como una invitación a asumirlos como suyos, por lo tanto debe ser expresada en forma accesible, corta y a la vez veraz, sin dejar ideas que vayan más allá de los límites de los contratos y sin caer en las consabidas promesas o expresiones ambiguas para ganar adeptos.

Las comunidades no están ahí disponibles esperando a que lleguen los agentes externos, hay que ir a buscar a los vecinos en sus sitios de residencia y a los dirigentes en los sitios de reunión, adaptarse a sus horarios y buscar una comunicación fluida, permanente en dos vías, no solo como una forma de extracción de información o tratando a los vecinos como personas adultas, inteligentes  y con conocimiento de sus propias vidas, no tratándolos como a niños sin información que se contentan con juegos pueriles.

La comunicación, sin embargo, puede y debe ser liviana y dosificada, pero a la vez puede mezclarse con momentos recreativos y de liberar tensiones, con actividades más bien de mutuo conocimiento y para romper los límites preestablecidos, aplicando técnicas (de las múltiples que se han inventado) que permitan motivar y promover el trabajo colectivo y motiven a la participación y la emisión de opiniones o expresar sensaciones y percepciones.

El uso de medios gráficos y videos o mapas y fotografías de gran formato es algo que permite sintetizar la descripción de propuestas y presentarles a los vecinos una perspectiva de su propio barrio como conjunto, como territorio, más allá de la calle frente a la casa y el basurero en el río que pasa por el patio trasero. Permite tener una percepción del barrio en el contexto de la ciudad, de la residencia en el contexto del municipio así como ver, literalmente, los corredores y los conflictos espaciales y sociales de las comunidades y entre comunidades.

Si bien la comunicación directa y personal es esencial, si el saludo directo (dando la mano, literalmente) es también esencial, lo mismo que la conversación informal que permite el mutuo intercambio de información personal o de experiencias o de ideas y percepciones, también son esenciales otras formas de comunicación a distancia o mediante comunicados escritos o vía medios electrónicos.

La vida política y el desarrollo del comercio mundial o global ha demostrado el inmenso poder de la comunicación a distancia, tanto que ha cambiado las formas de desarrollar la acción política o religiosa y las formas más personales e íntimas de relacionarse.  Sin el uso de las redes sociales, la comunicación y la mutua identificación que permiten, hoy se pierden campañas políticas  y se pierden feligresías, pero a la vez reducir tan solo a ese tipo de comunicación o privilegiarlo demasiado puede crear distancias negativas y dejar por fuera algo que produce el contacto personal directo: la confianza y el creer que es posible la acción grupal y colectiva, la construcción de una identificación de grupo y comunitaria, la construcción de amistad y no tan solo de contactos en una lista anónima.

El uso de medios de comunicación e información electrónicos como complemento de la actividad colectiva personal, directa y en las comunidades es esencial en el Siglo XXI. Es necesario promover la constitución de grupos de intercambio y conversaciones vía redes sociales y aprovechar el hecho de que en este país una inmensa mayoría de la población dispone de los aparatos para poder establecer contacto y se comunica cotidianamente con sus amistades y familiares por esas relativamente nuevas de comunicación.  Hay que impulsar la comunicación y general diálogos informales GUIADOS, es decir orientados por los técnicos para recibir y enviar información, para recibir y enviar propuestas y para crear grupos en redes más allá de los grupos comunitarios reales, los que también deben formar grupos cerrados en sus respectivas actividades.

No es fácil tener presencia de muchos vecinos en una reunión, pero se puede alcanzar una mayor cantidad de ellos si se diseña una estrategia de comunicación basada en redes sociales que complemente la presencia de los consultores en las comunidades.





6.     Los gobiernos locales y la planificación urbana: del diseño a la aplicación
Los dos principales instrumentos relativos al ordenamiento territorial de que se dispone formalmente son los planes reguladores cantonales y los relativos al impacto ambiental, ambos impulsados por decretos ejecutivos y amparados en leyes nacionales como la de Planificación Nacional y las leyes ambientales. Otros instrumentos son los planes maestros urbanos/locales y los de manejo de cuenca o los referidos a los corredores biológicos y zonificación de protección, en sus diversas acepciones, desde parques nacionales hasta áreas de protección. La legislación sobre fuentes y causes de agua estipula zonas de protección en sus riberas, dejando áreas lineales a lo largo de las quebradas y ríos desde su nacimiento hasta la desembocadura o alrededor de las nacientes.
El código municipal no contempla ningún articulado específicamente vinculado y que indique con precisión el proceso y requerimientos de la planificación del uso del suelo y el ordenamiento territorial de su jurisdicción, sino que se centra más bien en la administración del propio municipio, sus tareas esenciales se vinculan con acciones relativas a la población, pero no estipula la necesaria organización de su territorio según algún principio o modelo de organización –que podría escoger el municipio- ni le ordena reglamentar en detalle lo correspondiente al territorio, aunque sí vigilar que se cumplan las leyes vigentes que afecten el uso relativo del territorio y además,  SÍ indica que le corresponde al Concejo el aprobar los PLANES REGULADORES, sin decir cuál debe ser el contenido de tales planes o con que orientaciones deben ser realizados o que criterios y requisitos deben cumplir. 
El código textualmente dice en su artículo 13, donde se indican las atribuciones del Concejo; en su inciso O: “Dictar las medidas de ordenamiento urbano”. Así, en esa forma escueta no desarrolla el detalle o lo condiciona a nada. 
En la práctica cotidiana se ha hecho usual la interpretación de que ahí se establece una potestad que abarcaría la necesidad de que el Concejo apruebe cualquier medida de ordenamiento urbano, pues es a el Concejo al que se le asigna la atribución de ‘dictar’ tales medidas, y por supuesto, un instrumento esencial y por antonomasia de ese tipo de ‘medidas de ordenamiento urbano’ son los planes reguladores urbanos, y por extensión los que incluyan no solo la parte urbana, sino también otras áreas del cantón. 
Por la importancia que ello tiene y la ausencia palpable en todos los municipios de una comprensión detallada de los alcances de los poderes del Concejo, o del Alcalde, a este respecto, es importante subrayar la necesidad que se avance en esta materia, de manera que haya un grado de homogeneidad y compatibilidad en el accionar municipal al respecto, teniendo claramente diferenciadas las potestades del Concejo y del Alcalde y separando lo que refiere al ordenamiento territorial básico de la planificación urbana y regional; indicando las potestades de los Síndicos y Concejos a escala del distrito al respecto, y estableciendo no solo la potestad, sino la necesidad de que se desarrolle una coordinación expresa en el territorio entre distritos o entre cantones que cubren regiones con características similares o con problemas ambientales similares, todo en relación con la necesaria existencia de planes regionales de ordenamiento –como se puede desprender del articulado de la ley 4240-.
Cabe destacar la importancia del Transitorio IV del Código, que indica a los municipios que pueden aplicar artículos que les permita regular sin tener un plan regulador:
TRANSITORIO IV.- Las municipalidades que a la fecha no cuenten con un Plan Regulador, podrán aplicar lo ordenado en los artículos 75 y 76 del Código Municipal, mientras concluyen la ejecución del Plan, según las áreas urbanas o los cuadrantes urbanos que haya definido la municipalidad por medio del Concejo Municipal, por votación de sus dos terceras partes. (Así agregado por ley 7898 de 11 de agosto de 1999, publicado en La Gaceta No. 171 de 2 de setiembre de 1999, p.1)
La aplicación de este articulado es de especial importancia, pero es notable que NO se haga real en la inmensa mayoría de los municipios, ni siquiera al realizar obras urbanas, mejoramiento de barrios o planes maestros urbanos.
Los artículos 75 y 76 son instrumentos municipales que se pueden aplicar tanto en los cascos urbanos como en las zonas rurales y de esta forma permitir a los municipios controlar aspectos como limpieza y contaminación ambiental, entre otras esenciales para la conservación de la biodiversidad y evitar la degradación ambiental en general, pero también aspectos como la seguridad y recreación al aire libre saliéndose de la tradicional ‘plaza’ y revitalizando parques lineales y zonas verdes o de tránsito peatonal y ciclo vías a lo largo de, por ejemplo, las riberas de ríos urbanos como los que atraviesan toda el Área Metropolitana de San José, esencialmente las cuencas del río Virilla y el río Tiribí.
Un punto de partida en relación con los planes de base territorial es la definición general que se hace de plan regulador, o plan local, partiendo de la propia Ley 4240:
“El Plan Regulador, es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de mapas, planos, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales y construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas.”
Los planes reguladores cantonales o distritales se basan en la legislación nacional y sus características están establecidas mediante decreto por vía de un Manual: El documento “Manual de Procedimientos para la Redacción y Elaboración de Planes Reguladores”, que se sustenta en una propuesta inicial elaborada por la Unidad de Planificación Territorial de la Dirección de Urbanismo del INVU, en el año 2001, con la finalidad de especificar vía reglamento un documento para generar los lineamientos, descritos en las leyes Nº 4240 de Planificación Urbana y N° 7554 Orgánica del Ambiente en su Capítulo VI, para la elaboración y propuesta de planes reguladores.  
La legislación más reciente condiciona estos planteos mediante el “Reglamento de la Transición para la Revisión y Aprobación de Planes Reguladores” que permite la integración de regulaciones ambientales con las propiamente urbanas o territoriales. 
El Manual de elaboración de Planes Reguladores (del INVU) destaca no solo la vinculación de la perspectiva ambiental, aunque parece en algunos momentos reducida a ‘variable’, sino en especial, la importancia del proceso participativo, es decir la vinculación de la población en la elaboración de los planes como un elemento esencial del proceso de planificación, indicando expresamente que los grupos técnicos que los elaboren debe especificar una metodología participativa y que se pueda fiscalizar su utilización por parte de la población misma, es decir por las organizaciones locales, comunitarias o sectoriales  de la sociedad civil.
El reglamento reconoce la importancia de estudiar cuencas hidrográficas –y nada más remite a esta unidad geográfica, dejando un vacío relativo a otras formas de organización natural del territorio-, pero lo reputa como poco práctico y sugiere que se utilice la división administrativa incorporando el concepto de cuenca.
El Manual indica sobre la necesaria perspectiva multidisciplinaria y de equipo que:
‘El proceso de planificación cualquiera sea su ámbito de intervención, es un proceso complejo e interactivo; en este sentido tanto el área concreta de estudio, así como su zona de influencia, están inmersas dentro de una realidad que no se refleja solo en variables físico-naturales, sino también en las de carácter social, económico, cultural, político y jurídico, que en conjunto definen patrones formales, culturales, estructurales y funcionales determinantes.’
Esto lo que implica es que no se debe simplemente aislar los temas y trabajarlos en forma independiente, como compartimentos estancos, sino que los planificadores forman un equipo multidisciplinario para analizar la diversidad temática y articular un análisis/síntesis de la complejidad, donde se integran desde las condiciones geológicas y geomorfológicas (incluidos los recursos subterráneos de todo tipo), hasta las relativas a la cobertura vegetal y la fauna así como, por supuesto, la intervención dinámica/histórica de los grupos humanos. Se indica claramente que se deben identificar esos ‘patrones’, de diversa índole, definidos como conjunto a partir de los análisis más particulares o sectoriales.
Para efecto de utilizar el manual como un instrumento de ordenamiento territorial, ambiental y social (que abarca tanto los planes reguladores como los planes maestros u otras directrices de ordenamiento del territorio) es importante tomar en cuenta las recomendaciones de tipo metodológico que se pueden sintetizar así:
·       Plantear el análisis espacial a partir de las unidades administrativas, incorporando el concepto de cuenca.
·       Visualizar las tendencias que afectarán las condiciones actuales del área de estudio, particularmente en lo que hace a la demanda de recursos.
·       Identificar factores limitantes provenientes de perturbaciones originadas por el ser humano (externalidades positivas y negativas), por fenómenos naturales o por aquellas características del ambiente y de la base de recursos que imponen una restricción a los diversos usos-
·       Definir de los problemas y conflictos detectados, particularmente limitantes y potencialidades técnicas y ambientales del espacio geográfico a fin de determinar su condición real actual y su jerarquización.
·       Evaluación de los problemas de acuerdo con los objetivos de planificación y ordenamiento.
·       Identificación y percepción a través de la participación ciudadana de los problemas y conflictos y su capacidad de organización e intervención sobre lo urbano territorial.
·       Análisis de la capacidad de gestión municipal en ordenamiento urbano territorial y la capacidad de coordinación y cooperación interinstitucional.
·       Análisis en profundidad de las variables existentes y sus componentes, coherentes con el territorio a planificar.
El manual se extiende hacia diversos aspectos, dentro de los que se hace necesario subrayar los referidos a los ‘aspectos culturales’ y de cómo en los aspectos económicos se solicita hace explícito el necesario análisis de procesos productivos no simplemente apuntar datos estadísticos, pero más bien el análisis de procesos, los que incluyen por supuesto las condiciones esenciales para la producción en términos de condiciones ambientales y sociales, así como procesos perturbadores como la degradación de la tierra.
El punto 4 del propósito del Manual de elaboración de Planes Reguladores indica expresamente y en forma puntual que:
La integración de la variable ambiental o de impacto ambiental en el proceso de planificación del uso del suelo, debe introducir de forma transversal a los tres componentes antes expuestos, que permitan la incorporación como parte de los mapas base en la fase diagnóstica, de los mapas de fragilidad ambiental de los espacios geográficos, incluyendo las limitantes y potencialidades técnicas y ambientales de cada una de las zonas de fragilidad definidas.
Con este párrafo se aclara, de una vez por todas, que no es de recibo plantear que en los mapas de ‘fragilidad ambiental’ está incluido todo, sino que son nada más una base de análisis territorial para articularlas con todos los demás componentes; lo que podría parecer obvio, pero que no se aplica comúnmente.



7.     La dimensión regional y el plan local
La concentración en la escala de ‘lo local’ no se refiere específicamente a la dimensión de lo comunal, sino a una mayor, la de un territorio de varios miles de kilómetros cuadrados y de algunas decenas de miles de habitantes, lo que normalmente coincide con uno o varios cantones (municipios) o varios distritos (de uno o más cantones) que cubren el territorio de una cuenca, valle o zona costera integrada por procesos productivos y socio culturales de larga data, o simplemente una zona particular de la ciudad que va adquiriendo su propia identidad con el paso de las décadas según sea lo que predomine en términos de población y desarrollo relativo de las actividades básicas, ya sean esta productivas o residenciales.
Es a este nivel donde son más claramente observables los procesos de segregación social y territorial, o urbana, y donde es más evidente la diferenciación en términos de la renta de la tierra y los costos de las rentas de localización.
La escala comunitaria (el barrio, el caserío o el poblado, o un grupo de caseríos a lo largo de una vía rural), no obstante, es necesaria para poder dilucidar el éxito relativo de las diversas formas de intervención, incluyendo aquellas originadas en organismos no gubernamentales, instituciones, direcciones regionales, o los propios municipios, que no pueden ni deberían intentar modificaciones en patrones y procesos productivos o sociales sin dilucidar la trama subyacente en esa menor escala territorial que constituye el barrio, pueblo o la comunidad.
Un Plan Regional y también un Plan Local, en consecuencia, tienen que identificar no solo la situación presente y recogida en datos oficiales, como censos y similares, sino también las tendencias actuales y futuras del cambio (o estancamiento) en el uso del suelo y transformaciones en el territorio, pues esas escalas son esenciales cuando se intenta planificar a escala comunitaria, en la pequeñísima escala de plan maestro. El contexto de lo local es una escala que implica la identificación de los grandes corredores comerciales, biológicos, energéticos o industriales y turísticos (que incluyen varios poblados, cantones o subregiones) y las tendencias del proceso productivo, como conjunto, y sus grandes nodos estratégicos:
a. Las grandes carreteras o canales secos del Caribe al Pacífico, la carretera interamericana, las radiales y autopistas que atraviesan barrios urbanos densamente pobladas, las costaneras y las trans-fronterizas que tienen densos sitios de llegada a ciudades y barriadas; las redes de energía y comunicación, las redes de disposición de desechos sólidos y líquidos, igual que las de abastecimiento. La trama vial general que se confunde con la ciudad en la periferia sin que los municipios tengan control alguno legal.
b. Las áreas de protección y sus corredores biológicos como cordilleras y manglares o grandes zonas barreras coralinas; zonas protectoras  y áreas privadas protegidas donde se localizan las nacientes del agua potable y dividen sectores de la periferia urbana de alta densidad habitacional.
c. La instalación de mega-puertos o aeropuertos con sus vías de acceso, refinadoras de petróleo y centros de almacenamiento, hidroeléctricas –y sus lagunas artificiales- o zonas comerciales de alto impacto así como las zonas industriales urbanas localizadas entre densas barriadas.
d. Las tendencias de concentración, segregación o aglomeración de población de un tipo particular ya sea por sector de ingreso, regional, étnico o nacionalidad –como grandes condominios de turistas de alto ingreso y pequeños barrios o caseríos de ranchos de migrantes de bajísimo ingreso-
e. Las tendencias de consolidación o cambio en su estructura económica que implica cambios radicales en su infraestructura y demanda de servicios.
Estas dimensiones requieren de ser localizadas y vinculadas con las características más generales de escala nacional e internacional, actuales y proyectadas; pero también de las formas de organización territorial que no son político-administrativas como la micro-cuenca, la cuenca, la zona costera, la zona montañosa, el valle, etc.
Un plan local debe tomar en cuenta esas dimensiones, pero además identificar otras propias de su escala, como las redes de comunicación y energéticas. No se trata simplemente de zonificar y reglamentar el uso en cada zona, sino de mostrar el potencial de desarrollo de esa escala identificando las oportunidades y los sitios adecuados para cada tipo de posible uso o explotación, identificando las tendencias actuales y sus impactos; todo ello a una escala que identifica con detalle poblados, comunidades y barrios en la estructura geométrica de la organización territorial y la estructuración de las redes de comunicación y transporte con sus nodos locales, estaciones subregionales, no solo los estratégicos como en la escala regional. 
Las tendencias hacia el futuro tienen distintos periodos o temporalidades, tanto en la escala regional como en la local, que se deben identificar: son distintos aquellos megaproyectos en desarrollo –como Papagayo en Guanacaste- o los proyectados –como Moín en el Caribe o una hidroeléctrica en el sur-,   los que se espera puedan impulsarse o están en fase de estudios como o el gran Aeropuerto Internacional de Orotina, la ampliación de las radiales a Cartago o San Ramón y a Caldera, las cuales pasan todas (o llegan) a barriadas densamente pobladas al este y oeste del Área Metropolitana de San José.
En el caso específico de los planes maestros urbanos, su función es esencialmente la misma de un plan regulador (plan local), es indicativo de lo que se puede y debe hacer, ordenar, reglamentar o construir, pero ninguna legislación o reglamentación obliga a su aplicación en términos de inversiones. Los Concejos Municipales tienen, cuando no han aprobado todavía un plan regulador (o el aprobado no cubre alguna parte del cantón), lo que establece el Transitorio IV del Código Municipal, es decir la posibilidad de reglamentar usos y planificar u ordenar el territorio, en condiciones similares al Plan Regulador.
Los planes reguladores pueden indicar, vía reglamento y diseño, que deben realizarse amplias obras viales, con su respectivo diseño o especificaciones, pero no determina fuentes financieras. Igual sucede con otros aspectos como los usos residenciales o zonas recreativas y deportivas o tierras de reserva: no se establece en la legislación o la reglamentación una clara definición en términos presupuestarios, control y evaluación.
El complemento de la reglamentación de los planes reguladores (o los planes maestros y otras formas de ordenamiento espacial) son los planes de desarrollo municipal, los que no solo establecen las obras sino que obligan a presupuestar y fijar calendarios y tiempos de ejecución por acuerdo municipal. Y estos planes son requisito hacendario para aprobar los presupuestos generales de los municipios, pero lamentablemente se han ido convirtiendo en documentos en extremo generalistas, que no fijan en detalle procesos de inversión puntual o presupuestos específicos para obras concretas, cuando, por el contrario son o deberían ser los instrumentos esenciales para la inversión municipal y la concreción física, es decir la construcción, de las obras que están indicadas en los planes maestros urbanos, como vialidad o zonas de parques lineales y edificios comunitarios esenciales, de seguridad, recreativos o simplemente espacio público para uso ciudadano en la proximidad del hábitat residencial.
El plan debe ser algo más que lo que “no se puede hacer” como terminan siendo las zonificaciones de los planes reguladores urbanos y cantonales y debe pasar a ser nada más un Plan Regulador o Plan Maestro a ser un verdadero PLAN DE PREINVERSIÓN, que diga qué es lo que se debe hacerse y cuáles son los costos posibles o al menos identificar inversiones posibles dentro de ciertos rangos predefinidos. Se debe indicar un mínimo de características constructivas, las líneas generales de diseño arquitectónico, los conceptos arquitectónicos, su orientación teórica e identificar dentro de ese marco qué se propone, identificando cada hito arquitectónico con su contexto urbano, pero debe ser  un programa de diseño que deja espacio a la inversión privada o institucional más allá de la municipalidad.

Y la propuesta debe ser también un Plan de Prevención, no solo de los riesgos de desastres, sino de lo que la ciudad puede generar: usos incompatibles o transformaciones que se darán (como la desaparición de las zonas industriales o el uso de las vías de ferrocarril, o los futuros trazados de trenes y ciclo-vías, frente al probable crecimiento de las acequias o conflictos entre urbanizaciones de diversos sectores en vez de su integración en una sola comunidad.

Hay que subrayar elementos explicativos del uso actual del territorio, tanto los usos públicos como lo residencial privado, debe estar claro cómo se maneja el agua, la disposición de desechos sólidos y líquidos, en relación con las acequias y la posibilidad de convertirlas en zonas de recreo, agricultura urbana o bosques lineales; pero también su sentido de límite, de muro que separa comunidades: igual que la línea del tren y las autopistas, o caminos, igual que zonas industriales o de servicios comerciales de gran escala. Hay que identificar las contradicciones o conflictos espaciales, constructivos y sociales en relación a esos elementos geográficos o de movilidad.

En una ciudad localizada a 20 grados nortes, en el istmo centroamericano un elemento esencial es todo lo relativo al agua (la lluvia, su volumen, la escorrentía, la orientación general de su disposición, el trazado urbano con respecto las corrientes y trazos de las acequias y riachuelos (que se convierten en correntadas durante varios meses al año), esto tanto por la inmensa importancia que tiene para el diseño (de edificios o espacios públicos) como por la vulnerabilidad, la mitigación posible o la gestión del riesgo de desastres, esto en particular con los planes maestros, los que deben ser a la vez de alguna forma planes integrales de gestión social del riesgo frente a desastres.   Hay 8 meses de lluvias y pueden ser muy intensas, las pequeñas acequias en sitios de intensa urbanización crecen en su nivel hasta dos o tres metros en muchas zonas y generan un inmenso volumen de agua que no tiene salida prevista… en todo lado, es esencial diseñara para prevenir y conducir el volumen de aguas y generar nuevos espacios para disfrute en épocas secas a la vez que formas de utilidad práctica para las aguas, en vez de los caños negros o colectores abiertos que son ahora.

Hay que tomar decisiones y hacer propuestas que permitan y propongan inversiones futuras.

 



8-  El rol del municipio como gobierno local:
La necesaria inserción de prácticas participativas

Las iniciativas que impulsan la promoción de la participación comunitaria tienen ya muchas décadas, se han aplicado, desarrollado y evaluado muy diversas experiencias desde las primeras experiencias de “investigación participativa comunitaria” en zonas campesinas de Suramérica y las prácticas de aprendizaje denominadas “pedagogías participativas” que se desarrollaron como técnicas de alfabetización de adultos desde inicios de la segunda mitad del Siglo XX en nuestro continente. 

Pero casi en todos los procesos desarrollados estos fueron impulsados por grupos o instituciones no gubernamentales y organizaciones promotoras del desarrollo

La inserción institucional de una metodología de diseño participativo comunitario, su incorporación como parte de las tareas cotidianas de los municipios o como una práctica que debe permear las tareas del municipio en su vieja acepción de cabildo, es una necesidad y un requisito para su permanencia, para su éxito y para su consolidación.
Múltiples ejemplos de proyectos de promoción de la participación comunitaria se han impulsado, diseñado, realizado y concluido sin que quede algo más que el recuerdo, y muchas veces recuerdos que no son nada buenos. El surgimiento masivo de las ONGs en nuestros países en las últimas dos décadas del Siglo XX incluyó en muchos casos la constitución de comités locales o la búsqueda de su incorporación en programas vinculados a la política social gubernamental o los programas de organismos internacionales, incluyendo las instituciones financieras internacionales o vinculados a las agencias de Naciones Unidas.
No obstante la inmensa mayoría se realizaron o ejecutaron en algunas de sus fases por medio de organizaciones paralelas a la acción de gobierno, no solo de los gobiernos nacionales, sino también de los gobiernos municipales.
Muchos proyectos de vivienda y construcción de obras se impulsaron desde las Asociaciones de Desarrollo Integral mediante partidas específicas y otras organizaciones de base comunitaria. Lo mismo en temas de salud pública como en educación y capacitación. También se hicieron mediante otras formas semi institucionales múltiples proyectos de construcción de obra pública, como cañerías (mediante las Asadas, por ejemplo) o grandes proyectos de vivienda mediante fundaciones que utilizaba la ‘autoconstrucción’ con las familias sirviendo como mano de obra  y administrando las finanzas de los proyectos previa capacitación en aspectos como bodega, recursos humanos o directamente, albañilería, electricidad y carpintería.  Pero muchos de esos proyectos se terminaron y sus prácticas fueron parte del aprendizaje de técnicos de esas fundaciones y ONGs o de las Asociaciones de Desarrollo Comunal y otras vinculadas a los municipios o instituciones autónomas, pero NO modificaron las conductas y culturas institucionales de los funcionarios y estructuras orgánicas de los Ministerios, Autónomas o las Municipalidades.
De hecho ha funcionado  una especie de Estado Paralelo, no solo en relación con las obras públicas por concesión, sino con diversidad de estructuras como ‘Comisiones’ o ‘Secretarias Ejecutivas’ que funcionan al margen de la legislación de administración pública, o directamente ONGs y Fundaciones o Cooperativas y Asociaciones Específicas cuya experiencia y aprendizaje nunca pasa o es comprendido por los funcionarios institucionales.
El diseño urbano comunitario participativo requiere, como propuesta metodológica de ejercicio de la acción de gobierno, en el municipio o las instituciones sectoriales, de ser insertado y comprendido, de ser divulgado y asumido como una metodología de trabajo por parte del funcionario común, NO solo por los consultores externos y los profesionales de empresas, fundaciones o asociaciones que son contratadas en forma puntual para ejecutar proyectos específicos  y luego se llevan su experiencia y conocimientos sin más. 
No debe incentivarse la constitución de nuevas formas de Estado Paralelo, sino fortalecer las capacidades de los municipios e instituciones gubernamentales mediantes la introducción de las técnicas y la perspectiva metodológica del diseño participativo en sus prácticas cotidianas, en sus departamentos permanentes, entre sus funcionarios y profesionales.
La perspectiva del diseño urbano participativo rememora las viejas prácticas de la investigación participativa de base comunitaria, pero ahora, debería introducirse y asumirse como una ‘buena práctica’ conjunta del Municipio con sus comunidades, con sus ciudadanos de manera que no se sigan perdiendo y olvidando experiencias poderosas que podrían impulsar una ciudadanía crítica e informada pero también capacitada y en contacto permanente con los funcionarios y los líderes cantonales, lo mismo que las autoridades formales del gobierno local, del síndico al regidor y al alcalde.